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15 junio 2017 4 15 /06 /junio /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (42)

Si no se llevan a cabo intervenciones políticas deliberadas, los elevados niveles de desigualdad tienden a auto-perpetuarse. Conducen al desarrollo de instituciones políticas y económicas que trabajan para mantener los privilegios políticos, económicos y sociales de la élite

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL (UNRISD)

Y hablando sobre educación y sanidad públicas, gratuitas y universales, en relación con la desigualdad, hay que denunciar la ya vieja falacia de los acuerdos o conciertos de colaboración público-privada que se vienen desarrollando en estos ámbitos, desde hace varias décadas. Bajo una cuidada estrategia, en primer lugar se vierten campañas de desprestigio de estos servicios públicos, para legitimar la intervención privada sobre los mismos. Se habla de la "eficiencia" de la gestión privada, y se comienza por "externalizar" (eufemismo para encubrir una privatización de alguna parcela o faceta del servicio) algunas partes del sistema sanitario. Después, poco a poco la lista de servicios externalizados va siendo cada vez mayor, hasta que llega un momento en que el sector privado domina un conjunto bastante amplio (incluso la totalidad) del funcionamiento del servicio. Cuando nos queremos dar cuenta, resulta que el sector público ha quedado hipotecado en beneficio del carácter privado, que ha pasado a controlar el conjunto del sistema. Y entonces nos preguntamos: ¿Es cierta la famosa eficiencia del control privado? ¿En qué revierten estos modelos de privatización? Pues la experiencia nos demuestra que un elevado nivel de participación privada en el sector sanitario está asociado con una pérdida de la calidad en los servicios, con un incremento de los costes, y con una mayor exclusión, en términos generales, de las personas pobres del tratamiento y atención médicas. 

 

La historia por tanto se repite. Y es que está en la propia esencia del funcionamiento de la iniciativa privada, a la que únicamente le interesa la obtención del máximo beneficio. Si para ello tiene que sacrificar otros objetivos del sistema, no duden en que lo hará, aunque tenga que presentar falsos resultados y estadísticas para demostrar que sigue siendo más eficaz que el modelo público. En resumidas cuentas, los derechos humanos fundamentales no deben estar ligados a servicios privados, pues éstos benefician en mayor medida a los ricos y no a los más necesitados, incrementando la desigualdad económica. Lo mismo podríamos extrapolar al ámbito educativo, donde los famosos centros concertados (típicamente con organizaciones religiosas) van derivando su actividad, organización y funcionamiento no a la inclusión del alumnado y a la democratización de los centros, sino al elitismo, a la segregación y a la exclusión del alumnado que no les interesa para mantener su "prestigio" educativo. Esta arquitectura de la desigualdad facilita que los más acaudalados puedan elegir y tener acceso a la atención sanitaria y a la educación fuera del ámbito de los sistemas públicos, lo cual debilita la cohesión social y favorece el incremento de las desigualdades, en una espiral sin fin que se retroalimenta, pues a medida que existan más derivaciones de los servicios públicos básicos hacia la iniciativa privada, más poder e influencia se le estará concediendo a ésta para que pueda continuar ejerciendo su tarea de lobby con respecto a estos sectores. 

 

Y como ya hemos explicado, cuando son sólo los más pobres quienes utilizan los sistemas públicos (educativos, sanitarios, etc.), la clase media-alta, cuyos miembros tienen una mayor influencia política y económica, no tienen ningún interés personal que les impulse a defender el gasto público para poder financiar estos servicios, lo cual se traduce en que se reducen los incentivos para pagar impuestos. De esta forma, si entramos en dicha dinámica, vamos conduciendo a la sociedad hacia un modelo insolidario e individualista, un modelo que no apuesta por el bien común, sino por una sociedad salvaje del "sálvese quien pueda". Se extienden el egoísmo y la insolidaridad, y se va socavando la democracia y el concepto mismo de sociedad, que desaparece frente a la concepción de nuestro mundo como un conjunto de individuos que pululan en él para su pura supervivencia. Ello nos conduce a una sociedad salvaje y caótica, propicia para todo tipo de elementos desestabilizadores (revueltas, rebeliones, protestas, etc.). Por tanto, hemos de revertir el camino. Hemos de conceder la máxima importancia a la cohesión social, a la inclusión, al fortalecimiento de los servicios públicos, ya que todo ello disminuirá las desigualdades sociales y económicas, y revertirá en un modelo de sociedad más justo e igualitario. Tenemos un fuerte adversario con el que luchar, más allá de las políticas internas que seamos capaces de llevar a cabo, ya que los Organismos Internacionales (imbuidos en los dogmas del capitalismo neoliberal globalizador) están instando a los países a caminar por la senda de la "liberalización" (nuevo eufemismo) de los servicios públicos, gratuitos y universales, en favor de la entrada en ellos de la iniciativa privada. 

 

Y así, la OCDE, el FMI, el BM, la OMC, etc., desarrollan políticas que se traducen en una serie de "recomendaciones" a las naciones y países a los que engloban, para ir adoptando progresivamente modelos de "colaboración público-privado" para todos estos servicios. Y al igual que en el caso de los sistemas fiscales, las normas internacionales dictadas por estos organismos pueden socavar la política nacional, restar soberanía e impedir que se desarrollen políticas de cohesión social. De hecho, es bien conocido que las grandes empresas de servicios educativos y sanitarios han presionado durante mucho tiempo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se establezcan normativas internacionales que exijan a los países abrir sus sectores educativo y sanitario a los intereses comerciales privados. Recientemente, Wikileaks ha revelado que existen planes para presentar un acuerdo sobre el comercio de servicios entre 50 países, que garantizaría la privatización de estos servicios públicos. Pero sólo hay que fijarse en las tendencias de los Tratados de Libre Comercio de última generación (TTIP, TPP, CETA, TISA, etc.) para comprender hasta qué punto son herramientas pensadas para la infiltración del gran capital transnacional en todos los servicios públicos que se gestionan por los respectivos Estados, y todo ello de una manera feroz y agresiva. Para los lectores y lectoras interesadas, les recomiendo nuestra serie de artículos que sobre estos Tratados de Libre Comercio (TLC) estamos desarrollando en este mismo Blog. En ella damos cumplida cuenta de la historia, los objetivos, y todo lo que se esconde detrás de estas peligrosas herramientas. 

 

Esto se traduce en diversos hechos y decisiones concretas. Por ejemplo, las cláusulas de Propiedad Intelectual (PI) incluidas en la redacción de estos Tratados de Libre Comercio que se están negociando obligarían a los Gobiernos de los países firmantes a ampliar las patentes de los medicamentos que salvan vidas, agotando los presupuestos nacionales de salud de los países en desarrollo, imposibilitando que puedan ofrecer muchos tratamientos muy necesarios. Por ejemplo, la mayoría de las 180 millones de personas infectadas con el virus de la Hepatitis C no puede beneficiarse de nuevos medicamentos eficaces por vivir en países del Sur, donde ni pacientes ni Gobiernos pueden permitirse pagar facturas médicas desorbitadas. En Asia, los medicamentos constituyen hasta un 80% de los gastos sanitarios directos. Y aunque son los países pobres los más afectados por los precios de los medicamentos, los países ricos no son inmunes a su elevado coste. El gasto farmacéutico de los Gobiernos europeos se incrementó en un 76% entre los años 2000 y 2009, y actualmente algunos países rechazan ofrecer a los pacientes nuevos medicamentos contra el cáncer a causa de su elevado precio. Todas ellas son consecuencias directas del enorme poder e influencia de los que gozan las grandes empresas transnacionales, que van controlando cada vez más aspectos de nuestra vida, de nuestras necesidades y de nuestros derechos. Dichas empresas llegan a constituir potentes oligopolios a nivel mundial, compitiendo en fuerza con los propios Estados, minimizando la soberanía e independencia de éstos, y contribuyendo al final, como siempre, al aumento de las desigualdades, mediante la excesiva concentración del capital en muy pocas manos. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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