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2 noviembre 2015 1 02 /11 /noviembre /2015 00:00

El problema no es la deuda en sí misma, sino el orden capitalista, que utiliza a la deuda como mecanismo de chantaje a los pueblos. No alcanza con el impago, ni aquí ni allá, lo que hace falta es ir contra el sistema de la deuda y el capitalismo para crear las condiciones de posibilidad para un orden económico social sustentado en la satisfacción de las necesidades sociales y no en la obtención de ganancias, la acumulación y la dominación. Con el sistema de la deuda ganan las transnacionales, incluidos los bancos y especuladores privados o institucionales, que al acumular esas ganancias intervienen más aún en la regulación de los Estados capitalistas y el sistema mundial para favorecer el sostenimiento de la seguridad jurídica de los inversores capitalistas. Son en definitiva mecanismos para la reproducción de la dominación que recrean las condiciones de la explotación de las/os trabajadoras/es, el saqueo de los bienes, la depredación de la naturaleza y la condena a la vida miserable de los pueblos

Julio C. Gambina

Bien, llegado este punto, cuando ya hemos introducido en las últimas entregas la perversidad del propio mecanismo de la deuda, tanto para los países del norte como para los del sur, procede exponer con detalle las consideraciones generales que podemos tomar como referencia para calificar una deuda pública como ilegítima, lo cual implicaría para un país renunciar a continuar sujeto a los mecanismos que la regulan, y al gran fraude que dichos mecanismos suponen. La declaración de ilegitimidad de una deuda es el principio básico para que los países en cuestión comiencen a desarrollar mecanismos de enfrentamientos al sistema-deuda, y se empiece a poner en cuestión la necesidad del propio mecanismo. La declaración y/o reconocimiento de ilegitimidad sobre una deuda es el germen para iniciar un proceso de rebelión contra el sistema-deuda, que alimenta al capitalismo más salvaje y que somete, domina y controla a los pueblos que la soportan. Es el primer paso para poner una duda razonable al gran dogma de que "las deudas hay que pagarlas".

 

En abril de 2013, Renaud Vivien escribió un extenso y magnífico artículo para el sitio del CADTM, titulado "Algunas pistas jurídicas para calificar una deuda pública de ilegítima", que vamos a tomar como referencia para, resumidamente, exponer la casuística que los expertos estiman en torno a este tema. El autor comienza reconociendo que no existe definición del concepto de "deuda ilegítima" en Derecho Internacional (clásico efecto del pensamiento dominante, no debe extrañarnos), lo cual impide a los poderes públicos utilizar este concepto para fundamentar decisiones soberanas en relación a sus deudas. No obstante, ello no significa que no podamos apoyarnos en numerosos textos jurídicos y políticos existentes que vinculan a los Estados, tales como la Carta de las Naciones Unidas (1945), los Convenios de Viena (1969 y 1986), los Pactos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), diversas resoluciones de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo, Constituciones y leyes nacionales, principios generales del derecho internacional, etc. A todo ello hay que sumar la jurisprudencia, la metodología y la casuística ya empleada en casos anteriores en la historia. 

 

La deuda ilegítima debe ser por tanto (al menos mientras no se reconozca en otros ámbitos legales) un concepto político, producto de la democracia y de la soberanía popular, cuyo contenido incluso podría variar de un país a otro, en función de los criterios que se tuvieran en cuenta. Con tal fin, es necesario, en primer lugar, un proceso de concienciación ciudadana que se implique en la elaboración de estos criterios, siendo el más usual de ellos la constitución de una Auditoría Ciudadana de la Deuda. Precisamente, éste el primer caballo de batalla al que hemos de enfrentarnos, ya que la derecha política, social y mediática bombardeará con toda su artillería pesada para que dicha concienciación ciudadana no se instale, llamando al "sensato y razonable" principio consabido de que "las deudas hay que pagarlas", y tildando de "irresponsables" a los Gobiernos que no quieran acatar este principio. El objetivo básico es demostrar que dichas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho, y/o que no han beneficiado a la población. Éste último sobre todo constituye un criterio fundamental, como han puesto de manifiesto recientemente los casos ecuatoriano y noruego. Porque la obligación de reembolsar una deuda pública no es absoluta, y sólo debe servir en el caso de que sean deudas contraídas por el interés general de la ciudadanía. Por consiguiente, serán ilegítimas todas las deudas públicas acordadas contra el interés general de la población, típicamente en beneficio de ese famoso 1% más rico y poderoso. 

 

Y en ese mismo sentido se pronuncia la doctrina de la deuda odiosa, según la cual "las deudas de Estado deben ser contraídas, y los fondos resultantes utilizados, para las necesidades y el interés del Estado", Estado cuya primera obligación es respetar, proteger y promover los derechos humanos. Claro, cuando los Estados ponen por encima de ellos otros intereses particulares, de terceros actores, contraviniendo o yendo en perjuicio del interés de la población, tenemos el caldo de cultivo servido para la generación de más deudas. Ese proceso es justamente el que hay que atajar, y es el que pone verdaderamente en cuestión la falaz obligación de tener que pagar todas las deudas. Con este fin, se deben investigar diversos aspectos del endeudamiento, tales como las cláusulas del contrato del préstamo, las condiciones impuestas por los acreedores, las circunstancias que encuadran la conclusión de estos acuerdos, las causas originarias del endeudamiento, el destino real de los fondos obtenidos, el impacto de los proyectos financiados por la deuda (sobre las condiciones de vida de la población y sobre el medio ambiente), comprobar si las personas que han endeudado al país tenían la competencia jurídica para hacerlo, etc.

 

Sobre la base de estos elementos a auditar, se pueden establecer cuatro categorías de ilegitimidad de las deudas, a saber: la ilegitimidad ligada al régimen prestatario; la ilegitimidad ligada a la ausencia de consentimiento de las partes; la ilegitimidad ligada a las condiciones del préstamo; y la ilegitimidad ligada a la utilización de los fondos obtenidos mediante el préstamo. Como decimos, todos estos criterios no serán reconocidos por las grandes potencias occidentales (adalides del sistema capitalista neoliberal) ni por los tribunales a su servicio. Ellos se inclinarán más por proteger los derechos de los acreedores que los derechos de la ciudadanía afectada, así que la solución sólo podrá provenir de la presión popular conseguida para tal fin, surgida de la propia concienciación de la ciudadanía, usando criterios políticos, y apoyándose sobre actos soberanos de los Estados, que únicamente serán tomados bajo dicha presión popular. Pero dadas las oportunas circunstancias, un Gobierno responsable, valiente y con voluntad política para ello, podría utilizar los resultados del proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda y los argumentos políticos que vamos a ir desgranando, para desobedecer a los acreedores, desmontando el sistema-deuda, poniéndolo en evidencia, exponiendo sus injusticias, y provocando que la correlación de fuerzas se incline a su favor. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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