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25 enero 2017 3 25 /01 /enero /2017 00:00
Hacia la superación del franquismo (VII)

Toda una generación asesinada, lo mejor de nuestro pueblo, dejando un inmenso vacío, asesinando a jornaleros, maestros, abogados, médicos, catedráticos, militares fieles a la legítima República, sindicalistas, feministas, militantes de la izquierda revolucionaria, personas de bien que cometieron el gran acierto de luchar hasta la muerte por la libertad y la democracia

Francisco González Tejera

Continuando con el trágico fenómeno del robo de bebés durante la dictadura, hemos de concluir que durante años se fue formando una auténtica red delictiva y criminal, consagrada a estos actos de perversión moral, y en la que participaban religiosos/as y personas pertenecientes al Opus Dei con un "modus operandi" determinado y concreto. Curiosamente, todo esto comenzó a salir a la luz pública a principios de este siglo, concretamente en el año 2002, cuando se estrenó el primero de una serie de documentales que dirigieron Montserrat Armengou y Ricard Belis, que llevaban por título "Los niños perdidos del franquismo". La publicación de estos documentales causó un shock social impresionante, y actuó como pistoletazo de salida para que surgiera toda una pléyade de movimientos sociales, de organizaciones y de colectivos de apoyo a estas familias víctimas del robo de sus bebés. Y a raíz de ello, como es lógico, mucha gente comenzó a recordar cosas de su pasado que habían quedado en la sombra, que no comprendían, o a lo que no le habían dado nunca una explicación convincente. Muchas personas empezaron a buscar sus orígenes, a preocuparse de su pasado, a investigar, a pedir ayuda, a asociarse. Y comenzó así el estallido de casos, el surgimiento de plataformas, y la búsqueda del amparo legal y de la protección pública. Protección pública que nunca ha existido, ya que nuestras indecentes autoridades han preferido como siempre mirar para otro lado, ignorar el problema, y no afrontar sus responsabilidades.

 

No es algo nuevo. La indiferencia hacia cualquier colectivo de víctimas de cualquier tragedia (sea ésta del tipo que sea) siempre ha sido una constante en éste nuestro país. Recientemente, ha ocurrido lo mismo con las víctimas del accidente de tren de Angrois, con las víctimas de la talidomida, con las del accidente de Metro Valencia, o con los familiares de los militares fallecidos por el vuelo del Yakolev-42. Nuestros gobernantes resultan tan grotescos y miserables que ya nada puede esperarse de ellos, al menos de las fuerzas políticas que hasta ahora han gobernado este país. Para el caso que nos ocupa, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) presentó en noviembre de 2015 una demanda contra el Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En dicha demanda esta organización denuncia al Estado Español por su incumplimiento reiterado de varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, "por las irregularidades en las investigaciones y por el archivo masivo de denuncias por parte de la Justicia Española". Y es que según datos de los abogados de los demandantes, el 99% de las diligencias, vergonzosamente, se han archivado. La pasividad de nuestra justicia ante todo lo que tiene que ver con remover la mierda procedente del franquismo es absolutamente indignante. Y es que después de la Guerra Civil, como ya hemos expuesto, comenzó un proceso de brutal represión, practicándose por parte del Estado franquista todo un genocidio ideológico, esto es, un exterminio organizado y sistemático de personas y colectivos, sólo por el hecho de pensar de forma diferente al régimen. 

 

Para el caso que nos ocupa, en realidad esta macabra práctica del robo de bebés representa otra faceta del genocidio que cometió la dictadura, en este caso contra las mujeres por razón de género, tal como ha reconocido internacionalmente la ONG Women's Link Worldwide. Y es que, durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, las mujeres sufrieron distintas formas de violencia, tales como violencia sexual, torturas, robo de sus bebés recién nacidos, rapado y purgas con aceite de ricino, además de todo tipo de torturas psicológicas y procesos de aislamiento y separación de sus respectivas familias. La ONG anteriormente citada, en su texto de presentación como complemento a la querella argentina contra el franquismo, señala a este respecto: "Estos crímenes contra las mujeres comportaban un castigo hacia sus familias, ya que dentro de la ideología franquista la familia suponía un valor fundamental, era lo que organizaba a las sociedades y la garante de la familia era la mujer. La dictadura de Franco supuso un importante retroceso para los derechos de las mujeres españolas porque el régimen dio marcha atrás a todas las reformas y cambios que habían conseguido las mujeres en temas de igualdad, emancipación y ciudadanía hasta la fecha". Existía incluso lo que se denominaba como el "delito consorte", que expresaba la relación de familiaridad (esposas, hermanas, etc.) con hombres ideológicamente contrarios al régimen. 

 

Miles y miles de personas fueron encarceladas, e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellos fueron a parar muchas mujeres, y en ellos, mientras la madre biológica del bebé entraba por una puerta, la madre "adoptiva" salía con su bebé por otra. Algunas cárceles de la época se convirtieron en infames lugares, donde las mujeres, hacinadas con sus hijos, representaban un escenario dantesco. Por ejemplo, la cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por la malagueña Victoria Kent, fue un claro ejemplo de dichos lugares de horror y espanto. María José Esteso Poves nos cuenta, en este fantástico artículo para el medio Diagonal, que muy pronto, la masificación carcelaria supuso un grave problema, no humanitario (lo cual importaba muy poco al régimen), sino de tipo económico y administrativo. En su artículo aporta datos de la historiadora Mirta Núñez Balart, quien calcula que en el año 1939 había en las cárceles de la época 280.000 presos. Hoy día, con el doble de población, son unos 60.000. Los datos son escalofriantes. Las embarazadas condenadas a la pena de muerte eran fusiladas en cuanto daban a luz, y los niños, separados de sus madres, sobrevivían con sarna, piojos, y sin apenas comida ni agua. Muchos de ellos morían. Y en última instancia, era la Iglesia (a la que le dedicaremos también más espacio en esta serie de artículos) la que regía todos los órdenes de la vida (bueno, en eso no hemos cambiado mucho desde entonces), y los niños y niñas que conseguían sobrevivir eran adoctrinados en los hospicios y los internados de la época. 

 

Para el régimen franquista, no obstante, su labor era encomiable, ya que estaban sacándolos, supuestamente, "de la miseria material y moral" en la que se hallaban, por ser hijos e hijas de rojos. En opinión de Fernando Magán, abogado de la ARMH: "Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas". De hecho, algunas leyes de la dictadura, especialmente de sus primeros años, pueden ser consideradas para este experto como "una transposición de un decreto nazi a España". Sólo se toleraba un orden moral extremadamente estricto, donde incluso las mujeres eran repudiadas si su "unión no había sido bendecida". Como vemos, todo un exterminio social "legal", amparado por las leyes franquistas, y con el beneplácito, complicidad y connivencia de la Iglesia Católica. En la actualidad, las Plataformas "SOS Bebés Robados", distribuidas por casi toda España, son las asociaciones que luchan para denunciar toda esta trama de secuestro-compra-venta de niños y niñas recién nacidos/as que existió desde los años 40 hasta bien entrada la década de los 90. Estas plataformas y movimientos sociales surgen de las propias víctimas, quienes se agrupan en sus respectivas provincias, y realizan labores de asesoramiento, denuncia y representación de las víctimas ante todas las instituciones, nacionales o extranjeras, donde se estima oportuno y viable acceder y denunciar. Pero la enorme carga y la tremenda responsabilidad que soportan las víctimas durante todo el proceso, suponen un gran desgaste moral y físico, además de un esfuerzo económico que muchas familias no están en situación de afrontar. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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