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27 agosto 2015 4 27 /08 /agosto /2015 23:00

Veamos las irrefutables pruebas que demuestran las bases por las que rigen actualmente las políticas de donaciones y exenciones tributarias a la Iglesia Católica en nuestro país. La Iglesia Católica oficial española es propietaria (o presuntamente se ha apropiado, mediante la existencia de perversas leyes), a lo largo de la Historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado, aumentando su patrimonio, y por tanto, su capacidad de influencia en nuestro país. A través de sus más de 40.000 Instituciones (diócesis, parroquias, órdenes, congregaciones, asociaciones, ONG's, fundaciones, universidades, colegios, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios. Aproximadamente, más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). 

 

La Iglesia es propietaria, aproximadamente, del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago, y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. No sé si el lector ha tomado conciencia de la cifra anterior: ¡más del 70% de grandes ciudades históricas de nuestro país son propiedad de la confesión católica! Propiedades que deberían pertenecer al pueblo y a su patrimonio y legado cultural, histórico y artístico, pues además se trata de ciudades cuyo conjunto monumental representa uno de los mayores tesoros europeos y mundiales. Catedrales, capillas, iglesias, orfanatos, palacios, museos, y un largo etcétera, que no son del Estado, es decir, que no son de todos, porque son propiedad de la Iglesia. Seamos o no católicos, este hecho ya debería parecernos aberrante, en España o en cualquier otro país del mundo (y por extensión, hacia cualquier confesión religiosa). Además, la Iglesia Católica posee más de 150.000 hectáreas de terreno en tierras agrícolas (una buena parte de ellas son tierras muertas y sin uso). También posee bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones, etc. 

 

Y aunque las más de 40.000 Instituciones que dependen de la Iglesia Católica en nuestro país posean autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español, fundamentalmente a través de las Cajas de Ahorros (donde se han dado recientes, tristes y clamorosos casos de corrupción, como en la cordobesa Cajasur, hoy fusionada con la caja vasca Kuxabank). La Iglesia posee también innumerables empresas mediáticas y del sector de la comunicación social, así como del mundo editorial (véase la entrega número 15 de nuestra serie de artículos "La transmisión del pensamiento dominante"). Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. Así que, como diríamos en lenguaje coloquial, la Iglesia está metida hasta en la sopa. Pero no queda aquí la cosa. La Iglesia es, además, copropietaria con el Estado Español, de centenares de propiedades a través de un complejo entramado de Instituciones que mueven patrimonio (mobiliario, inmobiliario, obras de arte...) y capitales. Entre ellas destaca la llamada Obra Pía de los Santos Lugares, fundada oficialmente en 1940, aunque ha tenido, desde entonces, diversas actualizaciones, tanto en su organización, como en su gestión. 

 

Dicha obra tiene propiedades (rústicas y urbanas), por las cuales no pagan impuestos, tales como San Francisco el Grande en Madrid, y en varios países del Mediterráneo, como en la ciudad de Jerusalén, en Turquía, en Siria, en Italia, etc. Entre otras propiedades, algunas viviendas alquiladas al Estado Español, cuyos alquileres, presumiblemente, redundan en las arcas de la propia Iglesia, pero sobre todo, en Marruecos (básicamente, centros de enseñanza católicos, etc.). Esta ancestral Institución de la dictadura continúa en nuestros tiempos, con la finalidad confesional de difundir una determinada cultura judeocristiana, y se fragua como un poder de expansión del catolicismo por todo el Mediterráneo, impulsada siempre por el Gobierno español. La preside el Ministro de Asuntos Exteriores de turno, y varios altos cargos de dicho Ministerio, como el Embajador Español en el Vaticano y algunos clérigos franciscanos. Es un hecho constatado, por tanto, que la Iglesia Católica, a través de múltiples y diversas vías, recibe mucho dinero del Estado, obtiene grandes exenciones fiscales de todo tipo, y recibe donaciones directas de sus fieles, que a su vez, se benefician de regalías fiscales, además de participar en suculentos negocios, de todo tipo y actividad, en muchos casos opacos para la Hacienda Pública. 

 

Quizá la Ley que, en este sentido, más beneficios haya proporcionado a la Iglesia, a través del tiempo, haya sido la Ley Hipotecaria, y sus diversas actualizaciones históricas. En efecto, con la vergonzante complicidad de los poderes públicos, esta Ley (apoyada con la última modificación del Gobierno de José María Aznar) ha permitido a la Iglesia apropiarse indebidamente (por decirlo de una forma suave) de miles de propiedades a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país. De esta forma, la Iglesia Católica se ha venido apropiando de una inmensa cantidad de patrimonio de dominio público y que en muchos casos pertenece a la ciudadanía de cada municipio en cuestión, como consecuencia de esta Ley Hipotecaria y de su Reglamento, que considera a la Iglesia como organismo público, y a los obispos diocesanos como funcionarios públicos. ¡Ahí es nada!. Y gracias a esta anomalía jurídica, la Iglesia Católica ha podido registrar a su nombre templos, cementerios, terrenos, viviendas, plazas, y un sinfín de edificios que carecían, al menos aparentemente, de títulos de propiedad conocidos, mediante el denominado mecanismo de las inmatriculaciones. Todo un vergonzoso expolio de patrimonio público, ejecutado por una de las más ricas e influyentes organizaciones de nuestro país. Y todo ello se ha hecho con la más absoluta complicidad de los poderes públicos. Entre dichos edificios, quizá el más emblemático de ellos, y el más polémico, ha sido la Mezquita de Córdoba. Continuaremos en siguientes entregas.

 

Fuente: Europa Laica

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Published by Rafael Silva - en Política
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