Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Y otro gran caballo de batalla del TTIP lo constituye la agroindustria, representada en el Tratado, cómo no, por las grandes corporaciones agroalimentarias, sin representación de las respectivas asociaciones de agricultores y ganaderos, de cada país (futuro, en su caso) suscriptor del mismo. Como nos cuenta Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global, estas corporaciones llevan años pleiteando ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria. Sus intereses en el TTIP no son, por tanto, abrir fronteras a los productos alimenticios estadounidenses, sino abrir los órganos reguladores agroalimentarios europeos. Quieren sentar las bases de lo que pudieran ser los fundamentos de la nueva etapa de liberalización alimentaria mundial, profundizando la desregulación alimentaria, y la hegemonía de sus grandes empresas. Los aranceles en este área no son en realidad ningún problema, ya que si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EE.UU. y la UE, comprobaremos que  no han hecho otra cosa que reducirse durante las últimas décadas, sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. 

Así, los Estados Unidos han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%, y en la UE se ha pasado de un 19,1% a un 12,8%. Para poder entender la magnitud de este dato, como nos señala Javier Guzmán, hay que señalar que el arancel agrícola promedio a nivel mundial está en un 60%. El problema, por tanto, no está aquí, sino en el conjunto de leyes, normas, regulaciones o políticas de ciertos países, que pueden afectar a determinados productos agroalimentarios, y que son distintas a las de otro país. Si finalmente se alcanza un acuerdo, los efectos en la salud alimentaria y en los derechos de los consumidores serán inmensos, pero aún lo serán más desde el punto de vista de la producción del mundo rural. Mirémonos en el espejo de México, donde después de 20 años de la ratificación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos, emigrando a los Estados Unidos. De ser un gran exportador de maíz, ha pasado a convertirse en importador de dicho producto, cuyo precio cayó en un 59% tras la firma del tratado. Ello permitió la entrada de maíz de baja calidad a bajo precio en el mercado, acabando con la producción autóctona de calidad, que era fuente del sustento de millones de familias mexicanas. 

En el fondo, no se trata tanto de la imposición de un mercado sobre otro, sino más bien del enfrentamiento entre dos modelos de agricultura y alimentación, expresados por el modelo de las grandes corporaciones, frente al modelo de producción campesino y local, de proximidad. El resultado de la batalla está muy claro, arrasando con los modelos de vida y de cultura de millones de familias rurales y campesinas, y convirtiéndose en un modelo de baja calidad, que sirve sobre todo para engordar las cuentas de resultados de las grandes empresas alimentarias. Y ya nos llevan bastante ventaja, ya que, de hecho, la Comisión Europea lleva armonizándose con la Administración norteamericana desde hace varios años. Las sucesivas reformas de la PAC (Política Agraria Común) van, indudablemente, en esta dirección. Sin ir más lejos, la UE acabó hace poco tiempo con las cuotas de producción lechera, que aún protegían a los pequeños ganaderos de multitud de localidades, que podían vivir de su pequeña producción frente a los gigantes de la industria agroalimentaria. La política europea se ha decantado por favorecer a las grandes corporaciones, aunque ello suponga una crisis devastadora no sólo económica, sino también territorial y social de extensos territorios, que llevaban siglos bajo un modelo productivo sostenible. 

Las diferencias de tamaño también son evidentes, y nos hemos referido a ellas en anteriores entregas. Estados Unidos posee el triple de superficie agraria que la Unión Europea, pero también tres veces menos explotaciones. Es decir, que cada explotación agraria es mucho mayor, de media, que la europea. En la UE, la media de hectáreas por explotación es de 18, mientras que en EE.UU. esa cifra es de 176. En el caso concreto de nuestro país, más del 50% de las granjas tienen menos de 5 hectáreas. Y mientras que en la UE se considera una gran explotación agraria aquélla que posee más de 50 hectáreas, en Estados Unidos, dicha clasificación se aplica a las que tienen más de 800. Con dichos datos, está claro que el TTIP supondrá en este ámbito para nosotros una dramática reconversión del actual sistema de agricultura y ganadería a menor escala, acabando con la existencia del campesinado. Las fases clave de la producción, transformación y distribución alimentaria pasarán a estar controladas por los grandes oligopolios empresariales, lo que alterará los precios que reciben las pequeñas explotaciones agrarias, rebajándolos cada vez más. Y con unos costes productivos en constante crecimiento, las explotaciones familiares tendrán muy difícil la subsistencia, encontrándose atrapadas en unos márgenes comerciales cada vez menores, siendo empujadas inexorablemente a su desaparición y extinción. 

Todo este proceso se vería con el TTIP incrementado y acelerado, y el hostigamiento a dichas pequeñas explotaciones agrarias familiares, típicas en nuestro mundo rural, entrará en una fase crucial y definitiva. Únicamente las mayores, o que puedan asociarse bajo otros paraguas de mayor extensión sobrevivirán, pero el resto se verán abocadas a su cierre y desaparición, lo que acarreará una total ruina no sólo para dichos pequeños productores, sino también para su entorno local, para su ecosistema natural, y para su población cercana. Modelos de negocio locales, sostenibles y necesarios para el medio ambiente, se verán sustituidos progresivamente por la hegemonía de grandes corporaciones, que pueden estar situadas a miles y miles de kilómetros de distancia, y que poseen modelos de negocio y políticas comerciales y medioambientales absolutamente agresivas. La soberanía alimentaria será totalmente eliminada, al tener que disponer de los recursos que los gigantes de dicha industria quieran imponer.  El panorama para el ámbito agroalimentario al que nos conduce el TTIP es absolutamente desolador, bajo un escenario en el que unas pocas grandes empresas multinacionales controlen todo nuestro sistema alimentario, desde las semillas hasta los productos más elaborados. Simplemente bárbaro. Continuaremos en siguientes entregas.