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28 diciembre 2015 1 28 /12 /diciembre /2015 00:00

Bajo el relato optimista de la superación de la crisis de deuda se esconde también la farsa del éxito de las políticas de austeridad. Lo cierto es que la deuda sigue lastrando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población española. Los más de 700 mil millones de deuda emitida desde 2013 podrían haber servido para invertir en economía productiva y generar puestos de trabajo. Pero han ido a pagar la deuda, a rescatar los bancos o financiar grandes infraestructuras de dudosa utilidad social y viabilidad económica. Los pagos de deuda y sus intereses, realizados en base a nuevo endeudamiento, siguen siendo aún hoy la razón para seguir aplicando recortes, teóricamente para hacer frente a unos límites de déficit fijados desde Bruselas. Unos límites y una austeridad definidas con el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar, generando así mayores márgenes de beneficios para los propietarios del capital

Yolanda Fresnillo (Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda)

En el artículo anterior de esta serie comentábamos, dentro del contexto de la necesidad de auditoría de la deuda, el caso de nuestro país, en el sentido de la reforma constitucional del artículo 135, cambiado por las fuerzas del bipartidismo (PP-PSOE) para consagrar la ineludible obligación del pago de la deuda, antes que ningún otro gasto social. En el último artículo habíamos discutido los aspectos de forma, y ahora vamos a discutir los aspectos legales. Seguimos este artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, cuya lectura recomiendo, para más información. Porque para empezar, por haber reformado de manera unilateral y sin consulta popular ni debate público nuestra Carta Magna en un asunto relevante como el que nos ocupa, el Gobierno del Presidente Zapatero violó también la propia Constitución Española, que recoge en su artículo primero, apartado 2, que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y si resulta que ahora invocan tantas veces dicha soberanía y su ruptura ante la posible celebración de un referéndum en Cataluña...¿porqué no se aludió entonces al debido respeto a la soberanía nacional?

 

El cambio constitucional choca también con el artículo 158, que especifica la importancia de la garantía de los servicios públicos, lo que va justamente en dirección opuesta a los recortes practicados en dichos servicios, que afectan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para priorizar el pago de la deuda. Dicho artículo se refiere exactamente a "...la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español". También tiene que ver con el artículo 128, que abre el Título VII de la Constitución, rotulado "Economía y Hacienda", y que subordina al interés general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y bajo este nuevo redactado, está claro que una gran parte de la riqueza del país (casi un tercio del PGE) va hacia afuera para llenar los bolsillos de los acreedores de nuestra deuda, léase grandes instituciones financieras, de seguros, bancarias, y grandes fortunas. De hecho, el apartado 2 del referido artículo 128 prevé "...acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", lo cual parece ser una extrema medida comunista o bolivariana. Debe ser que los padres redactores de la Constitución eran todos unos peligrosos extremistas. 

 

De igual forma, el artículo 131 aboga por una distribución justa de la riqueza para atender a las necesidades colectivas, ya que reza que "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza, y su más justa distribución". Pero plantear hoy día estas cosas en cualquier debate (es decir, la intervención del Estado en la economía y en una justa redistribución de la riqueza) también resulta de extrema izquierda, de radicales y de antisistema. Bien, vayamos al nuevo redactado del artículo 135, el que fue aprobado en agosto de 2011, en un claro ejercicio de obediencia ciega a los postulados de la EuroAlemania, y a los designios del gran capital que gobierna esta Unión Europea. En su apartado 3, se dice textualmente (la mayúscula es nuestra): "El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

 

Un apartado servil que nos consagra a tener que depender del prioritario pago de los intereses de la deuda, aunque el país esté necesitado de implementar cualesquiera otros servicios públicos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, y a redistribuir justamente la riqueza, como proclaman otros artículos de la Carta Magna. Nos sumamos así al carro de otros cambios constitucionales que han ocurrido en el mundo bajo los dictados y los dogmas neoliberales instaurados por el gran capital, al amparo de la presión de organismos internacionales como el FMI, que son auténticos nidos de fanáticos economistas neoliberales, que están en realidad al servicio de los intereses de la gran banca privada y de las grandes empresas transnacionales. Y así, se cambian las Constituciones para imponer un techo de déficit público, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público, pero no para cultivar realmente la importancia de dichos logros, sino para utilizar dichos objetivos como pretexto y excusa perfecta para la intervención económica de los países, con la clara meta de socializar las pérdidas de las grandes empresas deficitarias, privatizar los beneficios de las empresas rentables, e instalar toda una serie de medidas del ideario neoliberal, que implican desmantelamiento del Estado del Bienestar, precarización del mercado laboral, y privatización de los servicios públicos. Éste es el verdadero itinerario que se persigue, como podemos observar claramente tomando nuestro país como ejemplo. 

 

Estos principios, como muy bien señalan los autores del artículo de referencia, van justamente en dirección opuesta a otras Constituciones modernas del mundo, como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas (lo que exactamente está ocurriendo en España) o que prevé que el Estado sólo puede recurrir "...al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes" (artículo 290, párrafo 1). La Constitución ecuatoriana proclama también a la propia naturaleza como sujeto de derechos, algo de lo que también deberíamos aprender. Otro ejemplo lo tenemos en la Constitución de Bolivia, que prohíbe expresamente la privatización del agua, o la de Costa Rica, que obliga a que el gasto público en Educación no sea inferior, en ningún caso, al 8% del PIB. Estos logros han sido posibles gracias a las movilizaciones sociales, a la tremenda presión ciudadana, e incluso a la organización de una Asamblea Constituyente, como en los casos referidos de Ecuador o Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado Español impone la obligación de pagar deudas, aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco, se prevé también multar al Estado si éste no cumple con los compromisos adquiridos de déficit o endeudamiento. Pero aún tenemos otros puntos de vista muy interesantes que resaltar. Continuaremos en siguientes entregas.

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