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11 diciembre 2015 5 11 /12 /diciembre /2015 00:00

(…) lo único que aumenta más rápidamente que nuestras emisiones es la producción de palabras de quienes prometen reducirlas

Naomi Klein

Vamos a enumerar los principios generales por los que deberían regirse, según las organizaciones de referencia, las políticas sociales y ambientalmente sostenibles:

 

1.- Creación de "empleo verde" para alcanzar una economía baja en carbono. En este sentido, hay que potenciar todas las profesiones u oficios ligados con el sostenimiento medioambiental, pero también hay que tenerlas en cuenta en los Planes de Empleo Público, así como en los Planes de Trabajo Garantizados que desde los estamentos y poderes públicos se puedan patrocinar. Los nichos de empleos ligados a las famosas "R" (Reparar, Reciclar, Reformar) deben orientar gran parte de las políticas públicas orientadas a la generación de puestos de trabajo.

 

2.- Conservación de la naturaleza, protegiendo, gestionando y restaurando la biodiversidad y los ecosistemas como un gran patrimonio común, y la base que sustenta nuestro entramado social y económico. Es el puntal fundamental, y los que apostamos por un Proceso Constituyente y una nueva Constitución estamos convencidos que la propia naturaleza debe reconocerse en ella como sujeto de derechos, como ya ocurre en las Constituciones más avanzadas del mundo.

 

3.- Eficiencia en el uso de los recursos naturales, reducción de residuos y de contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable, y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, materiales biológicos y minerales, y atmósfera) esté dentro de unos límites sostenibles. Estamos convencidos de que ello implica, más tarde o más temprano, poner en práctica políticas decrecentistas, que cambien el modelo productivo y consuman de otra forma.

 

4.- Asignación de dinero público para bienes públicos, asegurando que todas las ayudas públicas supongan un beneficio para la sociedad y el medio ambiente, y eliminando todos los elementos perversos para la biodiversidad y el medio ambiente. Ello implica acabar con las corruptelas a todos los niveles, y gestionar lo público desde otro paradigma, abandonando el principio de rentabilidad económica, para sustituirlo por el de rentabilidad social. 

 

5.- Cumplimiento del principio de que "Quien contamina, paga", huyendo de los mecanismos de compensación. Pero tenemos dos importantes observaciones que hacer aquí: la primera tiene que ver con el montante en sí de las multas, ya que las que se han impuesto hasta ahora a las grandes empresas transnacionales, han sido absolutamente ridículas en comparación con sus niveles de beneficio, y de esta forma, las multas y sanciones no cumplen su función disuasoria. Por otra parte, entendemos que tampoco el paradigma enunciado es la solución, sino sólo un apoyo, porque la imposición de sanciones a los agentes contaminantes no restaurará los efectos dañinos que producen. Véase este artículo de referencia, donde explicamos esta problemática con profundidad. 

 

6.- Modernización de las estructuras de gobierno y procesos de gobernanza, sobre todo en lo tocante a la transparencia y participación pública en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas ambientalistas. 

 

Bien, vamos a adentrarnos ya en las propuestas del primer gran bloque, que trata sobre la necesidad de que el combate contra el cambio climático y sus terribles efectos sea el epicentro de las políticas ambientalistas. La urgencia y gravedad del cambio climático requieren del compromiso público y privado, y de la acción política a todos los niveles, pues nos estamos jugando, en última instancia, la propia supervivencia de la especie humana en el planeta. Pero no sólo desde el Estado, sino que las Comunidades Autónomas disponen de una gran cantidad de oportunidades para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas ambientales en áreas como el transporte, la energía, la producción agraria, la gestión de los residuos o la potenciación de la industria. Es necesario que todas las regiones, de mayor o menor entidad, hagan del cambio climático un eje político transversal a todas las decisiones que se tomen. En este sentido, hay que establecer legislaciones a todos los niveles (Estatal, Autonómica y Local) en materia de mitigación de las emisiones basadas en presupuestos de carbono de acuerdo a las competencias de cada Administración Pública, en áreas como el transporte, los recursos forestales, la agricultura o el medio ambiente, con objetivos de reducción de emisiones de obligado cumplimiento en todos estos sectores. 

 

Hay que cuantificar los objetivos de manera más ambiciosa que el actual reparto europeo de la carga, de acuerdo a la capacidad de cada región o Administración y su responsabilidad histórica, para poder alcanzar el nivel de "Emisiones Cero" en el año 2050. Hay que incorporar y apoyar a nivel regional medidas recogidas en la Hoja de Ruta de los sectores difusos 2020 para transporte, eficiencia energética, residuos y agricultura. Debemos establecer una política y una planificación para la progresiva adopción de medidas de adaptación al cambio climático, coordinadas y coherentes con otras regiones y países de nuestro entorno, y en consonancia con los compromisos adquiridos en los Planes Nacionales contra el Cambio Climático. Hay que declarar a los diversos territorios, después de la erradicación de ciertas prácticas, como "territorios libres de extracción y generación de combustiles fósiles y nucleares", por ejemplo libres de prospecciones de hidrocarburos y de fracking, y contra la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, introduciendo también en la legislación de planificación territorial medidas de salvaguardia ambientales que impidan el uso del suelo para la exploración y extracción de gas de esquisto. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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