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30 mayo 2017 2 30 /05 /mayo /2017 23:00
Fotografía: http://www.ecorepublicano.es/

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Solo habría que hacer un poco de memoria para saber cuál ha sido la contribución de la Iglesia Católica en la reciente historia de España: el fomento de la ignorancia y la censura y de la servidumbre de los ciudadanos hacia las dictaduras fascistas, el cultivar la mansedumbre, el imponer la represión sexual de la población, apoyar el machismo y mantener a la mujer ungida al patriarcado más feroz

Antonio Gómez Movellán

En el artículo anterior de esta serie nos adentramos en las barbaridades y salvajadas que los niños y adolescentes vivieron en los internados franquistas de la época, apoyándonos en un estupendo documental de Montse Armengou y Ricard Belis, reseñados en este artículo que estamos tomando como referencia. Hemos de indicar también que los autores del citado documental también contactaron con algunos de los presuntos responsables de esos abusos, para corroborar los testimonios y contrastar la información.  Y algunos de los terribles testimonios se han incorporado también a la querella argentina contra el franquismo, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades españolas. Y al contrario de lo que sucedió en Irlanda, donde tanto el Estado como la Iglesia han condenado los casos de abusos a menores, en nuestro país, el Estado ni siquiera ha escuchado a las víctimas. Pero como sabemos, con estas cosas ("son cosas que no importan a la gente", Mariano Rajoy dixit) aquí en España no pasa nada. La Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada bajo el Gobierno del PSOE de Zapatero, es un marco legal insuficiente, una ley estrecha de miras, y que no ocurre nada si se incumple. De hecho, se incumple casi diariamente, continuamente, se está incumpliendo mientras nuestros lectores y lectoras están leyendo este artículo. Incluso el indecente Gobierno del PP se ha jactado públicamente de dedicar "0 euros" del presupuesto público para ella. Son los mismos gobernantes que se llena la boca con "el cumplimiento de la ley", pero únicamente para los asuntos que a ellos les interesan políticamente. 

 

La Ley de Memoria Histórica, evidentemente, tampoco interesa a la Iglesia Católica. Ella consagró un modelo histórico de relación entre la política y la religión durante el franquismo, y se niega a que dicho modelo sea abolido. Poder y adoctrinamiento religioso formaron un peligroso tándem durante los cuarenta años de dictadura, y se resisten a derogarlo. Durante muchas épocas históricas, la Iglesia ha intentado que los poderes públicos deriven hacia ese totalitarismo de la fe cristiana, y cuando lo han conseguido, la cruz se ha convertido también en la espada. Incluso muchos teólogos han legitimado lo que pudiéramos denominar la fundamentación teológica del poder totalitario de la Iglesia. El franquismo fue un ejemplo de ello. El nacionalcatolicismo era la forma de pensar oficial, la manera de entender la vida, la actitud ante los roles sociales de hombres y mujeres, y ante la patria. El conjunto de valores morales católicos se impuso a sangre y fuego. Y llegan hasta nuestros días, donde algunos personajes de la jerarquía eclesiástica aún destilan ese odio en sus palabras hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia la izquierda política y social. Y aunque nuestra Constitución de 1978 declare la aconfesionalidad del Estado, a efectos prácticos nuestro país sigue siendo un Estado católico. Aquélla Iglesia franquista del nacionalcatolicismo proyecta su alargada sombra hasta nuestros días. La insoportable y nefasta hipoteca de la Iglesia continúa aplastando la libertad de pensamiento que todo Estado laico requiere. En ese sentido, pues, hemos avanzado poco. La completa superación del franquismo también requiere la plena separación entre el ámbito eclesiástico y el ámbito del Estado, es decir, entre el ámbito público y el ámbito privado. 

 

En nuestros días, la Iglesia Católica continúa con su pretensión de someter al poder civil, enfrentándose públicamente a cuantas leyes, decretos y proyectos puedan perjudicar sus privilegios, o bien puedan alterar o hacer evolucionar el pensamiento religioso dominante. La Iglesia continúa intentando arrogarse el poder espiritual en nuestra sociedad, sin aceptar que sus tiempos de gloria han pasado, y que las sociedades libres y avanzadas separan (siempre desde el respeto institucional) su ámbito público del ámbito de las creencias privadas de los fieles de una determinada confesión religiosa. El laicismo es un principio indisociable de la democracia, lo cual constituye otro argumento más que abona la tesis que siempre hemos defendido: en realidad, desde la Transición hasta aquí, no hemos gozado de una democracia completa y real, solo de un amago de la misma, de una apariencia o disfraz de democracia, de una democracia limitada y recortada. Y hoy día, desde el marco legal de nuestra Carga Magna, hemos suplantado ese laicismo genuino por una laicidad del proselitismo católico. La Iglesia sigue percibiendo ingentes fondos públicos del conjunto de la sociedad, sigue impartiendo religión en las aulas públicas, y su simbología y filosofía política continúan presentes en todos los aspectos de nuestra vida social. Bajo la apariencia de un falso pluralismo religioso (pues la confesión católica es la única reconocida y apoyada por el Estado), los Gobiernos del bipartidismo imperantes hasta hoy día han instaurado un sistema que destruye la propia esencia del laicismo, y consagran la no-separación entre Iglesia y Estado. 

 

Una superación completa del franquismo conlleva por tanto dejar atrás el enorme poderío de la confesión católica en nuestro país, y una nueva conciencia colectiva sobre la necesidad (insistimos, desde el más absoluto respeto a todas las religiones) de separar los ámbitos público y privado. Hay que desarrollar en la sociedad una autonomía moral sobre todas las confesiones religiosas, así como una ética laica de la vida, que conlleve una nueva óptica de pensamiento donde los dogmas católicos dejen de absorber los planteamientos que se puedan hacer sobre todos los problemas de la vida social. Pero como venimos exponiendo durante toda esta serie de artículos, la superación real del franquismo implica muchas más vertientes, actitudes, decisiones y manifestaciones. Aquí van algunas de ellas, recogidas en la reciente PNL (Proposición No de Ley) mediante la cual el Congreso ha instado al Gobierno: volver a dotar las partidas presupuestarias dedicadas a la memoria histórica. Tomar un papel activo en la localización de fosas comunes e identificación de los cadáveres. Crear bancos de ADN, puesto que muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil tienen ya una edad muy avanzada. Reabrir la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que, hasta que la cerraron por la falta de voluntad para dedicarle presupuesto, era el órgano que coordinaba todos estos asuntos. Impulsar la retirada de todos los símbolos que exaltan la sublevación militar, la guerra o la dictadura (placas, monumentos, esculturas, callejeros, etc.). Ampliar el reconocimiento de la nacionalidad española a personas que la perdieron a causa del conflicto. Elaborar un censo completo de obras realizadas usando mano de obra esclava y trabajos forzados de presos políticos, y colocar placas que homenajeen a éstos. Cortar todo tipo de subvenciones dedicadas a las organizaciones que ensalcen la figura del dictador, y valorar la declaración de nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.

 

Por supuesto, la voluntad de los actuales gobernantes para llevar a cabo todas estas tareas es nula. Se siguen amparando en lógicas absurdas: "No queremos remover el pasado", "No debemos reabrir heridas", "Dejemos a los muertos en paz", "Con la crisis que estamos viviendo esto no es prioritario". Y al igual que un nuevo Proceso Constituyente, sí es prioritario. La base social que aún apoya o es equidistante con respecto al franquismo es la misma que continúa apoyando la Monarquía, y ambas facetas responden a un mismo problema, un problema que se sitúa en la base de la pirámide de todos los males que nos afectan. No se puede continuar ignorando esto, dedicándonos a resolver ciertos conflictos, pero olvidándonos de lo más importante, es decir, de los aspectos sociales que aún legitiman el autoritarismo y la explotación capitalista (así como la explotación espiritual de las mentes) que el franquismo supuso durante cuarenta años, y la propina "democrática" que llevamos sufriendo durante otros cuarenta más. Llevamos por tanto cuarenta años de retraso. En realidad, llevamos 80 años de retraso para volver a instaurar la legalidad y legitimidad republicanas, esa misma que destruyeron los militares golpistas, con ayuda de la Iglesia Católica, los grandes banqueros, empresarios y terratenientes de la época, y el apoyo de los fascismos europeos. No podemos esperar más tiempo. No debemos esperar más tiempo. La completa, absoluta y real superación del franquismo es un asunto prioritario para aspirar a una sociedad democrática que pueda presumir de ello. Es una cuestión de salud democrática, de saneamiento social, de liberación moral, espiritual y material. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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