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5 febrero 2016 5 05 /02 /febrero /2016 00:00

Si vivimos en un planeta con recursos naturales limitados, es evidente que el reparto de riqueza es la única forma de caminar hacia la justicia

Yayo Herrero

Continuando con todo el tema hídrico ya comenzado en el artículo anterior de esta serie (donde hablamos de nuestros mares y costas), continuaremos aquí abordando el tema de nuestros ríos, donde es imprescindible mantenerlos vivos, así como fomentar un ahorro efectivo de agua. Desde el advenimiento de los grandes procesos de industrialización, se dan continuamente casos de fábricas y empresas que vierten sus residuos (de forma controlada o accidental) al curso de nuestros ríos, provocando graves casos de contaminación del agua, y de muerte masiva de las especies que los habitan. Ante tales casos, la desidia de nuestras Administraciones Públicas para paliar los efectos de dichas situaciones, así como para impedir que vuelvan a ocurrir, ha sido pasmosa. La transición definitiva de la política de aguas en nuestro país para cumplir con los principios de sostenibilidad y la normativa europea queda en gran parte en manos de nuestras Comunidades Autónomas, ya que ellas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, quedan definidas como las Administraciones competentes para dichos asuntos. 

 

Y en primer lugar, necesitamos concienciar a la población y a nuestras Administraciones del grave problema hídrico que padecemos, derivado (de hecho, supone una de sus facetas principales) de la evolución experimentada por nuestros ecosistemas por efecto del cambio climático. De hecho, las aportaciones de agua que llegan de nuestros ríos ha descendido bruscamente durante las últimas décadas, y según todos los organismos responsables, esta tendencia continuará durante los próximos años. En este magnífico artículo del que extraemos parte de esta información, Edmundo Fayanás nos informa de que para el conjunto de España, y durante los últimos 25 años, se han reducido en un 20% el total de los recursos hídricos disponibles. En algunos casos, ha sido especialmente dramático, como en la cuenca del río Segura, cuya disminución hídrica ha sido de un 40% durante los últimos 20 años. Con todo ello, nuestro país padecerá un déficit hídrico estructural que afectará a más de la mitad de la Península, destacando sobre todo las cuencas del Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, todo el arco mediterráneo, así como la cuenca del Ebro, especialmente afectada. Con estos datos, la conclusión está clara, sin pretender ser apocalípticos: avanzamos sin remedio hacia un colapso hídrico y medioambiental, como consecuencia de la inacción de nuestros políticos, de la labor depredadora del capitalismo, y de la falta de concienciación ciudadana sobre estos asuntos. Dicho en otras palabras: nos estamos quedando sin agua. 

 

Los ríos y afluentes secos, o con un caudal inferior al nivel ecológico mínimo no podrán, si no tomamos medidas que lo impidan, garantizar la supervivencia de sus respectivos ecosistemas. Con unos niveles de lluvia y nieve inferiores a lo esperado, es previsible un descenso muy acusado del caudal medio de los principales ríos, lo cual supondrá un caos hídrico de imprevisibles y dramáticas consecuencias. El déficit hídrico ya es preocupante, y con los efectos del cambio climático es de suponer que se acentúe. Hemos de tomar conciencia imperiosamente sobre la importancia de este hecho. Los deltas de algunos ríos desaparecerán, debido principalmente al crecimiento del nivel de los mares, y a la débil aportación de agua de sus respectivos ríos. Por otra parte, fuertes inundaciones y períodos prolongados de sequía también desequilibrarán los ecosistemas, y provocarán graves alteraciones de los mismos, siendo también fuente de la aparición y repetición de fenómenos climáticos adversos. Por tanto, toda la ciudadanía ha de ser consciente de la importancia del tema del agua, y exigir a los partidos políticos y movimientos sociales que luchen por la implantación de medidas racionales, que sirvan para paliar estos graves efectos y sus terribles consecuencias. 

 

Para garantizar el buen estado de las masas de agua (ríos, acuíferos, humedales, pantanos, etc.) es necesario que las políticas sectoriales (competencia de nuestras CC.AA.) minimicen el consumo de agua, garanticen caudales ambientales parecidos al régimen natural, y aseguren la calidad del agua disponible. Las Administraciones Públicas encargadas de agricultura, urbanismo, turismo e industria deben respetar el Dominio Público Hidráulico, las llanuras de inundación, y evitar la contaminación difusa o los usos excesivos. Asímismo, debe procederse a planes de limpieza del caudal de todos nuestros ríos, para evitar en lo posible riesgos de desbordamiento excesivo ante la ocurrencia de lluvias torrenciales, que suponen un grave peligro para determinados núcleos de población. Por otra parte, en vez de más embalses, hay que promover el ahorro y la depuración del agua, y garantizar la gestión pública de un bien público, desechando todas las posibles iniciativas gubernamentales o empresariales dirigidas a la privatización parcial o total de cualquier proceso de gestión del agua. Las medidas concretas que se proponen son las siguientes:

 

1.- Asegurar el ahorro real de agua para los usos agrícola, doméstico e industrial, a través de la modernización de infraestructuras y sistemas obsoletos de riego y distribución, asegurando que dicho ahorro contribuya al buen estado de nuestras masas de agua. 

 

2.- Renunciar a las políticas de trasvases, así como a la creación de nuevos embalses. 

 

3.- Establecer caudales ambientales en todos los tramos de los ríos, que garanticen la permanencia de la vegetación de ribera y de la fauna piscícola autóctona con unos niveles de población adecuados. 

 

4.- Reducir la contaminación de ríos y humedales, promoviendo buenas prácticas de fertilización, manejo de suelos y depuración de aguas y reduciendo el uso de plaguicidas, mediante el fomento del control natural de plagas. 

 

5.- Depurar las aguas residuales mediante la construcción de depuradoras de agua en pequeños núcleos de población, basadas en humedales artificiales. Mantener, ampliar y modernizar las depuradoras con la recuperación de los costes del agua. 

 

6.- Reconocer explícitamente el agua como bien público y promover el control público del uso del agua, evitando excesos en las extracciones e incentivando el uso responsable y la recuperación de los costes económicos, ambientales y sociales. Garantizar el derecho humano al agua, sobre todo a hogares con pocos recursos. Evitar cualquier proceso total o parcial de privatización de la gestión del agua. 

 

7.- Promover la gestión de la demanda del agua y el consumo responsable en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones y edificios públicos y privados, e industrias, así como limitar el uso del agua para labores de jardinería. 

 

8.- Reducir significativamente la superficie (número de hectáreas) dedicada a la agricultura de regadío, promoviendo que ésta haga un uso eficiente del agua. Debemos ser conscientes de que el 80% del consumo nacional de agua se deriva a la agricultura. 

 

9.- Realizar una amplia reformulación de la planificación urbanística actual, teniendo en cuenta esta deriva de escasez de agua, así como de otras fuentes de energía. El desarrollo turístico de toda la costa mediterránea está depredando los pocos recursos hídricos que van quedando. Tengamos en cuenta que el consumo hídrico de un turista es cinco veces superior al de un/a ciudadano/a autóctono/a. Desde este punto de vista, el denominado "turismo sostenible" también es un objetivo a conseguir.

 

10.- Por último, debemos mejorar la gestión de los territorios fluviales. Sirva como ejemplo, como nos recuerda Edmundo Fayanás en su referido artículo, que aún en España existen 2 millones de pozos ilegales, y ningún gobierno ha sido capaz de controlar este fenómeno. Las Administraciones Públicas están respondiendo a estos problemas hídricos construyendo más presas, embalses y encauzamientos, pero ya hemos comentado que ésta no es la solución, sino que ella pasa por establecer una política racional de oferta y demanda, que parta de la base de que el agua es un bien público al servicio de la mayoría, y no un bien a mercantilizar en defensa de los intereses de las grandes empresas constructoras y multinacionales. Debemos por tanto mejorar y recuperar los humedales como auténticos pulmones de depuración natural del agua, cuidar y mimar los agotados acuíferos esquilmados por los pozos ilegales, e implantar sistemas de drenaje sostenibles en nuestras ciudades. 

 

Pero lo principal, como decíamos más arriba, es la conciencia ciudadana sobre el terrible problema hídrico que sufrimos, problema que irá avanzando según avance también la intensidad de los efectos del cambio climático. Todo ello agravará las tensiones por la gestión del agua entre los diversos territorios, desatando y agravando los actuales conflictos por las disputas en cuanto a su compartición, uso y responsabilidad. Debemos tomar importantes medidas en relación al tema, si no queremos que estas "guerras por el agua" entre los distintos pueblos se acrecienten, y pasen a representar auténticos conflictos territoriales. Finalizado el tema hídrico, continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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Published by Rafael Silva - en Política
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