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29 julio 2015 3 29 /07 /julio /2015 23:00

Nos hemos referido a la profunda renovación que necesita nuestro Ejército en los últimos artículos de esta serie, pero también englobábamos ahí al conjunto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dentro de un profundo debate sobre la necesidad de una revolución y adaptación de los mismos ante los nuevos escenarios y amenazas de nuestro mundo del siglo XXI. Sin referirnos ya a las Fuerzas Armadas, los problemas que plantean el resto de Cuerpos de Seguridad se podrían resumir en los siguientes: excesiva diversificación de cuerpos policiales (además bajo una estructura global poco operativa), necesidad de erradicar las torturas y los malos tratos policiales (así como de garantizar un mejor contexto normativo para los detenidos), y desmantelar todas las iniciativas de privatización de la seguridad, que se han venido realizando en nuestro país durante los últimos años. Hemos de partir de la base de que la seguridad pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, pero bajo ningún concepto esta seguridad debe implicar recortes del resto de los derechos fundamentales. 

 

En este sentido, la primera medida a tomar sería la derogación de la actual Ley de Seguridad Privada y similares (esperemos que esto se haga incluso antes de implantar la Tercera República), eliminando las empresas privadas de seguridad. La responsabilidad exclusiva sobre la seguridad ciudadana debe volver a recaer sobre el Estado, quien debe ejercerla directamente a través del conjunto de sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Estas funciones y su gestión no pueden ser delegadas jamás a empresas privadas, ya que la intervención de estos cuerpos supone en muchas ocasiones el empleo de armas y el uso de la fuerza, cuyo monopolio debe corresponder al Estado, por su extrema importancia, sin olvidar que dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se deben siempre al pueblo, a su seguridad, a su protección y a la defensa de sus derechos. La Tercera República debe dejar claro estos asuntos, para que no puedan volver a darse, digamos, "conflictos de intereses", que han causado, en los últimos tiempos, auténticos espectáculos bochornosos. Por otra parte, la protección de todos los derechos procesales a los detenidos debe garantizarse en todo momento, desterrando nefastos episodios recientes, que pareciera nos han hecho volver a revivir la tremenda represión franquista. 

 

Por otra parte, la estructura de estos Cuerpos de Seguridad debe sufrir una profunda modificación y actualización. Ya nos referimos en artículos anteriores a lo relativo a las Fuerzas Armadas, pero no sólo ellas. Cuerpos de Policía a los diferentes niveles del Estado (nacional, autonómicos y locales) no deben actuar en un mismo sitio bajo solapamiento de funciones, y bajo la responsabilidad de diferentes autoridades. Se debiera unificar el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en un único cuerpo de carácter civil (lo que implicaría la desmilitarización de la Guardia Civil), y se deben delimitar mejor las funciones de los cuerpos de policía autonómicos y locales, para que no se solapen sus funciones. El Cuerpo Policial del Estado tendrá un mando unificado dependiente del Ministerio del Interior. Y en cada Comunidad Autónoma o Estado federado, su correspondiente Cuerpo de Policía estará bajo el mando de su respectiva autoridad autónoma. Las policías locales estarán bajo el mando de la autoridad municipal correspondiente. Toda esta nueva estructura conllevaría la desaparición de dependencias de mando anacrónicas, tales como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en cada Comunidad, ya que estos organismos no tienen sentido bajo un auténtico Estado descentralizado. 

 

Hemos mencionado también, además de los cambios estructurales, los cambios en cuanto a los modos de actuar, y a las garantías procesales de las personas detenidas, algo absolutamente imprescindible bajo una República Democrática. Nos referimos sobre todo a la erradicación de la tortura, los malos tratos policiales y el uso desproporcionado de la fuerza que aún se llevan a cabo en nuestro país. En cuanto a la tortura, recomiendo a los lectores este artículo publicado hace algún tiempo en nuestro Blog, que documenta ampliamente todos estos aspectos, por los cuales además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado varias veces a nuestras autoridades, por no respetar los estándares internacionales. Como medida complementaria, sería deseable que los agentes policiales sean formados también, de forma específica (mediante una instrucción adecuada), en lo referente a los derechos humanos y a la función de la policía en una sociedad democrática. De igual forma, cualquier ciudadano/a que aspire a ocupar un puesto en cualquier cuerpo de seguridad, debe ser sometido a un proceso selectivo desde el punto de vista psicológico, que le impida entrar en el Cuerpo Policial si presenta cualquier atisbo de comportamiento antisocial, o muestra algún grado de agresividad. 

 

Por último, también sería deseable, muy en línea con la profunda renovación de nuestras Fuerzas Armadas, ya discutida en anteriores artículos, el abordaje y expresa declaración bajo la nueva Carta Magna Republicana de una serie de cambios en política exterior, en cuanto a las actitudes y objetivos declarados de nuestro país, como un país independiente y soberano. Es preciso que España se independice del poder capitalista, que en nuestro entorno se llama Unión Europea, sistema-euro y Tratados que los definen. La propia estructura de la UE, tema que ya ha sido expuesto y discutido en otros muchos artículos de este Blog, consagra un orden neoliberal en las relaciones de producción, con una hegemonía casi total de los poderes financieros y los grandes poderes económicos, que exigen una subordinación total de los Estados en cuanto a sus políticas económicas y fiscales. La convergencia europea se ha manifestado como un orden burgués que sólo protege a las grandes empresas transnacionales y a la banca privada, en detrimento de las clases trabajadoras y populares, cuyas estructuras de representación y de bienestar se van degenerando y desmantelando progresivamente. Nuestro país, muy al contrario, bajo el contexto de la Tercera República, debe favorecer y contribuir a la creación de un entorno democrático internacional en el que se respeten los Derechos Humanos en todas sus manifestaciones (derechos laborales, sociales, culturales, económicos y políticos). 

 

Este proceso conlleva también, inexorablemente, un alejamiento de los postulados imperialistas defendidos por los Estados Unidos de América, así como de su política de agresión mundial. El seguidismo mostrado hasta ahora por parte de nuestras Instituciones hacia la política de alianza con los EE.UU. debe acabar, si pretendemos, también aquí, alcanzar nuestra plena soberanía, y aportar al proceso de democratización globalizado. En este sentido, es absolutamente imprescindible una apuesta integral y decidida por la paz, sin resquicios y sin ambages. La renuncia a la guerra como herramienta para solucionar cualquier tipo de conflicto debe quedar expresamente recogida. Pero no sólo ello. Es necesaria la eliminación de las bases militares norteamericanas en España, así como la salida de la OTAN. Es necesario una lucha activa por la desmilitarización y desarme mundiales, comenzando por nosotros mismos, con un fulminante descenso de nuestro gasto militar, que llevaría aparejado, para empezar, una transparencia total sobre el mismo, cosa que ahora no ocurre.

 

En el escenario internacional, es necesario un mayor acercamiento a los bloques no imperialistas, así como a nuevas alianzas que se constituyan en pro de este ideal. Por otro lado, y de acuerdo con los países que paralelamente a España se aproximen al ideal de democracia mundial, es necesario presionar para conseguir la plena democratización de la ONU, como condición indispensable para nivelar y corregir el excesivo poder de algunas potencias en el escenario internacional. Se debe eliminar el derecho de veto de estas potencias, así como potenciar el Tribunal Internacional de Justicia, con capacidad para juzgar los regímenes genocidas y totalitarios. Todo ello, además, potenciando la ayuda internacional a los países del Tercer Mundo, y contribuyendo a anular su odiosa e insostenble deuda con el mundo desarrollado. La lucha contra el cambio climático y por la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben establecerse, a nivel mundial, como prioridades insalvables. Continuaremos en siguientes entregas.

 

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Published by Rafael Silva - en Política
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