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11 mayo 2017 4 11 /05 /mayo /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (37)

La brecha de riqueza y poder entre un grupo pequeño de naciones que poseen y la mayoría de naciones que No poseen se está agrandando y haciendo más profunda. También dentro de cada nación se está agrandando y haciendo más profunda la brecha de riqueza y poder entre un pequeño grupo de poseedores y la mayoría de No poseedores. Dentro de las naciones y entre ellas el esplendor se construye sobre la miseria. La insaciable codicia de unos pocos amenaza ahora el medio ambiente, que es el cimiento sobre el que se asientan nuestras vidas. Una modernidad erigida sobre la destrucción del medio ambiente que hace posible la vida es barbarie

Ngũgĩ wa Thiong’o

Quizá debiéramos insistir en un mensaje que ya hemos enunciado durante toda esta serie de artículos, pero aún debemos repetirlo para que cale en las mentes de la inmensa mayoría social: muchas personas consideran que la desigualdad es un efecto necesario secundario, aunque desafortunado, de la globalización de nuestra época y de los continuos avances tecnológicos. Sin embargo, los distintos caminos emprendidos por determinados países, sus decisiones y los efectos que han provocado en sus respectivas poblaciones, refutan esta visión. Por ejemplo, Brasil (durante los Gobiernos del PT de Lula y Dilma) ha reducido la desigualdad a pesar de formar parte de un mundo globalizado, mientras que, en el mismo período, la desigualdad ha aumentado rápidamente en la India. Por cierto, ambos países forman parte del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se unieron para delimitar un bloque alternativo de poder a las grandes coaliciones occidentales, que imponen sus monedas y las políticas de sus organismos internacionales. El incremento de la desigualdad económica no es por tanto la consecuencia inevitable de unos factores económicos supuestamente elementales, ni el producto de una tendencia mundial irreparable, sino el resultado de decisiones económicas y políticas deliberadas. Existen dos factores económicos y políticos que son los que provocan fundamentalmente la desigualdad, y que explican en gran medida el grado extremo de desigualdad que existe en la actualidad. 

 

Esos dos factores son, a saber, el auge de una variante extrema del capitalismo, conocida como "fundamentalismo de mercado", y el secuestro democrático del poder y la influencia por parte de las élites económicas, como las empresas, que provoca una desigualdad aún mayor, ya que tanto las medidas políticas como el debate público se configuran para adaptarse a los intereses de los más ricos de la sociedad, en lugar de beneficiar a la inmensa mayoría de los ciudadanos. La combinación de estos dos elementos supone una peligrosa mezcla, un explosivo cóctel que incrementa enormemente la desigualdad económica. De las empresas y de su enorme poder ya hablaremos en un bloque temático independiente que ya expusimos en el índice de esta serie de artículos, así que aquí lo trataremos de forma más resumida. Hay que admitir que el capitalismo de los primeros tiempos de su desarrollo no era tan virulento como el de hoy, aunque sus principios de funcionamiento ya estaban diseñados. De hecho, con regulación, el capitalismo puede ser un motor que contribuya a impulsar con éxito la igualdad y la prosperidad. Durante los últimos 300 años, los Gobiernos han utilizado la economía de mercado para tratar de que cientos de millones de personas tengan una vida más digna, primero en Europa y América del Norte, y después en Japón, la República de Corea y otros países del sudeste asiático. Sin embargo, si no existe un control de sus mecanismos, el capitalismo puede provocar elevados niveles de desigualdad económica. 

 

Como ha demostrado Thomas Piketty en su reciente e influyente libro "El Capital en el Siglo XXI", la economía de mercado tiende a concentrar la riqueza en manos de una pequeña minoría, haciendo que la desigualdad aumente. No obstante, los Gobiernos pueden tomar medidas para corregir este defecto estableciendo límites a los mercados a través de la regulación y de la fiscalidad. Sin embargo, hasta ahora la voluntad política para establecer regulaciones a los mercados por parte de los Gobiernos ha sido nula. Y así, durante buena parte del siglo XX, en las sociedades ricas, la movilización eficaz de los trabajadores convenció a las élites de la necesidad de acuerdo con esta realidad, admitiendo la necesidad de llevar a cabo una fiscalidad, regulación y gasto social por parte del Estado para así mantener la desigualdad dentro de unos límites aceptables. Sin embargo, durante las últimas décadas, el pensamiento económico ha estado dominado por lo que George Soros definió como "el fundamentalismo de mercado", un enfoque que insiste en lo contrario al considerar que el crecimiento económico sostenido se produce al dejar a los mercados funcionar por sí mismos. La fe ciega en este enfoque ha impulsado significativamente el rápido incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza desde la década de 1980. Históricamente, los mercados regulados se han ido desvirtuando a través de los procesos de liberalización y privatización. Una desregulación que ha ido siempre en favor de los intereses de los grandes agentes económicos del capitalismo, y en contra de la inmensa mayoría social. 

 

Este fundamentalismo de mercado aumenta la desigualdad de dos formas: cambia los mercados existentes para que estén sujetos a una menor regulación, fomentando la concentración de la riqueza, y extiende los mecanismos de mercado a cada vez más ámbitos de la actividad humana, de modo que las disparidades de riqueza se reflejan en cada vez más aspectos de la vida de las personas, viéndose afectados los derechos humanos fundamentales. Durante las décadas de 1980 y 1990, los incrementos de la deuda pública de los Gobiernos llevaron a los acreedores (principalmente el FMI y el Banco Mundial) a imponer en países de todo el mundo un torrente de desregulación, privatizaciones, liberalización financiera y comercial, y rápidas reducciones del gasto público, que llegan hasta la actualidad. Además se acabó con la estabilización de los precios y se puso fin a otras medidas públicas de apoyo al sector rural. Las grandes empresas y los ricos se beneficiaron de generosos recortes fiscales, y se dio comienzo a una competición por debilitar los derechos laborales de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, se eliminaron las regulaciones para la protección social (bajas laborales, desempleo, etc.), así como la legislación en defensa de la competencia que impedía los monopolios y las normas financieras de protección de los consumidores. Todo ello condujo paulatinamente a un escenario de "acumulación por desposesión" (en expresión de David Harvey), que inclinó la balanza hacia los más poderosos, hundiendo cada vez más en la pobreza y en la miseria a los trabajadores y trabajadoras de todas partes del mundo. 

 

Y como siempre ocurre, mientras beneficia a los más poderosos, el fundamentalismo de mercado afecta sobre todo e incide de forma negativa en los sectores más vulnerables de la población. Y así, los programas de "ajuste estructural" y las "reformas" del mercado se han vinculado estrechamente al deterioro de la posición relativa de la mujer en el mercado laboral, debido a que las mujeres se concentran en sólo unos pocos sectores de la actividad económica, además de a su menor movilidad y al papel que desempeñan en la economía de cuidados no remunerada. La combinación de discriminación de género y escasa regulación favorecida por el fundamentalismo de mercado ha limitado enormemente la capacidad de las mujeres (especialmente de las mujeres pobres) para beneficiarse de los frutos del crecimiento y la prosperidad o para progresar económicamente. Hoy día, las mujeres siguen concentrándose en empleos precarios, cobran menos que los hombres, y se ocupan de la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Asímismo, las mujeres son las principales beneficiarias de muchas de las normas laborales que el fundamentalismo de mercado ha minimizado o eliminado, como la baja por maternidad remunerada o el derecho a vacaciones. La eliminación de todas estas normas afecta en mucha mayor medida a las mujeres. Por otra parte, las mujeres y los niños son también los principales beneficiarios de servicios públicos como la atención sanitaria y la educación, que se ven radicalmente recortados mediante este ataque flagrante a los derechos y servicios públicos fundamentales. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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