Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Bien, vamos a entrar a fondo en las propuestas de financiación de la Renta Básica (RB), una vez analizadas su justificación económica y social, y para ello, vamos a basarnos, fundamentalmente, en los estudios de varios economistas que lo han desarrollado a fondo, como es el caso de Jordi Arcarons, Antoni Domènech, Daniel Raventós y Lluís Torrens, que han publicado varios trabajos sobre este mismo tema. Destacamos entre todos ellos a Daniel Raventós, Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB (Universidad de Barcelona), miembro del Comité de Redacción de SinPermiso (publicación electrónica de pensamiento alternativo), Presidente de la Red Renta Básica, y miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Por tanto, no sólo una autoridad económica indiscutible, sino quizá el mayor experto en nuestro país sobre estos temas. Estos autores ya han propuesto modelos de financiación para algunas Comunidades Autónomas del Estado Español, como Cataluña y País Vasco, demostrando que una RB con las características ya mencionadas en anteriores artículos es una medida perfectamente racional y financiable. Recordamos que la RB que se pretende financiar, como medida socialista para acabar con la pobreza y la exclusión social, consiste en la asignación, por parte del Estado, de una prestación incondicional a toda la población, tanto a la ciudadanía nacional como a los residentes acreditados. Recordamos también que, frente al argumento demagógico de que "los ricos no deberían percibir una renta básica", hay que decir que, incluso con ella, saldrían perdiendo, si conseguimos implementar una reforma fiscal auténticamente progresiva.

Pongamos por tanto orden en el caos de cifras estimativas que la derecha vierte para intentar crear confusión en el debate (los economistas han aprendido que pueden torturar los modelos económicos hasta que confiesen lo que ellos quieren), para ridiculizar la medida, y para argumentar decadentes eslóganes, como por ejemplo, el que dice que, desde la izquierda, queremos "repartir la miseria". Los autores antes mencionados reivindican cuatro criterios de entrada para plantear la RB, a saber: que la reforma se autofinancie (es decir, que no genere déficit neto), que su impacto distributivo sea muy progresivo, que más del 50% de la población con menos ingresos gane renta neta respecto a su situación previa, y que los tipos impositivos reales o efectivos después de implementada la medida no sean altos. Asímismo, hay que dejar sentadas también las siguientes premisas: la cantidad de RB siempre deberá ser igual o superior al umbral de la pobreza (aunque pobreza y riqueza también son conceptos relativos que se van adaptando), la RB no está sujeta a la imposición del IRPF, la RB viene a sustituir toda prestación pública de cantidad inferior (mediante la anulación de las mismas de cara a su convergencia en ella), y la RB no supone ningún menoscabo sobre el resto de servicios públicos que el Estado de Bienestar financia actualmente (Sanidad, Educación, etc.).

Como ya hemos adelantado en artículos anteriores, una cifra aproximada de la RB para los mayores de 18 años estaría alrededor de 7.500 euros anuales (625 euros mensuales). La razón de esta cantidad es porque supone actualmente el umbral de la pobreza en nuestro país, pero no obstante, volvemos a insistir en la relatividad de los conceptos de pobreza y riqueza, no como valores absolutos, sino como valores adaptables según la propia evolución de los umbrales de renta máximos, mínimos, promedios, y teniendo en cuenta otras variables estadísticas como la moda, la mediana, los aumentos de IPC, la actualización de indicadores como el SMI, o las pensiones mínima y máxima, etc. Como decimos, el conjunto de estas variables explica, siempre en contexto, lo que podemos considerar sociológicamente como "pobreza" o "riqueza", y explica también porqué estos conceptos, aplicados a diversos países, incluso continentes, tienen un significado muy distinto. Estos autores contemplan también una RB para menores de edad, del orden de un 20% o un 30% sobre el valor de la RB para los adultos (ya que según el INE, este porcentaje es el que aumenta un presupuesto familiar medio por cada menor que esté a su cargo, aunque no de forma proporcional).

Insistamos también en otro punto que ha quedado enunciado más arriba, pero al que le hemos dedicado hasta ahora poca atención. En efecto, se ha dicho que la RB vendría a sustituir, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas, al resto de asignaciones, prestaciones, ayudas, subsidios, o gastos sociales dedicados a sostener, bajo una casuística muy diversa, los niveles de vida de las diferentes poblaciones (entendidas aquí en el amplio concepto sociológico). Los autores mencionados, con Daniel Raventós a la cabeza, estiman en su simulación las cifras de ahorro en prestaciones monetarias por debajo de la RB que el Estado ahorraría, basándose en datos de varias fuentes oficiales, concluyendo que, sólo en este capítulo, el Estado dejaría de tener que pagar algo más de 90.000 millones de euros, repartidos entre pensiones (para pensionistas cuya pensión estuviera por dejajo de la cuantía de la RB), prestaciones por desempleo (idem, sobre todo para los subsidios), ayudas a la familia o a la vivienda, ayudas a la exclusión social (rentas mínimas de inserción, salario social, etc.), pero incluso también prestaciones más sectoriales, como pueden ser los reservistas de las Fuerzas Armadas, los sacerdotes de la Iglesia (pagados por la propia Iglesia en un país laico), o los reclusos de los centros penitenciarios. Como decimos, todas ellas serían prestaciones que quedarían por debajo de la RB, y que por tanto, serían subsumidas por ella, dejando una única renta básica generalista, que cubriría una prestación económica para que todos estos colectivos pudiesen disfrutar de una vida mínimamente digna.

A estos 90,000 millones de euros (siempre en cifras aproximadas) que el Estado ahorraría con la eliminación del resto de ayudas, prestaciones y subsidios por debajo de la RB, habría que restarle, evidentemente, el coste de la RB para el conjunto de la ciudadanía que hoy día no cobra ya ningún tipo de prestación, y habría que sumarle, por otra parte, la recaudación por IRPF en torno a un nuevo tipo nominal fijo que estos autores proponen, situado en algo más del 49%. Bajo estos nuevos cálculos, estos economistas preven que la cifra total de ahorros quedaría en torno a algo más de 52.000 millones de euros (véase el artículo de referencia). En efecto, estos autores proponen, además de otras reformas fiscales detalladas someramente en el citado artículo, un tipo único de algo más del 49%, que combinado con la propia RB, resulta ser, desde el punto de vista fiscal, altamente progresivo. Esto lo resumimos en la siguiente idea, que queda demostrada experimentalmente por los trabajos aludidos: para los más pobres, donde la RB representa una parte porcentualmente importante de la totalidad de los ingresos recibidos (incluso el único ingreso), el tipo efectivo (lo que realmente se paga) se distancia mucho del nominal (el tipo teórico establecido), incluso no llegando a pagar nada. Para los más ricos, en cambio, donde la RB representa solamente un porcentaje minúsculo de la totalidad de los ingresos recibidos, el tipo efectivo y el nominal serán muy parecidos. De hecho, como demuestran estos autores, la cuota del tipo efectivo no comienza a ser positiva (es decir, a pagar) hasta la séptima décila (aquélla donde se sitúan los perceptores para los cuales la RB representa el 70% de sus ingresos totales), que han de pagar un 6,5%. Continuaremos en siguientes entregas.