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16 noviembre 2015 1 16 /11 /noviembre /2015 00:00

Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación: una es con la espada, la otra es con la deuda

John Adams (2º Presidente de Estados Unidos, 1797-1801)

Continuando con las posibles orientaciones que podemos tener en cuenta a la hora de catalogar una deuda pública como ilegítima, hemos de referirnos a una casuística fundamental, como es el típico caso donde el Gobierno de un país se encuentre al servicio de una minoría, de una élite rica y poderosa, que suele representar un porcentaje ínfimo de su población, no más del 5-10% de la misma. Lógicamente, las preguntas que la ciudadanía puede hacerse en estos casos pueden ser: ¿el Gobierno defiende nuestros intereses, o los de una minoría dominante? ¿el Gobierno privilegia con sus políticas a alguna clase social o estamento? ¿Quiénes se benefician de estas políticas? ¿Quiénes son los agentes consultados para tomarlas? Sin ir más lejos, quiero recordar a mis lectores que cuando ganó las Elecciones Generales de 2011, incluso antes de que se formara el primer Consejo de Ministros, el Presidente Rajoy ya estaba reuniéndose con algunos banqueros, lo cual ya daba enormes pistas de por dónde iban a ir sus políticas. Por otra parte, la ausencia de transparencia sobre las cuestiones relativas al endeudamiento público constituye, por sí sola, un claro indicio de ilegitimidad del mismo. Y recordemos también a este respecto que, en cualquier sociedad democrática que se precie, el derecho a la información pública debe poder ejercerse sin ningún tipo de impedimento. 

 

Cuando se da esta situación, es decir, cuando la dirigencia gobernante apuesta claramente por favorecer a una determinada élite política, económica, social o mediática, estamos ante un claro caso de ilegitimidad, ya que como enunciábamos en anteriores entregas, las deudas públicas deben ser contraídas en interés de la colectividad. En consecuencia, un endeudamiento basado en un sistema que privilegia a una minoría rica y poderosa en detrimento de la inmensa mayoría social es absolutamente ilegítimo. Por ejemplo, las deudas contraídas por la aplicación de políticas fiscales que favorecen a los más ricos y a las grandes empresas son claramente ilegítimas, ya que no benefician al interés general. En nuestro caso, y para el caso de las empresas energéticas y eléctricas, que forman un oligopolio privado en nuestro país, parece ser que hemos contraído con ellos una deuda (que es de todos los ciudadanos, ya que todos somos consumidores, y por tanto pública) basada en un engañoso invento que han denominado "déficit de tarifa", que es claramente una estafa hacia la ciudadanía. Lo hemos explicado en este artículo, al que remito a los lectores que quieran más información sobre el tema. Bien, pues es un claro caso de deuda que podría y debería ser completamente repudiada por un gobierno decente, y por una ciudadanía responsable. 

 

O por ejemplo, la legitimidad de las deudas procedentes de los rescates bancarios (cuando más si vienen de la misma mano que ha ahogado los servicios públicos y la inversión en gasto social para la inmensa mayoría de la población) han de ser puestas en cuestión drásticamente. También debe ser evaluado, para estos fines, que los dirigentes políticos hayan sido diligentes y responsables en cuanto a la estricta aplicación de su programa electoral, pues de lo contrario, incurriríamos en otra ilegitimidad, al incumplir el contrato comprometido con el conjunto de la ciudadanía. El hecho de que el mandato democrático surgido de las urnas sea flagrantemente incumplido (lo cual podría y debería ser demostrado si tuviéramos procesos participativos de democracia decisoria y revocatoria) representa un claro desprecio hacia la ciudadanía (tanto votante de dicha formación política como no votante de la misma), provocando que las políticas que emanen de dicha situación sean claramente ilegítimas, y en consecuencia, también las deudas resultantes.

 

Otro caso lo tenemos en los regímenes que son derrocados por su propio pueblo, pues a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede considerarse que las deudas procedentes de regímenes derrocados popularmente (ya sean éstos democráticos o no) son de todo punto ilegítimas, ya que el derrocamiento de un régimen por su propio pueblo (no estamos incluyendo aquí lógicamente a los Golpes de Estado militares, de índole fascista) indica que éste ya no le representa, y que el Estado de Derecho dejó de estar garantizado. En consecuencia, las deudas de dicho Gobierno, ya derrocado, no comprometen a la población que se ha liberado de la opresión del mismo. Otro gran capítulo lo constituyen las razones que convierten a una deuda pública en ilegítima como consecuencia de la ausencia de consentimiento de las partes. Es decir, nos centramos aquí en la capacidad de los propios contratantes, y nos preguntamos cuestiones como las siguientes: ¿Tenían las partes capacidad jurídica plena para contraer y adjudicar el préstamo? Y si fue así, ¿su consentimiento para la firma del mismo fue ejercido libremente? Si durante el proceso de auditoría se consigue demostrar que las disposiciones de derecho internacional y nacional han sido violadas en el momento de cerrar el acuerdo del préstamo cuya deuda se está auditando, existirán fundamentos legales para repudiar dichas deudas como ilegales. 

 

Pero vayamos por partes. Los modernos Estados democráticos se fundamentan, entre otras cosas, en la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dicha separación de poderes está frecuentemente garantizada por las propias Constituciones nacionales. Sin embargo, algunas deudas han sido contraídas violando estos principios constitucionales, por personas u organizaciones que no tenían competencia para ello. Es el caso, por ejemplo, de deudas contraídas sólo por el Gobierno, sustrayendo al Parlamento de su legítimo derecho al debate y deliberación sobre las oportunas decisiones,. Estaríamos ante casos de gobiernos que, aunque elegidos democráticamente, ejercen una clara práctica autoritaria, despreciando al Parlamento, y por tanto, a la propia soberanía popular. Últimamente, muchas figuras legales previstas para ciertos casos generalizaron su práctica y su imposición por parte de estos Gobiernos autoritarios, a los que les molesta la democracia, y que se creen en su derecho, como salvadores de la patria, a conducir a su nación por derroteros no respaldados democráticamente. Hay que tener en estos casos también en cuenta otras cuestiones menores, pero importantes, tales como si se trataba de un Gobierno en funciones, si había dimitido, etc. En conclusión, las deudas que no provengan de decisiones encauzadas claramente mediante los conductos democráticos habilitados para ello, serán también claramente ilegítimas. Continuaremos en siguientes entregas.

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