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14 diciembre 2015 1 14 /12 /diciembre /2015 00:00

Los trabajos del comité que auditó la deuda griega revelaron que los rescates no eran para salvar al pueblo o a la economía griega, sino a los bancos franceses y alemanes

Zoe Konstantopoulou (expresidenta del Parlamento griego)

Bien, vamos a abordar ya el cuarto y último apartado donde habíamos clasificado las posibles causas de ilegitimidad de las deudas públicas, relativo a la utilización de los fondos prestados. Es decir, este apartado se refiere a estudiar todos los posibles casos donde los fondos adquiridos por el préstamo mediante el cual se adquirió la deuda, se dedicaron a actividades, financiación o presupuestos ilícitos, ilegales, odiosos o ilegítimos. Y es que un préstamo cuyo objeto respeta en apariencia el derecho puede ser ilegítimo, cuando es utilizado con fines ilícitos, poco éticos o inmorales. En consecuencia, hay que comprobar, mediante el oportuno proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que el préstamo ha sido utilizado de una manera adecuada, y para los fines para los cuales la deuda fue adquirida. En caso contrario, deberíamos hablar de causa ilícita o inmoral del contrato, situación que se encuentra respaldada en numerosas legislaciones civiles y comerciales. 

 

También podemos observar y analizar a este respecto la conducta del supuesto acreedor, y preguntarse por la legitimidad del reembolso....¿quién debe a quién? Recordemos que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia y que el reembolso de las deudas está limitado concretamente por los principios generales del derecho, los cuales se imponen a todos los actores que intervienen en el proceso de endeudamiento. Entre estos principios, se encuentra la inequidad, la buena fe, o también el enriquecimiento sin causa. En consecuencia, una deuda contraida de una manera legal puede ser ilegítima cuando el acreedor obra de mala fe o se comporta de manera injusta, exigiendo por ejemplo el reembolso de una deuda que no ha sido utilizada para el interés general de la ciudadanía. Tenemos casos históricos que lo avalan, como por ejemplo la sentencia que se dictó en 1923 por la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del Gobierno de Costa Rica, que había denunciado al Royal Bank of Canadá (un banco inglés) por un préstamo suscrito bajo el régimen del dictador Federico Tinoco. La sentencia fue especialmente edificante y ejemplarizadora, ya que en su argumentación, el juez afirmó que "...el Banco Royal debió probar que el dinero fue prestado al gobierno para usos legítimos. Y este banco no lo hizo". 

 

Se puede también invocar la doctrina sobre la deuda odiosa para estos casos, que incluye en la categoría de las mismas a "los préstamos contraídos con fines manifiestamente interesados y personales por parte de los miembros de un gobierno o de personas y grupos relacionados con el gobierno, fines que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado", apostillando que "las deudas del Estado deben ser contraídas y los fondos procedentes de las mismas, utilizados para las necesidades y por el interés del Estado". Bien, sobre la base de todos estos elementos expuestos, pueden considerarse ilegítimas bajo este apartado los siguientes siete casos o variantes, que exponemos a continuación:

 

1.- Las deudas que hayan servido para el enriquecimiento personal. Situación muy típica por ejemplo durante las dictaduras, cuyos regímenes suelen incurrir en deudas absolutamente arbitrarias que sirven únicamente para el enriquecimiento personal de sus dirigentes, como ocurrió en el caso de la deuda argentina contraída bajo la junta militar entre 1976 y 1983. 

 

2.- Las deudas generadas por los rescates bancarios. Este caso ya lo hemos encuadrado también en supuestos expuestos en artículos anteriores, pero caben también en éste, ya que estas deudas descansan sobre una causa inmoral o ilícita en la medida en que el conjunto de la mayoría social del país en cuestión no es responsable de los errores cometidos por los banqueros. 

 

3.- Las deudas generadas por medidas fiscales y sociales injustas. Como sabemos, la deuda de los Estados europeos ha aumentado durante las últimas décadas debido principalmente a la bajada de los ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas, así como del impuesto sobre la renta y el patrimonio de las familias más ricas, en una clara ofensiva neoliberal por parte de la clase dominante. Esta situación ha sido conscientemente mantenida (mientras se quejaban hipócritamente de los pocos recursos que recaudaba el Estado) a través de una sucesión de reformas fiscales que han favorecido a las grandes fortunas y las grandes empresas privadas, en perjuicio de la inmensa mayoría social (son las famosas políticas para la élite del 1%, en contra del 99% restante). Estas políticas han sido las responsables de los tremendos niveles de desigualdad social, del enorme endeudamiento público (por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios), así como de la existencia de mecanismos (incluso legales) para evadir impuestos, y de la propia existencia de los paraísos fiscales.

 

4.- Las deudas reclamadas por los denominados "Fondos Buitre". Designamos así a los fondos de inversión especulativos, que obtienen sus beneficios basándose en que los propios Estados han puesto los derechos humanos como objetos de mercantilización. Este sobrenombre les viene a propósito de sus prácticas odiosas, que consisten básicamente en recomprar a muy bajo precio las deudas de los Estados en dificultad, para más adelante, obligarlos por vía judicial a que les reembolsen la deuda a precio fuerte, es decir, por el importe inicial de las deudas, aumentado por los intereses y los diversos recargos de los propios procesos judiciales. Para una mayor información, los lectores interesados pueden consultar los artículos de esta serie dedicados al capitalismo del siglo XXI. Es evidente que su actuación viola de manera flagrante los principios generales del derecho, tales como la equidad, la buena fe o el enriquecimiento sin causa, a todo lo cual se añade la propia violación de los DDHH cuando los bienes, productos o servicios objeto de su especulación se consideran como tales, como en el caso de la vivienda.

 

5.- Los intereses reclamados por los bancos que han recibido fondos prestados del Banco Central Europeo (BCE). Situación muy típica, avalada por los propios Tratados de la UE, mediante la cual la banca privada puede exigir tipos de interés elevados a los Estados, cuando estos bancos han recibido fondos del BCE sólo al 0,75% o al 1%, enriqueciéndose gracias a dichas prácticas de manera indebida. Todo ello ha sido y es posible porque el BCE en realidad nunca ha actuado como un verdadero Banco Central (al estilo de la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón), sino como un auténtico lobby de la banca privada europea. Por tanto, aunque en principio legal, es una situación absolutamente repudiable. 

 

6.- Las deudas externas de los países del Sur. También se puede hablar aquí de enriquecimiento sin causa, en la medida en que estos países han reembolsado varias veces sus deudas a sus países e instituciones acreedoras, como ya dejamos constancia en artículos anteriores de la serie. 

 

7.- Las  deudas que sirven para pagar antiguas deudas ilegítimas. Así, el hecho de contraer deudas para reembolsar antiguas deudas reconocidas como ilegítimas constituye de por sí una causa inmoral e ilícita. Podemos también argumentar que una deuda no pierde, incluso bajo un proceso de renegociación o reestructuración, su carácter de ilegal, ilegítima u odiosa. Por tanto, la deuda conserva su vicio de origen, que perduda en el tiempo, y no puede ser ocultado bajo nuevos endeudamientos. Continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Vivien para CADTM

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Published by Rafael Silva - en Política
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