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7 junio 2016 2 07 /06 /junio /2016 23:00
Autores: Iñaki y Frenchy

Autores: Iñaki y Frenchy

La democracia sólo existe si la política y la economía (dos aspectos de la misma realidad) son un ejercicio controlado por la participación de la mayoría

Fragmento del Manifiesto de IU “Un programa para transformar la sociedad”

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) prosigue en su huida hacia adelante con sus medidas de flexibilidad cuantitativa. Tipos de interés nominales a cero y negativos en términos reales cambian la operativa bancaria a formatos inéditos que seguirán beneficiando a la banca en ausencia del control de las comisiones. La banca privada seguirá gozando de beneficios extraordinarios, a pesar de que sus márgenes comerciales decaigan, mientras mantenga el privilegio exclusivo de seguir percibiendo diferenciales de tipos al prestar al sector público. Esta política no conducirá a impulso alguno al crédito a la inversión, pues esto sólo puede conseguirse o bien con un marco de beneficios y una dinámica de negocio superiores a las existentes, mientras no se establezca una pauta que guíe las decisiones económicas por criterios alternativos (priorizar la utilidad y necesidad social, tomar decisiones de crédito sostenibles financieramente, pero no necesariamente de máximo lucro, minimizar costes sociales y medioambientales, etc). Además, se impone una lógica de selección discriminatoria que le concede al BCE un poder discrecional enorme, pues al poder escoger a quién comprar activos (deuda) en mercados secundarios, seguirá decidiendo sobre la exclusión de sectores, regiones o países, como Grecia, pero también sobre administraciones locales gobernadas por la izquierda, como el Ayuntamiento de Madrid, dejándoles al margen de estas facilidades financieras. 

 

En vista de todo lo anteriormente expuesto (y en el primer artículo de la serie) y porque pensamos, y especialmente después de la experiencia griega, que los bancos son un reto esencial para cualquier proyecto de cambio social justo y progresista, proponemos una lista de medidas inmediatas para alcanzar los seis objetivos siguientes:

 

I.- REGULAR EL SECTOR FINANCIERO.

II.- REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR BANCARIO Y REFORMA DE SU OPERATIVA.

III.- ERRADICAR EL COMPORTAMIENTO RENTISTA Y LAS OPERACIONES ESPECULATIVAS.

IV.- PONER FIN AL SECRETO BANCARIO.

V.- FINANCIAR DE FORMAS ALTERNATIVAS EL GASTO PÚBLICO.

VI.- REFORZAR LA BANCA PÚBLICA.

 

Y después de haber implementado dichas medidas inmediatas, la estrategia a medio y largo plazo por la que apostamos es la socialización del sector bancario. Vamos a ir profundizando a continuación en cada una de las seis medidas expuestas, y posteriormente trataremos a fondo el tema de la socialización del sector. 

 

I.- REGULAR EL SECTOR FINANCIERO.

 

El establecimiento de una nueva regulación financiera es un paso previo para imponer democráticamente una nueva racionalidad de funcionamiento que termine con los oligopolios, el carácter rentista y especulativo del sector bancario, el poder privilegiado de creación de deuda y dinero de la banca, y que garantice la función social del crédito para promover inversiones socialmente productivas y ecológicamente sostenibles. Cualquier decisión de intervención ha de estar amparada en un marco legislativo nuevo que refiera a estos aspectos, y que venga acompañado de los instrumentos competentes necesarios para hacerlos cumplir, atribuyendo a la banca central un papel regulador y de inspección determinante, y desde luego, menos laxo y cómplice con el poder de la gran banca privada. Parece fundamental pues, contemplar que los criterios establecidos han de ser cumplidos por la banca privada que, de no cumplir su función social del crédito en los términos considerados, deberá responder ante las autoridades públicas con sanciones, cambios de titularidad de su accionariado, o inculpaciones penales a los actores involucrados: accionariado, gerencia y acreedores influyentes y beneficiados por la conducta privilegiada y abusiva de la banca. En este sentido, y entre algunas medidas que se deben ir desarrollando, podemos identificar las siguientes:

 

1.- La exigencia a los bancos de un aumento radical del volumen de sus fondos propios con respecto al total de su balance. Mientras que los fondos propios son, generalmente, inferiores al 5% del balance del banco, nosotros somos partidarios de llegar a un mínimo legal del 20%.

 

2.- Prohibición de la socialización de pérdidas de los bancos y de otras instituciones financieras privadas. Se trata de prohibir a los Gobiernos transferir las deudas privadas al sector público. Esto puede implicar que sea la banca la que aporte recursos para constituir un fondo de rescate bancario, bajo control público. Las crisis de balance bancario han de cargarse a beneficios, accionariado y acreedores principales, así como traducirse en actuaciones penales sobre la gerencia en casos de administración desleal. El erario público sólo decidirá aportar recursos con el objeto de reflotar activos, que engrosarían los de un nuevo polo bancario público, proteger a pequeños depositantes y accionistas, y ofrecer una transición digna a la plantilla del banco afectada. 

 

3.- Restauración de la responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas en caso de quiebra. El coste de la quiebra debe poder ser recuperado sobre el conjunto del patrimonio de los grandes accionistas (personas físicas o empresas/personas jurídicas). En caso de quiebra, el beneficio de una garantía del Estado para los depósitos de los clientes del banco debe continuar. Según las directivas europeas, la cuantía garantizada es de 100.000 euros, aunque habría que decidir democráticamente una cuantía superior, por ejemplo 150.000 euros, cuando se trate de cuentas de familiares, garantizando al menos el valor del coste medio de una vivienda principal, en caso de posesión de cuentas de ahorro vivienda. 

 

4.- Imposición a la banca de un régimen fiscal más elevado. Los beneficios de los bancos deben estar sometidos en forma estricta a las disposiciones legales en materia de imposición a las sociedades, retirándose toda desgravación fiscal en su caso. Actualmente, el tipo efectivo pagado es muy inferior al tipo legal establecido, que es, a su vez, muy insuficiente. Pero la banca debe pagar impuestos también por las transacciones bancarias de divisas y de títulos financieros. Las deudas bancarias a corto plazo han de tener una imposición con el fin de favorecer la financiación a largo plazo. En el marco del Impuesto sobre la Renta (IRPF) habría que equiparar el trato fiscal de las rentas del ahorro y de las del trabajo. 

 

5.- Llevar ante la justicia, de forma sistemática, a los directivos y consejeros responsables de delitos y crímenes económicos y financieros, y retirar la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones establecidas, y sean culpables de malversaciones, estafas y abusos. Para ello nos hace falta una mayor concienciación colectiva sobre el concepto y alcance del "crimen económico". Los lectores pueden consultar este artículo de nuestro Blog que intenta ayudar en dicha tarea. 

 

6.- Por último, establecer otro tipo de rescate bancario más gravoso para las entidades. Además de las disposiciones y normativas ya mencionadas, habría que establecer una responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas (sobre su patrimonio global), garantía de los depósitos hasta 150.000 euros, y la creación de un mecanismo legal para una quiebra ordenada de los bancos con la creación de dos estructuras: un banco de liquidación privado (a cargo de accionistas privados y sin ningún coste para las arcas públicas) y un banco público hacia el que serían transferidos los depósitos de la entidad quebrada, así como los activos sanos. En este sentido, algunas experiencias recientes pueden servir de fuente de inspiración, especialmente la experiencia islandesa iniciada en 2008. Sin embargo, hay que alertar sobre operativas que empleen el uso de "bancos malos" para limpiar balances de bancos, como el caso del SAREB, que al final corren en buena parte a cuenta de los poderes públicos (que representan el 45% del accionariado de lo que ya es "la mayor inmobiliaria española"), y hasta el momento sólo benefician a fondos de inversión privados de carácter especulativo que compran activos a precios muy bajos. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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