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11 febrero 2016 4 11 /02 /febrero /2016 00:00

De conseguir tumbar el TTIP, habríamos ganado al poder industrial y sentaríamos un precedente histórico en la lucha por la democracia

Pia Eberhardt

Y es necesario volver a recordar, llegados a este punto, las formaciones políticas con las que podemos contar a la hora de combatir el TTIP, y la cuestión parece estar muy clara, pero volveremos a insistir en ello, porque, como ya nos tienen acostumbrados, los distintos partidos y bloques políticos (en relación al Parlamento Europeo) juegan al continuo despiste de cara a la ciudadanía, y  mientras se llenan la boca diciendo defender los derechos sociales y laborales, culturales y políticos, en definitiva los Derechos Humanos, la realidad es bien distinta, pues cuando llega la hora de votar, se alinean con las posturas más neoliberales de la Comisión Europea. No nos engañemos por tanto sobre este punto, ya que sólo existen dos bloques en relación al asunto de los TLC: la coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales (representados en nuestro país por el tripartidismo PP-PSOE-C's, más el resto de fuerzas de carácter neoliberal, como PNV-CDC-CC...), y la coalición alineada con la Izquierda Verde Europea, representada en nuestro país por PODEMOS, IU-UP, y el resto de fuerzas de la izquierda, como EQUO, Compromís, CUP, EH-Bildu, etc.

 

Tengámoslo claro, por tanto, a la hora de prestar nuestro apoyo, y de dejarnos convencer o no, por los charlatanes que las representan, porque como decimos, se prestan a un peligroso juego a dos bandas, pues mientras sigilosamente ayudan a aprobar TLC's como el TTIP, en sus respectivos países dicen abogar por el fin de la austeridad y la defensa de los derechos humanos. Y debemos entender la protesta contra los TLC no en forma aislada, sino como un todo, pues las mismas fuerzas políticas que abogan en su contra, son las mismas que también están en contra de los paraísos fiscales, a favor de la banca pública, a favor de la auditoría de la deuda, de la renta básica, y de muchas otras medidas, que las fuerzas que abogan por los TLC's no apoyan. Los dos bandos están, por tanto, muy claros, por mucho que nos digan frases bonitas como que "no necesitamos frentes, sino destacar lo que nos une". Son puros eslóganes de cara a la galería, que no aclaran realmente nada, sino que a lo único que contribuyen es a intentar crear más confusión ideológica, y bajo la bandera de la conciliación, del pactismo y de la negociación, intentar llevarnos a su terreno. Y es un terreno terriblemente peligroso. 

 

Y ello porque, centrándonos en los servicios públicos (a los que ataca fundamentalmente el TISA), si los diversos TLC en liza se aprueban definitivamente, no existirá ninguna posibilidad de construir y mantener el tan ansiado Estado Social Europeo, del que forma parte nuestro Estado de Bienestar (tan atacado últimamente), si no se puede conservar una arquitectura pública, gratuita y universal para nuestros servicios públicos. Pero evidentemente, los TLC representan un ataque en toda la línea de flotación de estos principios, ya que sus adalides son los primeros que afirman que "lo gratuito no es sostenible". Y bajo ese mantra, intentan convencernos de las bondades de la gestión privada de nuestros servicios públicos, tarea en la que llevan inmersos varios años, intentando a varias bandas, y en varias oleadas privatizadoras, introducir el negocio privado y la lógica del beneficio en la arquitectura de nuestros servicios públicos. Y evidentemente, ello no es factible. Sólo la lógica de la rentabilidad social y de la inversión pública permite que disfrutemos de unos servicios completamente públicos, pues en caso contrario, si estos principos se rompen, si cambian los pilares de esta arquitectura, la extinción de estos servicios públicos estará, más pronto que tarde, asegurada. 

 

Y por supuesto, las grandes empresas transnacionales (y sus innumerables corporaciones filiales y asociadas) están obsesionadas por introducir sus modelos de negocio en los servicios públicos, para transformar el principio básico orientado a la rentabilidad social y al bien común, por el orientado a la rentabilidad económica y a la obtención de beneficios empresariales. Es otro punto sobre el cual no debemos dejarnos engañar, porque estos dos principios no casan, ni son compatibles entre sí. Y debemos rehuir de los experimentos en este sentido, pues lo único que pretenden es abordar la privatización poco a poco, de forma progresiva, de tal manera que el impacto sobre la ciudadanía sea sostenido, suave, pero al fin y al cabo, igualmente implacable. Y tomando las palabras de Fátima Aguado y Francis Cabezos, de la Federación de Servicios de CC.OO.: "Una sociedad moderna, igualitaria, que quiere construir una convivencia digna para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales, es una sociedad en la que la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida, unos cimientos sobre los que debe levantarse todo el edificio social que nos acoge como personas, y nos eleva a la categoría de propietarios de derechos de ciudadanía, de personas con futuro". Porque en efecto, los modelos de bienestar encarnan las señas de identidad de las sociedades más avanzadas, pero la corriente neoliberal más salvaje y conservadora está atropellando el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad. 

 

Nosotros, la clase trabajadora, las clases populares, las clases más vulnerables, estamos en el otro bando, en el bando de la defensa de la justicia social, del empleo digno, estable, decente y con derechos, del Estado del Bienestar y de la soberanía popular, para que sean los Estados, de forma democrática, los que regulen las reglas del juego, y no las insaciables multinacionales, que sólo buscan la lógica del beneficio a toda costa, sin importarles, desde su cima, ningún otro criterio. Bajo la excusa de la libre competencia (ya reflejada en el Tratado de Lisboa de 2007), se pretende abrir totalmente el abanico de servicios liberalizados, ahondando en la desregulación de los mismos, abriéndolos a la competencia privada, y despojando al conjunto de la ciudadanía de sus derecho a los mismos. Y para conseguirlo, pretenden dar a estos acuerdos transnacionales una categoría supraconstitucional, que limita la capacidad reguladora de los Estados en todos los niveles de sus respectivas Administraciones Públicas, en lo referente a la normativa que regula dichos servicios. Y aún es mayor la amenaza, al pretender hacer esto con un país como socio (EE.UU.) que sigue sin ratificar (dejaremos para un artículo posterior de esta serie todo el conjunto de normativas sobre derechos humanos que incumple USA) más de 70 Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Mal socio, referente y compañero de viaje hemos buscado, pues. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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