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8 marzo 2016 2 08 /03 /marzo /2016 00:00

El TTIP complementa a nivel económico lo que hace la OTAN a nivel militar y estratégico. Si la OTAN es el actor global que apoya militarmente a los gobiernos para garantizar el acceso a recursos, sobre todo petróleo y minerales, a través de intervenciones militares con que lograr el control sobre Estados a los que someten para, más tarde, expoliarlos y empobrecerlos (Somalia, Mali, etc.), el TTIP hace lo mismo con la economía, utilizando estándares compartidos e imponiéndolos con estrategias de guerra, tanto a países del exterior como del interior, en contra, incluso, de las poblaciones de la UE y los EE.UU.

Francisco Sánchez del Pino y Manuel Montejo López

Continuando en torno a la gravedad de la deriva a la que el TTIP llevará los servicios públicos, sólo hay que acudir a su propia declaración de intenciones, que afirma textualmente que "El objetivo debe ser el de obligar al más alto nivel de liberalización que cada parte ha logrado en los acuerdos comerciales negociados hasta la fecha", lo cual da idea clara de sus perversos objetivos. Y es también literal cuando afirman que "Las estimaciones muestran que el 80% de las ganancias potenciales globales de riqueza de un acuerdo comercial, provendrá de la reducción de costes impuestos por la burocracia y las regulaciones, así como de la liberalización del comercio de servicios y la contratación pública". Es absolutamente evidente lo que siempre hemos proclamado, y que ya no se cortan un pelo en declararlo abiertamente, que no es otra cosa que su salvaje pretensión de acabar con el monopolio de los servicios públicos, para integrarlos en el registro de productos, bienes y servicios mercantilizables. Pero como venimos contando, el TTIP (si ve la luz finalmente) será una nueva generación derivada de tratados comerciales anteriores, que vienen sentando peligrosas bases de empoderamiento empresarial e industrial en detrimento de la soberanía de los Estados firmantes, así como de la democracia popular. 

 

Un buen antecedente, que ya hemos citado en artículos anteriores, es el CETA. El CETA es un acuerdo transatlántico entre Canadá y la UE suscrito finalmente en septiembre de 2014, y que sin contar con la participación ciudadana, afecta a la protección de la propiedad intelectual, los productos farmacéuticos, los derechos de los inversores, las compras del sector público, las políticas de compra local de alimentos, la regulación financiera, el movimiento temporal de trabajadores domésticos y los servicios públicos, entre otras muchas materias. Y como afirma el documento de CC.OO. que analiza estos tratados comerciales: "Este acuerdo supone sacrificar el interés público en beneficio de las grandes corporaciones, especialmente en los sectores de la construcción, la minería, el petróleo, el gas, las telecomunicaciones y aquéllos otros sectores donde existe una regulación marco de los gobiernos respectivos. Lo más destacable de este acuerdo es que ha sentado las bases de lo que pueda ser el TTIP, introduciendo la cláusula de protección a la inversión y especificando, por ejemplo, lo que significa la expropiación de los recursos". A falta de la ratificación (sin posibles enmiendas) de todos los Estados miembros, si finalmente es aprobado en el Parlamento Europeo y en el Consejo, el CETA podría entrar en vigor en este mismo año. 

 

En la misma línea o parecida tenemos al TISA (Trade Investment Services Agreement), acuerdo que se está negociando, esta vez de forma multilateral. Estados Unidos es uno de los 23 países que está negociando y promoviendo este acuerdo de servicios. El TISA abarca una amplia gama de servicios y actividades de transporte, telecomunicaciones, construcción, comercio, ingeniería, suministro de energía, distribución de agua, marketing, publicidad, conservación de la naturaleza, entretenimiento, museos, educación, salud, servicios funerarios, etc. Se estima que los países suscriptores de este acuerdo tendrán que liberalizar los servicios en casi la totalidad de los sectores, de acuerdo con sus postulados. Desde el punto de vista jurídico y social, hay que concluir que tanto el TISA como el TTIP rompen las reglas básicas de la democracia, en tanto que no respetan la soberanía de los Estados. Por contra, la finalidad de estas negociaciones es garantizar los derechos de las grandes corporaciones a ambos lados del Atlántico, en ningún caso defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas europeas, que han sido precisamente quienes les han legitimado para ostentar dicha representación. Todo ello socava profundamente los cimientos democráticos, además de violar flagrantemente el Tratado Fundacional de la Unión. 

 

Y aún cuando los respectivos Gobiernos conservarían el derecho "formal" de crear nuevos servicios públicos o ampliar los existentes, todos estos acuerdos y tratados comerciales harían que todo ello fuese mucho más difícil y costoso. En nuestro país, y con el reciente y grave antecedente de los cambios normativos para las Administraciones Locales, hay que decir que el TISA limitaría y quizás incluso prohibiría la remunicipalización de dichos servicios, ya que impediría que los gobiernos crearan o restablecieran la gestión directa o en exclusiva de los servicios públicos, incluso que diseñaran formas de prestación de servicios similares "no competitivas". Así, y basándose en los precedentes del AGCS (quizá el precursor histórico de los acuerdos comerciales), el TISA prohibirá los monopolios públicos y los proveedores exclusivos de servicios en sectores ampliamente comprometidos, incluso a escala regional y local. Por ejemplo, su cláusula de "status quo" bloquearía los niveles actuales de liberalización de los servicios en cada país, prohibiendo que cualquier disposición relativa a los servicios públicos basada en el mercado, pudiera ser modificada para pasar a estar basada en el Estado. Como vemos, estos tratados comerciales suponen un claro "cruce del rubicón" para estos asuntos. 

 

El TISA no prohibiría por tanto la gestión pública de los servicios, pero sí la creación de entidades públicas para su gestión, en sectores que están actualmente abiertos a la competencia del sector privado. Y por su parte, la cláusula "de trinquete" bloquearía automáticamente cualquier medida futura adoptada para liberalizar los servicios en un determinado país. No obstante, si un determinado Gobierno decidiera privatizar un servicio público, ese Gobierno ya sería incapaz de volver a un modelo público para dicho servicio en el futuro. El punto más determinante no es siquiera que la gestión pública directa (por parte del Estado) tenga que ser siempre la fórmula más apropiada, sino que se mantenga la capacidad, la autoridad y la soberanía de los Estados miembros para poder establecer, en el contexto de su autonomía, nuevos servicios públicos de su catálogo, o bien devolver los servicios privatizados al sector público, ya que entonces, estaríamos violando las libertades democráticas fundamentales, llegando a un estadío donde la fuerza y el poder de las empresas quedan por encima del marco de la soberanía popular y de la democracia, como en una especie de esfera superior infranqueable. Hemos de impedir como sea llegar a ese punto, prácticamente irretornable. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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