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13 abril 2017 4 13 /04 /abril /2017 23:00
Viñeta: Iñaki y Frenchy

Viñeta: Iñaki y Frenchy

El teléfono nos enseñó una valiosa lección. En su pico más alto, en 2008, había 1.300 millones de teléfonos fijos para una población mundial de 7.000 millones. En la actualidad, más de 6.000 millones de personas tienen un teléfono móvil. Según un estudio de la ONU, son más personas que las que tienen acceso a un inodoro

Dominic Frisby

La medición precisa y periódica de la desigualdad es difícil a nivel político y suele relegarse, sobre todo en los países en desarrollo. En los países ricos, los niveles de desigualdad simplemente son ocultados o difuminados bajo una retórica eufemística absolutamente falsa, que trastoca y resalta datos en interés de la difusión de su mensaje. La dependencia de encuestas de hogares y de declaraciones fiscales hace que se subestimen sistemáticamente los ingresos y la riqueza de las personas más poderosas de la sociedad, ya que éstas suelen contar con mecanismos de ingeniería para evadir o eludir los impuestos, y rara vez están incluidas en las encuestas. Esta dependencia hace también que las desigualdades de género no se midan adecuadamente. ¿Qué herramientas de medición poseemos? Históricamente, y siguiendo el documento "Acabemos con la desigualdad extrema" de Oxfam, ya referido en artículos anteriores, la desigualdad en términos de renta, riqueza y otros bienes (como la tierra), se ha medido con el Coeficiente de Gini, llamado así en honor al estadístico italiano Corrado Gini. Este coeficiente es un método de medición de la desigualdad en el que una puntuación de 0 reflejaría una igualdad total (insistimos en que eso no quiere decir una sociedad homogénea y uniforme, sino la inexistencia de niveles de desigualdad), donde a cada persona le corresponde la misma porción, y una puntuación de 1 (o a veces 100) significaría que una sola persona es dueña de todo, es decir, lo que podría ser entendido como el nivel de desigualdad máximo. 

 

Sin embargo, una de las críticas a Gini es que está demasiado influido por el 50% medio de la población. El Ratio de Palma, que recibe su nombre del economista chileno Gabriel Palma, trata de superar este defecto midiendo el ratio entre el porcentaje de renta del 10% más rico de la población, y el del 40% más pobre. Esta forma de medir la desigualdad está ganando adeptos, como es el caso de Joseph Stiglitz, que ha propuesto que sea la base de una meta dentro de un objetivo global de reducción de la desigualdad de los ingresos en el marco del proceso post-2015. El Ratio de Palma es fundamental para medir el aumento de la concentración de los ingresos y la riqueza en manos de los más ricos, lo cual lo convierte en una herramienta útil para futuras investigaciones. De hecho, es hoy día el mejor testigo que nos muestra el aberrante crecimiento de la desigualdad. Recientemente, las declaraciones fiscales también se han utilizado con mucho éxito para registrar de forma más precisa las rentas más altas. La base de datos de las mayores rentas del mundo (World Top Incomes Database), cofundada por Thomas Piketty (el autor de la famosa obra "El Capital en el Siglo XXI"), incluye datos de 26 países, con información sobre el porcentaje de los ingresos antes de impuestos que va a parar a manos del 1% más rico desde la década de 1980. Y por su parte, las declaraciones fiscales también se utilizan en estudios económicos que intentan demostrar la viabilidad de ciertas medidas, como es el caso de la Renta Básica Universal. 

 

Es evidente que este ritmo de crecimiento de las desigualdades extremas no se puede mantener. Ninguna sociedad sana puede soportarlo. Ya lo expresó muy claramente Nick Hanauer, cuando afirmó: "Ninguna sociedad puede mantener un incremento semejante de la desigualdad. De hecho, no existen ejemplos en la historia de la humanidad en los que la riqueza estuviese tan acumulada sin que en algún momento las personas se alzasen en armas. Dame una sociedad enormemente desigual, y te mostraré un Estado policial. O una sublevación. No hay excepciones". Cuánta razón tenía Hanauer, no hay más que ver la evolución de nuestro país, incrementando la represión y atacando a los derechos fundamentales y libertades públicas. Y como ya hemos contado en anteriores entregas, un testigo fundamental y una consecuencia de la aplicación de estas políticas generadoras de desigualdad es el incremento en el número de millonarios. La riqueza conjunta de los milmillonarios se ha incrementado en un 124% en los últimos cuatro años, y actualmente asciende aproximadamente a 5,4 billones de dólares. Por someterla a una comparación significativa, esta cifra duplica el PIB de Francia de 2012. Aunque siendo justos, hay que reconocer también que algunos ricos (un porcentaje muy pequeño) está dispuesto a contribuir a la sociedad de la cual emana su riqueza. En Estados Unidos, un grupo llamado "Millonarios patriotas" trabaja activamente para influir en el Congreso a fin de que elimine las desgravaciones fiscales a los ricos, afirmando en su escrito de petición que "por la salud física de nuestra nación y el bienestar de nuestros conciudadanos, les pedimos que incrementen los impuestos a las rentas que superen un millón de dólares". El Congreso, hasta ahora, ha hecho caso omiso a dicha petición.

 

Quizá la forma más antigua de materializar la desigualdad social en la riqueza viene dada por las limitaciones en el acceso a la tierra. Históricamente, en las naciones ricas, inicialmente la riqueza la daba la tierra, el acceso a ella, el trabajo en ella, la obtención de sus frutos, la siembra de semillas, etc. Los terrenos agrícolas son especialmente importantes para la subsistencia de las personas pobres en los países en desarrollo, y en los países ricos, la posesión y el acceso a la tierra fue derivando en un privilegio reservado para aristócratas y grandes terratenientes y latifundistas. Hoy día, demasiadas personas en zonas rurales tienen dificultades para ganarse la vida con pequeñas parcelas de tierra. Otras muchas, especialmente mujeres, carecen de derechos seguros sobre la tenencia de la tierra, lo cual implica que pueden ser expulsadas de sus tierras y quedarse sin fuentes de ingresos. Un estudio de Oxfam realizado con organizaciones de mujeres de tres continentes, identificó la falta de acceso de las mujeres a la tierra como una de las principales amenazas para la resiliencia (capacidad de resistencia y de adaptación) de la comunidad. En nuestro país, esta situación se da mucho especialmente en Andalucía, la Comunidad más rica y fértil en tierras de secano y regadío, pero donde la concentración de la propiedad sobre la tierra es absolutamente escandalosa. En este sentido, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) viene llevando a cabo durante años ocupaciones de tierras propiedad de la Junta (que se subastan al mejor postor en vez de entregarlas a los jornaleros en paro) y otras acciones simbólicas de reivindicación y lucha contra este problema. 

 

Pero como decimos, no es un problema sólo español, ni andaluz. Se trata de un problema universal, que además tiene que ver con la propia reconversión industrial, y sus terribles efectos sobre el desempleo de agricultores, ganaderos y todas las personas que trabajan en y para las tierras. En la mayoría de los países de América Latina, el Coeficiente de Gini en relación a la desigualdad en la distribución de la tierra supera el 0,8; muchos de los países asiáticos se sitúan por encima del 0,5. En Angola y Zambia, las pequeñas explotaciones agrarias constituyen el 80% del total de las mismas, pero sólo suponen alrededor del 2% del terreno agrícola. La redistribución de tierra a gran escala en países de Asia Oriental como Corea, Japón y China ha desempeñado un papel clave en la reducción de la desigualdad, logrando que el crecimiento sea más favorable para las personas pobres. Y en algunos países como Brunei, Arabia Saudí o Kuwait, los Jefes de Estado son los mayores propietarios de tierras. En Rusia, la empresa azucarera Prodimex posee el 20% del total de los terrenos de propiedad privada. Y según una reciente investigación de la Unión Europea, las grandes explotaciones agrícolas constituyen sólo el 3% del número total de explotaciones, pero suponen el 50% del total del terreno agrícola. Una buena planificación y redistribución sobre la propiedad y la tenencia de la tierra, o simplemente el reconocimiento del derecho a poder trabajarla, sacaría del paro, de la exclusión, de la miseria y de la pobreza a millones de personas, contribuyendo a una mayor justicia social, y a la sensible reducción de las desigualdades. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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