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23 noviembre 2015 1 23 /11 /noviembre /2015 00:00

Resulta aterrador para la libertad de millones de personas cómo los grupos de banqueros y especuladores (bajo el eufemismo de los «mercados») han impuesto a los gobiernos elegidos por sufragio universal su concepción del bien privado. Es decir, chantajeando y presionando a los gobiernos para obligarles a imponer tremebundos ataques a las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras, pretextando que el déficit público era insostenible

Daniel Raventós

Y como caso concreto de dicha situación de adquisición de deudas, continuando con la casuística diversa que estamos analizando, tenemos el caso que se aplica a nuestro país (y a otros países del contexto europeo), que podría ser enunciado como las deudas contraídas en el marco del desarrollo e implantación de Planes de Ajustes Estructurales (PAS) acordados por los Estados del Sur con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de memorándums cerrados entre los Estados europeos y la "Troika" (Comisión Europea, Banco Central Europeo, y Fondo Monetario Internacional). Evidentemente, dichos "Memorándums de Entendimiento" (ME), como el acordado recientemente con Grecia, son descarados eufemismos detrás de los cuales se esconden agresivos planes de políticas fiscales, laborales y empresariales, orientadas básicamente a adelgazar el Estado, "flexibilizar" (en realidad, precarizar) el mercado laboral  y privatizar las empresas y organismos públicos rentables. En esencia, estos memorándums y planes de ajuste violan flagrantemente las reglas elementales de un Estado democrático, por mucho que sus dirigentes políticos los firmen aludiendo a su soberanía. 

 

Para empezar, ni siquiera los parlamentarios nacionales participan en la elaboración de dichos planes de ajuste, sino que son impuestos en duras "negociaciones" de salón, que ponemos entre comillas porque en realidad son imposiciones del gran capital que invaden y violan la soberanía popular de dichos Estados. El caso reciente de Grecia nos lo confirma. No existe diálogo con agentes sociales, ni con organizaciones de la sociedad civil. Estos mal llamados "planes de austeridad" se imponen luego a los sucesivos gobiernos y en última instancia, el conjunto de la ciudadanía es la verdadera perjudicada, aún cuando ésta los hubiera rechazado mediante el voto (como en el caso griego). Si en mitad de la ejecución de dichos planes y reformas existe un período electoral, éste es visto por los acreedores como un mero formulismo, pero nunca como una opción para que la democracia pueda cambiar las políticas que se estén implementando. En los casos más graves, lo cual ha ocurrido en la Unión Europeo en los casos griego e italiano, se desbanca por la fuerza al gobierno elegido democráticamente, y se imponen gobiernos tecnócratas al servicio de la ejecución de las medidas acordadas.

 

En resumidas cuentas, el escenario es de todo punto un secuestro democrático...¿le queda entonces a los lectores alguna duda de que las deudas así contraídas deben ser absolutamente repudiadas? Pues parece que afirmar esto es poco menos que un sacrilegio. Las movilizaciones populares, manifestaciones, huelgas, etc., indican claramente que el conjunto de la población rechaza estas medidas, pero a los poderes fácticos capitalistas les da exactamente igual. Bien, como variante concreta de estos escenarios que estamos describiendo, tenemos el caso, frecuentísimo en nuestro contexto europeo, de las deudas procedentes de un rescate bancario realizado en el marco de un procedimiento ilegal. Como sabemos, desde que estalló la crisis en 2007-2008, los Estados del Norte han rescatado a los bancos en varias ocasiones. Unos bancos que forman esta peligrosa hidra mundial, como ya comentamos varios artículos más atrás. Estos repetidos rescates toman básicamente dos formas: recapitalización y concesión de garantías del Estado.

 

La recapitalización ya sabemos en lo que consiste: básicamente, en derivar fondos comunitarios (fondos públicos) para inyectar liquidez y proceder al saneamiento de los balances bancarios, arreglando la ruina a la que los altos directivos los han conducido, y en algunos casos, incluso, socializando las pérdidas mediante procesos temporales de nacionalización (que después serán revertidos cuando las cuentas estén saneadas y las entidades en cuestión vuelvan a dar beneficios). En el caso español, el Gobierno del PP solicitó en 2012 una "ayuda financiera" o "línea de crédito en condiciones preferentes" (infinitos eufemismos para no utilizar el término "rescate") de hasta 100.000 millones de euros, que no se llegaron a utilizar, y de los cuales se han recuperado para las arcas públicas del orden de un 5-10%, asegurando muchos analistas que nunca podremos recuperar el monto restante. Con dicha cantidad se procedió a la recapitalización de infinidad de entidades financieras (Bancos y Cajas, fundamentalmente) que habían caído en quiebra debido a las malas prácticas de sus dirigentes, incluyendo desorbitadas indemnizaciones y pensiones de jubilación para sus altos directivos. 

 

Esto incluso podría ser entendible (aunque injusto) si fuera acompañado de la implantación de severas políticas que impidieran que los banqueros continuaran con sus prácticas especulativas, y además se impusieran impuestos internacionales a las transacciones financieras. Como todo ello no ocurre, los procesos de recapitalización son absolutamente inútiles de cara a no repetir de nuevo, cuando pase un tiempo, las mismas experiencias (cosa que, de hecho, algunos analistas y expertos ya vaticinan). El segundo mecanismo son las concesiones de garantías estatales para las entidades financieras. La lógica de la garantía es la siguiente: si el banco no consigue pagar a sus acreedores, entonces los poderes públicos (en definitiva, todos los contribuyentes) intervienen financieramente, lo que ocasiona un aumento de la deuda pública. Es decir, básicamente ocurre un proceso de desviación de la deuda privada hacia la deuda pública. 

 

El caso del banco internacional Dexia es un buen ejemplo de este caso. Vamos a recordarlo: en octubre de 2011, tres Estados (Bélgica, Francia y Luxemburgo) se comprometieron a garantizar los empréstitos de la entidad Dexia S.A. hasta la cantidad de 90.000 millones de euros. Además de resultar peligrosa económica y socialmente, la garantía otorgada por el Estado belga es ilegal (de hecho, ha sido denunciada por CADTM y ATTAC Bélgica). En efecto, dicha garantía ha sido emitida por simple decreto real procedente de una sesión de gobierno para asuntos corrientes, y sin que éste se haya tomado la molestia de consultar al Parlamento federal. Sin embargo, los temas presupuestarios son competencia del Poder Legislativo, según la Constitución belga. Además, la sección legislativa del Consejo de Estado tampoco fue consultada, aún cuando se trata de una condición imprescindible bajo pena de nulidad del acto. Y en cuanto a la garantía otorgada por el Estado francés, aunque en apariencia legal porque el Parlamento francés votó una ley, es igualmente ilegítima. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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