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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: Martirena

Viñeta: Martirena

En España hay 57.218 millonarios, personas que declaran tener una base imponible en el impuesto sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Han aumentado un 1% respecto a 2014 y un 28% desde 2011. En concreto, el número de superricos ha crecido un 24% desde el inicio de la recuperación económica. Son las 549 personas que declaran tener un patrimonio superior a 30 millones

Cive Pérez

En el anterior artículo de esta serie ya comentábamos algunos aspectos relacionados con la denominada "cultura de la escasez", implantada por esta aberrante arquitectura de la desigualdad, y que se manifestaba en multitud de aspectos sociales: escasez de suministros básicos, de trabajo, de tiempo, de salud, y también escasez de educación, como vamos a comentar a continuación, siguiendo el magnífico artículo de Armando B. Ginés. La educación, ya lo hemos comentado en otros muchos artículos de nuestro Blog, es pieza fundamental y puntal básico en la proyección de una sociedad. La educación como el medio de inserción social, donde se manifiesta el acceso a la cultura de una comunidad, y su aprendizaje previo en ciertos valores es, como decimos, pieza clave del sistema. Si este modelo educativo, en vez de usarse para los fines lícitos, es usado para el adoctrinamiento seguidista del sistema, no estaremos formando a futuras personas críticas, libres e iguales, sino a meros continuadores acríticos del injusto sistema proyectado. Esto es lo que lleva ocurriendo en muchos países, incluida España, y que también legitima en cierto modo la arquitectura de la desigualdad. Nos venden un mundo maravilloso de alta tecnología, de la comunicación, de investigación y desarrollo, todo ello bajo la moderna e idílica globalización, mientras existen en el mundo más de 750 millones de personas que aún no saben leer ni escribir, y a los que hay que insertar en el mundo digital. De dicha obscena cifra, las dos terceras partes son mujeres, y el resto (unos 115 millones aproximadamente) lo protagonizan niños, niñas y jóvenes adolescentes entre 15 y 24 años de edad. La mitad viven en el Oeste y el Sur de Asia, y en torno al 20% en el África Subsahariana. 

 

El analfabetismo funcional es todavía hoy un gran problema de nuestro mundo, de ahí que muchos Gobiernos postneoliberales de América Latina se plantearan en su momento sacar de la pobreza, de la marginalidad, pero también del analfabetismo, a millones de niños y niñas de sus respectivos países. Y en palabras de Armando B. Ginés: "En el epígrafe educativo es donde es más verdad que en ningún otro rubro el aserto de que la escasez provoca aún más escasez en las personas que la padecen". De ahí que la escuela (desde la escuela primaria a la Universidad) sea tomada por el capitalismo como plataforma de lanzamiento para sus futuros cachorros defensores del mismo sistema que los maltrata y que los margina. Romper con la arquitectura de la desigualdad implica también romper con este modelo educativo, y fomentar la paulatina y progresiva inmersión en un modelo educativo público, universal, inclusivo, gratuito, laico, democrático, solidario y multicultural, que incluso contemple no solamente las enseñanzas regladas, sino que también incluya y valore las tradiciones seculares de muchos pueblos indígenas que aún subsisten en muchas partes del mundo, y a los cuales el arrasador e implacable capitalismo neoliberal sumerge en las profundidades del abismo hasta su completo exterminio. En vez de ello, hoy día padecemos modelos educativos aberrantes, dedicados únicamente a formar mano de obra poco cualificada, es decir, ejércitos de obreros a los que sólo hay que formar en lo imprescindible para su futuro trabajo, es decir, las mínimas habilidades técnicas para que puedan desempeñar sus cometidos concretos, sin plantearse ni un ápice más allá de ello. Se huye de la formación integral, de la formación humanística, de la formación filosófica, pues todo lo que huela a aprender a pensar es censurado implícitamente por el sistema. 

 

El objetivo del sistema está claro en este sentido: crear escasez intelectual, cultural e ideológica, para que los individuos no sean capaces de cuestionarse los grandes puntales de la sociedad en que viven, y que por tanto, no pongan en debate la arquitectura de la desigualdad de la que son víctimas. Al sistema le preocupa únicamente formar a futuros trabajadores/as de la masa, que sean excelentes técnicos en sus respectivas materias, en sus parcelas de trabajo, porque así serán piezas más fácilmente manipulables, dóciles y explotables que aquéllos/as que adquieran otro tipo de destrezas intelectuales más abiertas o creativas. De ahí que las tendencias en el mundo educativo sean privatizar los centros, anular la democracia en la comunidad educativa, mantener la educación religiosa, mercantilizar los resultados educativos, fomentar el mecenazgo de las grandes empresas en los centros y las Universidades, derivar al alumnado hacia los itinerarios formativos lo antes posible, eliminar recursos y personal educativo, e invertir en educación cuanto menos mejor, ya que todo ello conduce a un modelo educativo funcional al beneficio empresarial. Y por fin, todo ello confluye en lo que pudiéramos llamar la escasez de la felicidad, manifestada (como también hemos comentado en entregas anteriores de esta serie) en multitud de aspectos. La felicidad es el grado de inserción vital de las personas y las comunidades, el grado de disfrute que las personas pueden obtener del mundo en el que viven, y evidentemente, dado el panorama que estamos describiendo, parece que no contribuimos a un incremento de la felicidad mundial. Los datos demuestran que la globalización nos ha hecho más infelices, y existen infinidad de trabajos, encuestas, informes y estudios que así lo manifiestan. La tendencia en cuanto a convivencia social va evolucionando hacia los hogares de personas solas, lo cual revoluciona muchos parámetros sociales. 

 

Hoy día, parámetros como la esperanza de vida, la empatía social, la participación en movimientos u organizaciones sociales, la generosidad, la solidaridad, o la libertad para tomar decisiones privadas de cualquier tipo son valores a la baja. En cualquier caso, medir la felicidad es ardua y compleja tarea, pues confluyen en esta medición gran cantidad de factores objetivos, pero también subjetivos. ¿Cómo se mide la escasez de felicidad? ¿Cuánta felicidad significa la plenitud? ¿En qué factores se manifiesta la ausencia de ella? La felicidad más bien parece un concepto etéreo, una pregunta sin respuesta o un problema sin solución, antes que un concepto a debatir con argumentos concretos, valorables y convincentes. Pero lo cierto es que está ahí como aspiración vital y humana, tal como incluso recoge la Constitución de Ecuador del año 2008. La arquitectura de la desigualdad es la responsable de toda esta cultura de la escasez, proyectada por los verdaderos amos del mundo, empeñados en convencernos de ridículas, absurdas y vacías proclamas, mientras continúan ignorando y fomentando la pobreza, la exclusión y la marginación, a la par que la obscena abundancia y opulencia. El legado de las últimas décadas de feroz neoliberalismo es desolador, provocando este tsunami de la escasez, y de la destrucción casi total de derechos sociales, y de la calidad de vida de las poblaciones. Sufrimos no sólo las consecuencias de dicha escasez multifacética, sino también una profunda involución social, civil, cultural y política. El incremento de las desigualdades no admite duda desde ningún punto de vista, ni resiste cualquier intento de minimizarlo. Sus dimensiones y alcances son gigantescos y están dejando una impronta brutal en las mayorías sociales de nuestros países. 

 

Tanto en términos de diferencia de bienestar, como en los grados de disfrute y manifestación de los derechos democráticos, la arquitectura de la desigualdad deja su rastro perverso. Hoy día, quien no quiera ver que estamos ante un sistema que ha creado, diseñado y perpetuado un mecanismo estructural y sistémico de transferencias permanentes de recursos desde las mayorías más desfavorecidas hacia una élite globalizada, es que es un perfecto ingenuo, o un cómplice (consciente o no) de dicho sistema. Todo un mecanismo voraz basado en lógicas extractivas, tanto en términos sociales como políticos e incluso medioambientales, se despliega ante nuestras narices, sin que seamos incluso capaces de llegar a ver sus límites. A la vez, todo un complejo sistema de valores son inculcados desde los púlpitos educativos neoliberales, que se manifiestan desde la más tierna infancia hasta los foros universitarios más prestigiosos. Ambas grandes piezas (políticas que favorecen la desigualdad, y conjunto de valores e imaginarios colectivos que las legitiman) actúan al unísono, conformando una tipología social despótica, salvaje, injusta e insolidaria, perfectamente "aceptada" y soportada por gran parte de nuestra sociedad. Hemos alcanzado los moldes para una sociedad que nos domina y nos somete, que nos vuelve más desiguales, pero que a su vez las propias víctimas legitiman, excusan y sostienen. De esta forma, el capitalismo neoliberal ha llegado a tal grado de perfección formal y a un grado de implementación globalizada, que es muy difícil enfrentarse a él sin ser víctima de sus feroces ataques, que llegan incluso a destruir cualquier atisbo crítico contra el mismo. Incluso países enteros con Gobiernos legítimos elegidos democráticamente sufren injustos y perversos ataques desde diversos frentes, sólo por quererse enfrentar y desmontar, aunque sea levemente, esta arquitectura de la desigualdad. Y así nos va. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 septiembre 2017 3 20 /09 /septiembre /2017 23:00
El legado de Salvador Allende

¡Aquí está el pueblo! ¡Aquí late el corazón de Chile, porque es el corazón del pueblo! ¡Aquí se siente la historia! ¡Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo!

Salvador Allende (fragmento del discurso ante el pueblo de Santiago de Chile, el 22 de junio de 1973)

La estrategia de la extrema derecha chilena, con la complicidad de partidos de centro, se basó en una campaña mediática masiva y el bloqueo económico interno, al establecer alianzas con ciertos sindicatos como el del transporte terrestre que hoy también amenaza a la estabilidad de Chile, y el gran socio de aventuras golpistas: el Departamento de Estado, con Henry Kissinger a la cabeza, en una urdimbre de tácticas efectivas que acabaron con el ensayo del socialismo en libertad

Carolina Vásquez Araya

En otros artículos de nuestro Blog nos hemos ocupado de la egregia figura de Salvador Allende, pero lo vamos a volver a hacer una vez más, trayendo el texto íntegro del editorial del medio chileno Punto Final, en su edición nº 883, de septiembre de 2017, porque nos parece un fabuloso texto cuidado en sus formas y en el fondo, y que cuenta los pormenores de la lucha del malogrado Presidente chileno, de sus esfuerzos hacia el socialismo, y de cómo fue derrocado por la derecha más vil y violenta. Para los lectores y lectoras interesadas, les dejo también el enlace a un reciente artículo de Carolina Vásquez Araya, donde cuenta su propia experiencia personal sobre el día en que derrocaron al Gobierno legítimo de Salvador Allende mediante un Golpe de Estado, que traería a continuación la salvaje dictadura del General Augusto Pinochet. Por último, también les dejo el enlace al medio El Viejo Topo que recoge el discurso completo que el Presidente Allende dirigió al pueblo en Santiago de Chile, el 22 de junio de 1973, donde aseguraba: "¡Combatiré implacablemente el fascismo!". Recordamos a Salvador Allende como una figura excepcional en la política internacional de todos los tiempos, un hombre bueno que quiso traer a su pueblo el socialismo de forma pacífica, y que fue violentado y asesinado por las hordas fascistas al servicio del imperialismo norteamericano. El texto íntegro del editorial de Punto Final es el siguiente:

 

Derrocado el 11 de septiembre de 1973 mediante un cruento golpe militar que ni su gobierno ni los partidos populares estaban en condiciones de enfrentar, Salvador Allende entró en la historia, sin embargo, con el talante de un líder victorioso. Su legado político y moral entrega enseñanzas valiosas para los revolucionarios de hoy. En primer lugar, su consecuencia política y su coraje personal, que le hicieron empuñar un fusil para resistir en La Moneda junto a un puñado de valientes. En sus propias palabras: pagaba con su vida la lealtad del pueblo. Su inmolación fue un acto consciente de rebeldía para no humillarse ante la traición y felonía de losgenerales y almirantes. En otras circunstancias seguramente habría encabezado la resistencia de un pueblo armado y de unidades militares constitucionalistas. Lo único que no pasó por la mente de Allende en el palacio en llamas fue rendirse y negociar las condiciones de un exilio honorable. Sus últimos mensajes por radio y su decisión final, lo cubrieron de gloria y a la vez sepultaron en el oprobio a los golpistas cuya ruindad moral confirmaron suscrímenes y el enriquecimiento ilícito de los terribles años que siguieron.

 

No solo fue su valor y consecuencia. Salvador Allende dejó también numerosas otras enseñanzas. Por ejemplo su incansable perseverancia para forjar la unidad de los sectores populares entendida como factor esencial de un proceso revolucionario. También durante muchos años Allende planteó la nacionalización del cobre como un tema vinculado al ejercicio efectivo de la soberanía nacional. Esa reivindicación estaba lejos del debate político cotidiano cuando Allende la levantó como bandera de lucha. Durante largo tiempo la suya fue una voz en el desierto.

 

Allende rehusó ocultar sus ideas o mimetizarse en el centro político que permite todo tipo de transacciones. Los revolucionarios de hoy deben estudiar su trayectoria política y las coaliciones político-sociales que encabezó hasta llegar a La Moneda con la Unidad Popular. Su victoria en1970 fue estrecha y tuvo que someterse al veredicto del Congreso Pleno. La Democracia Cristiana lo apoyó a cambio de un Estatuto de Garantías Democráticas que el presidente Allende respetó escrupulosamente. Sin embargo, ese Estatuto se convirtió en un cepo que impidió el libre desarrollo de las capacidades revolucionarias del pueblo. Esas limitaciones motivaron las contradicciones que surgieron entre los partidos de la Unidad Popular. Obligó a utilizar los “resquicios legales” para impulsar diversas iniciativas. A la vez tomó fuerza una corriente independiente y crítica desde la Izquierda que impulsó el poder popular de los pobres del campo y la ciudad bajo la consigna “avanzar sin transar”.

 

Allende había declarado sin ambages que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socio-políticas y culturales del país. La “vía chilena hacia el socialismo” fue explicitada en su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971. La nacionalización de la gran minería del cobre y la Reforma Agraria, la estatización de la banca y la intervención de diversas industrias, confirmaron que se había iniciado un proceso revolucionario inédito que atrajo la atención del mundo y despertó una ola de simpatía en América Latina. En efecto, era el primer intento en la historia de construir el socialismo por una vía pacífica y con absoluto respeto a una Constitución burguesa.

 

No obstante, la conspiración golpista se había iniciado incluso antes que Allende asumiera el mando. La oligarquía pidió la intervención norteamericana y el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA y al Pentágono “hacer chillar” la economía y crear las condiciones para el derrocamiento de Allende. La fuga de capitales, el bloqueo del crédito internacional, el mercado negro, la especulación, la escasez y la inflación se dispararon. Los camioneros paralizaron durante dos meses el transporte de alimentos y demás artículos de primera necesidad. Los mineros de El Teniente se declararon en huelga y marcharon a Santiago. Embarques de cobre fueron embargados en Hamburgo y otros puertos. Las mujeres de la burguesía salieron a las calles a tocar cacerolas. Los medios de desinformación internacionales y nacionales -que gozaban de absoluta libertad, incluso para insultar y calumniar al mandatario- desataron la guerra sicológica. Acusaban a Allende de pretender instaurar la “dictadura del proletariado” y convertir a Chile en una segunda Cuba. Comenzaron los sabotajes a la electricidad y las comunicaciones por bandas terroristas de extrema derecha asesoradas por oficiales de las FF.AA.

 

En octubre de 1972, por iniciativa democratacristiana, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas. Su propósito era eliminar toda capacidad del pueblo para enfrentar el golpe de Estado que estaba en marcha. Allende y sus ministros socialistas José Tohá (Defensa) yJaime Suárez (Interior), se vieron obligados a promulgar una ley que facultaba a las FF.AA. para efectuar allanamientos y detener militantes de Izquierda acusados de poseer o fabricar armas caseras y explosivos. La oposición -derecha y Democracia Cristiana- controlaba el Congreso Nacional. En julio de 1972 formaron la Code (Confederación de la Democracia) con la intención confesa de derrocar al presidente mediante un golpe parlamentario. Para eso necesitaban alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados en las elecciones de marzo de 1973. No lo lograron, porque la Unidad Popular sacó fuerzas de flaquezas y consiguió el 43,4% de los votos. El fracaso del golpe por vía parlamentaria despejó el camino al golpe militar.

 

(Hasta aquí a los lectores debe parecerles que estamos relatando lo que sucede en Venezuela. En efecto, ese plan desestabilizador es casi idéntico al que Washington implementó en Chile. La diferencia más notable consiste en que en Venezuelaexiste la alianza pueblo-fuerzas armadas, legado político del presidente Hugo Chávez que el imperio no ha conseguido romper).

 

Repasar nuestra historia, y en particular la experiencia de la Unidad Popular, es indispensable en cualquier futuro proyecto de cambios democráticos con justicia social. Allende supo fijar un norte alproceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. La nacionalización del cobre fue el eje movilizador del programa ante el cual hasta la derecha tuvo que ceder en el Congreso. La contrarrevolución deshizo ésa y otras conquistas que es necesario retomar para asegurar un proceso revolucionario. La nacionalización del cobre (y del litio) fortalecería la soberanía nacional y entregaría enormes recursos al Estado. Hay numerosas otras reivindicacionescapaces de convocar fuerzas sociales. Por ejemplo el fin de las AFP y el derecho a salud y educación de calidad; el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche; el freno al daño al medioambiente de las empresas forestales, eléctricas, mineras y frutícolas; limitar las ganancias desorbitadas de bancos e Isapres; estatizar el transporte público…

 

Ninguno de esos objetivos es posible sin acometer un proceso ideológico que permita liberar las conciencias sometidas a la dictadura cultural e ideológica del neoliberalismo. La batalla de las ideas está en primer lugar porque es allí donde la Izquierda sufrió su peor derrota. El camino para superar este sistema inhumano y depredador pasa por una Asamblea Constituyente que proponga al pueblo la Constitución Política que permita -por fin- contar con la institucionalidad de una república democrática y participativa. La convocatoria a la Constituyente abriría el espacio para conquistar a las fuerzas armadas y contar con su participación en un programa democratizador y patriótico.

 

Avanzando en esta dirección, con la Asamblea Constituyente como llave maestra del cambio, se recogería lo fundamental de la lección que nos dejó el presidente heroico.

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19 septiembre 2017 2 19 /09 /septiembre /2017 23:00
Imagen: The Huffington Post

Imagen: The Huffington Post

La Transición fue la gran ocasión de los traidores, la sublimación de los desertores, el cénit de los cínicos, el momento estelar de los caraduras, que se olvidaron de sus fidelidades, de sus juramentos, de sus compromisos, de su pasado, al servicio y a la sombra del dictador, para mirar a otro lado, inaugurar otras traiciones y prolongar sus privilegios

Luciano G. Egido

La Transición fue, en efecto, todo eso y mucho más. Una suerte de pactismo conciliador donde no se rompía con el régimen anterior, sólo se nos instaba a olvidarnos de él, a recomenzar una nueva "etapa democrática", como si durante los últimos cuarenta años nada hubiera pasado. Jaime Richart, en su artículo "Entre el absolutismo, la tiranía y la trampa", comenta la Transición en los siguientes términos: "Desde que se liquida formalmente la dictadura, empieza el engranaje tramposo. Primera fase: un ministro del dictador, atendiendo a la voluntad post mortem de éste, pone en marcha un proceso de democratización trucado. Siete personas elegidas secretamente por él urden la constitución y entronizan la monarquía, de acuerdo a las previsiones del propio dictador y de la ley de sucesión (1947) que él había promulgado 31 años antes. Contaba para ello con una circunstancia psicológica fundamental: el pueblo aprobaría cualquier documento político con tal de sacudirse de encima el temor a un ejército, que conservaba intacto, más bien potenciado, el espíritu dictatorial. Segunda fase: otro montaje, el golpe de estado. Si la monarquía había sido introducida por la puerta trasera de la política, había que robustecerla a cualquier precio. Y la mejor manera era convertir en héroe al propio monarca haciéndole aparecer ante el pueblo como el salvador de los golpistas, que no podían ser si no cómplices, unos voluntarios y otros ignorantes, de la propia trama. Tercera fase, tercera maquinación: asentada en el imaginario del pueblo la figura del rey que el dictador había preparado al efecto durante prácticamente toda su satrapía, comienzan las clases superiores --aristocracia y clase alta-- a ir readueñándose del poder político, del poder económico, del poder judicial y del poder religioso que hasta entonces habían detentado y por tanto nunca habían perdido, dotándole de legitimidad democrática. La clave estaba en ir dando entrada por vía política a figuras procedentes del pueblo llano, a través de los dos partidos políticos que representaban a una progresía amaestrada. Y hasta hoy". 

 

Magistral definición la que Jaime Richart nos relata en su artículo, ya que además de situarnos sobre la pista de los diversos hitos de la Transición y de la posterior etapa democrática, nos sirve como perfecta explicación de las bases sociológicas de la inmensa mayoría social actual. Cada vez comprendemos mejor, por tanto, que lejos del carácter impecable que intentan vendernos desde las clases dominantes, se impuso un modelo de transición, promoviendo un punto de equilibrio interesado entre la estabilidad del antiguo régimen y sus prácticas fascistas, y el proceso de cambio y apertura hacia un sistema democrático de bajo nivel, de baja intensidad, donde pervivieran aún las fuerzas vivas y los poderes fácticos procedentes de la dictadura. Mirándolo desde este punto de vista, es lógico deducir que la fórmula en que fue planteada la Transición impidió un verdadero desmontaje de la dictadura. Y por ello, aún vivimos sumergidos en un postfranquismo económico y social muy potente. Aún seguimos dominados y controlados por los familiares y descendientes de políticos franquistas, y aunque las nuevas generaciones sean ideológicamente más aperturistas, acaban copando todos los lugares estratégicos de decisión política, económica, administrativa, judicial y de los medios de comunicación y grandes empresas. El control de las clases dominantes y de sus estamentos de poder es aún muy fuerte. Con lo cual, una posible revisión profunda de nuestro pasado, al modo en que lo han hecho otros países, sigue siendo aún un tema tabú en nuestra sociedad. Pero no se trata sólo de esto. Seguimos, en pleno siglo XXI, incumpliendo con total descaro leyes, convenios, recomendaciones, tratados y normas internacionales (sobre derechos humanos, sobre torturas, sobre memoria histórica, etc.), y aquí no pasa nada.

 

Nos han sancionado un montón de tribunales y organismos internacionales, pero nuestros gobernantes ignoran todas sus sentencias. Y esta es la explicación de que (al igual que por ejemplo para los desahucios) las autoridades y las administraciones se tomen pocas molestias en garantizar los derechos humanos, criminalizar a los culpables, e impartir justicia y reparación para las víctimas. Y a estas alturas, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que aún no ha llegado a comprender que no podemos tener democracia si tenemos a gente enterrada en fosas comunes, en las cunetas, si tenemos a miles de ciudadanos/as que aún siguen buscando su identidad, si la gente es torturada impunemente en dependencias policiales, o si la gente es detenida, procesada o encarcelada por defender los derechos humanos (reunión, opinión, asociación, manifestación...), la paz o la justicia, o si no se les garantiza a las personas la completa satisfacción de sus necesidades básicas. No podemos hablar y afirmar a la ligera que disfrutamos de un sistema democrático si aún poseemos todas estas carencias sociales, todas ellas derivadas de no haber superado el franquismo, aquél fantasma terrorífico que recorrió España durante más de cuarenta años. Expondremos sólo la última muestra de crítica que hemos recibido desde la ONU, por mantener un patrón de impunidad sobre las desapariciones del franquismo. Lo relataba recientemente Sofía Pérez Mendoza para el medio eldiario.es, artículo al que remitimos a nuestros/as lectores/as, y del que tomamos la siguiente información. Por enésima vez, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU considera que nuestro país ha hecho pocos avances en la implementación de las recomendaciones que sobre el particular le había hecho el citado grupo. 

 

De esta forma, la ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por seguir ignorando las recomendaciones que se le hicieron cuando dicho Grupo de Trabajo visitó España en el año 2013. En un reciente informe del 7 de septiembre, los expertos se muestran preocupados al "constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las víctimas "librados a su propia suerte". Y continúa el citado informe: "Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad (...) contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España". Se critica por este Grupo la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no sólo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas, sino que, además, se dan "constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". Se refiere a la querella contra el franquismo conducida por la jueza argentina María Servini de Cubría, que dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el ex Ministro franquista Rodolfo Martín Villa (y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura y la Transición) que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, argumenta el citado informe, ha contribuido el Estado Español con decisiones como la que tomó la Audiencia Nacional cuando denegó un exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados (entre ellos Martín Villa) sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el ex Ministro franquista ha logrado finalmente su propósito de viajar a Buenos Aires para declarar sin riesgo de ser detenido. 

 

Este Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, que lleva comunicándose con España desde el año 2002, enfoca las críticas más duras al Gobierno del PP por "no actuar con la debida urgencia y celeridad, ni asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema, como se había recomendado en el informe de visita". Se refiere en concreto, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos, para que "éstos no dependan exclusivamente de algunas Comunidades Autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas". Y el caso es que desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los Presupuestos Generales del Estado no han destinado ni un sólo euro (cosa de la que además Rajoy se jacta incluso en público) a cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica, pese a que existen una serie de obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda además el propio informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno del ex Presidente Zapatero  y que ahora se encuentran sin suerte de continuación está el mapa de las fosas comunes, que lleva desde el año 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba entonces unas 2.000 fosas sin abrir, aunque estos datos les parecen muy optimistas a las asociaciones de víctimas y memorialistas. La lista que recibió el ex juez Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes del franquismo alcanzaba los 130.000 desaparecidos. El informe también hace mención al Valle de los Caídos, y lamenta que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados instó en el pasado mes de mayo a exhumar de allí los restos del dictador, con la oposición (por motivos muy distintos) del PP y de ERC. Continuaremos en siguientes entregas.

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18 septiembre 2017 1 18 /09 /septiembre /2017 23:00
Fuente Viñeta: Diario de Sevilla

Fuente Viñeta: Diario de Sevilla

Así donde Napoleón veía territorios y propiedades, Macron ve ahora empresas y negocios

Francisco Muñoz Gutiérrez

En efecto, esos son los "dominios" del nuevo Emperador francés. El actual inquilino del Palacio del Elíseo, Emmanuelle Macron, con sus hechuras frescas y su juvenil y dinámica apariencia, esconde aviesas maneras de gobernar que no defraudan en nada lo que de él se esperaba desde los más fervientes foros neoliberales. Hoy día se le puede asociar con la efigie de la Europa en crisis, un joven sin proyecto ni ideología que gobierna únicamente para los mercados, que dirigen su política a sangre y fuego: destrozo de derechos laborales, sociales y sindicales, aniquilación progresiva del Estado Social, instauración de un Estado policial y represor bajo la excusa de la seguridad pública y de la "lucha contra el terrorismo", y por supuesto, una "amistad inquebrantable" declarada hacia los Estados Unidos, precisamente cuando es dirigida por el insensible, ignorante y peligroso magnate Donald Trump, un perverso personaje altamente imprevisible, representante de la más peligrosa élite mundial. Con personajes como Macron, el declive democrático de nuestro Viejo Continente se vuelve cada vez más palpable. Los tres sagrados principios de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" de la Revolución Francesa parecen viejas bromas al lado de la situación política actual del vecino galo. Ya durante la campaña electoral se presentó por parte de los medios de comunicación dominantes al proyecto de Macron como radicalmente distinto al de la candidata del FN, Marine Le Pen, cuando esto no era cierto. Pero los medios de comunicación convencionales, esos grandes ejércitos de periodistas al servicio del gran capital, poseen mucho poder, y lograron su objetivo: consagrar a Macron como el nuevo Emperador francés. 

 

Un nuevo Emperador que ha despojado al republicanismo francés de sus auténticos valores, que tanto molestaban a las élites francesas y europeas en general. Molestaban el tamaño y la dimensión  del Estado, sus intervenciones públicas, los derechos sociales de la ciudadanía, los mecanismos de regulación del mercado, y las conquistas históricas del movimiento obrero. Había que aniquilar todo eso, y había que hacerlo desde una cara joven y amable, y ese ha sido Macron. El republicanismo tenía que ser desmontado, y prácticamente lo ha sido. Y así, Macron, el nuevo Emperador francés, viene a poner fin al clásico régimen republicano de su país, es decir, viene a demoler lo poco que ya se sostenía en pie en cuanto al sistema de derechos y libertades que respondían a la famosa Trilogía de la Revolución. Macron viene a instalar (como ya hicieran Papademos en Grecia o Monti en Italia durante los primeros años de la crisis) un sistema tecnocrático, únicamente pensado para gestionar la expansión total y completa del neoliberalismo. Una tecnocracia para extender todas las facetas del funcionamiento del país al ámbito neoliberal, a la óptica capitalista más descarnada. Bajo sus gobiernos, los ejes izquierda-derecha se difuminan, se minimizan, sus fundamentos se pierden, se amalgaman entre un rosario de propuestas que dicen no adscribirse a ninguno de los dos campos, y así, el mensaje que se ofrece a la ciudadanía es que las ideologías ya no sirven para nada, y que no tenemos otras alternativas. Macron justifica sus decisiones desde esta óptica pragmática, que en el fondo obedece a los más crueles dogmas y mandatos neoliberales. Un Presidente que ha sido empujado, llevado en volandas por las élites francesas y europeas como la mejor opción para convertir la República francesa en una nueva República del capital con todas sus consecuencias. Este es el objetivo supremo del nuevo Emperador francés. 

 

¿En qué se manifiesta la evolución del Gobierno Macron? Básicamente se pretende un mayor predominio de la gran empresa, del mundo de los negocios en general, así como una devastación absoluta de las conquistas sociales y laborales que el movimiento obrero había arrancado durante siglos de lucha sindical, y que habían equilibrado un poco la balanza entre el capital y los más desfavorecidos. Se pretende aniquilar todos los aspectos que cohesionan a la sociedad, todas las facetas dirigidas a conseguir una reducción de las desigualdades y de los altos niveles de exclusión social. Ahora ya todo eso no interesa. Estos niveles se volverán a disparar, porque no estarán en los objetivos de la sociedad que Macron está proyectando en Francia. Lo ha explicado muy bien Francisco Muñoz Gutiérrez en este artículo, donde nos basamos para el presente análisis. Por una parte, Macron acaba de consolidar un nuevo Código Laboral, que ya ha presentado múltiples resistencias por parte de los sindicatos, adaptado a los tiempos de la expansión de la financiarización de los mercados y de la economía. Abundando en lo que ya existe, su reforma para impulsar la economía de Francia se centra en la flexibilidad del mercado especulativo, abandonando las "rigideces" a las que típicamente aluden los fanáticos neoliberales, es decir, las reglas del mercado de la seguridad laboral, y poniendo el foco en los derechos de propiedad y los tipos de contratos. Una nueva vuelta de tuerca que pretende, en la misma línea de siempre, liberar de "cargas inútiles" a las empresas, y dotarlas de mayor "flexibilidad" para mejorar el alcance de sus fines. La empresa se convierte, según Muñoz Gutiérrez, en el nuevo "ciudadano francés". La fijación sobre el mundo empresarial es constante para el nuevo Emperador galo, ya que mientras limita al 30% la tasa impositiva a los ingresos del capital, elimina el impuesto a la riqueza sobre activos que no sean inmobiliarios, con el fin de incentivar el emprendimiento y la innovación. 

 

La reforma de su Código del Trabajo es ciertamente brutal, pues pretende por ejemplo que los obreros ferroviarios (que actualmente se jubilan a los 52 años) se retiren ¡a los 70 años! Quiere imponer también la anulación de los contratos de trabajo por rama industrial (donde las empresas con muchos trabajadores/as obtenían mejores salarios y condiciones de trabajo, que se expandían a las menores), y pretende que en las empresas de menos de 50 trabajadores/as el contrato se decida aprobando o rechazando en asamblea empresarial la propuesta del patrón, sin intervención sindical. Como si estuvieran esos empleados en igualdad de condiciones con sus patronos. Ante estos flagrantes ataques, los sindicatos han hecho llamamientos masivos a la huelga general, pero se encuentran con las campañas de desprestigio y deslegitimación lanzadas por el Ejecutivo. Además, su reforma también reduce a la mitad las indemnizaciones por despido injustificado, y facilita los despidos. Aumentar la edad de las jubilaciones, aumentar la intensidad del trabajo, reducir sus costes para las empresas (tanto en salarios directos como diferidos), reducir las prestaciones de todo tipo, y así podríamos continuar...En una palabra, instalar y generalizar la precariedad laboral en todos los ámbitos, sobre todo para los jóvenes, y destruir todas las conquistas sociales llevadas a cabo durante las últimas décadas. El pasado día 12 tuvo lugar una jornada de movilizaciones por todo el país, en protesta ante las gravísimas medidas que se preparan por parte del Gobierno de Macron para el próximo día 22. No todas las centrales sindicales la convocaron, pues como decimos, el nuevo Emperador juega muy bien sus cartas de cara a la concertación sindical. Las formas tampoco acompañan, pues la nueva ley que regulará el Código Laboral francés se adoptará a través de un procedimiento de urgencia, profundamente antidemocrático. 

 

Esta reforma, que ha sido bautizada como "Reforma Laboral XXL" por su dureza y tamaño, se inscribe en una mayor hostilidad hacia la clase trabajadora que la que demostró el anterior Presidente François Hollande. El objetivo final es flexibilizar lo más posible el mercado laboral francés, y ello, como hemos indicado, se lleva a cabo por varias vías. A partir de la aprobación de la ley será más complicado acudir a los tribunales para determinar el carácter arbitrario o no de un despido. Y por su parte, las empresas multinacionales podrán justificar sus despidos por dificultades económicas únicamente atendiendo a su actividad dentro de Francia, sin atender al resto de los mercados internacionales. Es decir, que dará igual que en los mercados internacionales hayan obtenido beneficios, si su contabilidad en Francia arroja saldos negativos los/as empleados/as podrán ser despedidos. Ante todo ello, la popularidad del nuevo Emperador francés disminuye por instantes, pues cada vez son más las personas que se oponen a su proyecto ultraliberalizador. Como señala Philipe Alcoy al medio Izquierda Diario en esta entrevista, desde el pasado mes de Agosto Macron perdió hasta 8 puntos de popularidad, y sigue cayendo en picado. Y la reforma del Código Laboral sólo es una pieza pensada dentro de un escenario mucho mayor, todo un esquema que prevé reconfigurar el modelo de Estado Social francés creado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, lo que Macron planea en Francia es un verdadero "Golpe de Estado Social" (en expresión de Philipe Alcoy).

 

En fin, como decimos, un ataque en toda regla al mundo laboral, ejecutado por el nuevo Emperador francés, que previendo las resistencias que iba a suscitar su proyecto, ya compró los favores de algunos elementos situados en el ala derecha del "socialismo" galo, así como de algunos otros grupos sindicales que optan por la "concertación" para romper y aislar la influencia de los sindicatos franceses. Con respecto al gasto público, Macron sostiene un política ambigua, poco clara y definida, aunque sus decisiones parecen más bien focalizadas en las reformas de la década de los años 90 llevadas a cabo en Canadá y Suecia, es decir, una especie de combinación entre políticas de corte keynesiano y reducciones de la multiplicidad de estratos administrativos de la burocracia francesa. Pero en la práctica, se observan recortes en los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.) y endurecimiento de los requisitos para su acceso universal. Macron es el típico gobernante sólo preocupado por la tasa de ganancia de los grandes capitales, a los que favorece con la explotación masiva de sus trabajadores/as. Un proyecto ambicioso desde el punto de vista de los objetivos del capitalismo. Y también extremadamente peligroso. Y lo más peligroso de todo: gracias a un sistema electoral injusto, y a la hegemonía de unos medios infames, Macron es hoy como Napoleón lo fuera en su momento, el gran Emperador francés, trasplantado al siglo XXI. Y mientras, la izquierda social, sindical y parlamentaria francesa se rasga las vestiduras, pero sin una organización clara, y sin un plan de batalla concreto, potente y unitario. Así nos va. 

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17 septiembre 2017 7 17 /09 /septiembre /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (68)

El terrorismo es la faz oscura de la globalización

Richard Labévière (Escritor y periodista franco-suizo)

En la entrega anterior nos quedamos (siguiendo como fuente este estupendo artículo del Colectivo de Militares Demócratas ANEMOI) haciendo una enumeración de los principales rasgos que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas, que vamos a continuar a partir de aquí:

 

11.- Perdura el sentido patrimonialista de las castas familiares procedentes del franquismo, que consideran a las FAS como de su entera y exclusiva responsabilidad. 

 

12.- El sentido de casta ha dificultado enormemente el progreso en la carrera militar de sus miembros procedentes de tropa, blindando a la jerarquía de influencias externas a sus propios valores. Esta casta militar se ha sentido entonces segura de actuar con plena libertad e impunidad sobre sus actos. 

 

13.- También ha determinado en gran medida la promoción y el ascenso de los oficiales y la distribución de poder interno dentro de sus Cuerpos y Armas. 

 

14.- Alimenta un sentimiento nacionalista extremo (nacional-españolista, podríamos añadir nosotros) y excluyente de las diferencias que, además, favorece la propagación de ideologías de extrema derecha en su seno.

 

15.- La mentalidad machista tiene gran arraigo en el seno de las FAS, aunque se haya aceptado la incorporación de las mujeres como impuesta por los patrones sociológicos de los Ejércitos aliados. Ello no obsta para que la mujer en muchos casos dentro de las FAS sea objeto de trato machista, discriminatorio y vejatorio. 

 

16.- El respeto a la identidad afectivo-sexual de sus componentes ha sido despreciado de manera sistemática, y nominalmente aceptado como imposición de "los políticos". Pero al igual que la mujer, los militares LGTBI son en muchos casos objeto de trato indigno por parte de sus compañeros y superiores. 

 

17.- El sentimiento xenófobo está también muy extendido en el seno de las FAS, aceptando a los extranjeros únicamente como recurso en una época de reclutamiento insuficiente. Para éstos, su promoción profesional está extraordinariamente restringida, a pesar de facilitarles, nominalmente, el acceso a la nacionalidad. 

 

18.- Los límites a la obediencia debida (ya exponíamos en el anterior artículo el debate en torno a la disciplina militar) no han sido asumidos en todas sus consecuencias. Aunque formalmente introducidos en la reglamentación militar, no se han habilitado cauces de denuncia para garantizar su respeto. 

 

19.- No existen sistemas independientes de vigilancia de las actuaciones ilegales, indebidas o abusivas de los militares. Debido a ello, algunos casos han saltado a la palestra pública porque sus valientes protagonistas lo han denunciado, tales como los ex militares Zaida Cantera o Luis Gonzalo Segura. 

 

20.- La jurisdicción militar es todavía independiente de la jurisdicción ordinaria, contradiciendo el principio democrático de jurisdicción única. Además, la modificación prevista del Código de Justicia Militar parece más bien orientada a aumentar los delitos considerados como militares, así como el propio ámbito de la jurisdicción militar. En este sentido, la posible inclusión de un delito de rebelión aplicado a civiles, marcaría un hito en la militarización de la represión. 

 

21.- Persiste una gran opacidad alrededor de los asuntos militares, de manera que evidentes delitos, tales como las torturas practicadas durante la invasión de Irak, son sustraídos del conocimiento del Parlamento y de la opinión pública, y se difiere o no se aplica la justicia debida. Esta opacidad se aplica también a los Planes de Armamento (tanto de adquisición como de exportación de armas), que son normalmente invisibilizados (o minimizados) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque llevan otras vías paralelas de concesión no dadas a conocer a la opinión pública. 

 

22.- La Ley de Secretos Oficiales ha sido utilizada sistemáticamente para hurtar del escrutinio público actuaciones irregulares, bajo el pretexto de la protección de la seguridad nacional. Este es en efecto un cajón de sastre que frecuentemente se utiliza como excusa para invisibilizar determinada información. En aras de la "debida discrecionalidad" y del "secreto de Estado" se perpetran actuaciones que en algunos casos no son del todo regulares. 

 

23.- Las FAS, en su conjunto, presentan algunos rasgos de Ejército mercenario, ya que se movilizan al servicio de los intereses estratégicos de los Estados Unidos y sus aliados y bajo el mando supremo de Washington, reclutan tropa con falsas llamadas al aspecto "humanitario" de las operaciones en el exterior, o se han llegado a incorporar unidades enteras de países con un pobre historial de respeto a los Derechos Humanos. 

 

24.- Los gastos militares en su conjunto están orientados a un equipamiento al servicio de las guerras imperialistas y no a las verdaderas amenazas militares (y mucho menos a las amenazas de otra índole, que son las que más nos interesan, como ya hemos analizado en entregas anteriores). Todo ello favorece a la gran industria militar, fundamentalmente de capital transnacional. 

 

25.- Existe una excesiva relación entre el mundo industrial-armamentístico y los altos mandos militares, que se prolonga a veces tras el pase al retiro o a la reserva de aquéllos. Esto ha facilitado la creación de un complejo militar-industrial autónomo y antidemocrático que define la política de defensa en función de sus intereses, y dificulta la moderación en los gastos militares, además de servir de pasto para todo tipo de corruptelas. A ello pudiéramos añadir también los flagrantes casos de clara "puerta giratoria" entre directivos del sector de la industria del armamento, y los algos cargos del Ministerio de Defensa, cuyo caso más paradigmático fuese el ex Ministro Pedro Morenés, que procedía de empresas de dicho sector armamentístico privado. 

 

Bien, una vez finalizada la exposición de los principales rasgos que caracterizan las estructuras y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, continuaremos en siguientes entregas proponiendo las principales modificaciones que abría que abordar para nuestros Ejércitos. 

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14 septiembre 2017 4 14 /09 /septiembre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (55)

Antivalores como el individualismo, el mal, el hambre, la pobreza, el egoísmo, la violencia, el engaño, la mentira, la intolerancia, la esclavitud, la discriminación, el racismo, el colonialismo, la tortura, el terrorismo de Estado, las guerras coloniales y neocoloniales, la desigualdad, la exclusión social y todas las formas de enajenación, son generados por las estructuras y superestructuras capitalistas

Camilo Valqui

La arquitectura de la desigualdad implantada a sangre y fuego en nuestras sociedades ha socializado también lo que pudiéramos denominar dos culturas antagónicas, como son la cultura de la opulencia y la cultura de la escasez. Y así, hemos legitimado como algo "normal" que mientras existen personas y comunidades pobres en esencia, también existen personas y comunidades eminentemente ricas. Nos lo explica muy bien Armando B. Ginés en su artículo "El laberinto de la escasez", que vamos a tomar como referencia a continuación, y que recomiendo a mis lectores y lectoras. Se trata de un imaginario de valores colectivos que hemos de combatir, ya que una sociedad justa no debería permitirse tanta "amplitud material" en sus componentes. Y así, mientras determinados personajes llevan un tren de vida lujoso e impresionante, otros muchos viven en la más absoluta pobreza (muchos de ellos incluso en la indigencia). Sufrimos escasez de tiempo, de salud, de educación, escasez de felicidad (ya comentábamos en la entrega anterior sus diversas manifestaciones), y por supuesto, escasez económica, que se manifiesta a su vez en múltiples facetas. De entrada, la alimentación y la vivienda deberían considerarse derechos inalienables que todo ser humano debería tener cubiertos, pues sin ellos no se puede vivir. Según la FAO, actualmente se producen alimentos para dar de comer diariamente a 12.000 millones de personas (la población mundial ronda los 7.000 millones). Sin embargo, un total de 800 millones de personas pasan hambre, y la mitad de las muertes de niños y niñas menores de 5 años son provocadas directamente por las malnutriciones que padecen. Esta escasez de alimentos para una gran parte de la población tiene que ver con decisiones políticas. 

 

Y ello es porque los alimentos, las semillas, los nutrientes, se han transformado en una mercancía más, sujeta a oferta y demanda, y los territorios no disponen en su mayoría de la debida soberanía alimentaria, como capacidad para producir y distribuir sus propios alimentos al conjunto de su población. Y en cuanto a la vivienda, la ONU estima entre 100 y 200 millones la cantidad de personas que viven al raso cada noche. En nuestro país, sin ir más lejos, existen 3,4 millones de pisos vacíos, casi 400.000 nuevos y nunca habitados por nadie. Se estima que existen unas 40.000 personas sin hogar viviendo en la calle o en albergues, todo ello consecuencia de que la vivienda también se ha convertido en un producto sujeto a la especulación urbanística e inmobiliaria. Lo grave es que todo aquéllo que entra en esta perversa órbita deja de pertenecer a la órbita de los derechos humanos, pues comienzan a predominar sobre ellos los objetivos del beneficio, en vez de la satisfacción de las necesidades. Está claro que la primera gran meta para revertir esta arquitectura de la desigualdad sería garantizar para todo el mundo el poder comer a diario, y gozar de un alojamiento digno. Pero desgraciamente, nuestro mundo prefiere desperdiciar comida a mansalva, o quemar los alimentos excedentarios, o mantener cerrrado un piso a cal y canto, antes que ofrecérselos a personas sin recursos. Por su parte, el tiempo es otro gran factor que nos mantiene esclavos a objetivos espurios. Hoy día podemos afirmar que el tiempo es negocio, tanto en su faceta laboral como de ocio y esparcimiento. El tiempo es un recurso impuesto por la propia filosofía capitalista, por la sociedad de consumo y por los hábitos sociales adquiridos. 

 

Romper con la tiranía del tiempo tiene que ver también mucho con la arquitectura de la desigualdad, ya que implicaría erradicar tanta explotación laboral por horas trabajadas injustamente, erradicar hábitos de sacrificio temporal, y sobre todo, volver a incidir en aspectos que tienen que ver con la igualdad de género, tales como la división sexual del trabajo, o la valoración del trabajo de cuidados, desempeñada por mujeres en su inmensa mayoría. Se sabe que el 90% de las tareas domésticas son llevadas a cabo por mujeres, que representan además el 80% a escala mundial del trabajo doméstico asalariado, aunque muchas de esas laborales se llevan a cabo sin relación contractual legalizada, lo que permite aún más si cabe las prácticas de explotación laboral. En los peores casos, cuando subsistir es el único y obsesionante pensamiento diario de cientos de millones de personas a escala planetaria, el tiempo absoluto como tal resulta una quimera o una simple convención social. Por su parte, el tiempo dedicado al ocio también se mercantiliza a marchas forzadas, suponiendo ya en muchas de sus facetas un lujo al alcance de cada vez menos personas. Y es que el ocio forma parte también del negocio capitalista. Armando B. Ginés lo ha explicado en los siguientes términos: "Es obligado explotar hasta los instantes más nimios de cualquier existencia que tenga un solo euro en su cuenta personal. Incluso comprar compulsivamente se ha convertido por mor de la ideología consumista del entretenimiento banal en un espacio programado para el ocio: ir de compras es una terapia excelente contra el aburrimiento y la soledad. Así lo certifican algunas tendencias psicológicas new age". Y aquí también se contempla y se proyecta la arquitectura de la desigualdad, ya que mientras muchas personas compran objetos, bienes y servicios de forma compulsiva, otras muchas no pueden adquirir ni lo más básico. 

 

Todo está pensado y dirigido para que el tiempo de ocio también genere la máxima rentabilidad para los grandes agentes del capitalismo. Ello también tiene que ver con la alienante sociedad en que vivimos (hecho que también interesa al mundo capitalista), ya que con tanto tiempo dedicado al ocio programado o de serie, poco tiempo libre queda para pensar, pasear, dialogar, reflexionar, jugar, mirar, escuchar, imaginar, amar...En una palabra, disfrutar de la vida, de la vida de las pequeñas cosas, de la vida de las cosas cotidianas, que han quedado absorbidas por la vorágine de la sociedad de consumo. Esa vorágine también ataca nuestra salud, que se resiente de nuestros modelos de vida agresivos, de prisas y de ciertos hábitos dañinos. El propio concepto de la salud se ha distorsionado, y ya ha dejado de verse como algo global del cuerpo y de la mente humanas, sino como aspectos parciales y concretos que tenemos que cuidar. Evolucionan las bacterias, los virus, las enfermedades derivadas de dichos modos de vida, pero sobre todo el gran factor que incide bajo la filosofía capitalista en el mundo de la salud es, de nuevo, la contemplación de la misma como un derecho humano. Con ello tiene mucho que ver la perversa industria farmacéutica, empeñada en hacer de las medicinas que nos puedan curar un estratégico negocio por todo el mundo, donde únicamente están accesibles a los países y personas que puedan pagarlas. Los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo, después de los infartos al corazón y el cáncer. En concreto, por errores de medicación y efectos adversos fallecen al año más de 200.000 personas. Y es que cuando la sanidad como servicio público, gratuito y universal pasa a ser gestionado por empresas privadas, se multiplican estos perversos efectos. 

 

La industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo, y la última tendencia es fusionarse también con las poderosas empresas de alimentación, creando un tándem ciertamente muy peligroso. Y por otra parte, también incide en la obsesión de dicha industria farmacéutica para medicalizarlo todo, inventar enfermedades (debido a las influencias de los lobbies farmacéuticos) que crean a su vez enfermos imaginarios, etc. La proyección en la arquitectura de la desigualdad es manifiesta. Y es que el sector farmacéutico factura cada año más que la industria del armamento o de las telecomunicaciones. Sus tentáculos son poderosos. El sector de las patentes industriales está muy dominado por los laboratorios privados, que más que curar enfermedades, lo que pretenden es engancharnos a una marca comercial determinada (de pastillas, de jarabes, de pomadas, etc.) o patente exclusiva, para ser pacientes de por vida. Las empresas farmacéuticas, tan obstinadas en no ceder sus patentes a los países pobres (cuyos habitantes continúan muriendo de enfermedades que podrían ser fácilmente curadas), presumen de los elevados costes que destinan a la investigación de sus productos, pero la realidad es que de cada 100 euros dedicados a la I+D+i en el terreno de la salud, el 85% procede de las arcas públicas, y el resto de fondos provenientes de los laboratorios. Al igual que con la farmacología sucede también con los productos de belleza: la industria crea patrones o modelos de belleza a seguir a través de sustancias con efectos secundarios o nocivos por su uso indiscriminado, ofreciendo otros que reparan las secuelas de los primeros. Un círculo vicioso muy difícil de sortear, cuando estamos hablando de una industria que genera un volumen de negocio superior a los 265.000 millones de euros. Siguiendo los banales mensajes publicitarios acerca de la belleza ideal y las recomendaciones obsesivas sobre salud en general, el tiempo robado no nos deja tiempo (valga la redundancia), para simplemente vivir sin perjuicios, ni miedos sociales impuestos por la gran ola capitalista y de consumo. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 septiembre 2017 3 13 /09 /septiembre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (49)

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje

Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

Los TLC, por tanto, han de ser atacados en lo que representan, lo cual no significa (al igual que ocurre con la propia globalización) que no apostemos por otro tipo de tratados, otro tipo de acuerdos comerciales entre los pueblos, que den prioridad a otros objetivos bien distintos. Actualmente, los pueblos han quedado absolutamente al margen de cualquier negociación o decisión, dado que el gran capital prescinde de ellos dentro de su lógica de maximización del lucro, dirigida a apropiarse no sólo de la producción local de empresas y servicios, sino a expoliar y saquear los recursos naturales allí donde se encuentren. Todo ello está provocando una involución democrática profunda, pues los mecanismos desplegados para obtener el incremento de la acumulación de capitales tanto a escala local o regional como global poseen actualmente más fuerza que cualquier Parlamento. Como ya hemos expuesto desde amplios y diversos puntos de vista, los Estados que se integran en estos TLC otorgan un nuevo marco de garantías jurídicas, políticas e institucionales que favorecen directamente los intereses privados de todas estas corporaciones transnacionales, avasallando si es necesario todo tipo de "impedimento" (legislaciones, acuerdos previos, protección regional, servicios públicos, materias primas, suministros básicos) que encuentren a su paso. Los TLC no son tratados que otorguen derechos a los pueblos, ni a la ciudadanía, ni a la naturaleza, ni a los animales, ni siquiera a los consumidores, ni a los productores, sino que se centran en conseguir una situación de seguridad jurídica únicamente para las empresas. Los TLC no respetan los Principios del Derecho Internacional Público, ni las limitaciones regionales que determinadas zonas hayan podido establecer. Ignoran las legislaciones políticas locales de los Estados miembros, y por supuesto, no respetan siquiera mínimamente los Derechos Humanos.

 

Son instrumentos meramente pensados para la acumulación capitalista a pesar de todo, y pasando por encima de todo. Son los más perfectos hijos, en este sentido, de la globalización neoliberal, esa misma que tantos partidos políticos defienden, y que nos está llevando al desastre. ¿Pero es que no existen otras alternativas? ¿No se han dado en el mundo tratados de cooperación comercial bajo un enfoque distinto? A eso nos vamos a dedicar en toda esta recta final de esta serie de artículos, citando, comentando y explicando las iniciativas que hasta ahora han podido plantear algunos países, y las verdaderas soluciones que se pueden y que se deberían implementar para crear tratados comerciales que fueran respetuosos con los valores humanos, y de la propia naturaleza que nos alberga en su seno, y de la cual dependemos. Bien, comencemos hablando de algunas iniciativas puestas en marcha durante los últimos años, que han delimitado un camino bien distinto (afortunadamente) a los clásicos TLC que venimos criticando. Se han desarrollado principalmente en América Latina. Después de la década de los 90, una década muy cruel para el continente latinoamericano, pues la mayoría de sus países estaban situados bajo el influjo de la órbita neoliberal, algunos países fueron capaces de elegir gobernantes que les plantearon una superación de dicho enfoque, y la creación de gobiernos, si no profundamente socialistas, al menos de carácter postneoliberal. Fueron sobre todo Argentina (con Néstor y Cristina Kirshner), Brasil (con Lula da Silva y Dilma Rousseff), Bolivia (con Evo Morales), Ecuador (con Rafael Correa), y destacando sobre todos ellos Venezuela con Hugo Chávez, quiénes fueron capaces de adoptar medidas diferentes que protegían a sus pueblos, y se alejaban de la hegemonía del gran capital. Han sido y son (los que continúan), todos ellos, Gobiernos de vocación claramente antiimperialista. 

 

En concreto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y los Tratados de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) son claras muestras de que otros enfoques y objetivos son posibles para este tipo de acuerdos comerciales. Son una muestra de la actitud y el posicionamiento de Gobiernos que en mayor medida se apartaron de la agenda neoliberal,  marcando una filosofía distinta. El ALBA nació en 2001 como un acuerdo bilateral entre Venezuela y Cuba. Actualmente cubre un proceso con 9 países integrantes (Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas). En conjunto, agrupa a una población de más de 73 millones de personas, y un PIB de aproximadamente 670.000 millones de dólares anuales. Los principios rectores del ALBA-TCP se separan ampliamente de los que hemos comentando para los clásicos TLC. Veámoslos resumidamente:

 

1.- La integración neoliberal prioriza la liberación del comercio y las inversiones. En contraposición, el ALBA es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, y contra los altos índices de analfabetismo que existen principalmente en América Latina y El Caribe. No son instrumentos al servicio del capital, sino al servicio de las personas. 

 

2.- En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los Derechos Humanos, a los derechos laborales, sanitarios, sociales, culturales, a los derechos de la mujer, así como a la defensa de los derechos medioambientales y de la naturaleza. 

 

3.- En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no pueden negar el derecho de los países empobrecidos de proteger a sus campesinos y a sus productos agrícolas. 

 

4.- El ALBA entiende que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de vida y de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, y tiene que ver directamente con la seguridad y con la soberanía alimentaria. 

 

5.- El ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, dentro de los que se identifican: a) La pobreza de la mayoría de la población; b) Las profundas desigualdades y asimetrías entre países; c) Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales; d) El peso de una deuda impagable; e) La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y del BM, así como de las rígidas reglas de la OMC, ya comentadas en anteriores entregas, que socavan las bases de apoyo social y político; f) Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; g) Prestar atención a los problemas que afectan a la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social. 

 

6.- El ALBA ha de enfrentar la llamada Reforma del Estado, que sólo llevó a brutales procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades públicas de gestión de los diversos servicios, bienes y suministros públicos.

 

7.- Como respuesta a la brutal disolución que el Estado sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal, el ALBA impone el fortalecimiento del Estado con base en la participación del conjunto de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

 

8.- Por último, el ALBA cuestiona las bases y la apología al libre comercio per sé, como si sólo esto bastara para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo. 

 

Continuaremos hablando sobre el ALBA y el resto de iniciativas parecidas en la próxima entrega. 

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12 septiembre 2017 2 12 /09 /septiembre /2017 23:00
Fuente Viñeta: https://gaceta.es

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El Estado Español está enfermo de franquismo. Ni siquiera se ha condenado formalmente el golpe militar ni la dictadura. No podemos sacudirnos el lastre de la cultura franquista, entre otras razones, porque los franquistas siguen dentro del Estado. Impregnan todo. Y el Partido Popular se niega a rechazar la dictadura. Ni siquiera se condenan los actos de exaltación del franquismo

Gerardo Iglesias (Fundador de IU)

La Transición nos trajo también, como sabemos, la Constitución de 1978, que ya hemos comparado con su antecesora republicana de 1931 en entregas anteriores de esta serie, y hemos visto los lastres, insuficiencias y limitaciones que contiene. De la Constitución de 1978 deriva el régimen político actual, sus bases y sus propias reglas de funcionamiento. Pero más allá de cuestionar dichas bases, la pregunta podría ser: ¿Tiene sentido que las generaciones actuales sigan siendo gobernadas y administradas bajo el contexto de una Carta Magna que tiene más de 40 años? Los que en 1978 teníamos menos de 18 años ni siquiera pudimos votarla ni refrendarla, pero los dirigentes políticos actuales pertenecientes a los partidos surgidos de aquél régimen nos siguen hablando de la Constitución como si de un texto sagrado e intocable se tratara. Nosotros creemos, por tanto, que esto no tiene ningún sentido democrático. Tampoco se trata de cambiar por cambiar, pero es lógico al menos admitir que el país ha sufrido (al igual que el contexto internacional) demasiados cambios como para no actualizar una Carta Magna que representa nuestra ley más general, nuestra base para la convivencia como sociedad. Sólo por el contexto político y social que hemos expuesto en la época en que los famosos "padres" redactaron la Constitución, ya sería motivo más que suficiente como para remozarla, y al menos, actualizar su contenido, eliminando aspectos negativos, e incluyendo y/o desarrollando otros muchos que no vienen contemplados en ella. El Partido Popular, hoy día en el Gobierno, se niega a ello, y el PSOE, la otra pata del bipartidismo imperante desde entonces, sólo plantea vagas e imprecisas modificaciones. 

 

¿Cuál puede ser el motivo para tanta resistencia a cambiar la actual Constitución? Sólo se nos ocurre uno: el marco constitucional vigente garantiza unas correlaciones de fuerza, una presencia de ciertos poderes fácticos y una serie de reglas para la convivencia que les favorecen o les privilegian, y no quieren arriesgarse a perder su status quo. Pero como afirmó Thomas Jefferson: "Los vivos tienen la tierra en usufructo; y los muertos no tienen poder ni derechos sobre ella. La porción que ocupa un individuo deja de ser suya cuando él mismo ya no es, y revierte a la sociedad (...). Ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, ni tan siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación viviente: pueden, por tanto, administrarla, y administrar sus frutos, como les plazca, durante su usufructo". Todas las leyes, todas las Constituciones, incluso todos los códigos éticos y morales, son hijos de su tiempo. Para el caso que nos ocupa, la Constitución de 1978 surge del momento en cuestión, determinado por la urgente necesidad de modernizar una sociedad proveniente del régimen dictatorial y sangriento anterior, para comenzar a migrarlo hacia una sociedad más abierta y tolerante. La plena superación del franquismo implica, también, actualizar o abrir un nuevo Proceso Constituyente que devuelva la voz al pueblo, último garante y depositario de la soberanía popular, para redactar otra nueva Constitución que, superando los marcos y las dificultades del momento en que se redactó la actual Carta Magna, sea fiel reflejo de los deseos, anhelos y necesidades del pueblo hoy día. En el caso de la Constitución de 1978, la oligarquía volvió a imponer sus normas, sus reglas de juego, sus limitaciones al pueblo, definiendo los marcos de convivencia para una sociedad que, aunque más libre y tolerante que la proveniente del franquismo, aún pervivía sujeta a ciertas ataduras, y era gobernada bajo los mismos poderes. 

 

Todo ello tiene que ser superado. Lo explican muy bien Alberto Garzón, Esther López Barceló y Rafael Escudero en este artículo para UCR (Unidad Cívica por la República), cuando afirman: "Tras la muerte de Franco, diferentes leyes pusieron los cimientos a un régimen que nacía sin dejar lugar a la improvisación, garantizando la impunidad de los crímenes franquistas y silenciando el mérito de la lucha antifranquista. En el relato sobre la Transición que se transmitió de forma hegemónica a la sociedad española, se omitió esa oposición --con respuesta violenta desde los propios resortes del Estado-- en las calles y centros de trabajo, sin la cual nada de lo que de social tiene nuestro actual sistema constitucional hubiera sido posible. Incluso, no dudó en utilizarse una demanda del movimiento obrero durante la Transición, como fue la amnistía para vaciar las cárceles de los presos políticos que todavía quedaban en ellas, como herramienta para garantizar la impunidad y ocultarla bajo el manto de tratarse de una reivindicación antifranquista". Como hemos denunciado, la Transición se situó en una especie de equidistancia entre la Segunda República y el franquismo, argumento que se mantiene aún en la actualidad. Es la misma equidistancia que puede haber entre democracia y dictadura. Por tanto, son muchas las razones para superar el marco constitucional actual, y hacerlo evolucionar hacia posiciones más democráticas, tales como la cuestión de la Jefatura del Estado, la misión de las Fuerzas Armadas, la estructura Federal, la eliminación de los privilegios a la Iglesia Católica, y sobre todo, la plasmación y desarrollo concretos del conjunto de derechos sociales, culturales, políticos y económicos de los que debe gozar la población. Necesitamos por tanto una Constitución más abierta y plural, más actual y coherente con las necesidades democráticas, que defina mecanismos de participación directa de la ciudadanía, así como mecanismos de democracia económica. 

 

En definitiva, los tiempos cambian, las correlaciones de fuerza son distintas, las necesidades de la inmensa mayoría social son otras, los temores y amenazas que se ciernen sobre la población son muy diferentes a las del contexto de 1978, y necesitamos un marco constitucional nuevo, sensible pero poderoso, y sobre todo, que responda cabalmente a la nueva realidad política y social de nuestro pueblo. El mero reformismo cosmético no nos servirá. Necesitamos la recuperación de un texto constitucional salido de nuestro tiempo, coherente con las aspiraciones actuales, que defina los moldes de una sociedad absolutamente comprometida con el respeto a los Derechos Humanos, de los animales y de la naturaleza, y que garantice mecanismos de democracia real, así como de igualdad material entre las personas. Necesitamos un contexto pleno de libertad material para el conjunto de la ciudadanía, desde la posición de entender que sólo la libertad material de poder vivir y existir sin el permiso de los demás nos hará realmente libres. Por tanto, la plena superación del franquismo nos obliga a la invocación de un nuevo Proceso Constituyente, esto es, un proceso para la creación de una nueva Constitución. Dicho proceso sólo puede surgir con una ruptura democrática, pacífica pero radical, con el contexto político actual. De otro modo, las actuales correlaciones de fuerzas surgidas del Régimen del 78 impedirán alcanzar un texto constitucional coherente con las líneas maestras que hemos indicado. Hemos de trasladar el mensaje de que las generaciones actuales necesitan protagonizar también su momento histórico, y no permanecer ancladas a las "reglas de juego" que la sociedad se dió a sí misma en 1978, bajo el contexto histórico ya referido. Nuestra realidad social es nueva, nuestro contexto histórico es diferente, y ya no valen componendas, medias tintas ni paños calientes. Los intentos de cambiar cosas para que al final nada cambie tendrán muy pequeño recorrido. No se puede continuar engañando al pueblo. 

 

Los citados autores finalizan su texto afirmando: "El mejor homenaje consciente y responsable es exigir una Constitución que sirva de instrumento a la sociedad que la engendra y dejar de adorar una reliquia de otro tiempo que no nos representa. Porque queremos ser protagonistas de nuestra historia, queremos una Constitución hija de nuestro tiempo". Necesitamos un nuevo texto constitucional valiente, riguroso y justo, amplio y completo, sensible hacia todas las demandas sociales que existen actualmente, que deje atrás la prevalencia de ciertas normas y valores anacrónicos para la sociedad actual, que defina nuevas normas de convivencia, que destierre algunas concepciones y aspectos derivados de la presión social de ciertos sectores, y que sea fiel con los anhelos sociales de un pueblo que quiere ser libre. Necesitamos una nueva Constitución que defina nuestro país bajo unos moldes de solidaridad, de respeto, de paz, de laicidad, de cooperación, de libertad y de garantías a los derechos de las personas y de los pueblos. Una Constitución que deje atrás los moldes franquistas bajo los cuales aún funcionamos, que olvide los tics antidemocráticos que aún padecemos, que funcione bajo reglas electorales más justas, que permita la participación y decisión ciudadana en los aspectos que les conciernen, que garantice plenamente los derechos humanos en toda su extensión, sin atender a grados ni a jerarquías, sino que todos por igual puedan estar sujetos a la tutela judicial efectiva. Necesitamos una Constitución nueva que regule nuestra sociedad sometida a los principios del federalismo, de la unión de los pueblos bajo principios de solidaridad y cooperación voluntarias, que recupere los valores republicanos, de solidaridad social, que garantice la cohesión, que no pueda albergar situaciones de pobreza ni de exclusión social para la población. Una Constitución que defina una sociedad de iguales ante la ley, moldeada bajo principios absolutamente democráticos. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 septiembre 2017 1 11 /09 /septiembre /2017 23:00
Moción de Censura Social al Gobierno del PP

Apenas llegados a La Moncloa en 2011 suprimieron de un plumazo el pluralismo en RTVE, devolvieron la enseñanza a la Iglesia, pretendieron suprimir el aborto, reformaron la justicia para encarecerla y privar de ella a los más necesitados, destruyeron el régimen jurídico laboral, desmantelaron la sanidad pública, promulgaron una ley Mordaza, saquearon el fondo de pensiones y se dedicaron a enriquecerse ilegalmente, ellos y su partido, a cuenta de los contribuyentes que, en España son las clases medias y bajas

Ramón Cotarelo

El Gobierno de Rajoy es un gobierno dirigido por la Conferencia Episcopal y ejecutado por el Opus Dei. Están tratando de imponer, hasta con la violencia de la legalidad parlamentaria contra las libertades de la Declaración de Derechos, la doctrina cristiana. Y los obispos, cada día rebuznan más. Muchos aún piensan que viven o en la Dictadura de Franco o en la Edad Media con una Inquisición que hoy representan sus organizaciones de abogados lanzados, como cruzados, contra todas las libertades. Y aquí estamos. Viendo como una nueva ofensiva contrarrevolucionaria impulsada y dirigida por la Iglesia católica pasa desapercibida a todo el mundo. O es que son católicos todos los políticos incluso los radicales

Javier Fisac Seco

Hay que echarlos de nuestras instituciones. Mientras el Gobierno del Partido Popular persista en ellas, no saldremos de las diversas ataduras económicas, políticas, sociales y culturales de las que dependemos. Antes del verano el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos (UP), con el apoyo de algunas otras fuerzas de la izquierda del hemiciclo, pero con la vergonzante abstención del "nuevo" PSOE de Pedro Sánchez (que alegó defectos de forma y procedimiento, aunque reconocía la urgencia y necesidad de desalojar al PP de las instituciones), y la no menos vergonzante adhesión de los Ciudadanos de Albert Rivera, impidieron que prosperara la Moción de Censura Política a este indecente gobierno. La única salida por tanto, la única esperanza si no queremos permanecer contemplando cómo involucionan, degeneran y se deterioran aún más todos los mecanismos de nuestra vida pública, es provocar un gran movimiento social que aglutine al conjunto de la ciudadanía deseosa de provocar una salida del PP del gobierno. Los motivos son múltiples, y las magníficas citas de entradilla que hemos seleccionado nos han vuelto a traer perfectos resúmenes de los mismos. El Partido Popular es una organización presuntamente delictiva que se presenta a las elecciones, un grupo político al servicio del gran capital, un representante de los intereses de los grandes poderes económicos, decidido a revertir todas las conquistas sociales alcanzadas durante las últimas décadas, aprovechando además la crisis desatada desde 2007 como perfecta excusa para dicha operación de acoso y derribo. 

 

¿Por qué una Moción de Censura Social? Porque asistimos permanentemente a una aniquilación de todas las bases políticas y sociales donde se asienta nuestra convivencia, resumidas en un claro proceso de hostigamiento a las clases populares, que se manifiesta en la paulatina precarización del mundo del trabajo, en el desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar, en la privatización de los servicios públicos, en el ataque al Sistema Público de Pensiones, o en la negativa a dotar presupuestariamente a ciertas leyes, como la de la Dependencia, entre otros muchos ataque sociales. El deterioro de nuestra economía industrial es absolutamente evidente, mientras nos convertimos progresivamente en un parque turístico en el que las profesiones ligadas a dicho sector van sumando cada vez mayor número de contrataciones precarias, a la vez que engordan al gran capital propietario de los grandes recursos turísticos. La educación y la cultura son ninguneadas en un claro ataque a la universalidad, gratuidad y calidad de nuestros centros educativos, en una reducción atroz de sus recursos, y en un reforzamiento de los requisitos para su acceso. Se atacan los derechos fundamentales, como el derecho de huelga, que ha sido ignorado y sacrificado al interponer los recursos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en una clara vulneración de los derechos de los trabajadores, en aras de una supuesta "seguridad pública". Los servicios ligados a suministros básicos son dependientes de las políticas de las grandes empresas que los hacen llegar a la población, que de esta forma se convierte en "usuarios" o "clientes", indecentes palabras cuando estamos refiriéndonos, entre otros, a la energía, el agua o los transportes, servicios de los cuales debería garantizarse también su universalidad y gratuidad. 

 

Las políticas de obras e infraestructuras públicas (escondidas bajo el eufemismo de "Fomento") están ligadas igualmente a la promoción y salvaguarda de los intereses de las grandes empresas y corporaciones, que son las que dominan todas las licitaciones, algunas de ellas grandes joyas del IBEX-35, y que tienen desde la Monarquía hasta el Gobierno en pleno como absolutos representantes de sus balances y sus beneficios. Y en aras a todo ello, no duelen prendas en mantener indecentes "amistades" con países del Golfo Pérsico, aún a sabiendas de que son los principales financiadores del terrorismo internacional, ligados a la corriente musulmana más fundamentalista y retrógrada, si con ello consiguen grandes contratos millonarios de construcción de grandes infraestructuras en sus respectivos países, o bien satisfacen los intereses de la industria del armamento y la exportación de armas. Todas las Administraciones Públicas (sobre todo las autonómicas y las locales) están sufriendo profundos recortes presupuestarios, bajo una política de financiación centrada en la obsesiva reducción del déficit público, que utilizan en realidad como pretexto para intervenir en la adjudicación de determinados presupuestos para la financiación de los servicios públicos locales o comunitarios, que por supuesto desde el gobierno central han situado en su diana, y pretenden abatir a toda costa. Los procesos de privatización se consuman sin tregua, a marchas forzadas, bajo una clara y peligrosa deriva que nos conducirá, si no logramos revertirla, a la aniquilación de todos los recursos y bienes públicos. No se apuesta por las políticas de inclusión ni de igualdad, ni por la recuperación de la Memoria Histórica, que son leyes absolutamente ignoradas por el PP, infradotadas y rechazadas por la derecha política, social y mediática. 

 

Mientras, los planes de Defensa y de armamento para las Fuerzas Armadas no dejan de crecer, en una escalada belicista y de total apoyo a la OTAN y a sus guerras "preventivas" y "humanitarias", y en un contexto de alineación sin fisuras con la despótica, aberrante y peligrosa deriva de la Administración norteamericana, liderada ahora bajo la figura del magnate insolente, provocador, inculto e imprevisible Donald Trump. Y en este sentido, y como el resto de países de la UE, este selecto club neoliberal, nos alineamos bajo la falaz cruzada "contra el terrorismo internacional",  bajo absurdas proclamas que indican que "los únicos responsables son los terroristas", porque ellos vienen a "destruir nuestra democracia, nuestros valores y nuestro sistema de libertades". Ya hemos explicado a fondo en nuestro artículo "Terrorismo en Europa: sus causas" las verdaderas razones que mueven a este terrorismo, sus profundas motivaciones, así como las formas reales y verdaderamente pacifistas de combatirlo. Y por si todo ello fuera poco, vivimos en un asqueante ambiente de corrupción que cada día se extiende más por toda nuestra vida pública, y que ya representa de una forma vergonzosa nuestra decadente realidad cotidiana. El Presidente del Gobierno tuvo que comparecer como testigo en el juicio que se sigue contra la trama Gürtel en su primera época, dejándonos un bochornoso espectáculo que luego continuó recientemente con su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, donde se despachó a gusto ante la incredulidad de todo el arco parlamentario, que le pedía explicaciones y responsabilidades políticas en el mayor proceso de corrupción de una interminable lista que ya ha convertido al PP en el partido político más corrupto de todo el Viejo Continente. Unas instituciones y gobernantes corruptos, aliados con un gran capital obsesionado en aniquilar todas las conquistas sociales, para convertir nuestro país en una marca comercial y en un territorio para las inversiones, y en sus habitantes, en mano de obra precaria y semiesclava. Este es el desolador panorama que contemplamos. 

 

Hemos dejado para el final el asunto nacional de Catalunya, que va a estallar irremediablemente debido a la insensibilidad política y social de este gobierno, a su manifiesto carácter y vocación antidemocrática, y a su imperioso deseo de conservar el estatus quo surgido del obsoleto régimen derivado de la Constitución de 1978. Los motivos para el Referéndum del próximo 1 de Octubre existen, por mucho que el PP y sus inquebrantables aliados (PSOE y C's) se empeñen en ocultarlos o deslegitimarlos. Son tan fáciles como querer dejar de pertenecer a este cortijo del PP y sus adláteres, a este país gobernado por los poderes fácticos herederos del franquismo, donde aún se respira por muchos lugares el recuerdo del dictador genocida. Desde la izquierda transformadora seguimos creyendo en la forma de Estado Federal, con Catalunya incluida, pero entendemos perfectamente (y apoyamos activamente) cómo se ha llegado a esta irreversible situación, y quiénes han sido los actores que la han provocado. Ante la intransigencia de los autoritarios gobernantes, sólo queda el camino de la desobediencia. Y esta misma desobediencia es la que queremos llevar al terreno social. Porque para enfrentarnos a todas estas políticas necesitamos la Moción de Censura Social. Necesitamos reivindicar y defender más que nunca que otras políticas son posibles, que otros enfoques democráticos son posibles, que otros modos de vida son posibles, que otras políticas públicas son posibles, que la recuperación del empleo público es posible, que un Estado Laico es posible, que la redistribución de la riqueza es posible, que la dignificación de las instituciones es posible, que la decencia en la vida pública es posible, que la erradicación de la pobreza y de la exclusión social son posibles, que la lucha contra el cambio climático es posible, que la recuperación de los servicios públicos es posible, y que el cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos es perfectamente posible. La Moción de Censura Social ha de enfrentarse claramente a este gobierno, para gritarle bien fuerte que todo ello es posible, pero sólo si el PP es desalojado del poder. De nosotros depende.

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10 septiembre 2017 7 10 /09 /septiembre /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (67)

El capitalismo es un sistema absolutamente antagónico a la paz. Todos sabemos que bajo el capitalismo la paz verdadera es imposible. No es lo mismo conquistar “treguas” que conquistar la paz. Desde sus púlpitos mediáticos el capitalismo nos relata, a voz en cuello, su amor por la muerte, su pasión por la destrucción y su romance eterno con el belicismo serial

Fernando Buen Abad Domínguez

Hemos hablado en las entregas anteriores sobre las nuevas amenazas que las sociedades neoliberales nos ciernen sobre nuestras cabezas, y sobre cómo unas Fuerzas Armadas al estilo clásico no tienen absolutamente nada que ver con eso. También hemos expuesto algunos conflictos concretos que nuestros Ejércitos deben superar aún, como su grado de democratización. Pero aún nos quedan algunos aspectos por tratar en torno a las FAS. Un asunto crucial es el tema de la disciplina. La disciplina militar, que es la que nos interesa para esta dimensión. Y nuestra imagen de entradilla la hemos elegido sobre los Derechos Humanos, porque precisamente son dos asuntos que tienen mucho que ver entre sí. Nosotros hemos afirmado en recientes entregas que uno de los aspectos que las FAS deben adaptar y actualizar es el tema de la disciplina. Y ello, precisamente en la dimensión de entender que la disciplina militar no puede estar por encima de los Derechos Humanos. Históricamente se ha entendido la disciplina militar como un asunto cerrado, donde nadie ajeno al terreno castrense podía entrar, ya que la filosofía en la que se basaba la disciplina era ciertamente diferente. Los Ejércitos clásicos han entendido siempre la disciplina como un asunto de primer orden de su propia idiosincrasia, basado esencialmente en la obediencia ciega al superior. La escala de mandos militares es sagrada para ellos, posee sus propios protocolos, y una base fundamental del comportamiento de cualquier soldado u oficial es entender que el respeto a la disciplina ha de ser total y absoluto. Ninguna orden puede ser discutida. Todas las órdenes han de ser respetadas y acatadas, sin cuestionarse nada más. Pero ello, evidentemente, tratándose de cualquier organización humana (y las FAS lo son) pueden provocar situaciones extremadamente injustas, peligrosas o absurdas. 

 

La disciplina militar se ha basado siempre en el máximo respeto a la obediencia debida, uno de sus dogmas más sagrados. Un principio indiscutible, incuestionable y aceptado sin reservas, pero que como decimos, es insostenible desde un punto de vista democrático. Simplemente porque si la disciplina militar se coloca como base del comportamiento de las Fuerzas Armadas, podrían llegar a superponerse sobre el debido respeto a todos los Derechos Humanos, algo que resulta de todo punto inadmisible. La disciplina militar por tanto ha de reconvertirse. Los militares de nuestros Ejércitos no pueden ni deben obedecer jamás órdenes que contravengan los más elementales derechos de las personas, los animales o la naturaleza. Por tanto, la conclusión está clara: la obediencia debida no existe. Y aquéllos militares que tomen como pretexto dicho absurdo principio, ordenando o ejecutando actos criminales, deberán ser juzgados y condenados por ello. Toda sociedad democrática lo exige. Y como ya afirmamos en entregas anteriores, la democratización de las FAS debe llegar hasta el corazón de las mismas, hasta sus fundamentos más profundos. Y la disciplina es uno de ellos. Como venimos insistiendo, necesitamos unos Ejércitos renovados, desde su propia misión constitucional, hasta su propio funcionamiento interno, lo cual también incluye a la propia visión ideológica de aquéllos que dirigen las Fuerzas Armadas. Las solemnes Declaraciones de Derechos Humanos, en sus diversas vertientes, tienen ya varios siglos desde su proclamación, y toda sociedad democrática que se precie de ello no puede consentir ni albergar en su seno personajes que no los respeten en su intrínseca totalidad, en su plena dimensión. Las Fuerzas Armadas deben estar con el pueblo, con la gente, ser parte de la población, estar integradas en ella, de forma totalmente normalizada, y esto implica, de forma democrática. En su seno no pueden albergarse comportamientos intolerantes, xenófobos, discriminatorios, groseros, indecentes, irrespetuosos con las minorías, u obcecados en la persistencia de ideales fascistas. 

 

Las Fuerzas Armadas deben abandonar todo sesgo o rasgo que las defina como opuestas a una evolución política respetuosa de los intereses del pueblo. Las FAS deben entenderse como el brazo armado de la soberanía popular, desligándose de todo tipo de intereses espurios o ajenos a la propia organización. Las FAS surgen del pueblo, y al pueblo se deben. Las FAS no deben servir a ningún poder exterior, ya sea éste de tipo económico, político, mediático, social o de cualquier otro orden. Bien, ¿responden actualmente nuestros Ejércitos a estas bases? Pues tomando como referencia este artículo publicado en Rebelion por el Colectivo ANEMOI, vamos a destacar a continuación los rasgos que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas españolas:

 

1.- Han orientado su organización, doctrina, estrategia y armamento hacia los patrones imperialistas establecidos en las alianzas militares que sostienen el sistema económico neoliberal. La OTAN (de la que hablaremos a fondo en el próximo bloque temático) es el gran paradigma en este sentido

 

2.- Las acciones militares de las FAS españolas no se han lanzado para defender los intereses del pueblo español, sino los del gran capital transnacional. La inmensa mayoría de intervenciones armadas eran absolutamente innecesarias. Incluso aquéllas que han sido organizadas bajo el paraguas del humanitarismo

 

3.- Las FAS están estructuradas constitucionalmente sobre la tradición franquista y sus valores, destacados en los siguientes puntos:

 

4.- La obediencia directa a una Monarquía, impuesta por la dictadura, y cuyo titular se considera Jefe Supremo de las FAS

 

5.- Su papel, definido en la Constitución, se percibe como el garante de la perpetuación de un juego institucional que impide un genuino ejercicio democrático que ponga en cuestión la verdadera naturaleza de la estructura de poder heredada del franquismo. El artículo 8 es bastante ilustrativo al respecto, con la referencia a la "unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles". 

 

6.- Su esquema de valores morales sigue siendo esencialmente franquista, adaptado gradualmente a los imperantes en las democracias liberales aliadas, especialmente los contenidos en las llamadas "doctrinas de seguridad nacional" de los Estados Unidos

 

7.- La Iglesia Católica conserva una situación de privilegio para el control y manipulación de las conciencias de sus componentes. Continúan existiendo las figuras de los capellanes y de los curas castrenses, y muchas cofradías de Semana Santa están muy emparentadas con determinados cuerpos militares

 

8.- El respeto a los derechos humanos es percibido como un impedimento a la eficiencia del aparato militar, tanto en su preparación como en combate

 

9.- En el seno de las FAS, las libertades civiles de los militares siguen siendo fuertemente cuestionadas, como si se tratara de un cuerpo estanco sometido a sus propias reglas de obediencia

 

10.- Se mantiene como concepto clave el de una disciplina orientada a la obediencia ciega y acrítica, deliberadamente vaga en su definición como para poder reprimir el simple disenso con la jerarquía militar. Como ya hemos comentado más arriba, es absolutamente preciso renovar este concepto anacrónico de la obediencia, y poner el respeto a los Derechos Humanos en la cima de la jerarquía de los valores de nuestros Ejércitos

 

Aún nos quedan más características que comentar sobre el funcionamiento y la orientación de nuestras Fuerzas Armadas. Las seguiremos exponiendo en la próxima entrega. 

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