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4 enero 2016 1 04 /01 /enero /2016 00:00

No habrá resolución alguna de la crisis que nos agobia si no se pone en funcionamiento una estrategia que limite efectivamente el despotismo de los mercados y la primacía de los oligopolios y el imperialismo

Atilio A. Borón

Todo lo cual es, como estamos explicando, el auténtico fenómeno que explica la existencia y expansión del sistema-deuda a nivel mundial, y por supuesto, también en nuestro caso español, que estamos analizando. Y lo estamos haciendo tomando como referencia e intentando explicar la gravedad de la última reforma constitucional ejecutada por el bipartidismo, en torno al cambio del artículo 135, para asegurar desde dicho rango constitucional el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto social. Este cambio constitucional, tal como lo hemos presentado durante las últimas entregas, representa un duro golpe contra la democracia, no teniendo justificación alguna para ningún gobierno decente que se precie. Porque incluso entendiendo que los poderes supranacionales que en el fondo ordenaron el cambio (que no fueron otros que los representados por la Troika) tuvieran demasiado poder para nuestro Gobierno de turno, su Presidente (Zapatero en este caso) y todo su Gobierno en bloque deberían haber dimitido, ante la imposibilidad de llevar a cabo su programa electoral, o si se quiere, ante la obligación externa de tener que implementar medidas contrarias a su ideario. No obstante, el Presidente Zapatero cambió la Constitución, aplicó las medidas de recortes y de austeridad, consagró el pago de la deuda, no dimitió, y hoy día sigue siendo un vivo referente de su partido, el PSOE.

 

Pero como estamos viendo hoy día, alrededor de todo el mundo, los Gobiernos auténticamente decentes y honestos brillan por su ausencia. El caso es que este cambio constitucional sigue vigente hoy día, y además de constituir un claro precepto ilegítimo, según toda la jurisprudencia sobre el tema que hemos analizado en entregas anteriores de la serie, y además de chocar contra los preceptos de la propia Carta Magna española, contraviene a las leyes internacionales. Vamos a poner algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas (que lógicamente constituye el orden público internacional, o debería constituirlo), expresa con claridad la supremacía de la Carta sobre cualquier otro compromiso, como muy bien nos advierten Jerome Duval y Fátima Martín en su artículo de referencia, ya que el artículo 103 dice textualmente: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraidas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta". Nos encontramos por tanto ante un claro caso de ilegitimidad, que entra de lleno en los supuestos que hemos analizado en artículos anteriores. 

 

Por tanto, está claro que la Constitución vigente de 1978 del Estado Español ha de respetar la Carta de las Naciones Unidas (al igual que el resto de Constituciones nacionales del mundo), y ésta especifica claramente en su artículo primero: "En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia", y el cambio de nuestro artículo 135 ya referido antepone claramente el interés de los acreedores al del conjunto de la ciudadanía española, toda vez que se vulneran las reglas más elementales de cualquier Estado Democrático y de Derecho que se precie. La Constitución de cualquier Estado miembro de la ONU no puede defender, como hace la nuestra en la actualidad, una violación generalizada de los Derechos Humanos como consecuencia de políticas impuestas por los acreedores extranjeros, priorizando el reembolso de la deuda como especifica dicho apartado 135.3 que destacamos en la entrega anterior. Porque como hemos concluido en reiteradas ocasiones, las deudas contraidas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los pueblos y de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los DDHH, son ilegítimas. Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Como podemos contemplar, hasta esta sagrada Declaración legitima la rebelión contra el poder despótico y las leyes abusivas. 

 

Y por su parte, y según el artículo 1-2 de la Carta de la ONU y en el artículo primero, común a los dos Pactos de 1966 sobre los Derechos Humanos: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia". E igualmente, el artículo 2.3 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo de 1986 es incompatible con los planes de austeridad, y el referido cambio constitucional, ya que reza en los siguientes términos: "Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste", todo lo cual choca abiertamente con las políticas austericidas, con la imposición de la estricta disciplina presupuestaria, y con la obsesiva reducción del déficit público al que se nos obliga desde la Troika (FMI, BCE, CE). 

 

Pero sobre todo, choca abiertamente contra el continuo y progresivo desmantelamiento de todos los sistemas de protección social y del propio Estado del Bienestar, practicado expresamente (bajo la excusa de la crisis) por los gobiernos neoliberales al servicio del gran capital, manifestados en nuestro país por el bipartidismo dominante, y demás fuerzas políticas que les apoyan. Es inconcebible que en un país que se autodenomina democrático y que además presume de ello, puedan ocurrir estas barbaridades políticas, que dan lugar a los crímenes sociales que contemplamos diariamente, fruto de todas estas medidas que obedecen al dogma neoliberal. Es preciso denunciarlas ante todos los foros internacionales, y es preciso llevar a sus máximos responsables ante los tribunales, por la aplicación de estas medidas. Y ya sabemos quiénes son sus cínicos e indecentes responsables: justamente aquéllos que hoy día se llenan la boca diciendo que "las deudas hay que pagarlas", o que "la ley es la ley, y todos tenemos que respetarla". Como bien dice nuestro refranero, "se descubre antes al embustero que al cojo". En resumidas cuentas, disponemos de todo un arsenal normativo, y de toda una serie de precedentes históricos, legales y circunstanciales que legitiman al Estado para que ponga fin a las condiciones impuestas por la Troika, derogue la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, y emprenda un proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que declare las partes de la misma que puedan ser ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para rechazar el pago, o bien reestructurar el mismo, en aras al respeto hacia una política social que no vulnere abiertamente los Tratados Internacionales, ni los propios Derechos Humanos. Continuaremos en siguientes entregas.

 

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Published by Rafael Silva - en Política
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