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12 abril 2016 2 12 /04 /abril /2016 23:00

Aunque se autodenomine acuerdo de comercio e inversión, el TTIP no trata sobre relaciones comerciales. Estas negociaciones buscan la manera de transferir el poder de las personas a las grandes empresas (…). Los negociadores (…) quieren debilitar estas medidas de seguridad para maximizar los beneficios empresariales, sean cuales sean los costes para la sociedad y el medio ambiente. Es nuestra responsabilidad denunciar estas negociaciones y dar voz a los millones de personas que se oponen a este acuerdo comercial

Miguel Ángel Soto (Portavoz de Greenpeace España)

La presión popular y ciudadana en contra del TTIP (y sus sucedáneos) está siendo últimamente (por fortuna) tan intensa, que incluso la propia Comisión Europea se ha visto obligada a remitir un documento a los Ayuntamientos de las más grandes ciudades europeas, desmintiendo (haciendo honor a su patético servilismo hacia las multinacionales) algunos de los puntos que se habían filtrado en torno al dichoso tratado comercial. Y es que estamos ante una nueva generación de (falsos) tratados de comercio e inversión que amenazan la autonomía municipal, además de, por supuesto, la nacional. Hoy día, los Ayuntamientos, incluso con su limitada financiación, contribuyen al suministro de cantidad de servicios públicos sociales a su población, y es evidente que estos tratados, mediante su "clásula trinquete" (ya comentada en anteriores entregas) va a impedir la remunicipalización de los mismos, una vez sean externalizados. Y así, los servicios cedidos a la gestión de empresas externas (privadas) será definitivamente perdido para el ámbito público, puesto que si se quisiera recuperar en el futuro la gestión de algunos de los hospitales, guarderías, escuelas, agua, saneamiento, residuos, energía, etc., con la finalidad de garantizar y blindar el suministro básico a la ciudadanía, esto ya no sería posible, ya que los inversores transnacionales podrían poner en marcha cualquier mecanismo tipo ISDS o similar, para reclamar a los Gobiernos las indeminizaciones correspondientes. 

 

Esto en el mejor de los casos, ya que, como decimos, las cláusulas abusivas que se están negociando con los lobbies empresariales tendrán como consecuencia que estas devoluciones al sector público de muchos servicios sean absolutamente imposibles bajo el nuevo contexto normativo del TTIP. Por otra parte, es muy dudoso (otra falacia que se viene sosteniendo) que estos tratados beneficien a las PYMES, ya que el TTIP, el TISA y el CETA impondrán el principio de igualdad de trato entre empresas transnacionales y empresas locales, impidiendo el desarrollo de políticas de impulso a la economía de proximidad. Así, estas grandes empresas podrían participar en los concursos públicos convocados por las diferentes Administraciones, y hacerse con los mismos al gozar de mayores ventajas comparativas que las empresas de cercanía, pudiendo además controlar a las autoridades municipales y autonómicas en lo relativo a la gestión de las ayudas y subvenciones, mediante la amenaza de demandas arbitrales. Las reglas del juego están claras, y son unas reglas claramente abusivas para la democracia, el mundo laboral, los derechos humanos y el respeto a la naturaleza, siendo únicamente beneficiosas para los grandes agentes del capitalismo globalizado. El panorama nos indica que, desgraciadamente, aquéllas PYMES locales que logren sobrevivir lo harán a costa de convertirse en subcontratistas de las multinacionales a precios muy bajos, teniendo que modificar sus procesos productivos, reduciendo la protección social y bajando los salarios para poder cumplir las abusivas condiciones que impondrán estas grandes empresas.

 

Y en cuanto a la diversidad biológica, estos tratados también supondrán un grave peligro. Seguimos a continuación la exposición de Pablo Jiménez, del Área Federal de Medio Ambiente de IU, quien nos avisa de que el ritmo de desaparición de especies en todo el planeta ha adquirido una velocidad entre 100 y 1000 veces superior a la natural, y que la lista roja de especies amenazadas de la UICN no se reduce, sino que incluso aumenta, y se reducen notoriamente los servicios de los ecosistemas, de acuerdo con la última evaluación de los Objetivos del Milenio. Si tomamos como referencia nuestro propio continente, resulta que el 60% de las especies y el 77% de los tipos de hábitat de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable, así como se apuntan pérdidas significativas de variedades locales y razas autóctonas en el mundo agrario, que indican que, según la FAO, desde el año 1990 hasta la actualidad se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales, y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido, y otras 1500 se consideran al borde de la extinción. Los motivos para tanta destrucción de los ecosistemas y de sus especies tenemos que buscarlos en los efectos negativos derivados de las acciones antrópicas asociadas a un modelo económico que antepone los beneficios empresariales a los equilibrios ecológicos, sociales y paisajísticos, y que desembocan en la pérdida progresiva de diversidad biológica y en una transformación intensa del territorio. 

 

La huella ecológica nos pasa factura inexorablemente, mientras nosotros, la especie humana, seguimos contribuyendo a la liquidación de todos los equilibrios naturales, al salvaje extractivismo de recursos naturales escasos, y a la destrucción de flora y fauna a un ritmo frenético. Y estos acuerdos comerciales agudizan sin duda la degradación ambiental, y consecuentemente social, que atraviesa el planeta. En el sector agrícola, del cual hablamos y tomamos como buen ejemplo en los primeros artículos de la serie, el TTIP defiende un modelo basado en una elevada productividad sustentada en la alta tecnificación y mecanización del trabajo, así como en una reducida intervención humana. Propicia además en los países dominantes el abandono de algunas áreas rurales si éstas no participan de la lógica economicista imperante, practicando, entre otras, así como en amplios territorios del sur global, una agricultura intensiva centrada en los monocultivos y en el uso masivo de herbicidas, pesticidas y otros productos químicos peligrosos, que se identifican no sólo como elementos cancerígenos, sino también como causas claras de la progresiva pérdida de biodiversidad. La deriva de este salvaje capitalismo transnacional no es capaz de ver el tremendo riesgo al que sometemos a la naturaleza, y por ende, a la totalidad de especies vivas que habitamos en ella. 

 

Estos monocultivos, ya sean cereales, soja, maíz, caña de azúcar, algodón o árboles, presentan similares problemas ecológicos, añadiendo otra amenaza, como es la introducción de los transgénicos para la alimentación humana, que llevan aparejados el uso de potentes agrotóxicos, productos que afectan gravemente, en su conjunto, a la diversidad biológica, además de suponer potenciales riesgos para la salud humana. Entre los problemas ecológicos se encuentran la erosión y pérdida de suelo, el agotamiento de los nutrientes naturales, la disminución del volumen de acuíferos y la desertificación, deforestación, disminución o desaparición de especies silvestres de flora y fauna, así como de agroganaderas autóctonas, causas claras, todas ellas, de pérdida de biodiversidad y de calidad paisajística. Pero no acaban aquí los problemas e inconvenientes derivados de estas aberrantes políticas y prácticas. Hemos de mencionar también la pérdida de tierras comunales (por ser acaparadas por las propias multinacionales), la pérdida de soberanía alimentaria al ir desapareciendo los cultivos tradicionales (y tener que importar semillas de otros lugares), pérdida de la propia cultura y tradición autóctona, asociadas a los ecosistemas originales, y como consecuencia última, éxodos y desplazamientos masivos de población al desaparecer la disponibilidad de recursos alimenticios y económicos. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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