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11 agosto 2016 4 11 /08 /agosto /2016 23:00
Panorama actual de los Movimientos Sociales en España (33)

En esta entrega número 33 de la serie le vamos a dedicar nuestra atención a un movimiento social muy concreto y especial, como es la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), un MMSS dedicado al estudio y apoyo de la realidad penitenciaria en nuestro país, proporcionando una visión desde las entidades sociales. Según su propio sitio web, ROSEP es una red que engloba a todas las organizaciones sociales que de una forma u otra intervienen en el entorno penal y penitenciario. ROSEP es una organización reciente, nace en 2013 con la idea de lograr entre el máximo número de entidades posibles que actúan en este ámbito, una unión y un discurso común sobre determinados temas que la actualidad penal y penitenciaria está poniendo sobre la mesa, y que necesitan una respuesta o una reflexión conjunta. Actualmente forman ROSEP 55 asociaciones, organizaciones y plataformas, de diversa procedencia, a las que les unen sus puntos de contacto con el mundo penal y penitenciario, tales como Proyecto Hombre, asociaciones para la reinserción social, diversas fundaciones de carácter social y religioso, entidades de atención y ayuda a los drogodependientes, etc. 

 

ROSEP es una red de ámbito estatal, formada por diversas organizaciones del Tercer Sector que intervienen en las prisiones y en su contexto más cercano. Está avalada, según nos cuentan en su propia página, por la extensa experiencia de un número importante de organizaciones que comparten sus fines, objetivos y actuaciones encaminadas a la transformación del contexto penal y penitenciario, pero ROSEP es también una red con vocación de trabajar con otras plataformas estatales e internacionales, Administraciones Públicas, entidades, medios de comunicación, etc. Esta red surge en base a la detección de necesidades que las entidades que trabajan en este ámbito han venido detectando, y que han motivado la unión de las mismas con el objetivo de ofrecer mejores y más coordinadas respuestas a los problemas y disfunciones que se producen en relación con las personas afectadas por la Justicia Penal, las que están privadas de libertad o se hallan sujetas a penas o medidas alternativas a la prisión o medidas de seguridad, y a los problemas que surgen en el día a día de las entidades que trabajan con estos colectivos. Así, algunos de estos aspectos son los siguientes:

 

1.- La defensa de los Derechos Humanos y de la Justicia Social como pilares básicos del Estado y valores fundamentales de la labor de las propias entidades sociales. 

 

2.- La necesidad de establecer canales de comunicación más eficientes y representativos con la Administración penitenciaria.

 

3.- La necesidad de intervenir y participar en las decisiones que sobre Política Penitenciaria se adopten para mejorar el funcionamiento de dicho entorno. 

 

4.- La necesidad de crear un espacio común para compartir experiencias y recursos de atención a las personas privadas de libertad en sus procesos de tratamiento y reinserción.

 

5.- La necesidad de revisar y reflexionar acerca del alcance que tiene la aportación e implicación de las entidades colaboradoras con la Administración penitenciaria en el devenir de las personas con las que se interviene y participan en sus programas. 

 

6.- La necesidad de reflexionar sobre cuál es la importancia y valor real del trabajo que desarrollan las distintas entidades en los centros penitenciarios donde se interviene.

 

7.- Profundizar en los modos de hacer efectivo el ejercicio real de los derechos de las mujeres y hombres que se encuentran privados de libertad, de visibilizar sus realidades, y de ofrecer mejores respuestas a sus necesidades. 

 

8.- La necesidad de visibilizar la realidad de las mujeres reclusas, y las discriminaciones que sufren por razón de género, buscando una respuesta adecuada a sus verdaderas necesidades. 

 

9.- La necesidad de complementar las actuaciones que se llevan a cabo dentro de las prisiones para dar respuesta a otros condicionantes extra-penitenciarios que configuran la realidad de las personas privadas de libertad. 

 

Y así, la realidad social española en cuanto al mundo penal y penitenciario es muy singular. Sin ser un país catalogado como especialmente peligroso o inseguro, nuestro país tiene el doble de presos de los que debería, según su tasa de criminalidad. Nos lo cuenta Daniel Cabezas en el medio "La Marea", donde destaca que, según un estudio de ROSEP, aproximadamente un 50% de nuestros reclusos deberían estar en libertad. No obstante nuestro perfil penal como nación, todas las últimas reformas que se han venido realizando en el Código Penal han ido en la línea de endurecer las penas, e incluso de crear nuevas figuras penales, como la prisión permanente revisable, denunciada ya por numerosas asociaciones de jueces y magistrados, así como por diversos movimientos sociales que actúan en este ámbito. Según el referido Informe, en España se encarcela a demasiadas personas, durante demasiado tiempo y por delitos considerados no especialmente graves. Los datos ofrecidos, correspondientes al año 2014 y basados en cifras oficiales, ponen de manifiesto que nuestro país posee una tasa de criminalidad (número de delitos por cada mil habitantes) de las más bajas de la Eurozona: 44,7, lo cual representa un 27% menos sobre la tasa de criminalidad media europea. Sin embargo, la tasa de personas privadas de libertad es de las más altas: 133 por cada 10 mil habitantes, frente a las 101 de la tasa media europea, o lo que es lo mismo, un 32% superior. Este exceso de población penitenciaria se debe, según los autores del Informe, a un déficit en nuestro Estado del Bienestar y al hecho de que España sea uno de los países con más desigualdad de Europa. 

 

Aún así, en los últimos 13 años se ha venido produciendo un descenso constante en el número de delitos cometidos. De seguir esa tendencia, y siempre según los autores, posiblemente en 2019 estaríamos en una tasa por debajo de 40. Esto nos colocaría en unos niveles de criminalidad parangonables a los de 1987, cuando la población penitenciaria era menos de la mitad de la actual. Los datos hablan, pues, por sí mismos. Tenemos también, como decíamos, unas penas que se sitúan entre las más altas de toda Europa, ya que el promedio de las condenas en nuestro país es de 18 meses, mientras que la media europea es de 7,1. El estudio citado arroja también otros datos muy ilustrativos sobre la naturaleza de los delitos que llevan a engrosar el número de presos en nuestras cárceles. Un 76% son delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), un 16% contra las personas o la libertad, un 5% otras infracciones penales, y un 3% corresponden a delitos contra la seguridad colectiva. Las cifras ponen en evidencia que el número de delitos que comportan violencia representan una clara minoría. Por otra parte, un número importante de presos lo están por delitos derivados de trastornos adictivos, poniendo de relieve que la cárcel es muchas veces utilizada como medio alternativo para problemas de carácter socio-sanitario. Esto refuerza la idea de que potenciando las capacidades de nuestro Estado del Bienestar, y estableciendo una mejor red de organizaciones dedicadas a la educación y a la prevención, estos reclusos no existirían. 

 

En conclusión, demasiada población reclusa y existencia de penas de prisión elevadas son quizá las dos características fundamentales de nuestro sistema penitenciario, que hay que corregir y atajar, desde el punto de vista político y social. No obstante, se han instalado en el imaginario colectivo desde hace tiempo otras impresiones distintas, tales como que en nuestro país se cometen muchos delitos, que aquí nadie va a la cárcel, etc. Lo que ocurre es que los niveles de impunidad no están equilibrados, y nuestro Código Penal es tremendamente injusto, pensado además para el "robagallinas", como afirmara el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. ROSEP nos demuestra con este Informe que estos prejuicios no se corresponden con la realidad. Hay que luchar por hacer efectivo el Principio de Reinserción Social que avala la Constitución. Nuestra población penitenciaria se ha multiplicado por ocho durante los últimos 40 años, pero no por un aumento de la criminalidad, sino por una mayor extensión de las penas. Un 8% de los reclusos lo están por problemas graves de salud mental, lo cual pone también de manifiesto la existencia de un Estado del Bienestar débil e incapaz. Nuestro país, sobre todo desde la última legislatura del Partido Popular, criminaliza la pobreza, así como la protesta popular, signos evidentes de nuestra clara deriva hacia un Estado fascista, ineficiente, antisocial, represor, policial y autoritario. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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