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26 junio 2017 1 26 /06 /junio /2017 23:00
Fuente Viñeta: http://www.eltercerpuente.com/

Fuente Viñeta: http://www.eltercerpuente.com/

Sánchez es una gran paradoja, creado por el aparato, enfrentado luego al aparato y liquidando luego a los representantes del aparato va a volver a realizar una continuidad de su política histórica. Porque eso es lo que hará, la “Internacional”, lo del federalismo y la plurinacionalidad y lo del republicanismo son los reclamos estéticos y afectivos para reagrupar a la militancia y las viejas simpatías. Esas palabras no contienen absolutamente nada real excepto humo. Es la retórica que el PSOE saca a pasear periódicamente cuando necesita revalidarse ideológicamente, pero que nadie se inquiete que no pasa nada

Suso de Toro

En efecto, ese ha sido el lema del PSOE en este su último Congreso del pasado fin de semana: "Somos la izquierda". Resulta llamativa la apropiación tan descarada que se hace de dicho espacio ideológico, pero si al menos fuera verdad, habría que reconocerles la claridad y sinceridad aportadas. El problema es que no es cierto, y por tanto, la manipulación hacia la militancia, y el posible electorado, resulta más que evidente. El PSOE no es la izquierda de este país, y además resulta incluso vergonzante que mantenga en sus siglas la "S" de Socialista (como gustan llamarse a sí mismos en innumerables ocasiones) y la "O" de Obrero, que debieran haber suprimido de su nombre, al menos por coherencia política. Reivindican sus casi 140 años de historia, pero se olvidan de mencionar las enormes diferencias entre el PSOE que fundara Pablo Iglesias, y el engendro esperpéntico que resulta hoy día el partido. Por tanto, lo primero que debiera hacer este "nuevo" PSOE surgido de las últimas Elecciones Primarias, es dejar de arrogarse y apropiarse indecentemente de un espacio ideológico que no les corresponde, máxime cuando le han criticado mucho a Unidos Podemos que estuvieran "repartiendo carnets" de adscripción ideológica, justamente cuando la formación morada les destapaba sus enormes contradicciones. Y es que hoy día, en estos tiempos de enorme confusión ideológica, habría que adscribir claramente a los partidos al segmento al que pertenecen, y al menos, la gente les votaría con mayor conocimiento de causa. 

 

Pero vamos a aportar algunos elementos de juicio y discusión para apoyar lo que decimos. En el PSOE no está la izquierda. Quizá hoy día sólo un pequeño núcleo de la militancia conserve la raíz ideológica que se corresponda a los fundamentos del partido que fundara Pablo Iglesias, pero la inmensa mayoría, o bien ha perdido el norte de la brújula ideológica, o está en dicho partido por otros motivos. Entiéndase bien: lo que criticamos no es el cambio o evolución ideológica que cada formación política pueda experimentar en su justo derecho a la actualización de su ideario, sino que lo que criticamos es el engaño y la manipulación. Lo que criticamos es el intento de continuar apropiándose de un espacio ideológico que ya no les corresponde. Porque...¿puede reivindicar la izquierda ideológica un partido que hace décadas que renegó abiertamente del marxismo? Las tesis de Marx y de Engels, todo el corpus teórico-práctico y la metodología de análisis de la realidad material e histórica que dichos pensadores dejaron, continúa siendo la base para cualquier partido que se enmarque en el espectro ideológico de la izquierda. Y a partir de ahí, comenzamos a comprender la deriva del PSOE desde que llegó al poder, con los gobiernos de Felipe González, hasta hoy. La última barrabasada que acaban de hacer es abstenerse en la votación de la Moción de Censura propuesta por Unidos Podemos, argumentando errores de planteamiento, problemas formales y de apoyos para sacar la moción hacia adelante. Pero dejémonos de paños calientes. Ante el clima de corrupción galopante que nos sacude, y que constituye nuestra decadente realidad cotidiana, ninguna formación política que reclame para sí el espacio de la izquierda podría haberse abstenido. 

 

¿Cómo puede reclamarse un partido de izquierdas manteniendo aún sus máximos referentes en Felipe González, y en un abanico de auténticos dinosaurios que han gobernado en la sombra los designios del PSOE, muchos de ellos históricos y muchos otros territoriales, que han representado el continuismo de la línea neoliberal más dura? ¿Cómo puede reclamarse de izquierdas un partido político que no se rebela ante la Monarquía, en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de un modelo de Estado anacrónico y antidemocrático por excelencia? El PSOE saca su "espíritu republicano" únicamente cuando le conviene, pero lleva defendido a capa y espada la Monarquía desde la proclamación de Juan Carlos I, hoy Rey Emérito. De hecho, en este último Congreso Federal, acaba de impedir que prosperara una iniciativa de sus Juventudes Socialistas que pedía una reforma constitucional para instaurar la República. ¿Cómo puede declararse un partido de izquierdas, y decir abiertamente "Somos la izquierda", cuando llevan décadas sin poner en cuestión los dogmas del modelo económico neoliberal, el mismo que defienden las instituciones europeas a sangre y fuego, y que está provocando la muerte de países como Grecia? ¿Es que acaso puede declarar un partido "Somos la izquierda", y abrazar a continuación la nueva hornada de Tratados de Libre Comercio, sabiendo que dichos tratados representan en realidad una nueva vuelta de tuerca para aumentar la hegemonía y el poder de las grandes empresas transnacionales, las mismas que son responsables del cambio climático, de la globalización capitalista, y de la explotación salvaje de millones de personas por todo el mundo?

 

¿Puede autoproclamarse un partido de izquierdas y decir al mismo tiempo que reniegan del derecho de autodeterminación de los pueblos, una de las máximas de la democracia internacionalista? ¿Cómo se puede decir "Somos la izquierda" y a renglón seguido asegurar que "nunca apoyaremos el referéndum secesionista en Cataluña"? ¿Pero cuándo se ha visto tal desfachatez? ¿Existe mayor contradicción ideológica? El derecho de autodeterminación de los pueblos es una máxima sagrada, y no tiene nada que ver con la independencia. El PSOE puede estar en contra de la independencia de Cataluña (lo cual nos parece muy bien, nosotros también lo estamos), y puede promover una reforma constitucional en sentido federal (lo cual también nos parece muy bien, y estamos de acuerdo), pero lo que no puede es apoyar la prohibición de un hecho democrático en sí mismo, como es la celebración de un referéndum popular. En el fondo, lo que subyace es un claro temor a lo que verdaderamente supone el referéndum, y mucho más si se proclamara una República Catalana, como ya explicamos a fondo en este otro artículo. ¿Cómo puede un partido afirmar "Somos la izquierda", olvidándose y renegando de los planteamientos auténticamente pacifistas? Más bien al contrario, desde aquél famoso referéndum, defendieron nuestro ingreso en la OTAN, en su estructura militar, y hoy día tenemos instalado hasta un sofisticado sistema de Escudo Antimisiles, dando apoyo y soporte territorial y logístico para los supuestos ataques estadounidenses hacia el norte de África y Oriente Medio. El PSOE se ha unido vergonzosamente al llamado Pacto Antiterrorista, validando los espurios planteamientos de la derecha, que esconden sus necesidades belicistas para encubrir el alto grado de apoyo al complejo militar-industrial, el único al que al parecer no le afecta la crisis, pues aumenta sus presupuestos año tras año. 

 

Mientras sostienen "Somos la izquierda", votan en el Parlamento Europeo el 75% de las propuestas con el Partido Popular, están a favor del fracking, y no se definen en cuanto al modelo energético que defienden, ni en cuanto a la Renta Básica Universal, ni en cuanto al modelo de fiscalidad progresiva, por citar sólo algunos aspectos y medidas fundamentales. Y mientras afirman "Somos la izquierda", continúan sin luchar contra los enormes privilegios de la Iglesia Católica, ni apoyan las propuestas para ir migrando hacia un verdadero Estado Laico, que separe absolutamente el ámbito público (donde no se puede apoyar a ninguna confesión religiosa) del ámbito privado, donde cada cual es libre de profesar las creencias que estime convenientes. Y mientras dicen ser "la izquierda", condenan en cuanto tienen oportunidad al régimen chavista en Venezuela, criminalizan a su Presidente Nicolás Maduro, declaran abiertamente que existen "presos políticos" en dicho país, y apoyan en sus violentos actos a la oposición venezolana. Si el PSOE fuera de verdad la izquierda, habría defendido sin fisuras (y esto también es extensivo para Podemos, cuyos líderes lo hacen pero con mucha tibieza) tanto la Revolución Bolivariana como la Revolución Cubana, por ser auténticos referentes del Socialismo del siglo XXI. Pero en cambio, en lugar de eso, sus dirigentes afirman vergonzosamente que tanto Chávez como Castro o Maduro son "dictadores"...Así nos va. Y en coherencia con todo lo anterior, en cuanto tienen la menor oportunidad, el PSOE, ese partido que se autoproclama "la izquierda" de este país, para consolidar su poder (que en realidad es lo único que le interesa), pacta con fuerzas políticas demagógicas y ultraliberales, tamizadas con un falso barniz de regeneración, que se definen engañosamente como "de centro", como es Ciudadanos, de Albert Rivera. 

 

Como estamos viendo, y aún se nos quedan otras muchas razones en el tintero, el eslógan "Somos la izquierda" es absolutamente falso. Es simplemente un eslógan propagandístico, otra herramienta de confusión para el electorado, porque si el "Somos la izquierda" fuera cierto para el PSOE, hace mucho tiempo que hubieran renegado de las instituciones europeas y sus mandatos, objetivos y programas, rebelándose claramente contra sus planes de acoso y derribo a las mayorías sociales, y su sistema de defensa del gran capital financiero y transnacional. Pero en vez de ello, tal y como hizo el ex Presidente Zapatero ("me cueste lo que me cueste" fueron sus palabras) defienden y capa y espada los dictados de estas macabras instituciones, y acatan sus perversas políticas, a sabiendas de que son las últimas responsables de tanta destrucción, pobreza y desigualdad. Por  tanto, que no nos vengan con milongas. Ser de izquierdas es algo mucho más complejo y extenso que defender a los homosexuales, atacar la violencia de género, o recuperar (parte de) la memoria histórica, asuntos que el PSOE ha abordado durante sus últimos años de gobierno, todos ellos de forma muy tímida, pero que relatan grandes avances sociales. Pero ser de izquierdas va mucho más allá. Ser la izquierda implica una constante denuncia contra el modelo económico responsable de las desigualdades, se manifieste éste como se manifieste, así como una decidida apuesta por la libertad y el reconocimiento de todos los derechos humanos, del resto de los animales y de la naturaleza. Porque hoy día ecologismo, feminismo, pacifismo, internacionalismo..., se dan la mano en sus respectivos ámbitos de actuación, pero sin renunciar a la propia base del marxismo, como sustento de toda la teoría y el método que desmonta el sistema de explotación y la lucha de clases. Si no se cree en todo ello, simplemente, no somos la izquierda. 

 

Seremos otra cosa. Podremos ser progresistas (palabra utilizada como comodín de significante vacío o confuso muchas veces), pero no seremos la izquierda. La izquierda política hoy día es una amalgama de la base marxista con el resto de tendencias y disciplinas que han venido a completar y actualizar el ideario marxista, pero sin olvidarlo. Refrescándolo, pero sin traicionarlo. Denunciemos la falsedad del PSOE. Porque deformaciones y manipulaciones intelectuales tan intensas e importantes como éstas están contribuyendo no sólo al permanente engaño colectivo y al desprestigio de la política, sino que están poniendo su granito de arena para que entre todos tengamos que darle la razón a Francis Fukuyama cuando proclamaba abiertamente "el fin de las ideologías". En un caso práctico y actual, por ejemplo, han contribuido a la configuración casi monocolor del nuevo Parlamento francés, dominado absolutamente por la coalición "En Marcha!" de Emmanuel Macron, a resultas, entre otros muchos factores, de un altísimo y vergonzoso porcentaje de abstención. Macron se define como aquí nuestro personaje Albert Rivera, es decir, "ni de izquierdas ni de derechas", sino intentando hacer políticas "sensatas y útiles". No nos dejemos engañar. El PSOE no es la izquierda, y las ideologías sirven para mucho. Sirven para no perder el norte, para no dejarse embaucar, para ser fieles en la construcción de un proyecto de país y del mundo, y sirven sobre todo para ofrecer coherencia, algo hoy día en claro declive. El PSOE continúa jugando en ese espacio electoral, coqueteando con él, en realidad destruyéndolo, porque lo que le importa es la manipulación del pueblo, para que éste continúe creyendo en su causa. Pero su causa, hoy día, la de toda la socialdemocracia devenida en social-liberalismo, no es otra que aderezar y suavizar el capitalismo, mediante mecanismos que puedan ilusionar a la gente, pero que en realidad, no cambian nada de lo sustancial. No hagamos caso. Si el PSOE fuera sincero, su eslógan debería ser: "NO Somos la izquierda".

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25 junio 2017 7 25 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: Antonio Rodríguez

Viñeta: Antonio Rodríguez

En definitiva, en Palestina está muriendo gente para preservar los intereses económicos de unas minorías oligárquicas a las que no les importa en absoluto la vida humana

Antonio Cuadrado-Fernández

En la entrega anterior de esta serie habíamos comenzado a hablar sobre el programa BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) como la mejor herramienta política, económica y social, pero sobre todo pacifista, para comenzar a acabar con la impunidad y la fuerza de Israel en lo tocante a su aberrante atropello a Palestina. El propio Estado de Israel, siguiendo de nuevo a Pablo Jofré Leal en el artículo de referencia, basa su existencia en la segregación de su propia población árabe, que representa más o menos el 20% del total, con derechos conculcados en función de su raíz palestina. Israel no es una democracia verdadera, sino una pseudodemocracia que sustenta su existencia física en tierras vecinas humilladas y conquistadas mediante el despojo, las guerras y la ocupación desde el año 1948 en adelante. Es un Estado de ideologías totalitarias que Jofré Leal ha denominado "nacionalsionismo". Israel es un Estado criminal y una clara etnocracia, pues prevalece en ella la pertenencia a un grupo étnico determinado sobre el conjunto de la ciudadanía, sirviendo de instrumento para la mayoría étnica judía en detrimento de la minoría árabe. Pero Israel posee un bastón fundamental. Un bastón que le lleva prestando durante décadas apoyo integral: apoyo político, económico, y sobre todo, militar, para que pueda seguir perpetrando las crueles matanzas en la vecina Palestina. Ese bastón son los Estados Unidos, y es algo tan arraigado en USA que da igual el Presidente de turno, o el partido que gobierne en un momento dado, la política de privilegio, complicidad y apoyo hacia Israel no varía. 

 

Pero insistimos, desde un punto de vista pacifista, la única herramienta válida para desmontar y luchar contra toda criminal connivencia, desmontando así de paso la impunidad y el poderío de Israel, es el sistema BDS. La campaña BDS es un llamamiento pacífico pero activo, un llamamiento a la acción práctica, con actos concretos, pero también una clara denuncia, y una llamada a la conciencia para dejar de aceptar los crímenes cometidos contra la sociedad palestina. Entendemos, y así ha sido explicado en todos los foros donde se ha propuesto, que campañas de este tipo son las únicas que, sin renunciar a los enfoques pacifistas, pueden tener éxito en la reconsideración y los enfoques alternativos, cuando se dan situaciones de tremendo calado como la que azota los territorios palestinos ocupados. Allí se cometen crímenes contra la humanidad de un modo absolutamente impune, se ignoran los tratados internacionales y resoluciones de la ONU, no se respetan los marcos y convenios de respeto a la convivencia entre los pueblos, y además todo ello se ejecuta desde una posición de clara superioridad militar, por parte de Israel. Debe quedar siempre descartada toda acción violenta, invasiva o militar como respuesta, porque entonces estaríamos entrando directamente en su terreno, sembrando más caos, devastación, violencia, guerra y destrucción. Desde la primera entrega de esta serie estamos argumentando que ese no es el camino, ni en el conflicto palestino-israelí ni en ningún otro (salvo en casos de estricta autodefensa). 

 

¿Qué hace hasta ahora la comunidad internacional? Absolutamente nada. Mirar para otro lado. Declararse bochornosamente "neutral". ¿Se puede ser neutral en un conflicto de este tipo? ¿Desde qué puntos de vista está legitimado cruzarnos de brazos, mientras contemplamos con estupor e indignación las graves violaciones a los derechos humanos de los palestinos que cometen los israelíes, o los continuos bombardeos en los territorios ocupados? La engañosa posición de aparente "neutralidad" sólo da alas a los más fuertes, legitimando, aunque sea indirectamente, sus razones y sus argumentos. No se puede permanecer neutral ante la injusticia, sobre todo cuando se presenta de forma tan evidente como en este caso. Hay que reaccionar. Hay que tomar partido. Hay que acordar una serie de estrategias que debiliten al agresor. Y este es exactamente el sentido de la campaña BDS. Una serie de actos de sabotaje, de boicot y de desinversiones, para que el gigante israelí se dé cuenta de que así no se puede continuar, de que la comunidad internacional va a ser inflexible, y no va a tolerar más agresiones hacia el pueblo palestino. Un conjunto de acciones decididas y valientes, mediante las que el resto de los países democráticos decimos alto y claro que "ASÍ NO", y que no estamos dispuestos a continuar mirando hacia otro lado, y tolerando la terrible situación que se vive en la zona. Pues bien, para llevar a cabo todas estas tareas, las campañas BDS proponen, definen, concretan e implementan todo un conjunto de acciones y decisiones económicas, políticas, deportivas, comerciales, culturales y diplomáticas, enfocadas a destruir la política del terror llevada a cabo por el régimen sionista. Este y no otro es el sentido del BDS.

 

Y aquí tiene que retratarse todo el mundo. Si de verdad la comunidad internacional, la sociedad civil y sus instituciones están por la paz, entonces, simplemente, no se puede ser cómplice de la ocupación israelí de los territorios palestinos y de su política de exterminio, despojo y exilio de millones de seres humanos, cuya tierra ha sido vilmente ocupada, transformada y segregada por un régimen invasor. Frente a esa política de colonización de apartheid, de crímenes y de violación de los más elementales derechos, la sociedad civil palestina, apoyada por millones de personas por todo el mundo, tanto individual como colectivamente (empresas, instituciones, organismos, asociaciones, etc.), exigen, a través de estas campañas BDS, que Israel respete el derecho internacional en base a tres objetivos fundamentales: el primero, poner fin a la ocupación de los territorios palestinos por parte de la entidad sionista, y el desmantelamiento del Muro de la Vergüenza. En segundo lugar, el reconocimiento de la igualdad de derechos de los ciudadanos no judíos de Israel, frente a la existencia de 49 leyes que discriminan a los palestinos con ciudadanía israelí, que viven en parte de la Palestina histórica ocupada desde el año 1948 y que representan un 20% de la población total. Y en tercer lugar, respetar y reconocer el derecho de retorno de los refugiados palestinos, tal como se estableció en la Resolución 194/1948, que en su artículo 11 resuelve lo siguiente: "Debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares, y por todo bien perdido o dañado cuando, en virtud de los principios del derecho internacional o por razones de equidad, esta pérdida o este daño deba ser reparado por los Gobiernos o autoridades responsables". 

 

Por tanto, el marco legal existe desde hace muchos años, y además se ha ido renovando en el contexto de las diversas Resoluciones de Naciones Unidas al respecto. Pero Israel siempre ha hecho caso omiso de ellas, bajo el amparo y complicidad de los Estados Unidos, y ante la vergonzante "neutralidad" de la comunidad internacional. De ahí la necesidad de poner en marcha y respetar el BDS, ya que es una de las acciones de no violencia activa, más potentes en la lucha contra la ocupación israelí de los territorios palestinos. Pero ya sabemos que cuando priman los intereses económicos o de otra índole, las cuestiones del pacifismo quedan relegadas a un tercer lugar, o bien se habla falazmente de la "no politización" del deporte, del arte o de la cultura. No caigamos en dichas trampas. El BDS es una herramienta política, pero si no tomamos conciencia de su importancia y alcance, y la ignoramos alegando motivos de "no politización" de otros ámbitos o facetas de la vida pública, continuaremos siendo cómplices de las acciones criminales de Israel. El llamamiento del BDS nos convoca a boicotear la compra de productos israelíes, sobre todo de aquéllos generados en los territorios ocupados. Se llama a no invertir en este régimen, pero también a evitar los contactos culturales, deportivos, artísticos, políticos, económicos y sociales. En una palabra, se hace un llamamiento a la constante presión desde todos los planos al cruel régimen israelí, para darle un mensaje claro de que mientras continúe su fanática política hacia Palestina, la comunidad internacional no va a mirar hacia otro lado, va a tomar partido, va a presionar, va a chantajear y a boicotear cualquier manifestación israelí fuera de su país, hasta que dicha presión surta los efectos oportunos y deseables. Continuaremos en siguientes entregas.

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22 junio 2017 4 22 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: JRMora

Viñeta: JRMora

No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología anarco-capitalista con suficiente poder como para imponerse a base de mitos y falsedades

Juan Torres López

Otro aspecto para reducir las desigualdades sociales y económicas (en la entrega anterior nos centrábamos en los servicios públicos básicos, como sanidad y educación) son los relativos a la protección social. Su objetivo lo podemos expresar bajo una simple frase: garantizar que todas las personas puedan vivir sin miedo. Ello implica desarrollar todo un amplio y completo programa de prestaciones, ayudas y complementos en especie, tanto en directo como en diferido, para garantizar al conjunto de la población la satisfacción de sus necesidades vitales en todas las situaciones donde se puedan ver inmersos (discapacidad, jubilación, desempleo, bajas temporales, etc.). Estos sistemas de protección social suelen implicar que los Gobiernos proporcionen prestaciones dinerarias o en especie (subvenciones por menores a cargo, exenciones o reducciones fiscales, pensiones a las personas mayores, prestaciones por desempleo, ayudas, subsidios, rentas mínimas...) que, al igual que la atención sanitaria y la educación, aportan nuevas categorías de ingresos a quiénes más los necesitan, corrigiendo los desequilibrios en la distribución de los ingresos, y cubriendo las situaciones de incapacidad temporal o definitiva para poder acceder a un puesto de trabajo. La protección social por tanto es un abanico muy extenso, que no sólo es fundamental para reducir la desigualdad, sino también para hacer que la sociedad en su conjunto sea más solidaria e igualitaria, y esté menos basada en el individualismo. En el bloque temático correspondiente, cuando hagamos reflexiones profundas sobre el mundo del trabajo en el contexto de la desigualdad, nos centraremos a fondo en exponer el caso de la renta básica universal, como una especie de sistema aglutinador de la mayoría de estas variantes de protección social. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, ante el desastre causado en gran parte de los países, se impusieron un conjunto de políticas de corte keynesiano (por John Maynard Keynes, su propulsor fundamental), y la mayoría de los países ricos establecieron sistemas de protección social a gran escala y normalmente universales, que sirvieron para garantizar al conjunto de la ciudadanía unos ingresos básicos, además de ofrecer garantías frente al desempleo, la vejez y la discapacidad, entre otras circunstancias. En Estados Unidos, la puesta en marcha de la seguridad social y de un sistema de pensiones en la década de 1930, redujo drásticamente los índices de pobreza entre las personas mayores. La crisis financiera de 2008 ha impulsado la creación de la Iniciativa de la Base de Protección Social, liderada por la OIT y la OMS. La iniciativa insta a los países a ofrecer unos ingresos mínimos garantizados a los desempleados, todos los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y a todos aquéllos que no puedan ganarse la vida dignamente. Sin embargo, datos recientes ponen de manifiesto que más del 70% de la población mundial no cuenta con una cobertura adecuada de protección social. Ello es debido al auge del dogma neoliberal en la inmensa mayoría de los países, de todos los continentes, bajo el auge de la globalización capitalista, que ha tomado como referentes el Consenso de Washington y los Acuerdos de Bretton Woods, y que bajo el pretexto de la crisis, ha llevado a cabo una ofensiva en toda regla a los derechos humanos fundamentales, conduciendo al fundamentalismo de mercado al que nos hemos referido en entregas anteriores de esta serie. 

 

Para luchar contra la desigualdad, debemos retormar el camino de los sistemas integrales de protección social, absolutamente públicos, gratuitos y universales, y con plenas garantías. Debemos tender hacia la cobertura universal de todas las personas a lo largo de todas las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la cuna hasta la sepultura. Sólo el diseño y la aplicación de sistemas realmente universales de protección social garantizarán que ninguna persona, en cualquier etapa o circunstancia de su vida, pueda verse privada de la satisfacción de sus necesidades fundamentales (ingresos mínimos, alimentación, vestido, medicamentos, educación, etc.). Es todo ello lo que garantiza una sociedad verdaderamente cohesionada, justa y equitativa, en el sentido en que garantiza unos mínimos vitales fundamentales, para a partir de ahí dejar a cada individuo organizar su vida según sus deseos, planes y conveniencias. Pero es la cobertura universal de protección social la herramienta que garantiza la plena y absoluta igualdad de oportunidades, y la plena inclusión bajo los parámetros de una sociedad libre y avanzada. No obstante, nos encontramos aquí con un nuevo problema, que deriva de la condicionalidad de todas estas protecciones. En este sentido, decidir quién merece determinadas prestaciones y quién no es un ejercicio caro y complejo, cambiante y a menudo polémico, sujeto a montones de casuísticas y condicionantes, que pueden conducir al sistema a resultados injustos o absurdos en muchas ocasiones. Asímismo, el establecimiento de requisitos y condiciones puede alentar también al fraude social en torno a los sistemas de protección. De hecho, varios estudios han puesto ya de manifiesto que las prestaciones selectivas son menos eficientes que las prestaciones incondicionales debido sobre todo a los costes administrativos. 

 

En efecto, si establecemos para la concesión de una prestación P determinada, el hecho de tener que cumplir con un requisito R, en primer lugar debemos introducir al sistema informático que controle dicha prestación el establecimiento de este requisito. En segundo lugar, debemos incorporar a la documentación requerida la verificación de dicho requisito, y en su caso, requerir y evaluar también la documentación que demuestra que el requisito se cumple. Por último, debemos planificar todo un sistema de información/control/verificación por parte de los propios empleados, para que desarrollen y lleven a cabo estas tareas. Nada de ello es necesario si el requisito R no existe. La prestación P, si es universal e incondicional, será mucho más cómoda, rápida, barata y fácil en este caso. Por otra parte, el déficit de cobertura, como decíamos más arriba, puede conducir también a sistemas injustos en la forma y en el fondo. Además, los programas selectivos suelen estar dirigidos al ámbito familiar (lo que la Administración Pública define como la "unidad familiar"), un planteamiento hoy día absolutamente desfasado, no sólo porque los modelos de familia han cambiado y ya no responden a los modelos tradicionales, sino también por la elevada existencia de personas solas, que individualmente forman el núcleo familiar. Por ejemplo, las mujeres y los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, pueden verse excluidas en estos procesos. Por tanto, los sistemas de protección social, si quieren tender hacia el ámbito universal, deben ir removiendo sus características de condicionalidad y grupales. Pero desgraciadamente, durante las últimas décadas se han favorecido cada vez más las prestaciones más pequeñas, selectivas y dependientes de los recursos, es decir, menos universales. 

 

Básicamente, esto se debe a que los fundamentalistas de mercado prevén un papel progresivamente mucho más limitado de los Gobiernos, asociado a las ideas neoliberales que pretenden desmontar los sistemas de protección social, aludiendo a falaces mantras como que "nada es gratis", y que estos sistemas son insostenibles. Nada más lejos de la realidad. Hasta los sistemas más integrales y universales de protección social son absolutamente sostenibles en el tiempo, siempre que nos basemos en el resto de parámetros que definen una sociedad justa, tales como el sistema fiscal que ya hemos comentado en anteriores entregas. Esta tendencia neoliberal también encaja con la idea (que ya desarrollaremos ampliamente en su momento, cuando discutamos la Renta Básica Universal en el contexto del debate sobre el trabajo), cada vez más extendida, de que las prestaciones sociales inhiben el trabajo, y de que la prioridad debería ser que las personas se valgan por sí mismas en lugar de estar amparadas por el Estado. Se trata de una concepción de la sociedad, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, derivada del concepto ultraneoliberal de la misma, absolutamente egoísta, que niega la sociedad misma, y que propugna los valores del egoísmo, el individualismo y la competitividad como sagrados valores. Sin embargo, como estamos comentando, estos esquemas de valores sociales sólo contribuyen a disparar las desigualdades, y a fomentar sociedades injustas, desequilibradas e irracionales. Por tanto, todos los países deberían trabajar para establecer sistemas permanentes de protección social universal, ya que éstos reducen la vulnerabilidad e incrementan la capacidad de resistencia frente a crisis del sistema. Una buena forma de empezar sería garantizar la protección social de amplias categorías de población, por ejemplo proporcionar prestaciones universales a todas las madres, o a todas las personas que superen una cierta edad. Esto reduciría el debate, demostraría las bondades de estas medidas, y anularía la estigmatización que acarrea la comprobación de los recursos para identificar quién necesita más dichas prestaciones. Continuaremos en siguientes entregas.

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21 junio 2017 3 21 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: Josetxo Ezcurra

Viñeta: Josetxo Ezcurra

Monsanto es capaz de ignorar el daño humano y medioambiental provocado por sus productos y continuar con sus devastadoras actividades mediante una estrategia de ocultamiento sistemático: influyendo en las agencias reguladoras y los gobiernos con grupos de presión, utilizando la mentira, la calumnia y la corrupción, financiando estudios científicos falsos, presionando a los científicos independientes y manipulando a la prensa y los medios. La historia de Monsanto es un caso de libro de escuela, es la historia de la impunidad de la que se benefician las corporaciones transnacionales y sus ejecutivos, cuyas actividades contribuyen a las crisis del clima y la biosfera y amenazan la seguridad del planeta

Andre Lew (Presidente de IFOAM)

Hemos querido recuperar como cita de entradilla la opinión de Andre Lew sobre Monsanto, porque retrata perfectamente el verdadero poder y peligrosidad de las empresas transnacionales que están detrás de los Tratados de Libre Comercio de última generación. La situación es completamente real, y nos hace intuir qué ocurre cuando el poder corporativo se impone a los derechos humanos. Lo mismo podemos argumentar en torno a la necesidad de frenar el cambio climático, por lo cual ya hemos denunciado en muchas ocasiones en esta serie de artículos la tremenda contradicción presente en el apoyo a Acuerdos por el Clima (como el de París), y a la vez el apoyo a estos tratados "comerciales" de última hornada. Los acuerdos multilaterales alcanzados bajo la presión de los lobbies empresariales no son sino meros instrumentos para reforzar el poderío de estos grandes emporios empresariales, con el fin de normalizar una nueva arquitectura normativa donde se otorguen derechos a los inversionistas, en perjuicio de los derechos humanos, de la naturaleza y del resto de seres vivos que habitamos el planeta. Por ello sostenemos que van contra la propia soberanía popular de los gobiernos, Estados, naciones y países que los firman. Luis Hallazi, abogado y politólogo, investigador en derechos humanos, lo ha recogido y explicado muy bien en este artículo, que seguimos a continuación. Como ya hemos referido, sus textos se recogen en voluminosos tratados de miles de páginas, que se negocian en secreto durante varios años, y cuyas negociaciones son deliberadamente escondidas a la opinión pública. 

 

En el caso del Parlamento Europeo, ya hemos referido en entregas anteriores que los propios parlamentarios que representan supuestamente a la soberanía popular de los Estados miembro, son rigurosamente controlados en sus intentos de acceso al contenido de las negociaciones de estos tratados. ¿Qué interés existe en toda esta opacidad, rota únicamente por algunas filtraciones de medios como Wikileaks? Pues evitar la constatación de que estos tratados comerciales son en realidad instrumentos geopolíticos al servicio del gran capital, que pretenden únicamente potenciar la capacidad de expansión sin límites de los gigantes empresariales, en clara connivencia con los políticos a su servicio. Por ello, conceptos como democracia, soberanía o derechos humanos importan muy poco en su espíritu y en su redacción, pues son herramientas pensadas para abolir los mecanismos ("obstáculos al comercio" para ellos) que protegen y blindan los servicios públicos y los derechos fundamentales. Persiguen una globalización de carácter sólo económico, y en ese sentido, están intentando reformar de facto el sistema jurídico internacional para que privilegien estos tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional sobre los derechos humanos. En palabras de Luis Hallazi: "El modo de hacerlo ha sido a través de la imposición del paradigma del libre comercio, que ayudado de la instrumentalización del derecho internacional ha ido quebrando los avances en garantizar la supremacía de los derechos humanos". Y así, están intentando introducir en el imaginario colectivo un concepto más profundo y potente en torno a los principios de la "seguridad jurídica", "derecho de los inversionistas", "obstáculos al libre comercio", etc., para garantizar la aprobación de unos textos que les concedan plena hegemonía e impunidad para sus actividades por todo el mundo. 

 

Como guinda de todo este aberrante pastel, se colocan los mecanismos ISDS, que garantizan que los Estados firmantes de estos TLC renuncian a su jurisdicción nacional en los casos de controversia entre los inversores y el Estado, y ambos se someten a una corte arbitral con jueces privados, sin doble instancia, y donde muchos de los jueces son parte de las puertas giratorias. El mecanismo garantiza que únicamente sean los inversores los que puedan demandar al Estado y no viceversa, en los casos en que dichos inversores deseen interceptar la posible aprobación de nuevos marcos normativos que puedan ser contrarios a sus intereses. Y así, bajo el pretexto de que las nuevas normas o decisiones políticas pudieran contravenir los principios comerciales suscritos en los tratados, los Estados son denunciados por las multinacionales ante estas instancias judiciales creadas "ad hoc", que en su inmensa mayoría dictan sentencias contrarias a la soberanía popular, condenando a los países a pagar cifras multimillonarias para resarcir los supuestos efectos causados. Las instituciones y organismos públicos quedan de esta forma desprotegidos, anulados en su soberanía e independencia, frente a la posición de fortaleza de los inversionistas. Los tratados les otorgan a éstos derechos que los colocan en una cómoda posición en relación a los países firmantes, situación que finalmente quiebra el marco de protección de los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza. De ahí que concluyamos una vez más que estos instrumentos al servicio del gran capital socavan la democracia, y avanzan hacia una peligrosa y completa desregulación en todos los ámbitos y facetas de la organización económica, política y social. 

 

Bien, un terreno donde los TLC también se inmiscuyen es el ámbito educativo, como uno más de los servicios públicos sujetos al campo de acción de los intereses de estos grandes agentes económicos. Lo explica muy bien Agustín Moreno, gran especialista en el mundo educativo, y al que seguimos en este otro artículo para el medio Cuarto Poder: "Cada vez que las instituciones internacionales encargadas de impulsar el capitalismo global han abordado un nuevo marco de acuerdo de liberalización, intentan convertir la educación, la sanidad y otros servicios públicos fundamentales en simples servicios susceptibles de ser privatizados". El terreno educativo constituye una suculenta parte del pastel, pues según la UNESCO, la educación es un terreno fabuloso que se cifra en 2 billones de dólares al año. De ahí el interés económico que pueda suscitar en el ámbito de cobertura de los TLC, que no están dispuestos a ignorar tal volumen de "negocio", ya que en realidad, sólo es eso para ellos: otro negocio más, otro derecho humano y otro servicio público al que hay que atacar, privatizándolo, liberalizándolo y convirtiéndolo en mera mercancía. Pero como señala Moreno, esta política de privatización de lo público para convertirlo en un nicho de negocio del capital financiero es una irresponsabilidad desde el punto de vista social y del interés general de los pueblos. La educación es un servicio fundamental, un derecho constitucional y un bien público. De hecho, pocas inversiones son más rentables social y económicamente. Pero si liberalizamos el ámbito educativo, pervertiremos en su esencia la finalidad del mismo, que no es otra que formar a personas libres y críticas. Por ello, los gobiernos que se adscriben a la moda neoliberal intentan, en primer lugar, despojar a la educación de dicho carácter. 

 

Véase sin ir más lejos la LOMCE, esa polémica ley educativa que ha generado la rebelión de todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional. Una ley absolutamente caótica pensada para convertir la educación en un instrumento al servicio del capitalismo, como ya explicamos en este otro artículo de nuestro Blog. Pues bien, leyes como la LOMCE van preparando el terreno para que posteriores herramientas de ámbito globalizador como estos tratados de libre comercio, se encuentren parte del terreno abonado, y completen la terrible labor de liberalización, destruyendo absolutamente el carácter de la educación como derecho humano fundamental. Estos procesos de liberalización educativa conceden mayor peso a los centros privados y concertados (de los cuales nuestro país es campeón a nivel europeo), y tienden a la conversión de los centros educativos públicos en meros elementos residuales del sistema. Los TLC fomentarán el carácter elitista de la educación, y reforzarán las bases, valores e ideales del neoliberalismo en sus propias enseñanzas. El objetivo fundamental es formar a personas dóciles hacia el sistema, en vez de críticas con el mismo. Los TLC imbuirán la educación en los parámetros mercantilistas, tales como la selección del alumnado, la publicación de ránkings, o la paulatina eliminación de la democracia en el propio funcionamiento de los centros. La LOMCE ya prepara al sistema educativo en todos estos aspectos, reduciendo el peso de la comunidad educativa, y reforzando el papel de la Administración en la gestión de los centros educativos. Por su parte, se van perfilando unos perfiles y contenidos educativos claramente ideologizantes, fomentando la explotación, la competitividad, el valor de lo privado sobre lo público, de lo individual sobre lo colectivo, etc. Si a todo ello le unimos el mecenazgo y patrocinio de grandes agentes económicos en el mundo educativo, ya tenemos la fotografía completa. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 junio 2017 2 20 /06 /junio /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (28)

Denunciemos también otra clásica falacia discursiva a la que aluden los herederos ideológicos del franquismo, que consiste en presentar la sublevación militar golpista, que abrió paso a la guerra, como algo "necesario" e "inevitable" dada la situación del país en aquél momento. De esta "justificación" ideológica, tal como señala Santiago Vega en el documento de referencia, se derivaron las demás, es decir, la guerra civil y la "necesaria" e "incontrolable" represión. Como el relato de la historia lo escriben los vencedores, algo que ya hemos apuntado en anteriores entregas, esta versión de la realidad, este montaje de justificación ideológica gozó durante 40 años de todos los recursos del Estado, sin posibilidad de réplica. Aún hoy muchos de los parlamentarios que se sientan en las Cortes defienden esta justificación, y legitiman directa o indirectamente el franquismo, y de ahí su negativa a condenarlo. Por tanto, ha sido una constante (y todavía lo es) la deformación histórica de la realidad, y su instrumentación política. Esto se sitúa en la raíz de las tremendas dificultades con que tropezamos a la hora de desmontar ciertos mitos (algunos de ellos aún muy profundamente arraigados), que la propaganda política del régimen franquista se encargó de difundir en todo el pueblo. De hecho, los historiadores franquistas se limitaron a negar el hecho de la represión ejercida sobre los vencidos, pues la España de Franco se limitaba a "hacer justicia" con los "asesinos", los antipatriotas, los antiespañoles, y mil barbaridades más. 

 

En todas estas tergiversaciones tienen su responsabilidad las pervivencias del franquismo que se han mantenido en diversos ámbitos de la Administración. Durante la Transición no se produjo, como hubiera sido deseable, un corte histórico que supusiera una renovación institucional y una drástica sustitución de los cargos que iban a presidir la nueva situación histórica. Como bien explica Reig Tapia en este sentido: "La permanencia de personajes estrechamente vinculados al antiguo régimen en importantes puestos de la burocracia y de la maquinaria administrativa, así como la politización de importantes sectores del estamento militar y cierta inercia franquista en los aparatos del Estado, dificultan enormemente el acceso a documentación básica para el estudio de la represión". La Transición (1976-1982, aunque algunos autores retrasan aún más su finalización) se nos ha expuesto por parte de las clases dominantes como un proceso "modélico" en todas sus dimensiones. Se ha resaltado la capacidad negociadora de todas las partes, su voluntad manifiesta de hacer evolucionar el país mediante métodos pacíficos, evitando una nueva Guerra Civil, e incluso algunos políticos y un sector de la intelectualidad afirman que incluso se podía exportar a otros países como modelo a seguir. Pero tenemos muchas preguntas sobre dicho período, algunas que podemos contestar, y otras que aún no del todo, o al menos con plenas garantías de veracidad en las posibles respuestas. Mucho de lo que durante aquéllos años ocurrió en nuestro país se mantiene aún en secreto, o conocido únicamente por un núcleo muy reducido de protagonistas de la época. Pero poco a poco, muchas cosas van saliendo a la luz pública. 

 

Pero no todos los intelectuales están de acuerdo con la visión "modélica" de la Transición, existen muchos críticos que ven de modo negativo el proceso desarrollado durante la misma. Uno de los autores más críticos, Gregorio Morán, hizo una desmitificación del famoso "consenso", tan aplaudido y ensalzado a nivel nacional e internacional. Rescatamos sus palabras, tomadas de su obra "El precio de la transición": "La apariencia dice que todo consenso es un acuerdo entre las partes en el que cada una cede algo en sus aspiraciones para lograr una base mayor de apoyo. La realidad atestigua que todo consenso es el reconocimiento de la inferioridad de una de las partes y el temor de la otra, más fuerte, a que la imposición de su programa acarree consecuencias que demuestren su debilidad. El consenso es la autoconciencia política de una situación de mutua fragilidad, en la que nadie está en condiciones de asumir el riesgo de quedarse solo, de aislarse. El aspecto falaz de un consenso no está en llegar a él, sino en enmascarar como voluntad lo que no es sino necesidad. No es que quieran el consenso, es que no tienen más remedio que consensuar". Y en efecto, eso es exactamente lo que ocurrió. Bajo un contexto nacional absolutamente revuelto, donde los estamentos del franquismo estaban aún muy vivos (aunque el dictador había muerto), y bajo las presiones internacionales, las fuerzas del régimen usaron todo su poder para hacer evolucionar nuestro país hacia un sistema aparentemente democrático (legalización de partidos, elecciones libres, etc.), pero manteniendo todos los resortes del aparato del Estado franquista, bajo las presiones de un Ejército muy ligado en gran parte al franquismo, y una Iglesia Católica, una judicatura, un aparato represivo y policial que no se había desmantelado, y unas élites empresariales que no querían renunciar a sus privilegios. 

 

Bajo este contexto se desarrolla la Transición, y evidentemente, si metemos todos esos factores en una coctelera y mezclamos, podemos más o menos intuir la bebida que nos va a salir: una pócima que bajo una apariencia o disfraz democrático, controlaba que nada de lo fundamental sobre el sistema económico y los sectores más privilegiados no perdieran su poder y capacidad de influencia. Muchos autores están de acuerdo con esta visión. Por ejemplo, tomamos las palabras de Manuel Ortiz Heras, reflejadas en su obra "La violencia en la historia reciente de España": "La llegada de la democracia al Estado Español y la progresiva consolidación del sistema han propiciado un cambio singular de nuestra 'memoria histórica' reciente. El proceso de transición democrática exigió inicialmente el olvido del pasado político de personas y procesos vinculados al franquismo. Posteriormente se ha reivindicado la memoria de algunas personas y, conjuntamente, la obra de la dictadura. Esta dinámica social ha segregado una interpretación del franquismo que ha destacado sus elementos de progreso, de estabilidad y de cohesión social. En el campo de la historia, esta valoración parece traducirse en una visión de la transición como el resultado de la modernización del franquismo (denominado aperturismo) y la obra de Tusell [su biografía de Carrero Blanco] sería el último ejemplo de este tipo de interpretaciones". Exportado a nuestros tiempos, a más de 40 años de la muerte del dictador, esto explicaría básicamente la pervivencia de ese "franquismo sociológico" al que nos hemos referido algunas veces, y que volveremos a retomar en siguientes entregas.

 

Debido a la fragilidad de la situación política durante la Transición, se llegó a una especie de "pacto de silencio" implícitamente acordado entre las distintas fuerzas políticas sobre los aspectos más negros del franquismo, que lógicamente arrancaban en la propia Guerra Civil, tras la cual se instauró el régimen. Por tanto, había de alguna manera que "legitimar" aquélla Guerra, había que justificarla, aunque para ello hubiera que recurrir a burdas mentiras y manipulaciones de la realidad, que no era otra que los tremendos perjuicios que el Gobierno democrático de la Segunda República estaba causando a los intereses de los sectores más ricos, influyentes y poderosos, y los enormes beneficios que traía para las clases populares. Uno de los actores de la transición, como fue Rafael Arias Salgado, llegó a reconocer sin tapujos: "El consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional". Y así, en aras de no agudizar la inseguridad de la ya muy delicada situación política hubo que admitir, en palabras de Gregorio Morán, "una falacia tan burda como la que en aquélla pelea no había vencedores ni vencidos, sino que todos (...) se ofrecían para arrinconar a los irreductibles del viejo régimen (...) líderes responsables sellaban un pacto de honor (...) para un futuro común y un pasado inexistente". Aún hoy no sólo el PP sino formaciones políticas de reciente cuño, como Ciudadanos, vierten sobre el debate, sólo cambiando el léxico, los mismos mensajes: "Aquí ya no hay rojos ni azules", viene a decir, por ejemplo, Albert Rivera. No podemos caer en tan torpe y mezquina manipulación. Por supuesto que sigue habiendo rojos y azules, porque continúan existiendo quiénes defienden y legitiman la desigualdad, los privilegios de los poderosos, el poder de las élites, la competitividad, el individualismo, el egoísmo y la insolidaridad, no creen en el bien común y justifican la explotación de las mayorías, y quiénes defendemos la igualdad, la fraternidad, la cooperación, la inclusión, la democracia, los derechos humanos, la integración y cohesión, el bien común, la equidad y la justicia social. Hasta el más ingenuo se daría cuenta de que son bandos distintos, con objetivos y modelos de sociedad diametralmente opuestos. Continuaremos en siguientes entregas.

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19 junio 2017 1 19 /06 /junio /2017 23:00
¿Cuarenta años de democracia?

La Transición fue un Decreto para la impunidad

Marcos Ana

Por todo ello, la necesaria y urgente regeneración democrática deberá pasar por una profunda reforma del Estado que lo refunde de acuerdo con la realidad del país, es decir, que represente la España plural y multicultural, que sea expresión de la soberanía popular y no de minorías y élites influyentes, en definitiva un Estado de todos y no de unos pocos

Juan Antonio Molina

Cuando los de arriba declaran la guerra social a los de abajo, la democracia se convierte en un lujo reservado a la oligarquía… pero también en un grito de guerra de los oprimidos

Yorgos Mitralias (periodista griego)

Mucho se está hablando durante estos días sobre los supuestos "40 años de democracia" que han transcurrido desde las primeras Elecciones "libres" (#15J) de 1977. La Radio Televisión pública, tan manipulada por el Gobierno del Partido Popular, ha preparado incluso un programa especial para su "celebración", para que nos regocijemos en estos cuarenta años, que según ellos, han traído a nuestro país su mejor período. Lo refería incluso José Luis Ábalos en una parte de su discurso durante la Moción de Censura al Gobierno del PP presentada por Unidos Podemos, para reivindicar la tradición y el legado del PSOE. Pero la pregunta es: ¿realmente venimos disfrutando de cuarenta años de democracia? ¿Es cierto que hemos dejado atrás el franquismo? ¿Vivimos en una democracia auténtica, real y completa? De entrada, el Movimiento del 15-M se levantó en 2011 precisamente por esto, reivindicando una democracia real, y dejar de ser "mercancía en manos de políticos y banqueros", como demandaban muchas de sus pancartas y eslóganes. Desde la izquierda transformadora pensamos que lo que vivimos desde la muerte del dictador es una sociedad marcada por diversos factores que determinan su comportamiento y sus reglas: de un lado, una sociedad tardofranquista donde perviven básicamente los mismos estamentos de poder, y de otro, una sociedad profundamente imbuida por los principios e ideales del neoliberalismo. Ambos factores son contrarios a la democracia en sí mismos. Pero vayamos por partes. 

 

A la muerte del dictador, que lo dejaba todo "atado y bien atado" según sus propias palabras, se reinstauró la Monarquía de los Borbones, algo anacrónico y antidemocrático por definición. El Rey Juan Carlos I, hoy Rey Emérito, fue aupado al trono por obra y gracia de Franco, juró lealtad a los "Principios Generales del Movimiento" (asumiendo todas las leyes franquistas), con la bochornosa complicidad de los gobernantes de la época, como Adolfo Suárez, que llegó a reconocer en una entrevista que había "colado" la Monarquía poniendo la palabra "Rey" en los textos de la Ley para la Reforma Política, sometida a referéndum del pueblo español, ante unas encuestas que revelaban claramente que el pueblo hubiese preferido la vuelta de la República. El proceso histórico denominado de Transición consistió únicamente en un lavado de cara para simular que pasábamos de un régimen dictatorial a un régimen democrático, elaborando una Constitución que fue refrendada por el Rey en 1978, y que aunque recogía declarados avances en temas sociales, instauraba de facto el capitalismo como modelo económico. Bajo los mantras de la "concordia", "reconciliación", "convivencia", etc., todos muy deseables y altisonantes, aderezados con bellos discursos de las autoridades de la época, el pueblo fue conducido a través de un periplo que parecía desmontar el engranaje de la anterior etapa franquista, pero que en realidad dejaba a los mismos poderes fácticos que continuaran en el timón de los designios del país. La Transición fue un período de garantía continuista, nunca rupturista, donde las fuerzas políticas de la izquierda tuvieron que aceptar los nuevos moldes políticos, económicos y sociales que forjarían la nueva etapa "democrática". Y así se asentaron los pilares para lo que había de venir.

 

Muchos de los jerifaltes franquistas se convirtieron de un día para otro en "demócratas de toda la vida", e incluso tuvieron la desfachatez de fundar un partido político, llamado entonces "Alianza Popular", que sería el germen del Partido Popular de hoy día, que aglutina a todo el arco de la derecha política, social y mediática, desde la más suave hasta la extrema derecha, desde la más conservadora hasta la más ultraliberal. El intrincado conjunto de intereses, poderes e influencias de la etapa franquista no se desmontó, y llega hasta nuestros días. El aparato del Estado franquista siguió intacto durante un tiempo. La Constitución consagró el poder del Ejército, la influencia de la Iglesia Católica, y las reglas del mercado, es decir, el poder de los grandes banqueros, empresarios y capitalistas de la época, que también llegan hasta nuestros días a través de sus descendientes. Todo ello explica la peligrosa deriva de las fuerzas políticas que nos han gobernado desde entonces, materializadas en el clásico bipartidismo PP-PSOE, o si se quiere, poli bueno y poli malo, es decir, una derecha retrógrada, autoritaria y trasnochada, que sigue añorando y legitimando el franquismo, y una "izquierda" timorata, cobarde y traicionera, que ha engañado a la clase trabajadora que ha confiado en ella, y la ha utilizado en su provecho mientras desmontaba todas las grandes conquistas obreras, laborales y sociales. Y así, desde esa famosa Ley para la Reforma Política, pasando por los Pactos de la Moncloa de 1977, las posteriores leyes "aperturistas" de la UCD de Adolfo Suárez, las leyes "modernizadoras" del PSOE de Felipe González, las leyes del "pelotazo" de José María Aznar, las leyes de recortes y de claudicación de Rodríguez Zapatero, y las leyes de clara agresión, violentas y despiadadas del PP de Rajoy, implantadas bajo el pretexto de la crisis económica, no han hecho más que caminar en la misma dirección: desmontaje del Estado del Bienestar, disminución del tamaño del sector público, privatización de los grandes sectores económicos estratégicos, y limitaciones en los derechos fundamentales y en las libertades públicas. 

 

Por su parte, la Ley de Amnistía de 1977 supuso una especie de "punto final" pactado y acordado entre los poderes fácticos procedentes de las estructuras de poder del franquismo, y las nuevas fuerzas políticas que intentaban construir ese nuevo contexto democrático. Al no superarse en todas sus facetas el franquismo, dicho período transicional, lejos de ser "modélico", como nos lo suelen presentar, tuvo bastantes tintes relativos a la conservación de la correlación de fuerzas provenientes del régimen anterior, es decir, de la dictadura recién acabada. Ello explica que después de estos 40 años de "democracia", aún nos queden muchas asignaturas pendientes en cuanto a la plena superación del franquismo, tales como la anulación de las sentencias y condenas de los tribunales franquistas, la exhumación de los cuerpos de las fosas comunes, el desmontaje del Valle de los Caídos, la retirada de todos los símbolos y nombres franquistas de nuestras calles y plazas, la anulación de subvenciones públicas a las fundaciones que ensalzan la figura del dictador, o el juicio a los cargos franquistas de la época aún vivos. En una palabra, después de 40 años de democracia, aún el Estado definido en aquélla Constitución de 1978 no ha ofrecido a las víctimas ni Verdad, ni Justicia ni Reparación. El famoso "consenso" político y social de la Transición impuso la ley del olvido, y a partir de ahí, los dirigentes políticos herederos de la época franquista argumentan la peligrosidad de "reabrir las heridas", para legitimar aquélla infame Ley de Amnistía, y poner broche final a aquélla negra etapa de nuestra reciente historia. Pero en cualquier sociedad auténticamente democrática que se precie, las cosas no pueden quedarse así. De hecho, en todos los países donde han existido períodos dictatoriales, se ha procedido después, en las posteriores etapas democráticas, a la implementación de procesos de reparación, justicia y dignidad para las víctimas y sus familiares. 

 

Nuestros "40 años de democracia" sólo han consistido en pequeños cambios de apariencia, en forma y modo, en dinámica política, en cosmética y en estética de los grandes poderes fácticos que nos continúan gobernando, a pesar de que no se presentan a las elecciones. Nuestra democracia es aún recortada, limitada y encorsetada. Las grandes formaciones políticas poseen enormes complejos para aceptar los verdaderos anclajes de una democracia real, tales como la democracia participativa, la democracia decisoria, la democracia revocatoria, o la democracia económica, por citar sólo los principales. La Constitución de 1978 continúa hoy absolutamente blindada a cambios profundos, y únicamente se han gestionado pequeños cambios que obedecían a nuestra entrada en el funesto "club" de la Unión Europea, o a la garantía del pago de nuestra deuda por encima de cualquier otro gasto social, como consagra la redacción del nuevo artículo 135, a instancias del PP y del PSOE. Cuando las fuerzas políticas emergentes plantean cambios constitucionales profundos, en seguida son subliminalmente ignorados por las grandes fuerzas políticas, ancladas en el búnker y la dependencia hacia los poderes económicos que las mantienen. Desde ese punto de vista, vivimos en una democracia autocontenida en sí misma, sin posibilidades de avance y actualización, que únicamente reconoce lo que los famosos "padres" de la misma redactaron cuando gran parte de las generaciones actuales ni siquiera habían nacido. De la Constitución se hace hoy una sola lectura, interesada, parcial, limitada y unidimensional, conservadora y anclada, que no permite que podamos disfrutar de un marco constitucional que avance en la consecución y el desarrollo de muchos buenos principios que se contienen en ella. Sin ir más lejos, habría que desarrollar no sólo las características para un marco de convivencia federal, o de respecto a la plurinacionalidad del Estado, sino también recoger la plasmación de todos los derechos humanos emergentes, y desarrollarlos mediante normativas anexas que los consagraran y protegieran. 

 

Hoy día, tras esos 40 años de "democracia", el "Estado Social" declarado en la propia Constitución se desmorona por momentos, y ya no disfrutamos de una educación verdaderamente pública, ni de una sanidad universal y gratuita, las ayudas a la dependencia están prácticamente desmanteladas, y pretenden aniquilar el sistema público de pensiones, empobreciendo gradualmente a los presentes y futuros pensionistas. Si a ello le sumamos la ausencia de redes públicas de protección social, el abaratamiento del despido, el paro galopante, la precaridad laboral, el endurecimiento de las prestaciones por desempleo, y los índices crecientes de pobreza, llegamos a la conclusión de que el llamado "Estado Social" es ya una ilusión en nuestro país. Por otra parte, la corrupción política e institucional campa a sus anchas, constituyendo nuestra decadente realidad cotidiana. Los propios mecanismos que permiten la corrupción, como una gran trama de poder, socavan permanentemente la democracia. Asímismo, el Estado de Derecho deja mucho que desear, habiéndose instalado la percepción ciudadana de que la Justicia no es igual para todos, de que cada vez está más politizada, y de que las estructuras del Poder Judicial favorecen de forma descarada a los más poderosos. El Estado de Derecho se ha convertido más bien en un Estado policial y represivo, recordándonos los viejos comportamientos de épocas anteriores de nuestra historia. La criminalización de las movilizaciones ciudadanas, así como de las legítimas protestas de los sectores más desfavorecidos, están poniendo de manifiesto que la lucha de clases se ha vuelto más cruenta que nunca. Evidentemente, los moldes democráticos se resienten con todos estos factores en su contra, que son los que precisamente determinan la potencia y autenticidad de una democracia real. 

 

Necesitamos por tanto desarrollar un nuevo Proceso Constituyente que deje atrás la "democracia" de estos últimos cuarenta años, que vuelva a reconocer la legitimidad constituyente del pueblo, y que permita levantar y desarrollar todo el nuevo andamiaje que regule nuestra convivencia para los próximos años. Una nueva Constitución para un nuevo proyecto de país, para una nueva democracia amplia, total y completa, para una democracia real. Una democracia comprometida con los intereses de la inmensa mayoría social, hoy día secuestrados por un Estado condicionado por los espurios intereses de las grandes empresas transnacionales y de los poderes financieros. Y es que hoy día seguimos incumpliendo con total descaro leyes, convenios, tratados y normas internacionales (sobre derechos humanos, sobre torturas, sobre normativas hipotecarias, sobre memoria histórica, etc.), y aquí no pasa nada. Nos han sancionado un montón de tribunales y organismos internacionales, pero nuestros gobernantes ignoran todas sus sentencias. Y esta es la explicación de que las autoridades y las administraciones se tomen tan pocas molestias en garantizar plenamente los derechos humanos, reprochar penalmente a los culpables, e impartir justicia para las víctimas. Y a estas alturas, desgraciadamente, después de estos 40 años de "democracia", vivimos en una sociedad que aún no ha llegado a comprender que no podemos tener democracia verdadera si tenemos a gente enterrada en fosas comunes, en las cunetas, si tenemos a miles de ciudadanos/as que aún siguen buscando su identidad, si la gente es torturada impunemente en dependencias policiales, si protestar reivindicando los derechos fundamentales o la soberanía popular puede suponer multas millonarias, si la gente es detenida, procesada y encarcelada por defender las luchas y conquistas obreras, los derechos humanos, la paz o la justicia, o si no se les garantiza a las personas la satisfacción de sus necesidades básicas. No podrá existir democracia mientras las fuentes de trabajo y de vida sigan siendo potestad y propiedad de una minoría. En definitiva, no podemos afirmar que disfrutamos de un sistema democrático si aún poseemos todas estas carencias sociales. 

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18 junio 2017 7 18 /06 /junio /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (55)

Las cadenas internacionales de noticias ya están mostrando emocionadamente otra vez pirámides de flores, velas encendidas, cartas de recordación, corazones de plástico, ositos de peluche, rostros compungidos y condolencias de todo cuño, sin advertir al sensible público, que la Primera Ministro británica Teresa May, acaba de hacer una venta de más de 3000 mil millones de libras esterlinas a Arabia Saudita, la organización terrorista más grande del mundo, que ha dado y sigue dando sustento filosófico, protección diplomática, financiación material y cobertura de todo tipo a todas las organizaciones terroristas que en este momento sacuden al mundo desde Filipinas hasta Nigeria, sin obviar desde ya al Daesh y al-Qaeda. Serán armas británicas y también norteamericanas, francesas, y alemanas que exterminaran a centenares de niños yemeníes, los que serán enterrados sin pirámides de flores, velas encendidas, cartas de recordación, corazones de plástico, ositos de peluche, rostros compungidos, condolencias de todo cuño. En Yemen a partir de la guerra declarada por los sauditas según la Unicef, muere un niño cada 10 minutos por razones prevenibles

Guadi Calvo

Y Europa (no sólo el Reino Unido, tan en el candelero últimamente debido a los continuos actos terroristas cometidos en su suelo) es, de nuevo, cómplice de la hipócrita política supuestamente "neutral" en el conflicto palestino-israelí. Porque Europa, tal y como nos cuenta Maren Mantovani en este artículo para el medio Middle East Eye, traducido para Rebelion por Beatriz Morales Bastos, sigue financiando la tortura, los drones y el uso de perfiles raciales de Israel. Europa continúa apoyando la criminal política israelita, autorizando y siendo cómplice de sus continuas aberraciones contra el pueblo palestino. Ya debiera ser hora de que los ciudadanos europeos, en vez de compartir el falaz discurso de nuestros gobernantes, nos movilicemos para que no se gaste ni un sólo euro más de nuestros presupuestos en financiar empresas militares y de seguridad israelíes, o en apoyar a salvajes dictaduras como la saudita, donde sin ir más lejos, 14 jóvenes serán decapitados por manifestarse contra la Monarquía. ¿Cómo se puede hablar por tanto de que los terroristas "atacan a los valores europeos", cuando nuestros gobiernos apoyan explícitamente la barbarie fuera de nuestras fronteras? ¿Es que acaso nuestras autoridades europeas están cultivando la responsabilidad, el pacifismo, la justicia y la solidaridad como valores hacia el interior y el exterior? A través de sus planes de financiación, investigación y desarrollo, la Unión Europea ha entregado cientos de millones de euros para mantener el régimen israelí de ocupación y apartheid. 

 

Desde hace años, el Comité contra la Tortura de la ONU está solicitando a Israel que prohíba la tortura y los malos tratos en los interrogatorios, en particular con los menores palestinos. Y es que un informe palestino reveló que el 97% de los menores encarcelados por Israel no habían tenido acceso a un abogado antes y durante los interrogatorios. En el momento de ser interrogados, un 28,7% fue sometido a abusos verbales o a intimidación, al aislamiento o a ataques sexuales, y un 27,5% estuvo expuesto a la violencia física, incluidos la asfixia, puñetazos y golpes en la cabeza contra la pared. Y es que todo el sistema israelí, no sólo el de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, está basado en la constante e inherente violación de los derechos humanos. En palabras de Maren Mantovani: "Mientras la Comisión Europea siga financiando el desarrollo de la capacidad israelí de implementar sus gravísimas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, todas las condenas por parte de la UE de las prácticas ilegales israelíes así como el trabajo de la política exterior de la UE seguirá siendo inútil. Israel seguirá rechazando todo intento de lograr la paz y de que se respete el derecho internacional, del mismo modo que ha despreciado la actual Iniciativa de París de conversaciones de paz". Y es que el ninguneo por parte de Israel de todas las iniciativas de paz con el pueblo palestino, vengan de donde vengan, ha sido constante. Por su parte, las empresas y tecnologías israelitas desarrolladas para un mayor control, marginación y sometimiento del pueblo palestino han sido bien vistas (salvo algunas excepciones) por la Unión Europea. 

 

Mantovani nos da algunos ejemplos de ello: Elbit Systems es una importante empresa militar israelí que ha visto cómo la UE recompensaba sus contribuciones tecnológicas a graves violaciones del derecho internacional. Esta empresa, que es una de las contratistas del ilegal Muro de Israel además del principal suministrador de drones al ejército israelí, participa en el Proyecto Flysec incluido en el Programa Horizon 2020 y cuyo objetivo es desarrollar un proceso integrado de seguridad para pasajeros en los aeropuertos, pero detrás de estas elegantes palabras se esconde un auténtico sistema de detección de perfiles raciales. En este contexto, Elbit Systems proporciona tanto su sistema de vigilancia como su tecnología de procesamiento de imágenes a distancia (utilizadas en el ilegal Muro de Israel) para hacer cumplir estrictamente el bloqueo a la región de Gaza y durante las agresiones militares israelíes. El Proyecto Flysec también está preparado para consolidar un peligroso paradigma de seguridad en nuestras sociedades en el que se abandonan los principios de no discriminación, intimidad y otros derechos humanos, a favor de un sistema de control casi orwelliano. Ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. La Primera Ministra británica, Theresa May, durante sus mítines para la reciente campaña electoral, ha declarado abiertamente que sus planes son sacrificar los derechos humanos en aras de poder garantizar una mayor seguridad. Se silencian los verdaderos motivos del terrorismo, se esconden las razones de su desarrollo e implantación en nuestros territorios, se ignora la deliberada política de agresión imperialista que nuestro continente desarrolla por todo el mundo (en connivencia con los Estados Unidos), y luego nos cuentan milongas como que la solución es sacrificar los derechos humanos para poder estar más seguros. 

 

No se dan cuenta (mejor dicho, quieren que los pueblos no se den cuenta) de que los Organismos públicos y las agencias gubernamentales no pueden hacer caso omiso a los derechos humanos, amparados en una política de contención del terror, máxime cuando este terror obedece a decisiones de nuestros propios gobernantes. Por tanto, ya es hora de que los ciudadanos y ciudadanas europeas exijamos que no se dedique ni un sólo euro más de nuestros presupuestos públicos en empresas e instituciones militares y de seguridad israelíes, y de que los gobiernos europeos presionen a sus instituciones acerca de sus tremendas contradicciones políticas y éticas, y de que por tanto, se comiencen a desarrollar otras formas de actuación, otras políticas exteriores, bajo prismas pacifistas e internacionalistas, en vez de bajo las necesidades geoestratégicas, o del complejo militar-industrial, que necesita constantes inversiones en guerras y armamentos. ¿Y qué se puede hacer contra la criminal política de Israel? Pues el mejor sistema que se ha inventado, que ya está desarrollado y apoyado por algunos países y organizaciones, es el BDS, siglas que obedecen a "Boicot, Desinversión y Sanciones" contra el apartheid sionista. Uno de nuestros autores de referencia, Pablo Jofré Leal, lo explica muy bien en este artículo para el medio alternativo Hispan TV, del que tomo información, y cuya lectura completa recomiendo a mis lectores/as. Quizá el BDS sea el mejor sistema, la mejor herramienta genérica y universal, no sólo contra el régimen de Israel, sino contra cualquier régimen y actuación de cualquier país o potencia que desafíe los marcos legales y éticos de una comunidad internacional realmente comprometida con la ética, el pacifismo y los derechos humanos. 

 

La campaña BDS surge en 2005 como una herramienta de lucha contra el apartheid, invitando a toda la comunidad internacional, a la sociedad civil, y a todos los gobiernos, a implementarla en la medida de sus posibilidades, desde el convencimiento que sólo una puesta en marcha estricta de la misma será capaz de derrotar al imperialismo y al sionismo que tanta destrucción causan al pueblo palestino. Esta campaña por el BDS, en 12 años de acción, ha alcanzado tal desarrollo y éxito en sus objetivos, que ha significado el recrudecimiento de la política de represión de la entidad sionista ocupante, y la criminalización de todas aquéllas actividades y por ende de las personas que llevan a cabo esta campaña, sin distinción alguna de nacionalidad. Incluso aquí en España se ha suscitado alguna polémica al respecto. Y es que el BDS intenta catapultar el boicot a cualquier actividad que más o menos explícitamente represente un apoyo a la política, la economía, el arte o la cultura israelíes, mientras se mantenga la grave situación contra el pueblo palestino. Y por supuesto, Israel y todas las organizaciones y gobiernos que les apoyan, han montado en cólera ante cualquier manifestación del BDS. Y es que para Israel y su gobierno la cruzada de millones de personas con el BDS representa un ataque al corazón mismo de su economía y el mostrar al mundo la cara hipócrita y totalitaria de la que se autodenomina "la única democracia de Oriente Medio". Lo que son las cosas: más de 50 años lleva la pobre isla cubana bajo el impresionante bloqueo estadounidense, sin que se haya provocado tanto revuelo internacional. Un bloqueo injusto y desproporcionado contra un pueblo que jamás ha intervenido ni se ha levantado en armas contra otro. Y sin embargo, cuando la campaña del BDS se ha lanzado contra el gigante sionista, buena parte de la comunidad internacional se ha rasgado las vestiduras. Una evidente prueba de que somos parte de una comunidad internacional sumida en la más profunda decadencia. Continuaremos en siguientes entregas.

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15 junio 2017 4 15 /06 /junio /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (42)

Si no se llevan a cabo intervenciones políticas deliberadas, los elevados niveles de desigualdad tienden a auto-perpetuarse. Conducen al desarrollo de instituciones políticas y económicas que trabajan para mantener los privilegios políticos, económicos y sociales de la élite

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL (UNRISD)

Y hablando sobre educación y sanidad públicas, gratuitas y universales, en relación con la desigualdad, hay que denunciar la ya vieja falacia de los acuerdos o conciertos de colaboración público-privada que se vienen desarrollando en estos ámbitos, desde hace varias décadas. Bajo una cuidada estrategia, en primer lugar se vierten campañas de desprestigio de estos servicios públicos, para legitimar la intervención privada sobre los mismos. Se habla de la "eficiencia" de la gestión privada, y se comienza por "externalizar" (eufemismo para encubrir una privatización de alguna parcela o faceta del servicio) algunas partes del sistema sanitario. Después, poco a poco la lista de servicios externalizados va siendo cada vez mayor, hasta que llega un momento en que el sector privado domina un conjunto bastante amplio (incluso la totalidad) del funcionamiento del servicio. Cuando nos queremos dar cuenta, resulta que el sector público ha quedado hipotecado en beneficio del carácter privado, que ha pasado a controlar el conjunto del sistema. Y entonces nos preguntamos: ¿Es cierta la famosa eficiencia del control privado? ¿En qué revierten estos modelos de privatización? Pues la experiencia nos demuestra que un elevado nivel de participación privada en el sector sanitario está asociado con una pérdida de la calidad en los servicios, con un incremento de los costes, y con una mayor exclusión, en términos generales, de las personas pobres del tratamiento y atención médicas. 

 

La historia por tanto se repite. Y es que está en la propia esencia del funcionamiento de la iniciativa privada, a la que únicamente le interesa la obtención del máximo beneficio. Si para ello tiene que sacrificar otros objetivos del sistema, no duden en que lo hará, aunque tenga que presentar falsos resultados y estadísticas para demostrar que sigue siendo más eficaz que el modelo público. En resumidas cuentas, los derechos humanos fundamentales no deben estar ligados a servicios privados, pues éstos benefician en mayor medida a los ricos y no a los más necesitados, incrementando la desigualdad económica. Lo mismo podríamos extrapolar al ámbito educativo, donde los famosos centros concertados (típicamente con organizaciones religiosas) van derivando su actividad, organización y funcionamiento no a la inclusión del alumnado y a la democratización de los centros, sino al elitismo, a la segregación y a la exclusión del alumnado que no les interesa para mantener su "prestigio" educativo. Esta arquitectura de la desigualdad facilita que los más acaudalados puedan elegir y tener acceso a la atención sanitaria y a la educación fuera del ámbito de los sistemas públicos, lo cual debilita la cohesión social y favorece el incremento de las desigualdades, en una espiral sin fin que se retroalimenta, pues a medida que existan más derivaciones de los servicios públicos básicos hacia la iniciativa privada, más poder e influencia se le estará concediendo a ésta para que pueda continuar ejerciendo su tarea de lobby con respecto a estos sectores. 

 

Y como ya hemos explicado, cuando son sólo los más pobres quienes utilizan los sistemas públicos (educativos, sanitarios, etc.), la clase media-alta, cuyos miembros tienen una mayor influencia política y económica, no tienen ningún interés personal que les impulse a defender el gasto público para poder financiar estos servicios, lo cual se traduce en que se reducen los incentivos para pagar impuestos. De esta forma, si entramos en dicha dinámica, vamos conduciendo a la sociedad hacia un modelo insolidario e individualista, un modelo que no apuesta por el bien común, sino por una sociedad salvaje del "sálvese quien pueda". Se extienden el egoísmo y la insolidaridad, y se va socavando la democracia y el concepto mismo de sociedad, que desaparece frente a la concepción de nuestro mundo como un conjunto de individuos que pululan en él para su pura supervivencia. Ello nos conduce a una sociedad salvaje y caótica, propicia para todo tipo de elementos desestabilizadores (revueltas, rebeliones, protestas, etc.). Por tanto, hemos de revertir el camino. Hemos de conceder la máxima importancia a la cohesión social, a la inclusión, al fortalecimiento de los servicios públicos, ya que todo ello disminuirá las desigualdades sociales y económicas, y revertirá en un modelo de sociedad más justo e igualitario. Tenemos un fuerte adversario con el que luchar, más allá de las políticas internas que seamos capaces de llevar a cabo, ya que los Organismos Internacionales (imbuidos en los dogmas del capitalismo neoliberal globalizador) están instando a los países a caminar por la senda de la "liberalización" (nuevo eufemismo) de los servicios públicos, gratuitos y universales, en favor de la entrada en ellos de la iniciativa privada. 

 

Y así, la OCDE, el FMI, el BM, la OMC, etc., desarrollan políticas que se traducen en una serie de "recomendaciones" a las naciones y países a los que engloban, para ir adoptando progresivamente modelos de "colaboración público-privado" para todos estos servicios. Y al igual que en el caso de los sistemas fiscales, las normas internacionales dictadas por estos organismos pueden socavar la política nacional, restar soberanía e impedir que se desarrollen políticas de cohesión social. De hecho, es bien conocido que las grandes empresas de servicios educativos y sanitarios han presionado durante mucho tiempo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se establezcan normativas internacionales que exijan a los países abrir sus sectores educativo y sanitario a los intereses comerciales privados. Recientemente, Wikileaks ha revelado que existen planes para presentar un acuerdo sobre el comercio de servicios entre 50 países, que garantizaría la privatización de estos servicios públicos. Pero sólo hay que fijarse en las tendencias de los Tratados de Libre Comercio de última generación (TTIP, TPP, CETA, TISA, etc.) para comprender hasta qué punto son herramientas pensadas para la infiltración del gran capital transnacional en todos los servicios públicos que se gestionan por los respectivos Estados, y todo ello de una manera feroz y agresiva. Para los lectores y lectoras interesadas, les recomiendo nuestra serie de artículos que sobre estos Tratados de Libre Comercio (TLC) estamos desarrollando en este mismo Blog. En ella damos cumplida cuenta de la historia, los objetivos, y todo lo que se esconde detrás de estas peligrosas herramientas. 

 

Esto se traduce en diversos hechos y decisiones concretas. Por ejemplo, las cláusulas de Propiedad Intelectual (PI) incluidas en la redacción de estos Tratados de Libre Comercio que se están negociando obligarían a los Gobiernos de los países firmantes a ampliar las patentes de los medicamentos que salvan vidas, agotando los presupuestos nacionales de salud de los países en desarrollo, imposibilitando que puedan ofrecer muchos tratamientos muy necesarios. Por ejemplo, la mayoría de las 180 millones de personas infectadas con el virus de la Hepatitis C no puede beneficiarse de nuevos medicamentos eficaces por vivir en países del Sur, donde ni pacientes ni Gobiernos pueden permitirse pagar facturas médicas desorbitadas. En Asia, los medicamentos constituyen hasta un 80% de los gastos sanitarios directos. Y aunque son los países pobres los más afectados por los precios de los medicamentos, los países ricos no son inmunes a su elevado coste. El gasto farmacéutico de los Gobiernos europeos se incrementó en un 76% entre los años 2000 y 2009, y actualmente algunos países rechazan ofrecer a los pacientes nuevos medicamentos contra el cáncer a causa de su elevado precio. Todas ellas son consecuencias directas del enorme poder e influencia de los que gozan las grandes empresas transnacionales, que van controlando cada vez más aspectos de nuestra vida, de nuestras necesidades y de nuestros derechos. Dichas empresas llegan a constituir potentes oligopolios a nivel mundial, compitiendo en fuerza con los propios Estados, minimizando la soberanía e independencia de éstos, y contribuyendo al final, como siempre, al aumento de las desigualdades, mediante la excesiva concentración del capital en muy pocas manos. Continuaremos en siguientes entregas.

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14 junio 2017 3 14 /06 /junio /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (38)

En el fondo el TTIP trata de allanar el camino para que las empresas transnacionales de EEUU campen a sus anchas por los territorios de otros países, otorgando libertad de explotación a los poderosos

José Manuel Naredo

Y en efecto, aunque el asunto del TTIP esté en descanso (volverán a intentarlo en cuanto puedan), el CETA y toda la nueva hornada de Tratados de Libre Comercio obedecen a lo que Naredo indica en nuestra cita de entradilla. Por tanto, se ha ganado una batalla, pero en modo alguno la guerra, de ahí que retomemos esta serie de artículos, en la cual tenemos aún mucho que contar, y no sólo sobre las maldades de los TLC, sino que en la últiima parte de la misma, realizaremos (como ya veníamos avanzando en anteriores entregas) una propuesta de lo que entendemos desde la izquierda transformadora que debe ser un verdadero Tratado por los Pueblos. Bien, de entrada comentaremos los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país en torno al asunto del CETA (el TTIP canadiense), tanto a nivel político como social. En el plano político, hay que destacar (como la enésima prueba más del comportamiento e intereses de dichos partidos) que en el Congreso, el PP, el PSOE y C's impusieron la tramitación exprés de dicho tratado. Por su parte, el Gobierno de Rajoy sigue pisando el acelerador para garantizar la aprobación en el Congreso del tratado comercial entre la UE y Canadá, con el apoyo de las otras dos fuerzas políticas que le garantizan su sostenimiento. Se dejó para el mismo día la votación sobre la aprobación del CETA y sobre una cuestión previa de (posible) inconstitucionalidad, iniciativa que permitió pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si el CETA vulnera las disposiciones de nuestra Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, civiles y sindicales. 

 

Es decir, que primero se votó y aprobó el CETA por parte de la Cámara, y a continuación la Cámara mandó el acuerdo al Alto Tribunal para que éste aclare si vulnera la Constitución. Como vemos, un procedimiento totalmente absurdo, pues lo lógico es que hubiera sido al contrario (es decir, que se votara en pleno únicamente cuando el TC se hubiera pronunciado sobre la constitucionalidad del susodicho tratado). Pero como siempre, las fuerzas políticas autodenominadas "constitucionalistas" tenían mucha prisa por aprobar el tratado comercial. Todo ello sin contar con que la mayoría de los diputados no habían podido aún acceder al contenido de las más de 1.600 páginas donde se recoge el texto final del tratado. A nivel social, es de destacar que el pasado 11 de mayo la Campaña "No al TTIP, CETA y TISA" presentó su Portal de Transparencia, una herramienta mediante la que ofrece información a la ciudadanía sobre los tratados de comercio e inversión que la Unión Europea negocia con terceros países. Su objetivo principal es impulsar la participación ciudadana en las decisiones políticas que comprometen el futuro de la inmensa mayoría social y del planeta. El sitio web http://www.noalttip.org/ceta-al-dia/ recoge un estupendo cronograma sobre lo relativo a este tratado. Asímismo, a comienzos de este mes de junio se dio una gran manifestación a nivel nacional con una masiva afluencia de personas y organizaciones, instando a la negativa a ratificar el tratado. 

 

Y es que el CETA representa, al igual que sus homólogos generacionales, bajo el disfraz de beneficioso tratado comercial, la expresión máxima del capitalismo neoliberal. Como nos recuerda Ekaitz Cancela en este artículo para el medio La Marea, es un tratado rechazado por varias decenas de académicos, que firmaron un documento conjunto en diciembre pasado pidiendo a la UE modificar el contenido del mandato de negociación de los acuerdos comerciales. Thomas Piketty fue incluso más allá, y escribió un artículo para el medio The Guardian argumentando motivos muy explícitos para rechazar el CETA: "Es un tratado que pertenece a otra era. No contiene absolutamente ninguna medida restrictiva en materia fiscal o climática. No obstante, contiene una referencia considerable a la protección de los inversores". Representan la quintaesencia de una globalización brutal y descontrolada, aderezada mediante falaces eslóganes sobre el comercio internacional, la eliminación de barreras, y los engañosos beneficios que supondrían en cuanto a puestos de trabajo. Un discurso que casa muy mal (como tantas veces hemos denunciado) con los tratados sobre el cambio climático que se están forjando, que lógicamente van (o han de ir) en direcciones diametralmente opuestas. La finalidad de esta Unión Europea de los mercaderes es hacer negocios, y en ese sentido no se diferencia mucho de las antiguas y primitivas asociaciones y organizaciones europeas de los años 50 del pasado siglo (Comunidad Europea del Carbón y del Acero, etc.). Ahora se trata de anular todos los límites nacionales y constitucionales, de ahí que los jerifaltes europeos quieran blindar a toda costa la estructura supranacional que han construido, a base de retirar la soberanía a los clásicos Estados-nación europeos. 

 

Jean-Claude Juncker lo ha resumido perfectamente, cuando ha asegurado que ser europeo se basa en "estar abiertos y comerciar con nuestros vecinos, en lugar de ir a la guerra con ellos. Significa ser el mayor bloque comercial del mundo". Hasta en lo de "ir a la guerra" se equivoca el Presidente de la Comisión, pues como ya se definiera hacia varias décadas: "La guerra es la continuación del capitalismo por otras vías". Y no nos dejemos engañar por las retóricas antitratados comerciales de Donald Trump en USA o de Marine Le Pen en Francia, pues en el fondo únicamente buscan aderezar con mensajes efectivos para la clase trabajadora lo que puedan ser unas post-negociaciones con los países firmantes de dichos tratados, en aras a conseguir unas condiciones más beneficiosas para sus empresas. Mucho eslógan vacío, mucha falsa solidaridad con la clase obrera, mucho falso proteccionismo, pero a la hora de la verdad, las condiciones laborales, sociales, ecológicas, sanitarias y ambientales les importan bien poco a estos candidatos de la extrema derecha. Ellos representan mejor que nadie la punta de lanza del ultraliberalismo económico, y por tanto, no pueden permitirse el lujo de abandonar sin más unos tratados comerciales que saben les reportarán inmensos beneficios a sus empresas transnacionales. No son por tanto enemigos de la globalización, simplemente desean una globalización más "a la carta" para sus respectivos agentes económicos, para recuperar una preponderancia como potencias comerciales que ya creen perdida en pleno siglo XXI, bajo el poderío de las potencias emergentes. 

 

En cuanto a Estados Unidos, el objetivo actual de su política comercial, como nos relatan Adoración Guamán y Gabriel Moreno en este artículo para el medio Contexto y Acción, es la expansión del comercio de manera que éste sea más libre y más abierto para los estadounidenses. Todas las acciones comerciales tendrán como objetivo el crecimiento económico y la promoción del empleo en los Estados Unidos (los clásicos mantras a los que siempre recurren) y la protección de las empresas, trabajadores, sectores y mercancías de los Estados Unidos frente a los del resto de países. Y en este sentido, y ahí es donde Trump quiere insistir, se van a primar los acuerdos bilaterales frente a los multilaterales o regionales, resistiéndose frente a los intentos de la OMC (Organización Mundial del Comercio) de debilitar la postura de los Estados Unidos en los diversos tratados multilaterales. Por tanto, la estrategia está bien clara: abandonar los tratados donde USA esté interviniendo, pero no bajo la convencida creencia de que son dañinos para todas las facetas indicadas, sino para volver a negociarlos con cada país (de forma bilateral), con el fin de poder obtener condiciones más ventajosas. En resumen, a eso obedecía (bajo este punto de vista de los TLC) el famoso "America First" del primer discurso presidencial de Trump. Por tanto, el TTIP regresará disfrazado de nuevo acuerdo comercial con nuevos actores, aunque llevará dentro los mismos peligros (o incluso más) que los que ahora han quedado en stand by, esto es, en punto muerto. Por tanto, no nos engañemos: Trump seguirá con el libre comercio sin límites, sin trabas ni cortapisas, incluso de forma potenciada, y continuará el proceso que David Harvey bautizara como "acumulación por desposesión" (desposesión de muchos para enriquecimiento de unos pocos). Todo ello bajo el manto de un discurso nacionalista y neoproteccionista, mientras sus cuentas y sus empresas no dejan de obtener inmensos beneficios. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 junio 2017 2 13 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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Fueron los franquistas y la oposición más conservadora quienes condujeron el proceso de llegada de la democracia y, bajo la amenaza de la reversión a tiempos armados, impusieron el silencio y el olvido

Carles Senso

A estas alturas de la serie, mis lectores/as, creo, tendrán absolutamente claro que a día de hoy, nuestra sociedad aún no ha superado definitivamente ni la Guerra Civil, ni la posterior dictadura derivada del sangriento y represor régimen franquista. Es una asignatura pendiente. Y tal como indica Santiago Vega en su trabajo de documentación (cuya lectura completa recomiendo), que seguiremos en los siguientes párrafos: "Al utilizar la eterna justificación de no "desenterrar viejas heridas", se demuestra que las heridas no están curadas, simplemente están cubiertas por el silencio y el olvido que impuso la transición como contribución necesaria en aras a la "reconciliación nacional". Continúan existiendo trabas institucionales, pues aún quedan muchos archivos donde las facilidades para la investigación, dependen de las personas que los dirigen. Se palpa aún cierto miedo en determinados sectores a que se divulgue la historia, la verdadera historia, sin manipulaciones ni sesgos interesados. La derecha política, social y mediática esgrime que investigar ciertos aspectos de la Guerra Civil y del franquismo es revanchismo, o se hace con un fin vengativo, o de enfrentamiento para la sociedad. Y para contribuir debidamente a un estudio más o menos completo sobre la represión franquista, se precisa además de la consulta de fuentes escritas (registros civiles, cementerios, archivos de los juzgados, etc.), el trabajo de campo por medio de entrevistas a los afectados directos de la represión o a sus familiares, amigos, compañeros, vecinos...de los represaliados, que ayuden a componer los hechos. 

 

La desaparición de muchas víctimas de un modo tan brutal como cruel cayó como una losa sobre sus familiares y descendientes. En numerosos casos, el trauma fue tan fuerte que no se volvió a hablar de ello nunca más. Hay personas que ni siquiera han hablado en el ámbito íntimo familiar de aquéllas vivencias de la guerra y la represión consiguiente. De hecho, los investigadores han conversado con algunos nietos que aún no saben de qué, ni cómo, ni por qué murieron sus abuelos. Evidentemente, la completa superación del franquismo exige ir cambiando poco a poco este contexto, pero ello no se conseguirá hasta que las propias instituciones ofrezcan las debidas garantías de verdad, justicia y reparación, para poder crear el adecuado clima de confianza, recuerdo y respeto hacia los muertos y represaliados. Santiago Vega apunta también a un detalle importante: a la mayoría de familiares de las víctimas, que eran católicos practicantes, los hechos vividos les crearon problemas de conciencia y de fe, pues veían con asombro cómo sus familiares y seres más queridos eran ejecutados por los defensores de un orden y unos valores que eran también apoyados por la Iglesia. La misma Iglesia que hablaba de amor al prójimo negaba ayuda a los condenados, no intercedía para conseguir los indultos, o se limitaba a ofrecerles la confesión y comunión antes de la ejecución. Muchos familiares dieron la espalda a la Iglesia, que como ya hemos relatado en entregas anteriores, fue una de las principales cómplices del régimen genocida de Franco. 

 

La rabia es otro sentimiento generalizado entre los familiares de las víctiimas. En muchos casos han permanecido viviendo en la misma localidad, siendo incluso vecinos, los verdugos junto a las viudas, hermanos o hijos de los ejecutados. Este hecho ha agravado el sufrimiento y el sentimiento de odio. Han tenido que coincidir en el bar, en la Iglesia, en la tienda, en el Ayuntamiento, etc. Han tenido que cruzarse por la calle. Ello no crea precisamente el mejor clima para la superación de una situación tan profundamente enquistada. En los casos de fusilamiento, la eliminación física del adversario, el peso de la propaganda institucional franquista y la educación nacionalcatólica dirigida durante cuatro décadas de dictadura, crearon otro sentimiento en algunos familiares, concretamente el de avergonzarse de sus padres o abuelos, que fueron ejecutados por "estar confundidos", o bien "por no ser buenos españoles". El hijo de un fusilado decía que si habían matado a su padre "sería por algo". Estas consecuencias psicológicas de la represión, de tan hondo calado social, moral y espiritual, aún no se han superado del todo, porque tras el silencio obligado de la dictadura, vino la frustración por el silencio obligado por los artífices de la transición. Desde las instituciones de la naciente "democracia", nunca se hizo nada por restaurar el recuerdo de las víctimas, de modo que los familiares se vieron otra vez represaliados, no pudiendo dar salida a esos sentimientos durante tanto tiempo reprimidos. La manipulación mental, política e intelectual ha llegado incluso a asociar, para muchos ancianos que vivieron el período, la República con un sistema peligroso, ya que "trajo la guerra". 

 

Como vemos, la represión franquista y sus efectos fueron absolutamente aniquiladores desde todos los puntos de vista. Un completo sistema de ataque por todos los frentes (moral, polìtico, social, económico, espiritual, etc.) dejó a la población del bando perdedor completamente desahuciada, derrotada, reprimida. Pero lo más triste de todo es la constatación de que, a más de 40 años de la muerte física del dictador, aún no se contribuye a restañar las viejas heridas cuya terapéutica tiene necesariamente que comenzar por restituir la verdad histórica al pueblo español, cuyo pasado ha de conocer sin manipulaciones ni tabúes. Con las excusas que ya hemos comentado, se ha querido precisamente enterrar este tema para no investigar responsabilidades, ni para tan siquiera restaurar el recuerdo de las víctimas, su derecho a saber la verdad, a recuperar su dignidad, a obtener justicia, a reclamar una reparación. Desde la Transición (de la que hablaremos más profundamente en próximas entregas) no se han hecho los merecidos homenajes a los españoles que murieron por defender la legalidad republicana contra la sublevación militar. Ni siquiera se ha realizado un reconocimiento oficial de las víctimas de la represión franquista. En muchas Iglesias permanecen las placas con los nombres de los "Caídos por Dios y por la Patria", ignorando vergonzosamente a los otros muertos que también eran españoles. Y otro detalle que denota claramente (ya citado en anteriores entregas) la no superación positiva del franquismo es que en la actualidad todavía permanezcan las placas de numerosas calles y plazas alusivas a personajes o instituciones de los golpistas, o de los colaboradores de la dictadura. 

 

Después de la muerte de Franco, se cerró la puerta en falso, queriendo dejarlo todo en el olvido. Queriendo que un velo tapara la historia. Queriendo que todo siguiera igual, aunque algunas cosas superficiales cambiaran. Queriendo que continuaran mandando los de siempre. Queriendo no tocar nada sobre lo fundamental. Se impuso la lectura e interpretación oficial de que en toda contienda se cometen crueldades en ambos bandos, para que los herederos políticos de los contendientes no se echaran en cara los asesinatos unos a otros. Pero los pactos de silencio no funcionan. Tarde o temprano se destruyen, porque la Verdad no puede estar mucho tiempo sumergida. La Verdad es un ser rabioso que pugna por sobrevivir, por ser conocida, por salir a la superficie. La consigna oficial continúa siendo "no desenterrar viejas heridas" para no herir sensibilidades, especialmente las del Ejército (al cual nos dedicaremos también en esta serie de artículos), que todavía en 1975 (año de la muerte del dictador) era en gran parte simpatizante, cuando no militante, del franquismo. Entre sus mandos, aún entonces en activo, había un gran número de excombatientes del ejército vencedor de la Guerra Civil. Y así, el Ejército post-franquista no fue renovado ni actualizado, ni siquiera fue aleccionado para comprender los nuevos tiempos que se avecinaban. Y de todo este post-franquismo sociológico se explican y derivan todas las asignaturas pendientes que aún no hemos superado. Es como si aún existiera todo un caldo de cultivo en una parte de nuestra sociedad que justifica, comprende y legitima el franquismo, es como si quedaran aún los rescoldos de aquél fuego abrasador, de aquél fantasma que nos reprimió y nos sumió en la oscuridad durante cuatro décadas. Continuaremos en siguientes entregas.

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