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9 noviembre 2015 1 09 /11 /noviembre /2015 00:00

El oficio de banquero es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector y ponerlo bajo control ciudadano, pues debe estar sometido a normas de un servicio público y las rentas que su actividad genere utilizadas para el bien común. La deuda pública contraída para rescatar los bancos es claramente ilegítima y debe ser repudiada

Eric Toussaint (Presidente del CADTM)

Continuando con la exposición de las posibles causas de ilegitimidad de una deuda pública, que ya comenzamos a enunciar de forma general en el artículo anterior, vamos a ir profundizando un poco en cada una de ellas, tomando como referencia, sobre todo, el ya citado artículo de Renaud Vivien publicado en el sitio de CADTM. Bien, la primera causa que citamos como gran apartado era la relativa al régimen del prestatario, y se refiere a tener en cuenta la naturaleza del propio régimen que solicitó el crédito mediante el cual se endeudó. Lógicamente, hay que centrarse en la legitimidad de dicho Gobierno, investigando si fue un régimen auténticamente democrático, si representaba fielmente los intereses de su población, si fue (o es) un régimen corrupto, si respetó mínimamente los Derechos Humanos, y si fue (era, es) verdaderamente soberano. Evidemente, esto hay que documentarlo con informes procedentes de fuentes fiables, serias y respetables, tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las resoluciones adoptadas por los Parlamentos nacionales, la conducta del régimen una vez en el poder, etc.

 

Evidentemente, las deudas procedentes de regímenes considerados despóticos, autoritarios, dictatoriales o antidemocráticos serán consideradas deudas odiosas, según la doctrina de Alexander Sack de 1927, que argumenta al respecto lo siguiente: "Si un poder despótico contrata una deuda, no para las necesidades y los intereses del Estado, sino para reforzar su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, etc., esta deuda es odiosa para la población del Estado entero (...). Esta deuda no obliga a la nación; es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la contrajo, en consecuencia dicha deuda desaparece con la caída de este poder". Suelen corresponder, como decimos, a típicos regímenes dictatoriales. Es evidente que el apoyo financiero a cualquier poder dictatorial, aún siendo destinado a hospitales o colegios, contribuye a consolidarlo, a permitir que se mantenga, y por tanto, no se puede obligar a que la nación liberada de dicho poder despótico asuma dichas deudas. Obsérvese también que no podemos concluir que un régimen sea democrático por el simple hecho de haber salido de las urnas, es decir, de unas elecciones "libres", pues la Historia ha demostrado que algunos Gobiernos elegidos democráticamente han cometido crímenes contra la humanidad. 

 

La conclusión es que cualquier préstamo otorgado a un régimen, aun habiendo sido elegido democráticamente, que no respete los principios fundamentales del derecho internacional es nulo. Se podría alegar al respecto que los acreedores no tenían conocimiento de que, en el momento del préstamo, el régimen prestatario violaba estos principios fundamentales, pero ante eso hay que decir que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia, y que existen varios informes de organizaciones en defensa de las libertades y de los derechos humanos, así como numerosas resoluciones de la ONU, que les permiten informarse sobre la situación de los DDHH en los diferentes países. Otro tanto ocurre con las denominadas deudas coloniales, que son aquéllas que se otorgan a las potencias coloniales para financiar proyectos que permitan a las metrópolis maximizar la explotación de sus respectivas colonias, y su posterior intento de ser transferidas a los países que acceden a su independencia. También deben ser consideradas deudas odiosas. Incluimos también en este apartado a las deudas de los gobiernos bajo control o dominación extranjera, porque, tal y como establecen la Carta de la ONU y los Pactos de 1966 sobre DDHH: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus medios de subsistencia". 

 

Tenemos recientemente muchos casos que cuadran perfectamente con estos supuestos, y a cuyas deudas pueden aplicarse estas conclusiones. Los Gobiernos de los países del Sur (sobre todo de América Latina) llevan aplicando desde los años 80 los diversos programas de "ajustes estructurales" (claro eufemismo para indicar transferencias de rentas desde el sector público al privado) dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los países europeos que han pasado a estar bajo la tutela de la Troika se sitúan claramente en este apartado. La deuda contraída por estos Gobiernos bajo dominación extranjera es claramente ilegítima, ya que los pueblos no pueden disponer de sí mismos. Se antepone claramente el interés de los acreedores (tenemos el sangrante y reciente caso de Grecia) al de la ciudadanía, a la vez que se vulneran las más elementales reglas de todo Estado democrático que se precie.  En los casos más extremos, se procede a la sustitución de los dirigentes elegidos democráticamente por gobiernos tecnócratas al servicio de los acreedores, se interfiere en la soberanía nacional de sus Parlamentos, se interviene su economía, y se dictan contratos con reglas abusivas que someten la soberanía de dichos pueblos a los intereses de los acreedores. Continuaremos en siguientes entregas.

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