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8 junio 2016 3 08 /06 /junio /2016 23:00
La transmisión del pensamiento dominante (38)

Cuando unos pocos poderosos se apoderan de nuestra sociedad, y cuando toda la sociedad se convierte en una jerarquía guiada por la pura violencia y el poder del dinero, nuestro deseo de ser humanos es a menudo atacado y ridiculizado como debilidad, egoísmo, inconveniencia y falta de respeto

Hiroyuki Hamada

En el artículo anterior ya dejábamos anticipada la respuesta a la pregunta que nos hacíamos sobre la excusa principal a la que el pensamiento dominante había recurrido como argumento para desmantelar las conquistas obreras, afirmando que dicha excusa era la del "déficit público". En efecto, la obsesiva necesidad de reducir el déficit público ha sido el (casi) perfecto argumento para adoptar progresivamente una serie de medidas antisociales, flexibilizadoras y privatizadoras, en aras de alcanzar tan ansiado y falaz objetivo. Algunos artículos atrás en esta misma serie nos hacíamos algunas preguntas sobre el déficit público: ¿Por qué se nos dice que es tan importante su reducción? ¿Por qué hay que reducirlo por dejado del 3%? ¿No puede ser el 2%, o el 5%? ¿Por qué en el corto espacio de una legislatura? ¿No puede ser en una década? ¿No puede ser cuando cambien las condiciones económicas? Estas y otras preguntas nos planteábamos entonces, dejando la reflexión a los lectores, que espero que hayan llegado a la única conclusión lógica posible: no hay respuesta. Es decir, que hay que buscar las respuestas por otros derroteros, hay que buscar otros oscuros intereses, otros escondidos objetivos que cubrir, hay que encontrar las auténticas razones que justifiquen (si es que las hay) tan arduo sacrificio. 

 

Para comenzar, se nos ha vendido la absurda idea de que un Estado no puede gastar más de lo que ingresa (incluso se ha elevado dicha norma a rango constitucional), lo cual es, de nuevo, una absoluta falacia. Y para convencernos de ello, se nos ha vertido el mensaje engañoso, entre otros muchos, de que el Estado debería funcionar como una familia...¿Y una familia puede gastar más de lo que ingresa? (En pura lógica, todos corearíamos "NOOO"). Pero hemos de negar la mayor. Efectivamente, la familia no puede, pero el Estado sí. Es más: el Estado puede y debe. Porque el Estado no es una familia, ni puede funcionar bajo los mismos parámetros que ella. En este artículo de nuestro Blog desarrollamos más extensamente esta idea, y explicamos hasta qué punto nos venden un argumento manipulado y engañoso. Pero incluso si nos encontráramos de verdad en una situación efectivamente límite y escandalosa (que no es tal, ya que incluso otros muchos países han alcanzado cifras de déficit mucho mayores, y no se ha venido abajo el mundo), con un déficit público extremadamente alto, la correción de dicha situación no puede ser un objetivo económico nacional colocado por encima de la satisfacción de las necesidades sociales de la población. Lo expresaremos de otro modo: nunca el saneamiento de las cuentas públicas de un país puede ser motivo para el maltrato a su población. 

 

Por tanto, y asumiendo esa hipotética situación de déficit exageradamente disparado, la responsabilidad de unos buenos gobernantes sería reducir ese déficit público galopante (nunca hemos dicho lo contrario), pero de una forma racional, que implicaría de entrada realizar una auditoría (examen y revisión de la contabilidad) pública (con participación ciudadana) para inspeccionar las causas que han motivado dicha situación de déficit, y acordar objetivos racionales en cuanto a plazos y cantidades que se pudieran asumir en el tiempo sin necesidad de adoptar medidas de recortes sociales que pusieran en peligro la cohesión social, la igualdad, la protección social y el Estado del Bienestar. Principalmente se estudiarían medidas de disminución del déficit que conllevaran un aumento de los ingresos antes que una reducción del gasto público. Y en caso de tener que ejecutar "reformas" (como les gusta llamarlas al pensamiento dominante, cuando en realidad se trata de contrarreformas o involuciones sociales) para alcanzar dicho objetivo de reducción del déficit que supusieran sacrificios para algún sector de la población, éstas deberían ir encaminadas a que dichos sacrificios fueran adoptados por las clases sociales más favorecidas, con más recursos, es decir, por los más ricos. Esto sería lo responsable, lo lógico y lo justo. Pero la pregunta es: ¿se han planteado las cosas así? Evidentemente, NO. 

 

¿Por qué no se han hecho las cosas de esta forma? Hemos de pensar entonces que en realidad la reducción del déficit público en tiempo y forma impuestas por la Unión Europea, y aceptada de forma entusiasta por nuestros Gobiernos de PP y de PSOE, obedece claramente a otros objetivos e intereses. Y ahora sí, nos explicamos las auténticas razones: en realidad, este objetivo no es más que la excusa, el pretexto para poner en marcha toda una serie de medidas que atentan contra los más desfavorecidos, contra las clases populares y trabajadoras, y en favor de las clases altas, adineradas y poderosas, es decir, de la élite social de nuestro país (en general, de cualquier país, porque estas mismas medidas, y bajo los mismos declarados objetivos se llevan ejecutando durante décadas, a instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, prácticamente a lo largo y ancho del globo). Es decir, la explicación es la siguiente: mediante la excusa de tener que reducir urgentemente el déficit público (lo cual como decimos ya es una falacia en sí mismo), en unos plazos y hasta una cifra irracional, se van desarrollando las medidas que obedecen a su oculto y disfrazado plan, que no contempla ni auditoría de la situación, ni medidas de aumento de los ingresos, ni sacrificios para los más poderosos, sino todo lo contrario: se adoptan medidas de disminución del gasto público, mediante una serie de recortes sociales que afectan a los principales derechos y servicios públicos, precisamente los más necesitados por la mayoría social: sanidad, educación, dependencia, pensiones, servicios sociales o prestaciones por desempleo, y se instalan sistemas de co-pago (que en realidad son re-pagos, pues el pago de los mismos ya sale de los impuestos que pagamos todos) para determinados servicios (justicia, sanidad, etc.).

 

Mientras todo esto ocurre, se van implantando agresivas reformas laborales que van concediendo todo el poder a la patronal, reformas fiscales que maltratan aún más si cabe a las clases populares y benefician a las rentas más altas (con amnistías fiscales incluidas), y se va permitiendo progresivamente la entrada del capital privado en las empresas, organismos y servicios públicos que gestionan derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, seguridad, energía, agua, telecomunicaciones, etc., todo ello apoyado en la difusión de varios mantras del sistema capitalista neoliberal, que rezan que "lo que es gratis no es sostenible", "la iniciativa privada gestiona mejor y es más eficiente que el sector público", "el trabajo seguro es un concepto anticuado", etc. Auténticos eslóganes que no se han demostrado (más bien se ha demostrado lo contrario), pero que a fuerza de ser repetidos hasta la saciedad y apoyados por datos sesgados, manipulados y tergiversados, usados de forma torticera y maniquea, acaban por confundir a la inmensa mayoría social, y por conseguir que al final ésta se convierta en adepta a dichas falacias, creando ese estado de "estupidez mental colectiva" a la que el pensamiento dominante nos conduce. El resultado final está muy claro: la reducción del déficit público ha servido para desmontar el modelo de sociedad que teníamos, para revertir todos nuestros sistemas de cohesión social, para aumentar las desigualdades sociales, y para llevar a cabo todo un proceso de transferencia de rentas del ámbito público al ámbito privado. Ahora entenderán perfectamente los lectores porqué hemos sostenido siempre que la crisis, en realidad, era "una estafa". Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Psicología
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