Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
1 junio 2017 4 01 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: Iñaki y Frenchy

Viñeta: Iñaki y Frenchy

Afirmar que las clases trabajadoras son los grupos sociales parasitarios que viven de los demás es un mito sin fundamento: son las grandes empresas y fortunas y los bancos quienes han asaltado los Estados y conquistado el poder que les permite vivir de rentas y no de la innovación y el riesgo

Juan Torres López

Bien, si aceptamos que existen en nuestra sociedad una serie de normas, surgidas de medidas que a su vez se han tomado desde una cierta óptica de privilegios e intereses creados por ciertos agentes económicos, y asumimos desde ahí que existe una arquitectura social y política proyectada en favor de la desigualdad, y estamos convencidos de que hay que actuar en sentido contrario, la siguiente pregunta sería: ¿Qué se puede hacer? Gran parte de las medidas que se pueden adoptar las hemos ido enumerando, no sólo en entregas anteriores (y las que vendrán en los siguientes bloques temáticos) de esta serie de artículos, sino en multitud de artículos concretos que hemos ido publicando en nuestro Blog. Por tanto, de lo que se trata es de continuar justificando su aplicación, comprendiendo sus motivaciones, y explicando sus efectos. De entrada, los impuestos y el gasto público son dos piezas del puzzle esenciales para equilibrar la balanza. Se trata de dos piezas magistrales, que bien movidas, pueden alterar sustancialmente la arquitectura de la desigualdad. De hecho, el sistema fiscal es una de las herramientas más importantes con que cuentan los Gobiernos de todo el mundo para hacer frente a la desigualdad, y en función de ella, aumentarla o disminuirla. Para demostrar esto, Oxfam Intermón realizó un estudio (cuyos resultados aparecen gráficamente en el documento de dicha ONG que estamos tomando como referencia para estos artículos) donde comparó el Coeficiente de Gini en 40 países antes y después de impuestos y transferencias, tanto en países de la OCDE como en América Latina y el Caribe. 

 

Estos datos demostraron la enorme capacidad redistributiva que posee un sistema fiscal bien diseñado cuando se combina con la consiguiente inversión pública para reducir la desigualdad de ingresos provocada por las condiciones de ese fundamentalismo de mercado al que nos hemos referido en entregas anteriores. Finlandia y Austria, por ejemplo, han conseguido reducir la desigualdad de ingresos a la mitad gracias a un sistema tributario progresivo y eficaz, acompañado de un gasto social bien orientado. En cambio, los sistemas fiscales mal orientados pueden empeorar la desigualdad. Cuando las rentas más altas disfrutan de tipos impositivos bajos y determinadas exenciones fiscales, y además pueden aprovecharse de vacíos legales en algunas materias impositivas, cuando los más ricos pueden ocultar su dinero en paraísos fiscales (hablaremos de ellos largo y tendido en su bloque temático correspondiente) fuera de sus fronteras, entonces las arcas públicas sufren cuantiosas pérdidas que el conjunto de la ciudadanía debe asumir, en una claro ejercicio de "acumulación por desposesión" (en expresión del geógrafo marxista británico David Harvey). Y desgraciadamente, la connivencia entre las empresas más poderosas y las élites nacionales e internacionales provoca que los sistemas fiscales (en sentido global) sean cada vez menos equitativos, agravando así la desigualdad. La lógica general está clara: si creemos en la sociedad (y no sólo en sus individuos) hemos de diseñar un sistema fiscal donde contribuya más a la misma quien más tiene y quien más gana. Pero sin embargo, los sistemas fiscales suelen ser cada vez más regresivos, y normalmente penalizan a los más vulnerables. Es otra de las consecuencias del elevado poder de las élites económicas, políticas y sociales que nos gobiernan. 

 

Tomemos un ejemplo fuera de nuestro país: el 20% más pobre de la población de Nicaragua tiene que destinar el 31% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que el 20% más rico contribuye con menos del 13% de sus ingresos. ¿Es éste un modelo de sociedad justa? ¿Podemos aspirar así a combatir la desigualdad? Por su parte, los impuestos indirectos (como el IVA), que recaen de forma desproporcionada sobre los más pobres, representan de media el 43% del total recaudado en Oriente Próximo y el Norte de África, y llegan hasta el 67% en el África subsahariana. Los países en desarrollo también poseen los índices de presión fiscal más bajos, lo cual significa que son los que están más lejos de alcanzar todo su potencial recaudatorio. Se nos inculca el bulo de que "hay o no hay dinero", en función de los intereses de un determinado Gobierno, comparando además el funcionamiento económico de un Estado con el de una familia. Pero esta es una tremenda falacia. Un Estado puede y debe controlar sus fondos públicos de manera autónoma (si partimos de la base de su soberanía), y para ello no debe renunciar a su capacidad de endeudamiento, así como a su capacidad de fabricar su propio dinero, siempre que todas estas opciones estén enfocadas al interés general. El neoliberalismo económico ha alterado también estas reglas del juego, dejando dichas capacidades reservadas para el sector privado, e impidiendo al sector público planificar sus fondos, repartos e inversiones. Mientras que, de media, en las economías avanzadas la recaudación fiscal alcanzaba alrededor del 34% del PIB en 2011, el porcentaje era mucho menor en los países en desarrollo (sólo entre el 15% y el 20% del PIB). Oxfam ha calculado que si la mayoría de los países de renta media y baja redujeran a la mitad su brecha fiscal, recaudarían en torno a un billón de dólares adicionales. 

 

La baja recaudación fiscal socava la efectividad en la lucha contra la desigualdad en aquéllos países que más necesitan la inversión pública para acabar con la pobreza e impulsar un desarrollo justo y sostenible. Asímismo, la recaudación fiscal en los países en desarrollo (y en otros desarrollados, como España) también se ve debilitada por la limitada capacidad de las Administraciones tributarias. Por ejemplo, los países del África subsahariana necesitarían contratar a más de 650.000 inspectores fiscales adicionales en el conjunto de la región para acercarse al promedio de inspectores por habitante de los países de la OCDE. En nuestro país, como decimos, también se han eliminado recursos humanos de la Administración tributaria, por lo cual no tenemos el personal necesario para hacer frente al elevado fraude fiscal practicado por las grandes fortunas y las empresas multinacionales. Es una estrategia de debilitamiento de los recursos humanos y materiales que se necesitan para vigilar un correcto funcionamiento del sistema. Por otra parte, la política de deducciones fiscales es otro gran puntal de los sistemas tributarios injustos: se trata de abundar en los privilegios fiscales, pero sólo para una minoría de los más ricos y poderosos. Por ejemplo, las políticas de empleo se han basado en nuestro país (acrecentándose esta práctica desde el comienzo de la crisis económica de 2007) en continuas subvenciones de las cuotas a la Seguridad Social que han de pagar las empresas por sus empleados, poniendo en marcha una serie de condicionantes que le hacen la vida más fácil a las empresas, todo bajo el supuesto objetivo de facilitar la empleabilidad. Sin embargo, todo ello no ha repercutido realmente en el aumento esperado de puestos de trabajo, porque realmente la crisis es financiera y de consumo, luego por tanto, por muy fácil que hagamos la contratación a las empresas, si éstas no tienen mercado donde colocar sus productos, de nada servirán dichas medidas. 

 

Y por su parte, la "carrera a la baja" en el Impuesto de Sociedades es una parte fundamental del problema. Los organismos internacionales y las instituciones financieras mundiales han alentado a los países en desarrollo y a los nuevos entes supranacionales (como nuestra Unión Europea) a ofrecer una extensa gama de incentivos fiscales (exenciones, rebajas y beneficios fiscales) a fin de atraer la inversión extranjera directa, así como para disminuir la contribución a la Seguridad Social que realizan los agentes económicos más poderosos. Se trata de una estrategia que debilita los fondos comunes que cohesionan al conjunto de la sociedad, pues son precisamente éstos los que deben contribuir más al sistema. Estos incentivos, por tanto, han erosionado considerablemente la capacidad del sistema para reaccionar ante contingencias y situaciones de crisis, a la vez que han disminuido la caja única de los fondos dedicados a la cohesión social. Y todo ello contribuye, una vez más, al incremento de la desigualdad, porque son los colectivos y personas más vulnerables las que más se aprovechan de la existencia de estos fondos comunes de cohesión (cotizaciones sociales, hucha de las pensiones, fondos para desempleo, etc.). Esta "carrera a la baja" impositiva es un elemento muy perjudicial que agrava en gran medida la desigualdad, ya que tiende a beneficiar sobre todo a quienes más ganan, además de constituir una pérdida de ingresos que podrían garantizar una mayor cobertura de los servicios públicos (sanidad, educación, políticas sociales, dependencia, etc.). Necesitamos revertir dichas medidas, para así garantizar un contexto social más redistributivo e igualitario. Continuaremos en siguientes entregas.

Compartir este post

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo

Comentarios

Presentación

  • : Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • : Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
  • Contacto

Búsqueda

Categorías