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17 agosto 2015 1 17 /08 /agosto /2015 23:00

Necesitamos un modelo económico que ponga a las personas en primer lugar, un modelo justo con el clima, con los derechos de los trabajadores y que proteja a los consumidores. El TTIP no sólo rompe con todos estos valores, sino que dota además a las multinacionales de más armas para socavar los derechos laborales

Pia Eberhardt

Comenzamos en el artículo anterior de esta serie a comentar aspectos relativos a la propiedad intelectual y sus consecuencias con la posible entrada en vigor del TTIP, ya que estos mecanismos se trasladan en la práctica a gran cantidad de productos comerciales y culturales de consumo. Y ello a su vez tiene también mucho que ver con la información que las empresas guardan sobre nosotros, y el posible uso que puedan hacer con ella. Hay que partir de la base de que en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes. Y de esta forma, empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen la tecnología, la infraestructura y la capacidad legal para utilizar toda esa información como deseen. En Europa, lo más que ha llegado a pasar ha sido alguna denuncia aislada por uso indebido de dichos datos, lo cual se ha solucionado con la imposición de una ridícula multa por parte de los tribunales a alguna de dichas empresas. Porque en la UE, actualmente (es previsible que esto se modifique con el Tratado), aún quedan límites que protegen el espacio personal. 

 

Pero por supuesto, el TTIP (y sus variantes anteriores y actuales, como ACTA, TISA, TPP, etc.) buscan romper y anular dicha regulación europea, para armonizarla con la falta de límites existentes en la sociedad estadounidense. Y ello incluiría, por supuesto, la posibilidad de que los proveedores de Internet puedan proporcionar toda la información (incluido el historial de navegación) a los Gobiernos y a las grandes empresas transnacionales de la comunicación. En definitiva, con la excusa de querer proteger los derechos de propiedad intelectual de las grandes empresas (como siempre, y en todas las facetas, las grandes beneficiadas) se vulneran claramente los derechos personales e individuales de los ciudadanos. Pero el caso de la propiedad intelectual es especialmente importante por su transversalidad, ya que afecta no sólo a la práctica totalidad de los productos culturales, sino también al resto de productos de consumo de cualquier parcela. Por ejemplo, afectará también al campo de las medicinas, pues el reforzamiento de los derechos de PI incluirá también el fortalecimiento de las patentes registradas por productos de las empresas farmacéuticas. Un campo en el cual sabemos que la experimentación no va ligada a la curación de enfermedades, sino a la posible mercantilización que puedan hacer después de sus medicamentos. 

 

Esta política supondrá también un mayor coste para los presupuestos públicos en sanidad, un retraso en la incorporación de los genéricos y un mayor precio de los medicamentos para el conjunto de la ciudadanía. Hay que recordar a este respecto que cuando un medicamento con patente compite con un medicamento genérico se produce una disminución del precio de los medicamentos en cuestión, todo lo cual beneficia no sólo a los usuarios, sino también a la propia Administración Pública. Por tanto, si protegemos a la industria farmacéutica para que tenga más poder a la hora de crear y proteger patentes, esto redundará en las consecuencias contrarias. Y en cuanto al conjunto de los servicios públicos, el Tratado alcanza prácticamente a todos los sectores de la economía, por lo cual se verán afectados prácticamente todos. De nuevo hay que comparar ambos sistemas, el europeo y el estadounidense, y darse cuenta de que muchos de los sectores que son públicos en Europa, son fundamentalmente privados en Estados Unidos, y existe por tanto la amenaza real de que las grandes empresas estadounidenses vean Europa como el gran mercado para su expansión. Y al coincidir esto con las políticas mal llamadas de "austeridad" (políticas de empobrecimiento y desmantelamiento deberían ser llamadas) impuestas por la Troika, hay un riesgo más que evidente de que el deterioro de la calidad de los servicios públicos sea la perfecta excusa (de hecho ya lo está siendo) para una futura ola de privatizaciones (aún mayor que la actual) en numerosos sectores públicos. 

 

Todo ello redundará, como tantas veces hemos explicado, en una reducción del Estado, de lo público, de lo común y de lo colectivo, y sobre todo, de su capacidad de intervenir en la economía, que estará cada vez más desregulada, haciendo crecer las injusticias y las desigualdades sociales, y redistribuyendo la riqueza aún en menos manos. En el fondo, toda esta involución afecta a la propia democracia, ya que ésta, en su definición procedimental, implica la instauración de una serie de reglas que permitan a los ciudadanos la elección sobre posibles opciones. El TTIP, lisa y llanamente, anulará de forma absoluta esta posibilidad. Porque si se concede una mayor protección legal a las empresas que a los Estados y a sus ciudadanos, ¿les va a importar a las empresas lo que los ciudadanos piensen y decidan? Las decisiones ciudadanas dejarán de ser vinculantes, las asociaciones profesionales comenzarán a perder fuerza, los consumidores no tendrán mecanismos legales de protesta, o cuando los tengan, podrán ser directamente impugnados por los gigantes agentes económicos del nuevo orden intercontinental. Para colmo, el TTIP incluirá una especie de cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida como mecanismo ISDS, por sus siglas en inglés), que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que puedan afectar a sus beneficios económicos presentes o futuros. Todo una aberración que colocará definitivamente la ley del mercado por encima de la democracia.

 

Y así, el TTIP estará no sólo por encima de las leyes propias (internas) de los Estados, sino también por encima de sus propias Constituciones, actuando a modo de supraconstitución de rango y ámbito intercontinental. Un nuevo marco supranacional ante el que los Estados suscriptores del Tratado estarán impotentes, truncando su soberanía y limitando las posibilidades de que los Estados puedan intervenir en defensa de sus propios ciudadanos. Se instalarán una especie de "Tribunales Internacionales de Arbitraje", que por supuesto no estarán constituidos por jueces independientes, y que tendrán un rango de decisión más alto que los Tribunales nacionales de cada país. De esta forma, un Estado asociado al TTIP envuelto en cualquier conflicto de intereses con cualquier empresa de dicho ámbito (y sólo porque la empresa en cuestión crea que alguna norma o ley local le afecta negativamente en sus beneficios) podrá ser condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los intereses de cualquier empresa transnacional que lo denuncie. Pero además las grandes empresas podrán obviar los tribunales locales y demandar directamente a los Estados a través de dichos tribunales de arbitraje, algo que, por supuesto, está vedado a la propia ciudadanía. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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