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1 octubre 2015 4 01 /10 /octubre /2015 23:00

Continuando con el relato del patrimonio en poder de la Iglesia, hemos de hacer capítulo aparte con las ayudas directas a la misma, para el sostenimiento, reforma y conservación del patrimonio artístico e inmobiliario que figura en su poder, acumulado en gran medida de forma ilícita e irregular, como ya hemos destacado en algún artículo anterior de esta serie. Entre ellos, por dar algunas cifras, 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios, situados muchos de ellos en sitios privilegiados, y en el centro mismo de grandes urbes, además de terrenos rústicos y urbanos, viviendas y otros bienes patrimoniales, como el oro, piedras preciosas, joyas, cuadros artísticos de enorme valor, arte sacro, etc. El volumen total de todo ello, como venimos insistiendo, es muy difícil de conocer con exactitud, pero desde diversas fuentes manejadas por Europa Laica, se deduce que pueden superar los 600 millones de euros anuales, lo que le cuesta al Estado la conservación y reparación de todo ese patrimonio (como siempre, vía central, autonómica y local)...¿conocemos alguna otra empresa o institución que se pueda equiparar en este terreno a la Iglesia Católica? Dejo la reflexión a los lectores. 

 

También hemos de hablar del capítulo de donaciones de suelo público, beneficios patrimoniales, inmatriculaciones y otras subvenciones y gastos menores de carácter local. Destacan aquí la cesión de suelo público y donaciones directas e indirectas, por parte de los Ayuntamientos a los Obispados para lugares de culto o para la denominada "obra social" (también tratada en anteriores entregas) o la enseñanza. Pagos diversos de los gastos varios de algunas casas parroquiales e Iglesias (energía, limpieza, mantenimiento, agua...). Gastos de Ayuntamientos en cartelería, anuncios en prensa y radio y programas de mano o panfletos para eventos religiosos, y donaciones a las cofradías de Semana Santa (hablaremos de ella en la recta final de estos artículos) y otros desfiles procesionales para los Cristos y Vírgenes patronos y patronas de muchas localidades (cada uno tiene su día en el año, donde suele celebrarse su tradicional procesión), ofrendas florales, romerías, fiestas religiosas, etc (hablaremos del aspecto de la religiosidad popular más adelante en esta serie de artículos). También figurarían aquí los costes extras de fuerzas de orden público, bandas de música y servicios de limpieza para todo tipo de eventos religiosos, etc. En fin, los gastos en este gran apartado son, como puede imaginarse, incalculables. 

 

Por su parte, las subvenciones de Comunidades Autónomas y entidades locales a organizaciones y asociaciones ligadas a la Iglesia Católica, en algunos casos muy radicales e integristas (también existe el integrismo católico, sólo hay que contemplar el pensamiento de algunos dirigentes del PP) puede superar un montante de varias decenas de millones de euros anuales en el conjunto del Estado. Desde la izquierda transformadora, pensamos que el culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las demás organizaciones a su servicio, deberían estar financiadas exclusivamente y de forma voluntaria por las personas que sean fieles o se sientan atraídas por esa doctrina religiosa, siendo un ámbito absolutamente privado de cada cual, donde el Estado no sólo no debe entrar, sino que además, debe permanecer absolutamente neutral. Pero neutral no debe ser entendido como financiar a todas las confesiones religiosas por igual, sino como no financiar a ninguna. Toda la situación relatada va claramente en contra de los fundamentos de un Estado Laico, lo cual nos da pie para exigir al Estado que los Acuerdos Concordatorios con la Santa Sede de 1979 (y las modificaciones parciales acordadas en 2007, bajo un Gobierno del PSOE), al margen de otras consideraciones de presunta inconstitucionalidad, sean denunciados y anulados. 

 

Porque, tal y como afirman desde Europa Laica, a cuyo Informe de abril de 2015 nos estamos remitiendo durante todos estos artículos: "El poder económico real de la Iglesia Católica en España es prácticamente imposible calcularlo, dada su peculiar organización, la opacidad con la que funciona y su dependencia del Vaticano, y ello, aunque se tratara de evaluar la prestación de servicios voluntarios de fieles seglares, monjas y clérigos, más el dinero recaudado por diversas vías, para servicios educativos, sociales, sanitarios y de caridad, ya que se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas, más la propiedad de bienes y patrimonio de muy variada índole, incluido su patrimonio financiero, como acciones, fondos de inversión, participación en Consejos de Administración de diversas empresas y entidades financieras varias, etc". Como conclusión, aunque todavía nos quedan por tratar algunos asuntos en esta recta final, podemos afirmar que después de más de 35 años de democracia formal y con una Constitución que, aún en su calculada ambigüedad en esta materia, establece que "ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal", las relaciones del Estado con la Iglesia Católica en materia económica, no sólo siguen con la misma orientación que en la dictadura franquista, sino que, en términos cuantitativos, se han acrecentado considerablemente. A las pruebas nos remitimos. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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