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3 septiembre 2015 4 03 /09 /septiembre /2015 23:00

Vamos a detallar, siguiendo las mismas fuentes ya indicadas, pero con un poco más de extensión y profundidad, los datos que ya adelantábamos en artículos anteriores, en torno a la financiación pública de la Iglesia Católica, según sus diferentes conceptos. La cifra, presunta y estimada, es que a lo largo del año 2015 el Estado (a sus diferentes niveles, esto es, Central, autonómico y local) cederá a las arcas de la Iglesia Católica oficial, de forma directa o por la vía de dejar de ingresar impuestos y precios públicos, una cantidad superior a los ONCE MIL MILLONES de euros, lo que supone más del 1% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Sólo por la vía del IRPF la Conferencia Episcopal recibirá en 2015 aproximadamente unos 250 millones de euros, que pertenecen a la asignación tributaria directa del IRPF (2013), con adelantos mensuales a cuenta de unos 13 millones de euros, más varias decenas de millones más. 

 

Por la vía de "fines sociales" a diversas ONG's y fundaciones que pertenecen a la Iglesia Católica se les entregarán varias decenas de millones de euros a lo largo de 2015. Dichas cantidades llegan a las arcas de la Iglesia a través de diversas vías ministeriales y de las CC.AA., detrayéndose del Impuesto sobre la Renta. Cada año, la casilla del impreso del IRPF dedicada a los "otros fines sociales" es la coartada que sirve para justificar a la Iglesia Católica. Porque lógicamente, desde el punto de vista de un Estado laico (situación que, como estamos comprobando, no se da en nuestro país), los "fines sociales" no deben depender de lo que decidan los contribuyentes cada año, sino que deben estar contemplados en partidas específicas de gasto social en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero en sentido inverso, y de una forma bastante perversa, esta fórmula es la que sirve al Estado para precarizar y privatizar, de forma más o menos encubierta, un conjunto de servicios a la ciudadanía que deberían ser públicos, universales y gratuitos. Y siendo cierto que la Iglesia, a través de algunas de sus Instituciones asociadas (Cruz Roja, Cáritas...) dedica una gran labor en favor de las personas más desfavorecidas, esta labor se realiza desde la caridad, pero una sociedad avanzada y democrática debería realizarla desde la perspectiva de la justicia social. 

 

Y lo más indignante, por tanto, es que en una época de enormes e injustos recortes sociales, que afectan sobre todo a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, prestaciones por desempleo, etc.), la Iglesia Católica española continúe recibiendo del Estado una ingente financiación, sin recortes. Y para legitimar esta ilegítima transferencia de recursos, la Iglesia Católica, con apoyo institucional, lanza cada año una potente campaña publicitaria (estimada en unos 5 millones de euros), que pagamos todos (católicos y no católicos) para pedir a los/as contribuyentes que marquen la susodicha casilla en el impreso del IRPF. De esta forma, la conclusión que sacamos es que la casilla etiquetada como "fines sociales" existe en realidad para justificar a la de la Iglesia Católica. Lo justo bajo un Estado Laico sería que la financiación de programas que desarrolle el tercer sector (acción social, infancia, jóvenes, familia, mujeres, prevención, cohesión social, inserción social y laboral, integración e inclusión social, mayores, discapacidad, dependientes, ruralidad, sanidad, migraciones, promoción del voluntariado, cooperación al desarrollo, medioambiente, etc.) debería hacerse con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado a nivel estatal y territorial, para que no tengan que depender de quiénes señalan o no una casilla en determinado impreso. Es, como tantas otras, una trampa social en beneficio de la Iglesia. 

 

Por otro lado, y como consecuencia de los Acuerdos Económicos del Estado Español con la Santa Sede de 1979, y a pesar del Acuerdo de la Iglesia Católica con el Gobierno español de los años 2006-2007 (PSOE), donde se pasó del 0,52 al 0,7 la participación en el Impuesto de la Renta y en donde se estableció que para cuestiones no relacionadas con el culto y la enseñanza, la Iglesia y sus fundaciones y organizaciones abonaran el IVA (por imposición de la Unión Europea), aún quedan diferentes y diversas exenciones de impuestos municipales, territoriales y estatales, tales como: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los centros de culto o beneficencia o enseñanza, impuestos sobre donaciones y limosnas, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Obras, el de Contribuciones Especiales, algunas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y jurídicas sobre las cantidades entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública.

 

Pues bien, según diversas fuentes, y en cada ejercicio anual, como consecuencia de variadas exenciones de impuestos, las diferentes Administraciones del Estado (Central, Autonómico y Local) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros, en un cálculo aproximado, ya que al ser muy opacos los bienes en posesión de la Iglesia Católica, así como los datos que ofrecen los Ayuntamientos y otras Administraciones del Estado sobre esta cuestión, hay que basarse en una media aleatoria, sobre diversos impuestos municipales (IBI, obras, etc.) y varios impuestos locales, autonómicos y estatales, así como el Impuesto de Sociedades y otros. Todo ello sin contabilizar las desgravaciones fiscales que disfrutan los particulares que hacen donaciones declaradas a la Iglesia Católica o a sus diversas organizaciones sociales. Esto último es otra perversión social bajo un Estado Laico, donde ninguna persona, empresa u organización que dedicara parte de sus beneficios a sufragar a cualquier confesión religiosa, debiera tener un trato privilegiado. Continuaremos en siguientes entregas.

 

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Published by Rafael Silva - en Política
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