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8 abril 2015 3 08 /04 /abril /2015 23:00

Hoy casi todos los grandes medios de España han sido absorbidos por el poder financiero. No con la clásica dependencia de la influencia publicitaria o de los créditos, sino de forma mucho más profunda: directamente en la propiedad

Pere Rusiñol

¿Qué República queremos? (XXVIII)

Apostamos por tanto por que en el contexto de la Tercera República Española, el Estado, como responsable y último garante del derecho a la información del conjunto de la ciudadanía, asegure que dichos medios satisfagan ese servicio a la sociedad, el de informar plural y verazmente, eliminando temas tabú, y previniendo y evitando que cualquier oligopolio pueda falsear la realidad social, y crear opinión pública de forma manipulada y alienante, en función de sus espúreos intereses. Pero se comprueba experimentalmente, y lo estamos sufriendo ahora mismo en nuestras carnes, que el encargado de llevar a cabo esta misión no puede ser el propio Poder Ejecutivo, que tiende hacia la manipulación informativa en su propio beneficio. Debe ser, por consiguiente, un órgano dependiente del Poder Judicial. En este sentido, somos de la opinión de Francisco Badarán, quien afirma: "Dado que en este control está en juego un derecho fundamental de los españoles, parece razonable que el órgano que lo ejerza sea nombrado por el Tribunal Constitucional y dependa de él. Este órgano tendría como objetivo asegurar, canalizar y ordenar la participación de los ciudadanos en los principales medios de expresión de la prensa española, resolviendo además cualquier conflicto que pudiera surgir al respecto" (Francisco Badarán, "La democracia en España: engaño y utopía").

Y cuando hablamos sobre medios de comunicación, quizá el mejor marco definido para el respeto de la ética, la veracidad y la pluralidad informativa, se encuentra en el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, ya que éste es el Organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Dicho documento fue redactado en noviembre de 1983, con el beneplácito de las mayores asociaciones mundiales de prensa. Sus 9 puntos fundamentales recogen el derecho del pueblo a una información verídica (y de expresarse libremente a través de los medios), la adhesión del periodista a la realidad objetiva (situando conscientemente los hechos en un contexto adecuado), la responsabilidad social del periodista (la información es entendida como un bien social, y no como un producto), la integridad social del periodista (recogiendo el derecho de los informadores a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones), el acceso y participación de la opinión pública, el respeto de la vida privada y de la dignidad de las personas, el respeto del interés público, el respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas (la paz, la democracia, los derechos humanos, así como el derecho de los pueblos a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, sociales, económicos o culturales), y la eliminación de la guerra y otras plagas a las que la Humanidad está enfrentada (previniendo contra la apología de la violencia, del odio, de la discriminación o del racismo).

¿Qué República queremos? (XXVIII)

Un apartado especial, dentro de los medios de comunicación, y por su importancia, debe dedicársele a la televisión, quizá el medio más potente a la hora de hacer llegar la información a millones de personas, junto con Internet. Sin embargo, hoy día, tanto los canales públicos de televisión como los privados hacen gala de una programación aberrante y manipulada, que fomenta la alienación masiva y la incultura. Se trata como decimos de un medio de comunicación con un poder de comunicación mucho mayor que los otros, por lo cual es más poderoso para transmitir, tanto información con connotaciones positivas como información o ideología de carácter alienante para los telespectadores. En nuestra serie de artículos "Retrato de una sociedad alienante", que recomiendo a los lectores que no la hayan seguido, hicimos un extenso repaso sobre algunos tipos de programas televisivos, y su nefasta influencia en la ciudadanía espectadora. Y es que la televisión, según el uso que se haga de ella, puede tener una incidencia social muy positiva o muy negativa. Por esta razón, no basta para ella sólo con el control descrito para la prensa, la radio y demás medios, que ya hemos comentado, sino que hemos de incidir y regular, en el futuro contexto republicano, los contenidos y la programación televisiva que se ofrece, tanto en los canales públicos como en los privados.

Por otro lado, la televisión es un medio tecnológicamente muy cambiante, y su regulación puede exigir también en consecuencia variaciones importantes. Las tendencias tecnológicas para este medio lo hacen converger con Internet, que a su vez estará presente cada vez en un mayor número de dispositivos móviles y de aparatos y electrodomésticos que usamos en nuestra vida cotidiana, de tal forma que el acceso a Internet y a la televisión estará cada vez más integrado y universalizado, tecnológicamente hablando. Actualmente, los canales privados, gestionados por un oligopolio (ya citamos en artículos anteriores a las dos grandes corporaciones MediaSet y Atresmedia, que aúnan la inmensa mayoría de ellos), no han cumplido, en general, las expectativas de servicio público que se esperaba de ellos, ya que en su programación abunda la televisión basura y alienante, no cumpliendo además la función social que debe tener una información veraz y plural, basada en el libre ejercicio de los profesionales del medio, y en la participación de los ciudadanos/as. Y como afirmó Ryszard Kapunścińsky: "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante".

Por todo ello, y como ya hemos venido proponiendo, la forma más eficaz de terminar con este oligopolio, responsable de este cáncer informativo que nos corroe, es suprimir, en su momento, las licencias que poseen estos medios, y reorganizar un sistema de cuotas de reparto de las mismas, de tal forma que no sea posible la existencia y el control masivo de los medios por parte de estos oligopolios privados, que hacen de la información un puro negocio, obedeciendo únicamente a sus intereses empresariales. Nadie puede alarmarse, ya que esta práctica no incumpliría ningún principio ni ley vigentes, ya que la propia Ley de Televisión Privada afirma en su preámbulo que "la televisión es, en nuestro ordenamiento jurídico y en los términos del artículo 128 de nuestra Constitución, un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado". Por otro lado, la gestión indirecta de la televisión se realiza en régimen de concesión administrativa (Art. 2 de la citada Ley), y se otorga por plazos de diez años (Art. 11). Por tanto, la salud democrática e informativa de nuestra sociedad aconsejarían rescindir estas concesiones en las condiciones marcadas por la Ley, y establecer una nueva Ley que asegure un nuevo sistema de televisión que impida los oligopolios privados. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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