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7 diciembre 2015 1 07 /12 /diciembre /2015 00:00

La deuda no es, en principio, solo un asunto contable, una relación económica, sino una relación política de sujeción, de control social y objeto de servidumbre. La deuda infinita, inexpiable, impagable, sirve para disciplinar a las poblaciones, para redefinir reformas estructurales, para activar ajustes totalitarios, e incluso para suspender la democracia en beneficio de «gobiernos técnicos» subordinados a los intereses del capital

Maurizio Lazzarato ("Gobernar a través de la deuda")

En el anterior artículo de esta serie, nos quedamos comentando las cuatro variantes que podíamos considerar como deudas ilegítimas relacionadas con las propias condiciones de los préstamos, y vamos a detallarlas más a fondo a continuación. La primera posibilidad se refería a las deudas contraídas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los Derechos Humanos. Estas deudas son odiosas según la definición de M. Bedjaoui (y por tanto, ilegítimas) ya que persiguen claramente "fines no conformes al derecho internacional contemporáneo, y más particularmente a los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas". Y como está siendo demostrado durante estos últimos años, las condiciones impuestas por estos acreedores empobrecen a la población, aumentan las desigualdades, favorecen a las empresas transnacionales y modifican incluso las legislaciones de los Estados según los dictados de los acreedores e "inversores extranjeros" (por ejemplo, mediante "Planes de Ajuste Estructural" que se concretan en reformas laborales, planes de privatización de empresas públicas, liberalización de servicios públicos, etc.).

 

La segunda variante que podemos contemplar en estos casos son las deudas contraídas para adquisición de material militar, y en este sentido, el artículo 26 de la citada Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados que reglamenten el comercio de armamento, y que sólo dediquen un mínimo de sus recursos al material militar. No obstante, la tendencia mundial demuestra que estos gastos van creciendo paulatinamente, mientras los dedicados a cooperación internacional disminuyen. Por ello, consideramos que si un país determinado incurre en determinada deuda derivada de un préstamo para adquirir cualquier tipo de material militar, ésta debe considerarse ilegítima, por no responder a ninguno de los objetivos ya mencionados en anteriores artículos. Por ejemplo, en plena crisis, a principios de 2010, y bajo la presión de las autoridades francesas y alemanas, que querían garantizar sus exportaciones de armas, el Gobierno griego recurrió a numerosos préstamos para financiar la compra de material militar a Francia y a Alemania. Bien, otra tercera variante la habíamos denominado como "deudas ligadas", y responden a la situación en la que determinado país decide repartir poder adquisitivo a otro país, con el fin de incitarlo a comprar determinados productos o servicios producidos por aquél, otorgándole préstamos de Estado a Estado, bajo la forma más común de créditos para la importación. 

 

Esta práctica, que en principio podría parecer beneficiosa y legítima, realmente no lo es, porque normalmente, estos préstamos ligados no corresponden con las necesidades reales del país importador, pero sí con los intereses de las empresas del país exportador. Las deudas públicas resultantes son, en consecuencia, ilegítimas, como lo reconoció el Gobierno noruego en 2006. Concretamente, entre 1976 y 1980, Noruega exportó buques hacia los países del sur, pero no para sostener su desarrollo, sino para ayudar y promocionar a su propia industria de construcción naval, entonces en crisis. En 2006, a raíz de una importante campaña de algunas ONG's del país, Noruega anuló unilateralmente y sin condiciones, sus derechos de crédito sobre cinco países (Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona), y reconoció su parte de responsabilidad en estos endeudamientos, calificados de ilegítimos. Podríamos enumerar muchos otros casos, donde estas "ayudas ligadas" responden claramente a estos intereses, y no a los de la población de los países importadores. Y la cuarta situación que habíamos encuadrado en esta casuística responde al caso de las deudas contraídas para financiar la construcción de grandes obras y proyectos de infraestructuras no rentables, o que perjudiquen claramente a las poblaciones o al medio ambiente. Este tipo de situación también es muy frecuente hoy día. 

 

Porque en efecto, las empresas constructoras a gran escala se sitúan en la punta del iceberg de toda esta tendencia hacia la creación de obras faraónicas, que no persiguen en realidad el avance y el desarrollo de los pueblos, sino la constante subida de sus cuentas de resultados. Nuestro país es buena prueba de ello, ya que en varios años, nos hemos convertido en líderes mundiales en la construcción de líneas de alta velocidad, de autopistas y autovías, y de otras grandes infraestructuras. Incluso esta variante también la podemos pensar en pequeño, e incluir también las deudas que determinado Ayuntamiento contrae con cualquier empresa, porque al edil de turno se le ocurrió construir una rotonda con pececitos en determinado lugar. Los ejemplos que podemos poner son numerosísimos y abrumadores. Pero volvamos a pensar en grande. Hay que comprobar, por medio de una rigurosa auditoría ciudadana previa, en qué medida dichos grandes proyectos de infraestructuras que generaron dichas deudas sirven realmente al interés general de la ciudadanía, y cuáles no, examinando también su impacto medioambiental.

 

Y además, podemos extender esta casuística no solamente a las obras de infraestructuras, sino también a los eventos y acontecimientos de todo tipo que se puedan organizar. En este sentido, podemos citar, a título de ejemplo, el escándalo de los Juegos Olímpicos de 2004 en Grecia, en los cuales, mientras las autoridades helenas preveían un gasto inicial de 1.300 millones de dólares, el coste real final sobrepasó la cantidad de 20.000 millones. En nuestro país, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, han saltado últimamente varios casos a la palestra mediática que también podrían encuadrar aquí, como los grandes eventos deportivos patrocinados por la Comunidad y el Ayuntamiento, que generaron unas desorbitadas deudas, que han de pagar todos los contribuyentes valencianos. Hay que tener cuidado, por tanto, porque en el fondo, estamos ante un tipo de corrupción muy concreta (del que nuestro país es un buen modelo), donde las deudas que se generan provienen no de la necesidad real de las poblaciones, sino del interés concreto de las empresas para financiar (oscuramente) sus grandes obras, obteniendo millonarios contratos con las Administraciones públicas pertinentes. Continuaremos en siguientes entregas.

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Viven para CADTM

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Published by Rafael Silva - en Política
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