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8 junio 2017 4 08 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

No conviene confundirse de enemigo: lo que resulta socialmente corrosivo y peligroso es la desigualdad y la asimetría de poder, no sus víctimas. El dinero público y la riqueza generada por las personas trabajadoras no está subvencionando a los pobres, sino a los ricos

Luis I. Prádanos

Más allá de las cifras concretas que podamos manejar y de los estudios de aproximación, lo cierto es que la fiscalidad de una nación define su modelo de sociedad. El modelo de impuestos define gran parte de la justicia social que dicho pueblo implementa. Los impuestos son fuentes de ingresos esenciales para las arcas públicas, que se utilizan para financiar los servicios, las infraestructuras y los bienes públicos que nos benefician a todos, y pueden llegar a ser el eje de vinculación entre el conjunto de la ciudadanía y el Estado. Un buen modelo de impuestos, de carácter auténticamente progresivo, y donde los/as ciudadanos/as comprueben cómo sus impuestos van destinados a la calidad y cantidad de servicios públicos que pueden utilizar, será siempre bien visto, y retroalimentará el grado de satisfacción que la población posee sobre su modelo de sociedad. Y al contrario, un modelo de impuestos mal diseñado, un sistema fiscal injusto y opaco, no harán sino ensombrecer la imagen que la población posee de su sociedad, al contemplar cómo se vuelve cada vez más injusta y más antisocial. En este sentido, los Gobiernos deben reconstruir la confianza en el sistema fiscal, y demostrar que cuando éstos se diseñan y gestionan adecuadamente, de forma justa y participativa, el sistema tributario y el gasto público pueden reforzar la base de una sociedad digna y cohesionada, y servir con justicia a todos los ciudadanos. 

 

Por su parte, sanidad y educación públicas son dos poderosísimas armas en la lucha contra la desigualdad. Toda sociedad mínimamente justa que se precie debe proteger la salud de sus miembros, así como garantizar la formación y educación que se requiere para formar personas libres y críticas, capaces de entender el mundo que les rodea. Estos servicios públicos básicos, en correspondencia con derechos humanos fundamentales reconocidos en todos los foros mundiales, tienen la capacidad de transformar las sociedades, al permitir a las personas reivindicar sus derechos y exigir responsabilidades a sus respectivos Gobiernos. De hecho, todas las sociedades humanas avanzan muchísimo cuando son capaces de diseñar mecanismos garantistas para los derechos humanos emergentes, así como para los derechos de la naturaleza y del resto de animales que habitan el planeta. Dan voz a la ciudadanía, permitiéndole hacer frente a las leyes que perpetúan la desigualdad económica, y mejorar sus oportunidades de futuro. Por ejemplo, se calcula que si todas las mujeres tuvieran acceso a educación primaria, la incidencia del matrimonio infantil y la mortalidad infantil podría ser seis veces menor, y la mortalidad materna caería dos tercios. Además, existen pruebas que demuestran que los servicios públicos pueden ser grandes niveladores en términos económicos, y pueden suavizar los peores efectos de la desequilibrada distribución de los ingresos y la riqueza actual. De hecho, los países de la OCDE que incrementaron el gasto en servicios públicos durante la primera década del siglo XXI, consiguieron reducir la desigualdad de ingresos, y lo hicieron con un índice de éxito cada vez mayor. 

 

No obstante, el diseño, la financiación y la prestación de estos servicios públicos determinan hasta qué punto éstos son capaces de desarrollar todo su potencial de reducción de la desigualdad. Lamentablemente, en la actualidad, en demasiados casos las decisiones políticas castigan a los pobres, ofrecen privilegios a las élites y fortalecen la desigualdad económica existente. Tómese como ejemplo nuestro país: desde la llegada al poder del Gobierno del Partido Popular en 2011, se diseñó e implantó un injusto sistema de co-pagos (más bien re-pagos, pues dichos servicios ya están siendo financiados con los impuestos de todos) para determinados servicios sanitarios (o complementos a los mismos), tales como el consumo de recetas, o la necesidad de transporte o de determinados fármacos para enfermos crónicos. Bajo el falaz mensaje de inculcar un "uso correcto y racional del sistema sanitario", están consiguiendo que muchos enfermos no puedan tener acceso a los medicamentos necesarios, o que las pensiones de muchas personas se vean mermadas ante la dificultad de tener que contribuir económicamente al sistema en mayor medida a como lo hacían antes. Estos injustos mecanismos tratan por tanto de incidir negativamente en las rentas más bajas, disparando de nuevo la desigualdad, y convirtiendo un sistema sanitario público realmente universal en un instrumento de pago para ciertos servicios o complementos. El camino equivocado por tanto son los recortes, las tarifas, las privatizaciones, los co-pagos y todo tipo de criterio o requisito que vuelva inaccesible el uso de estos servicios públicos al conjunto de la población. 

 

Porque como hemos dicho, los servicios públicos universales son una herramienta poderosa en la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, el predominio de los intereses creados, de las importantes influencias de las élites económicas, y de las malas decisiones políticas como consecuencia de lo anterior (recortes presupuestarios, aplicación de tarifas, repagos o precios públicos a usuarios, y privatizaciones) agravan aún más la desigualdad. Los Gobiernos elegidos democráticamente por la ciudadanía se convierten en unos Gobiernos que les dan la espalda, y que, por ejemplo, invierten mucho más en gasto militar que en gasto sanitario. Y cuando los servicios públicos fundamentales dejan de ser universales y gratuitos, millones de personas comienzan a verse excluidas del acceso a la atención sanitaria y a la educación públicas. Según la ONG Oxfam Intermón, cuyos informes seguimos tomando como referencia para todas estas entregas de esta serie de artículos, cada año, cien millones de personas en todo el mundo caen en la pobreza por tener que pagar la atención sanitaria de su bolsillo. Un grave problema de salud puede condenar a toda una familia a la pobreza o a la ruina durante generaciones. El pago de la atención sanitaria también agrava la desigualdad económica en los países ricos. Tenemos el flagrante caso de los Estados Unidos, donde las deudas por gastos médicos contribuyeron al 62% de las quiebras de personas y familias en 2007. El ex Presidente Barack Obama consiguió sacar adelante su Obamacare (por supuesto con muchas limitaciones), un sistema de aseguramiento público que incluyó dentro del mismo a millones de familias, pero el actual Presidente Donald Trump se ha empeñado en destruirlo, y volver a la selva sanitaria estadounidense, aunque de momento aún no lo ha conseguido, por falta de apoyos políticos para su completa derogación. 

 

Y por su parte, el sistema educativo también es otro gran caballo de batalla para la inclusión social y la lucha contra las desigualdades. Se ha demostrado que las tasas educativas suelen disuadir de la matriculación escolar, especialmente en la educación secundaria, donde son más habituales. Esto ocurre porque llega un momento en que los más pobres simplemente no pueden permitirse enviar a sus hijos/as a colegios que cobren tasas, incluso aunque se considere que éstas son bajas. El sistema universitario también se ve afectado por todas estas políticas de esencia neoliberal, que endurecen los requisitos de matriculación, disminuyen las becas y ayudas públicas al estudio, y encarecen las matriculaciones y precios públicos de los estudios de postgrado. Todo ello, unido al recorte en los recursos humanos (profesores/as y maestros/as) y materiales (dependencias, aulas, ratios, etc.), van conduciendo al sistema educativo público a un nivel residual, mientras se potencia el sector educativo concertado y el privado. En el fondo, se fomentan las desigualdades educativas porque se instalan sistemas elitistas y segregadores, pensados para entender la educación no como un derecho humano fundamental, inclusivo y de carácter universal, sino como una posibilidad de filtrar para el sistema educativo sólo al alumnado que posea recursos para poder pagarlo, así como para fomentar el negocio y la mercantilización de la propia educación, enriqueciendo con ello a personas y empresas que se introducen en el mismo sin otro criterio en el horizonte que la propia rentabilidad económica. El sistema educativo, de esta forma, se va convirtiendo poco a poco en una pieza más del sistema capitalista al cual sirve, y va de este modo contribuyendo también al crecimiento de las desigualdades. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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