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12 octubre 2015 1 12 /10 /octubre /2015 23:00

Si el Caballo de Troya fue la estratagema con la que los aqueos pudieron penetrar en Troya para destruirla, el TTIP es el ardid con el que las grandes corporaciones transnacionales quieren demoler los derechos ambientales, laborales y sociales de los ciudadanos de la UE y de los mismos EE.UU.

Francisco Morote

Detengámonos un poco más en el perverso mecanismo del ISDS, ya mencionado en anteriores entregas, basándonos en este magnífico artículo de Gladys Martínez. En esencia, se trata de un mecanismo que permite a las multinacionales denunciar a los Estados cuando supuestamente sus leyes les perjudican. No es un invento nuevo, ya que se encuentra ya reflejado actualmente en más de 3.000 acuerdos comerciales y tratados similares. El ISDS (solución de controversias inversor-Estado, por sus siglas en inglés) es un perverso mecanismo de arbitraje presente en los tratados bilaterales de inversión (TBI) y en muchos tratados de libre comercio (TLC) que permite a los inversores extranjeros denunciar a cualquier Estado ante un tribunal privado de arbitraje cuando entienda que algunos de sus "derechos" ha sido vulnerado, típicamente por el cambio de legislación que afecte a sus beneficios presentes o futuros. Este mecanismo también está previsto en el CETA (Tratado de Libre Comercio entre UE y Canadá), igualmente pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo. 

 

Como nos cuenta Gladys Martínez en el referido artículo, "desde que en 1959 Alemania firmara el primer TBI con Pakistán, éstos se han ido multiplicando, principalmente a partir de los años 90, al calor de la expansión de las políticas neoliberales, hasta alcanzar los 2.811 actuales. Todos ellos incluyen el ISDS, que empezó a incorporarse también en muchos TLC a partir del NAFTA, firmado entre EE.UU., Canadá y México en 1994. Y fue precisamente a partir de la aplicación del NAFTA cuando se disparó el uso de los ISDS por parte de los inversores. Si en 1997 había 19 casos conocidos de denuncias, hoy se acercan a los 600". Evidentemente, el ISDS implementa un sistema de arbitraje absolutamente opaco, y exento del control ciudadano. Y como ya hemos comentado, siempre es un mecanismo unidireccional, pensado para que únicamente sea la empresa la que pueda denunciar al Estado, pero no al contrario. Es decir, que aunque estas corporaciones hayan ignorado la legislación local de un país, o hayan violado las normas fundamentales sobre legislación laboral, ambiental o sobre derechos humanos, no pueden ser denunciadas por esta vía. Se cita el ejemplo de Eslovaquia, un pequeño país que se vio obligado a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto para sanidad pública, cuando el nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de privatización de su sistema sanitario. 

 

Actualmente, Egipto espera la sentencia arbitral después de que la empresa Veolia denunciara a dicho país en 2013 por sentirse perjudicada por el aumento del salario mínimo. Todo un absoluto despropósito, que deja a la democracia en absoluto desamparo frente a la tiranía de las transnacionales. En esencia, este mecanismo invade los principios del Derecho Internacional Público y Privado, superponiendo un derecho corporativo que funciona en interés exclusivo del gran capital transnacional. Llegaremos así a la patética situación donde los Estados habrán perdido totalmente su poder de decisión sobre las políticas nacionales, y no podrán adoptar medidas legislativas sobre ciertos asuntos de vital importancia, porque entonces los inversores podrán reclamar indemnizaciones. El ISDS se convierte así en una herramienta de chantaje muy potente contra toda posible regulación, que ata de pies y manos la posible implementación de medidas que cualquier gobierno democrático, en el legítimo ejercicio de sus funciones, pudiese tomar. Ni que decir tiene que los ISDS tienen un sesgo total a favor de las empresas, al ser privados, no estar sujetos a ningún control democrático, y no existir la posibilidad de apelación a sus decisiones. Según Luis Rico, el tribunal más importante de este tipo, al que recurren actualmente la mayoría de las multinacionales, es el llamado CIADI, y depende del Banco Mundial, uno de los organismos internacionales, junto al FMI, vigilantes del más estricto cumplimiento del orden mundial neoliberal.

 

Luis Rico, Coordinador del Proyecto de Tratados e Inversiones de Ecologistas en Acción, explica la dinámica de los ISDS en los siguientes términos: "Los árbitros pertenecen a una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, otras como fiscales, otras como árbitros..., pueden ser jueces y parte. Además, no tienen ingresos fijos como jueces, sino que ganan por el número de casos, unos mil euros la hora, así es que están interesados en que haya muchos casos, y para que haya muchos casos los inversores tienen que tener muchas expectativas de ganar". Si reflexionamos profundamente sobre todo ello, obtendremos la semblanza del más patético y corrupto capitalismo de nuestros días. El montaje de estos juicios resulta muy costoso, del orden de unos 8 millones de euros, y el dinero gastado por el Estado en su propia defensa ante estos buitres empresariales no puede ser recuperado. Algunos países latinoamericanos se han negado a pagar las tremendas cantidades a los que el CIADI les condenaba, incluso lo han abandonado, negándose a renovar sus tratados bilaterales de inversiones. Argentina, Sudáfrica o Indonesia se encuentran en esta situación. 

 

En resumidas cuentas, y si el mecanismo del ISDS se incluye finalmente en el TTIP, y éste se ratifica por el Parlamento Europeo (la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, no quiere que la aprobación del mismo tenga que pasar por los parlamentos nacionales de cada país miembro), cualquier medida o política que intente poner recursos al servicio de las mayorías sociales se expondrá a posibles denuncias de las multinacionales implicadas. Lo que se persigue básicamente es el siguiente escalón al que tenemos actualmente: no sólo que los servicios públicos que se prestan pasen a ser gestionados por manos privadas, sino que la situación no pueda ser revertida por futuros gobiernos. Es un secuestro total de la democracia. Un cheque en blanco para el poder corporativo. En definitiva, el TTIP supone el escalón definitivo, la mayor envergadura, la expresión suprema bajo la que puede mostrarse la lucha de clases. No podemos permitirlo. Si este tratado y todos los demás similares que se están negociando (TPP, TISA, etc.) son finalmente aprobados, será muy difícil conseguir la reversión de sus diabólicas cláusulas. Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre, y sus gastos exhorbitantes, además de que representen una absoluta mercantilización de los derechos humanos. 

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Published by Rafael Silva - en Política
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