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18 agosto 2015 2 18 /08 /agosto /2015 23:00

Conviene ir ya, en esta recta final de esta serie de artículos, concretando y resumiendo las principales rupturas que una nueva Constitución Republicana debería plasmar, con respecto a la actual Constitución Monárquica, donde se recojan los cambios fundamentales del sistema al cual queremos migrar. Evidentemente, habría que comenzar por la misma Institución de la Corona, la principal afectada. Actualmente, el único cambio constitucional que la clase dominante prevé realizar al respecto, es la inclusión de cláusulas que garanticen la igualdad entre el hombre y la mujer en el terreno sucesorio. Desde la izquierda transformadora, evidentemente, no nos importa en absoluta dicha ridícula e intrascendente modificación, porque lo que queremos es abolir el régimen monárquico surgido de la Transición.

 

Pero como hemos ido desgranando durante toda esta serie de artículos, aparte de los artículos específicos sobre la Corona, la Constitución de 1978 recogió el espíritu de la letra de los principios establecidos en el informe de 1975 sobre la "democracia" elaborado por la Comisión Trilateral: un sistema electoral proporcional (artículo 68), para poder limitar el acceso al Gobierno por la vía electoral-parlamentaria de grupos políticos indeseables; descentralización de la Administración Pública, pero sin dar poder político real a las Comunidades Autónomas (Capítulo III del Título VIII), cosa que convierte a los parlamentos regionales en órganos más técnicos y menos políticos; supresión de las leyes que prohibían la financiación de los partidos por parte de las grandes empresas, que se sumaría a la financiación con fondos públicos; exaltación de los mitos de la "libertad de empresa" y de la "economía de mercado", elevándolos a rango constitucional (artículo 38, que proclama directamente nuestra adhesión al capitalismo), etc. Pero lo más importante era establecer que la forma política del Estado Español sería la Monarquía Parlamentaria (artículo 2), en un orden político que sería protegido por el Ejército (artículo 8), cuyo mando supremo correspondería al Rey (artículo 62). Esta es la rápida radiografía del país que surge de la Transición, por lo cual siempre hemos sostenido que no se había practicado una auténtica remoción de sus principales puntales, provenientes del franquismo.

 

Somos conscientes de que para proclamar todos estos cambios el apoyo social debe ser inmenso, y que todo ello debe guiarse desde un nuevo Proceso Constituyente que revise todos los aspectos que deben cambiarse. Las resistencias son profundas, tanto a nivel nacional como internacional, debido a la existencia de una globalización capitalista potente, de un sistema político estatal bien consolidado y protegido, aún defendido por muchas personas, y de numerosos y grandes intereses que defender, así como de privilegios que salvaguardar. A vuelapluma, los puntos más significativos que la nueva Constitución de la Tercera República debería recoger serían los siguientes, siguiendo de nuevo a Francisco Badarán, en su texto "La democracia en España: engaño y utopía":

 

1.- Proclamar, tras el oportuno referéndum vinculante, y si es que así es elegido, que el Estado Español se declara como una República laica, democrática y social, cambiando todo lo relativo a la Corona y al Rey, y sustituirlo por artículos referentes a las funciones del Presidente de la República y a su forma de elección. 

 

2.- Eliminar en la nueva Constitución el lema franquista de España como unidad indivisible, "patria común de todos los españoles", reconociendo en cambio la unidad plurinacional del Estado Federal Español, así como el derecho de autodeterminación de todos sus pueblos. Reconocer, asímismo, a la propia naturaleza como sujeto de derechos, proclamando el debido respeto que se debe al medio ambiente, al resto de especies que nos rodean, a la protección de los recursos naturales del planeta,y a la consecución de unos niveles de sostenibilidad social y medioambiental. 

 

3.- Eliminar en la nueva Constitución todo lo referente a las funciones actuales de las Fuerzas Armadas, y otorgarles las nuevas funciones que hemos expuesto en artículos anteriores de esta serie. Asímismo, renunciar expresamente a la guerra como medio para resolver cualquier tipo de conflicto. 

 

4.- Eliminar cualquier referencia a las posibles confesiones religiosas estatales, declarando expresamente la absoluta laicidad del Estado, y la prohibición de cualquier manifestación, presencia o simbología religiosa en cualquier acto público o institucional. 

 

5.- Deben evitarse y cuidarse, en la redacción de la nueva Constitución Republicana (salvo en los casos estrictamente necesarios), las posibles referencias a otras leyes cuyo efecto práctico sea la limitación y desnaturalización de los derechos proclamados en los correspondientes artículos. Nuestra actual Constitución peca en demasía de este defecto, que se traslada en que aún proclamando una serie de garantías y derechos constitucionales, en la práctica éstos se vuelven inviables. Debe asímismo proclamarse que los derechos básicos y fundamentales se garantizan absolutamente, sin limitaciones ni jerarquías de clases, declarando para ellos un blindaje, para que el conjunto de la ciudadanía pueda reclamarlos, en su caso, ante cualquier tribunal. 

 

6.- La nueva Constitución Republicana debe declarar expresamente (aunque después lo redireccione a la posterior Ley Electoral que se promulgara) el derecho al voto libre, igual, directo y secreto, y asegurar que la representación surgida de cualquier proceso electoral deberá ser estrictamente proporcional, de forma que el voto tenga la misma validez para todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde figure el censo electoral.

 

7.- La nueva Constitución Republicana debe proclamar que la enseñanza será pública, universal, gratuita y laica, así como eliminar el reconocimiento explícito a la "libertad de enseñanza" (ya que es un eufemismo por el que se nos cuela por la puerta de atrás la educación privada, concertada, religiosa y todas sus variantes, y porque además este derecho queda ya implícitamente reconocido en los derechos de asociación, reunión y libertad de expresión). Asímismo, hay que eliminar la posibilidad de que los poderes públicos ayuden a centros docentes privados que reúnan ciertos requisitos. 

 

8.- Por supuesto, hay que eliminar en la nueva Constitución Republicana la obligación de conseguir una estabilidad presupuestaria, nuevo eufemismo bajo el que se esconde la obligación para los poderes públicos de atender al pago de la deuda, antes que a cualquier otro gasto social. Se eliminarán asímismo las referencias al déficit público, y se prohibirán las actividades comerciales privadas basadas en la especulación y la usura, blindando además los derechos fundamentales de la ciudadanía, para que ninguno de ellos pueda ser objeto de mercantilización. 

 

9.- Modificar en la nueva Constitución Republicana todo el articulado referente a la Institución del Senado, para que se convierta realmente en una Cámara de representación territorial, que armonice la legislación y el funcionamiento de las distintas Comunidades Autónomas (o Estados Federados) entre sí, y con el Gobierno Central (o Federal). El Senado no puede continuar siendo el despropósito que es actualmente, como una Cámara a la cual se destinan todos los elefantes políticos que ya han dejado de ser útiles a sus respectivos partidos o coaliciones, a modo de tranquilo retiro espiritual. 

 

10.- Deberán ser explícitamente recogidos en la nueva Constitución Republicana todo el conjunto de servicios públicos (universales y gratuitos) que el Estado reconoce al conjunto de la ciudadanía (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, vivienda, trabajo, renta básica, justicia, etc.), reservando a ulteriores leyes el funcionamiento de cada uno de ellos, así como su financiación y los agentes que lo garanticen, tanto a nivel Central como Autonómico. Cada uno de ellos se asociará con la garantía de un derecho fundamental reconocido, y se ligará a una Agencia Pública que lo gestione. Ninguno de ellos podrá ser objeto de mercantilización por ningún agente ni empresa privados.

 

11.- La nueva Constitución Republicana debe declarar la absoluta propiedad pública (común y colectiva) de los grandes sectores productivos estratégicos de la economía (energía, transportes, banca, alimentación, agua, construcción, industria, distribución, telecomunicaciones, farmacia, etc.), enlazando a ulteriores leyes que garanticen el perfecto desarrollo de sus procesos de nacionalización, y las posibles indemnizaciones que pudieran corresponder. También deben prohibirse los grandes latifundios, mediante una profunda reforma agraria. Debe acabarse, en una palabra, con el poder y privilegios de los grandes empresarios, de las grandes fortunas y de la aristocracia. Sólo de esta forma se garantizará la instauración de una verdadera democracia económica, que podrá garantizar que el resto de las facetas de la democracia se ejecutan con absoluta garantía. 

 

12.- La nueva Constitución Republicana debe impedir la existencia de los monopolios u oligopolios privados que se dedican a ciertas actividades cruciales en una sociedad democrática, como la información. El derecho a la información veraz y objetiva también es un derecho fundamental, y en ese sentido, la Tercera República, desarrollándolo en ulteriores leyes, debe garantizar un reparto proporcional de las cuotas de emisión para todos los medios de comunicación, en todos los formatos (prensa, radio, TV, Internet, y en sus diversos ámbitos), garantizando un reparto proporcional y equitativo de las adjudicaciones de licencias, de tal forma que cada iniciativa (la pública, la privada y la colectiva) estén equilibradas al 33%. Sólo de esta forma se acabará con el inmenso poderío de los grandes gigantes privados de la comunicación, para que no puedan influir en la población según sus espúreos intereses. 

 

13.- La Constitución de la Tercera República deberá también recoger el expreso mandamiento de la estricta independencia de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de tal forma que se remita a ulteriores leyes que determinen el funcionamiento democrático de Instituciones tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal (Fiscalía General del Estado), el Parlamento, el Senado, el Ejecutivo (Gobierno), el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, etc., declarando en muchos de estos casos su elección mediante sufragio universal. 

 

Para el resto de los asuntos, nos remitimos a todo lo ya expuesto en artículos anteriores de esta serie, donde tratamos con detalle otros asuntos de la vida democrática que habría que eliminar, remodelar, adaptar o actualizar. Continuaremos en siguientes entregas.

 

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Published by Rafael Silva - en Política
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