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21 diciembre 2015 1 21 /12 /diciembre /2015 00:00

Porque no se puede pactar con el diablo y con el pueblo a la vez, ni gobernar para “los de abajo” sin meter mano a ”los de arriba”, ni cambiar la sociedad con frases sin una organización preparada para la lucha

Red Roja

Bien, hemos ido exponiendo, durante las últimas entregas de esta serie, las consideraciones y criterios que un Gobierno puede tener en cuenta, por supuesto con el apoyo del conjunto de la ciudadanía, para investigar bajo la organización de un proceso de auditoría ciudadana de la deuda, y declarar toda o cierta parte de la misma como ilegítima, procediendo a su impago, independientemente de que se realice o no para el resto de la deuda, un proceso de renegociación o de reestructuración. Suponemos que los lectores, a estas alturas del asunto, ya tendrán muy claro la estupidez, la trampa y la falacia que encierra la típica afirmación que versa que "las deudas hay que pagarlas". Pero quizá hemos mezclado de varias formas y en diferentes puntos y circunstancias los términos deuda insostenible, impagable, ilegítima, odiosa o ilegal, creando un poco de confusión. Vamos a poner un poco de orden en este caos, siguiendo al Presidente del CADTM, Eric Toussaint, sobre las clasificaciones que podemos otorgar a la deuda:

 

1.- Deuda pública ilegítima: Básicamente, es la deuda contraída por las diferentes Administraciones Públicas sin respetar el interés general de la ciudadanía, o bien en perjuicio del mismo. O si queremos, una deuda contraída para favorecer el interés particular de una élite o minoría privilegiada.

 

2.- Deuda pública ilegal: Es la deuda contraída violando cualesquiera leyes del orden jurídico o constitucional, nacional o internacional, que fuesen de aplicación en el momento de adquirirla. Si la ilegalidad se confirma, el Estado puede declarar la nulidad de la deuda, y cancelar su pago.

 

3.- Deuda pública odiosa: Es la constituida sobre todo por créditos concedidos con la imposición de condiciones que suponen una clara violación de los Derechos Humanos, formados por los derechos sociales, económicos, laborales, culturales, civiles o políticos de las poblaciones concernidas por el pago de dichos créditos. 

 

4.- Deuda pública insostenible: Se puede catalogar así a toda deuda cuyo pago condene a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de las condiciones sanitarias y educativas, al aumento del desempleo, y al cualquier otra circunstancia que menoscabe sus posibilidades de progreso. En resumen, una deuda cuyo reembolso implica que los derechos humanos fundamentales no se respeten. En otras palabras, una deuda cuyo pago impide a los Gobiernos garantizar los derechos humanos fundamentales. Teniendo en cuenta este argumento de insostenibilidad de la deuda, un Estado puede declarar una moratoria de sus pagos, sin que ello genere nuevos intereses de demora. Por supuesto, también se podría hablar de insostenibilidad financiera y económica del reembolso de la deuda. 

 

Tenemos por tanto infinidad de criterios a la hora de considerar a nuestra deuda pública bajo el prisma de los diferentes criterios que hemos expuesto (se pueden cumplir varios de ellos a la vez, incluso todos), y todo ello, extrapolado a nivel mundial, conduce a que el sistema-deuda implantado globalmente, sea uno de los elementos que el nuevo Socialismo del siglo XXI debe erradicar. Pero apliquémoslo a nuestro contexto, al caso del Estado Español. Y podemos comenzar, siguiendo un artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, deteniéndonos a profundizar sobre la reforma constitucional que el bipartidismo del PPSOE acordó en agosto de 2011 (sin el debate parlamentario adecuado, ni el refrendo del pueblo, ese al que tanto conminan ahora, porque es donde reside la "soberanía nacional", continuamente pisoteada por los mismos que la abanderan). Básicamente, la operación consistió en lo siguiente: en contra del derecho internacional, y de la legislación nacional, el Artículo 135 de la Constitución Española de 1978 se cambió para dar "prioridad absoluta" al pago de la deuda ante cualquier otra necesidad. De esta forma, el reembolso de la deuda gozaba de mayor prioridad que cualquier otra inversión social que el país pudiera necesitar, incluso en tiempos de crisis, y todo ello en aras del "saneamiento de las cuentas públicas", de la "disciplina presupuestaria", de la reducción del déficit público, y de los mantras ideológicos que aseguran que "no podemos gastar más de lo que ingresamos", y otras variantes más. 

 

Las consecuencias, pues, son absolutamente demoledoras para nuestro "Estado Social y de Derecho" consagrado en la Constitución. Porque esta modificación (para la cual sólo hicieron falta un par de llamadas telefónicas, mientras que para otras modificaciones necesitan años de "consenso"), hecha a toda prisa en varios días, permite reducir los gastos en Educación y Sanidad públicas, precarizando aún más a la clase trabajadora, y todo ello para reforzar las garantías a los acreedores de la deuda pública española (básicamente, otros bancos). Se trata, como indican los autores del citado artículo, "de una concesión inédita a los acreedores, un paso más para garantizar su supremacía y satisfacer sus prerrogativas en el edificio constitucional". De hecho, "constitucionalizar" (esto es, elevar a rango constitucional) la prioridad absoluta del pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones es algo muy grave, ya que mediante esta decisión, quedan sacrificados otros objetivos igualmente constitucionales, tal como la satisfacción de los derechos sociales o laborales de la ciudadanía.

 

Por tanto, introducir dicho criterio en nuestra Constitución (como en cualquier otra Constitución del mundo) no es más que una muestra del carácter fanático, cerrado y dogmático de la ideología neoliberal imperante, excluyendo modelos alternativos y alejándonos de la propia filosofía consagrada en la Constitución y del posible alcance democrático que pudiéramos extraer de nuestra Carga Magna. Fijémonos que incluso en el propio lenguaje que se utiliza y se difunde por la clase dominante, esta filosofía de considerar al país como una empresa, y a sus dirigentes como sus Directores Generales se va imponiendo. De hecho, en el debate "cara a cara" entre el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el moderador presentó el debate como si fuera "una entrevista de trabajo, para un proceso de selección de personal, que elija a la persona que va a dirigir los destinos de esta gran empresa que se llama España". La perversión del propio lenguaje, que legitima subliminalmente este enfoque, es clara y evidente. Pero como decimos, más allá de la mera interpretación política del asunto, podemos apelar a los aspectos formales y legales. Los expondremos en la próxima entrega.

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Published by Rafael Silva - en Política
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