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15 mayo 2016 7 15 /05 /mayo /2016 23:00
Autor: Josetxo Ezcurra

Autor: Josetxo Ezcurra

No habrá en el mundo leyes capaces de abolir la desigualdad y la explotación mientras exista la economía mercantil, mientras se mantenga el poder del dinero y la fuerza del capital. Sólo la organización de la gran economía social, planificada, con la transferencia a la clase obrera de la propiedad sobre todas las tierras, fábricas y medios de producción, está en condiciones de poner fin a toda explotación

V. I. Lenin

Por tanto, lo que tenemos claro hoy día, y creo que así lo asumen la inmensa mayoría de pensadores marxistas, es que lo que Marx y Engels denominaron como "Dictadura del proletariado" debe ser reemplazado por mecanismos de democracia plena, total y absoluta, por instrumentos de democracia social, popular y participativa. Una democracia que también contempla y afecta a la faceta económica, esto es, al mundo de las empresas públicas y privadas. Y podríamos preguntarnos entonces: ¿supone esto una ruptura con el concepto de "Revolución Social" que preconizaron dichos autores? Pues veamos. Desde el punto de vista del materialismo marxista, una revolución social es la violenta ruptura de la superestructura jurídico-política, el derrumbe del poder de una clase dominante, cuyo antagonismo con las nuevas relaciones de producción han generado un desajuste tal, que inevitablemente conducen a su hundimiento, para dar paso a nuevas relaciones socio-económicas, esto es, a nuevas relaciones de propiedad y de producción. Por tanto, y como podemos comprobar, nuestro modelo de "propiedad social" implementado mediante mecanismos de democracia plena (participativa y económica), supone de facto la revolución social propugnada por los creadores del Marxismo. 

 

El calificativo "violenta" puede despistarnos en principio, pero vamos a aclararlo. Cuando hablamos de "violenta ruptura" no queremos decir que vayamos a sacar los tanques a la calle, ni que vayamos a entrar a los grandes despachos empresariales con ametralladoras. Para comprenderlo, analicemos lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad, claramente marcada por el neoliberalismo más salvaje. Por ejemplo, por sentencia judicial, amparada lógicamente en nuestro ordenamiento jurídico vigente, a alguien se le desaloja de su vivienda (por ejemplo por estar en paro y no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca) y se le deja en la calle, impidiéndole su derecho humano fundamental a una vivienda digna. Y podríamos preguntarnos: ¿no es esto también un tipo de violencia? Muchas personas se han suicidado, ante el acorralamiento al que el sistema les conduce. ¿No es esto también violencia? Miles de personas despedidas de sus empresas (porque éstas se deslocalizan, o prefieren contratar personal precario), miles de jóvenes abocados al exilio, miles de personas excluidas del sistema sanitario público, miles de inmigrantes encarcelados sin haber cometido delito alguno, y podríamos seguir...¿no son éstas también manifestaciones de la más descarnada violencia? Pues en ninguna de ellas se han usado las armas. Mejor dicho: no se han usado armas de fuego, pero sí se han usado las armas de la injusticia, del poderío indecente y criminal de una clase sobre otra, se han usado las armas jurídicas de un perverso sistema antisocial y antidemocrático. 

 

Pues de igual modo, cuando nosotros usamos el calificativo "violenta" en nuestro planteamiento, a lo más que estamos haciendo referencia es que, mediante la aplicación de un nuevo contexto legislativo más favorable a las clases populares y trabajadoras, y por poner un ejemplo, un grupo de funcionarios entre con un mandamiento judicial a la sede de varios despachos de los jefes de Telefónica, o de Endesa, o de Iberdrola, y proceda a su desalojo, a su expropiación y a su nacionalización. Incaute toda la documentación requerida de la empresa, desaloje a los antiguos jefes, proceda a nombrar nuevos jefes procedentes del ámbito público, e indemnice a los pequeños accionistas de la compañía, para comenzar a partir de ahí una gestión pública y democrática de la misma, designando comités de trabajadores que la controlarán a partir de ese momento. Estamos seguros de que, para los actuales jefes de estas grandes empresas transnacionales, el escenario que estamos describiendo sería "de una gran violencia". Pero como vemos, a no ser que estos propietarios capitalistas privados se negaran a desalojar o mostraran comportamientos violentos, no haría falta avisar a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta es la única "violencia" a la que nos referimos. Y está haciendo falta ya como el comer, para acabar con los desmanes, la violencia y las criminales actitudes de toda la gentuza del ámbito megaempresarial, que es en realidad la que nos gobierna. 

 

El modelo de "Propiedad Social", por tanto, es la fase donde el Estado pierde ya su estructura clasista, se elimina su carácter burgués que clásicamente lo ha dominado, y se transforma en un nuevo Estado que representa a los trabajadores y trabajadoras, a las clases populares, y a sus intereses inmediatos e históricos. Y aunque se mantiene la iniciativa privada (no hemos dicho en ningún momento que no puedan continuar existiendo empresas privadas, con sus respectivos gestores privados), las grandes empresas de los sectores estratégicos de la economía, ligadas a la satisfacción de las necesidades sociales, de los derechos humanos y de los servicios públicos (alimentación, energía, banca, transportes, agua, telecomunicaciones...), no solamente se hacen públicas, no solamente se hacen estatales, sino que se hacen "sociales", democratizándose, y siendo gestionadas por sus propios trabajadores, y por el conjunto de la sociedad. De esta forma se impide definitivamente que se instale cualquier atisbo de corrupción, se impide el paso a ellas de cualesquiera iniciativas privadas (aunque también pueden existir otras empresas de carácter privado que se dediquen a esas mismas actividades), se impide la mercantilización de sus bienes, productos y servicios, y se garantiza su suministro y satisfacción al conjunto de la población. Si conseguimos alcanzar este estadío...¿qué hemos conseguido realmente? La auténtica revolución social. Hemos cambiado la correlación de fuerzas, hemos alterado las relaciones de propiedad y de producción, y hemos conseguido una sociedad plena y auténticamente democrática. De ahí que este modelo cause tanto espanto a las clases dominantes. 

 

Porque además, este modelo de propiedad social no sólo tiene las ventajas que hemos descrito, sino que gracias a él, será posible garantizar, reforzar y completar todo el catálogo de derechos fundamentales y servicios públicos, de tal forma que la renta básica, la vivienda, la sanidad, el trabajo, la educación, la cultura, los medios de comunicación, los servicios sociales, la dependencia, la justicia o la seguridad, entre otros, serán servicios 100% públicos, gratuitos y universales. Eso implica que la gestión democrática debe también llegar a todos ellos, para impedir cualquier intento de involucionar hacia métodos o formas de mercantilización o privatización de los mismos. El modelo de propiedad social es asímismo la mejor garantía de asegurar la denominada "función social de la propiedad", tan denostada bajo el capitalismo neoliberal que nos invade. Y por último, el modelo de propiedad social también garantiza la consecución de los dos ejes fundamentales que deben regir el nuevo concepto de ciudadanía, tales como su garantía de satisfacción de los derechos humanos, y su participación política y social plena, como integrante de pleno derecho de la comunidad de donde se forma parte. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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