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6 agosto 2015 4 06 /08 /agosto /2015 23:00

Como ya habíamos dicho, en la etapa de la dictadura franquista (1939-1976) el régimen consideró a la nación española como "nacional-católica", y por tanto se anulaba, de forma tajante, la libertad de conciencia y la libertad religiosa (ésta hasta mediados de los años 60 del siglo pasado). De esta forma y en ese período, la Iglesia Católica española pudo retomar la enorme influencia política de los regímenes absolutistas del siglo XIX, y es en dicha etapa cuando la Iglesia acumula una enorme riqueza y poder, cedido por el Estado en todos los terrenos, especialmente en lo referente a la enseñanza y a la financiación. Recordamos a los lectores que nos estamos basando, para la elaboración de la información fundamental de toda esta serie de artículos (además de otras fuentes citadas sobre la marcha), en el informe de abril de 2015 del Observatorio del Laicismo (www.laicismo.org) de Europa Laica elaborado por su Presidente, Francisco Delgado. 

 

Dicho informe ha sido elaborado también y a su vez, a partir de diversas fuentes fidedignas, diversos datos aparecidos en diversos medios de comunicación, así como en datos extraídos de la propia Agencia Tributaria (AEAT), del Ministerio de Asuntos Sociales, del Ministerio de Educación, de diversas CC.AA., y de diversas organizaciones patronales y sindicales, así como en datos aportados por la propia Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Queremos hacer inciso y recalcar esta metainformación, no sólo para recoger las fuentes de nuestra información, sino también para que los lectores no piensen que estamos publicando informaciones sesgadas. Hecho este inciso, continuamos. Franco firmaría un nuevo Concordato con la Iglesia Católica en 1953, basado en el de 1851, actualizando los enormes privilegios que ya disfrutaba la Iglesia en todos los campos, y posteriormente, fallecido el dictador, fue el nuevo monarca, Juan Carlos I, quien en julio de 1976 ratifica unos Acuerdos, con el compromiso de revisar el Concordato de 1953, con unos pequeños retoques sobre nombramientos y relaciones con la jerarquía católica, en consonancia con la nueva situación social y política que parecía comenzar, pero que en verdad se mantenía, casi íntegramente, el referido Concordato de 1953.

 

Por fin, con gran retraso respecto a los países democráticos de nuestro entorno, la Constitución de 1978 proclama una vez más que "ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal", aunque la ambigüedad en esta materia, junto a la inacción de los Gobiernos de esta reciente etapa "democrática", ha permitido a los sectores ultracatólicos y más reaccionarios y conservadores, no sólo mantener los privilegios históricos de la Iglesia, sino incluso aumentarlos, tanto en materia de enseñanza como de financiación, los dos aspectos quizá más polémicos, porque son, en definitiva, aquéllos que le permiten a la Iglesia perpetuar su enorme poderío social. Una vez aprobada la Constitución de 1978 se firmaron una serie de Acuerdos con la Santa Sede, al margen de algunos principios constitucionales recientemente aprobados.


En dichos Acuerdos se continuaban otorgando a la Iglesia Católica variados beneficios en materia de enseñanza y de patrimonios culturales, fiscales, políticos, sociales, etc. Como consecuencia de ello, y de una postura preñada de catolicismo de los poderes públicos españoles, donde no hay solemne celebración o acto en que no estén presentes los símbolos religiosos, la financiación de la Iglesia Católica no sólo no se ha adecuado a la nueva realidad de libertad de pensamiento y de conciencia de nuestra sociedad, y, por lo tanto, de libertad religiosa, sino que la Iglesia Católica oficial permanece como una isla sagrada, como un verdadero paraíso fiscal, al margen de las leyes tributarias vigentes para el resto de empresas y ciudadanos, que son de obligado cumplimiento. Ello causa una situación de agravio comparativo, incomprensible en una sociedad moderna y democrática, tal como presumimos ser. 

 

De esta forma, se da una situación de ilegitimidad (presunta ilegalidad) en torno a la supuesta opacidad de la Iglesia Católica, que vamos a relatar en las siguientes entregas de esta serie de artículos. Además de que es depositaria, en parte de forma ilegítima de un enorme patrimonio cultural y artístico, es propietaria o figura como tal de numeroso patrimonio inmobiliario, edificios, suelo urbano y rural, etc., acumulado por siglos de dádivas y enajenaciones al Estado, así como donaciones de particulares y grandes fortunas. Actualmente, muchos municipios de nuestro país continúan enajenando hacia la Iglesia Católica enormes cantidades de suelo público para construir centros de enseñanza, locales propios e Iglesias que, generalmente, registran a su nombre, aumentando así su ya sólido patrimonio y aminorando, por consiguiente, el patrimonio público y común del conjunto de la ciudadanía. A todo ello hay que añadir las ilegales inmatriculaciones que como consecuencia de la Ley Hipotecaria y su Reglamento, se han venido practicando durante años. La actual Ley propiciada por el PP ha reconocido la "ilegitimidad" de la norma, aunque la "trampa" consiste en tratar de consolidar (para siempre) las inmatriculaciones ya realizadas. Un hecho que no debemos tolerar, si de verdad pretendemos vivir en un Estado Laico. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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