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2 noviembre 2018 5 02 /11 /noviembre /2018 00:00
Viñeta: J. Morgan

Viñeta: J. Morgan

Repartir las horas de trabajo existentes entre ocupados y desocupados, entre nativos e inmigrantes, entre calificados y precarios, entre adultos y jóvenes, entre hombres y mujeres, sin rebajas salariales, es una medida impiadosa frente a la ganancia capitalista. Es sin embargo la única forma de que la humanidad se reapropie de la técnica y la ciencia como su propia obra. Aunque no lo crean, hay vida más allá del capital

Paula Bach

En la última entrega de esta serie ya hacíamos referencia, una vez más, en esta ocasión de cara a revertir la desigualdad en el mundo laboral, a la nacionalización de determinadas empresas, otrora públicas, pero que se fueron gradualmente privatizando, en detrimento de la calidad del empleo y de la calidad de sus servicios. Con ello, derechos fundamentales de la ciudadanía que eran provistos por servicios públicos, gratuitos y universales, comenzaron a depender de las leyes del mercado. Entre otras muchas consecuencias, los puestos de trabajo se vieron claramente mermados, cualitativa y cuantitativamente. Pero su vuelta al sector público no puede ser al que estamos acostumbrados (burocratizado, politizado, corrupto y al servicio de la gran empresa privada), sino democratizado y gestionado para atender a las necesidades sociales del conjunto de la población, y por supuesto, protegiendo el medio natural. Estamos hablando, por tanto, de planificación democrática, cooperación, descentralización, en lugar de competencia y mercado. Son, por tanto, dos modelos muy distintos. Otra ventaja del modelo público que proponemos sería el alejamiento del "modelo de negocio" en que se han convertido muchos derechos fundamentales. Hoy día la nacionalización es un tabú porque se sabe que el desarrollo del sector público choca frontalmente con la rentabilidad económica de la gran empresa privada. Pero si hay un servicio público de vivienda, por ejemplo, con un amplio patrimonio de vivienda social en alquiler, el negocio de la vivienda sería imposible. De esta forma, una vivienda pública o una privada cumplen igual de bien su función, entendido como su valor de uso. Pero sin embargo, un modelo permite obtener ganancias a una empresa privada, y el otro no. Extrapolémoslo a la sanidad pública, a la educación pública, a la dependencia...

 

Pero no sólo estos sectores. Desde el ámbito público también se podría producir energía, transportes, comunicaciones, paneles solares, vehículos, obra civil, banca, agua, y un largo etcétera de productos, servicios y bienes fundamentales cuyos suministros hoy día sirven para enriquecer a la empresa privada, en vez de para garantizar los suministros básicos a la ciudadanía. El empleo en dichos sectores, si estuvieran en el ámbito público, entraría evidentemente en otra órbita, la esfera de lo público al menos proporcionaría empleos dignos y decentes, con calidad y derechos para sus empleados. Básicamente, todos los moldes del modelo productivo de una sociedad podrían (y deberían) pertenecer a la esfera de lo público. La empresa privada debería estar relegada a sectores del mercado que comercializaran productos, bienes o servicios no fundamentales para el funcionamiento básico de una sociedad. Pero claro, la materialización de este discurso implicaría una defensa firme y cotidiana y una apuesta por la nacionalización democrática de los sectores productivos estratégicos, explicando al conjunto de la ciudadanía la necesidad de cambiar el modo de producción (lo que Marx denominaba "las relaciones de propiedad"). El veterano escritor Antonio Álvarez Solís lo ha expresado recientemente en uno de sus artículos para el medio Naiz: "Creo que es hora, por parte de la llamada izquierda, de diseñar una sociedad donde la banca y los bienes naturales --aguas, subsuelo, minerales, viento y otras energías que genera espontáneamente la naturaleza, como ese sol escandalosamente privatizado-- sean administrados por empresas públicas debidamente controladas por mecánicas transparentes y sujetas preferentemente al servicio del entorno. La corrupción ya no sería tan fácil y los beneficios podrían ser aplicados con un verdadero espíritu social".

 

Bien, llegados a este punto, vamos a ocuparnos, con la profundidad que merece, del instrumento que venimos denominando Renta Básica Universal (abreviadamente, RBU), como solución añadida a los problemas derivados de la arquitectura laboral de la desigualdad, y a la crisis del Dios Trabajo (como lo hemos denominado en alguna entrega anterior). Antes que nada, mencionar que este asunto también fue tratado en la serie de artículos "Marxismo, Socialismo y Capitalismo en el Siglo XXI", concretamente a partir de su entrega número 66). Los lectores y lectoras que lo deseen pueden consultar todas las reflexiones, propuestas y explicaciones que dimos allí. En general, la idea de un ingreso garantizado al conjunto de la ciudadanía no es un invento reciente, o una descabellada ocurrencia de cuatro descerebrados, ya que sus fundamentos políticos y filosóficos fueron planteados, desde el siglo XVIII, por el estadounidense Thomas Paine y el francés Charles Fourier, como una especie de indemnización a los individuos por el uso que la civilización hace de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio común, según nos cuenta Cive Pérez en este artículo para el medio La Lamentable. Y después, pensadores de la talla de Bertrand Rusell o Erich Fromm han defendido la idea de la RBU. La Renta Básica Universal forma parte, y así se reconoce hoy día, del patrimonio cultural del republicanismo materialista y dialéctico. Se nos aparece como solución a la decadencia del concepto de trabajo humano ligado a la dignificación de la persona, y el empleo como solución política a la pobreza. Estos conceptos, como hemos expuesto en entregas anteriores, entran en crisis con el recorrido capitalista de los últimos años, y se comprende que el lema del trabajo virtuoso es un telón que en realidad oculta las miserias del trabajo asalariado por cuenta ajena, con beneficio y permiso de otro. Con la realidad impuesta de la figura del "trabajador pobre" imperante en nuestros días, toda esta trasnochada retahíla pierde absolutamente su valor, y es necesario rescatar nuevos enfoques. Como hemos concluido, los conceptos de Trabajo, Ocupación y Empleo no se refieren a la misma cosa, sino que son categorías distintas que se superponen en la actividad de los individuos en las sociedades actuales.

 

En efecto, existen gran cantidad de trabajos (autoproducción, cuidado de niños y ancianos, mantenimiento del hogar, etc.) que el imaginario capitalista no considera empleos, y sin embargo, ocupan una gran cantidad de tiempo vital para muchas personas, mujeres en su mayoría. Trabajo y Empleo son dos categorías conceptuales distintas, que sin embargo a veces se confunden en los discursos políticos y económicos. Y es un hecho innegable, al que ya nos hemos referido, que a medida que avanza el progreso tecnológico de nuestra sociedad, se produce "una avería del artefacto del empleo" (en expresión de Cive Pérez). Estamos, pues, cada vez más alejados del mantra del "pleno empleo", y cada vez más cerca de ese modelo que se ha dado en llamar Sociedad 20-80, donde bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos, y el 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, o bien se verá condenada al desempleo estructural. ¿Hacemos de todo esto un drama o diseñamos soluciones? Quizá sea mejor lo segundo. Intentar no afrontar la realidad sólo creará más sufrimiento y desesperación. Hagamos de la necesidad virtud, y seamos capaces no sólo de asumir el reto, sino de aprovechar la citada evolución del trabajo para diseñar un sistema de reparto justo y sostenible de la riqueza, además de fomentar las capacidades de creación humanas. Todo esto no son hipótesis ni profecías futuristas, sino hechos tangiles y demostrables cuyas consecuencias sociales no han sido aún valoradas suficientemente por las principales fuerzas políticas, quizá por cobardía a la hora de presentar a sus votantes una incómoda realidad. 

 

Lejos se nos queda el mantra de que "el trabajo dignifica al ser humano", no ya solo porque su escasez va a dejar (si lo seguimos al pie de la letra) a millones de personas sin dignidad, sino porque las últimas (contra)reformas laborales han establecido marcos legales donde la supremacía de la parte contratante sobre la que aporta su fuerza de trabajo es arrolladora. Con todo ello, hemos despojado al trabajo humano de su auténtica función social integradora. El desempleo se utiliza hoy como elemento de dominación y control de una sociedad desesperada. Se impone, pues, cambiar de perspectiva, y abandonar el empleo como elemento central de los planteamientos de integración social y económica de la sociedad. Por tanto, seamos realistas, pragmáticos, y sobre todo, justos: cuando el empleo ya no es capaz de garantizar la integración social de las personas, habrá que garantizarles, al menos, la supervivencia. Se nos dirá que ese mecanismo ya existe, mediante los diversos programas de Inserción Social y de Rentas Mínimas de Integración (o de mil variantes más en su nomenclatura) que las diferentes Administraciones Públicas proyectan sobre la masa de los desempleados. Pero remito a los lectores y lectoras a algunas entregas anteriores, donde ya hemos discutido que esos planes son auténticos placebos sociales, injustos, limitados, insuficientes y humillantes. No son, evidentemente, la solución. Dichos planes representan únicamente una especie de limosna social, limitada en el tiempo, a cambio de la cual las personas sin empleo tienen que demostrar a su Administración respectiva que son pobres de solemnidad, con la consiguiente estigmatización de estas personas por un lado, y el peso de una Administración diseñada para comprobar de facto la situación de estas personas (impresos, folletos, sistemas informáticos, funcionarios que han de comprobar los datos, etc.). A ello se une la diversidad de planes funcionalmente distintos, en requisitos y situaciones, que delimitan un panorama ciertamente deprimente. Hay que diseñar otro mecanismo, y nosotros estamos convencidos de que dicho mecanismo es la Renta Básica Universal. Continuaremos en siguientes entregas.

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