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22 junio 2017 4 22 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: JRMora

Viñeta: JRMora

No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología anarco-capitalista con suficiente poder como para imponerse a base de mitos y falsedades

Juan Torres López

Otro aspecto para reducir las desigualdades sociales y económicas (en la entrega anterior nos centrábamos en los servicios públicos básicos, como sanidad y educación) son los relativos a la protección social. Su objetivo lo podemos expresar bajo una simple frase: garantizar que todas las personas puedan vivir sin miedo. Ello implica desarrollar todo un amplio y completo programa de prestaciones, ayudas y complementos en especie, tanto en directo como en diferido, para garantizar al conjunto de la población la satisfacción de sus necesidades vitales en todas las situaciones donde se puedan ver inmersos (discapacidad, jubilación, desempleo, bajas temporales, etc.). Estos sistemas de protección social suelen implicar que los Gobiernos proporcionen prestaciones dinerarias o en especie (subvenciones por menores a cargo, exenciones o reducciones fiscales, pensiones a las personas mayores, prestaciones por desempleo, ayudas, subsidios, rentas mínimas...) que, al igual que la atención sanitaria y la educación, aportan nuevas categorías de ingresos a quiénes más los necesitan, corrigiendo los desequilibrios en la distribución de los ingresos, y cubriendo las situaciones de incapacidad temporal o definitiva para poder acceder a un puesto de trabajo. La protección social por tanto es un abanico muy extenso, que no sólo es fundamental para reducir la desigualdad, sino también para hacer que la sociedad en su conjunto sea más solidaria e igualitaria, y esté menos basada en el individualismo. En el bloque temático correspondiente, cuando hagamos reflexiones profundas sobre el mundo del trabajo en el contexto de la desigualdad, nos centraremos a fondo en exponer el caso de la renta básica universal, como una especie de sistema aglutinador de la mayoría de estas variantes de protección social. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, ante el desastre causado en gran parte de los países, se impusieron un conjunto de políticas de corte keynesiano (por John Maynard Keynes, su propulsor fundamental), y la mayoría de los países ricos establecieron sistemas de protección social a gran escala y normalmente universales, que sirvieron para garantizar al conjunto de la ciudadanía unos ingresos básicos, además de ofrecer garantías frente al desempleo, la vejez y la discapacidad, entre otras circunstancias. En Estados Unidos, la puesta en marcha de la seguridad social y de un sistema de pensiones en la década de 1930, redujo drásticamente los índices de pobreza entre las personas mayores. La crisis financiera de 2008 ha impulsado la creación de la Iniciativa de la Base de Protección Social, liderada por la OIT y la OMS. La iniciativa insta a los países a ofrecer unos ingresos mínimos garantizados a los desempleados, todos los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y a todos aquéllos que no puedan ganarse la vida dignamente. Sin embargo, datos recientes ponen de manifiesto que más del 70% de la población mundial no cuenta con una cobertura adecuada de protección social. Ello es debido al auge del dogma neoliberal en la inmensa mayoría de los países, de todos los continentes, bajo el auge de la globalización capitalista, que ha tomado como referentes el Consenso de Washington y los Acuerdos de Bretton Woods, y que bajo el pretexto de la crisis, ha llevado a cabo una ofensiva en toda regla a los derechos humanos fundamentales, conduciendo al fundamentalismo de mercado al que nos hemos referido en entregas anteriores de esta serie. 

 

Para luchar contra la desigualdad, debemos retormar el camino de los sistemas integrales de protección social, absolutamente públicos, gratuitos y universales, y con plenas garantías. Debemos tender hacia la cobertura universal de todas las personas a lo largo de todas las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la cuna hasta la sepultura. Sólo el diseño y la aplicación de sistemas realmente universales de protección social garantizarán que ninguna persona, en cualquier etapa o circunstancia de su vida, pueda verse privada de la satisfacción de sus necesidades fundamentales (ingresos mínimos, alimentación, vestido, medicamentos, educación, etc.). Es todo ello lo que garantiza una sociedad verdaderamente cohesionada, justa y equitativa, en el sentido en que garantiza unos mínimos vitales fundamentales, para a partir de ahí dejar a cada individuo organizar su vida según sus deseos, planes y conveniencias. Pero es la cobertura universal de protección social la herramienta que garantiza la plena y absoluta igualdad de oportunidades, y la plena inclusión bajo los parámetros de una sociedad libre y avanzada. No obstante, nos encontramos aquí con un nuevo problema, que deriva de la condicionalidad de todas estas protecciones. En este sentido, decidir quién merece determinadas prestaciones y quién no es un ejercicio caro y complejo, cambiante y a menudo polémico, sujeto a montones de casuísticas y condicionantes, que pueden conducir al sistema a resultados injustos o absurdos en muchas ocasiones. Asímismo, el establecimiento de requisitos y condiciones puede alentar también al fraude social en torno a los sistemas de protección. De hecho, varios estudios han puesto ya de manifiesto que las prestaciones selectivas son menos eficientes que las prestaciones incondicionales debido sobre todo a los costes administrativos. 

 

En efecto, si establecemos para la concesión de una prestación P determinada, el hecho de tener que cumplir con un requisito R, en primer lugar debemos introducir al sistema informático que controle dicha prestación el establecimiento de este requisito. En segundo lugar, debemos incorporar a la documentación requerida la verificación de dicho requisito, y en su caso, requerir y evaluar también la documentación que demuestra que el requisito se cumple. Por último, debemos planificar todo un sistema de información/control/verificación por parte de los propios empleados, para que desarrollen y lleven a cabo estas tareas. Nada de ello es necesario si el requisito R no existe. La prestación P, si es universal e incondicional, será mucho más cómoda, rápida, barata y fácil en este caso. Por otra parte, el déficit de cobertura, como decíamos más arriba, puede conducir también a sistemas injustos en la forma y en el fondo. Además, los programas selectivos suelen estar dirigidos al ámbito familiar (lo que la Administración Pública define como la "unidad familiar"), un planteamiento hoy día absolutamente desfasado, no sólo porque los modelos de familia han cambiado y ya no responden a los modelos tradicionales, sino también por la elevada existencia de personas solas, que individualmente forman el núcleo familiar. Por ejemplo, las mujeres y los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, pueden verse excluidas en estos procesos. Por tanto, los sistemas de protección social, si quieren tender hacia el ámbito universal, deben ir removiendo sus características de condicionalidad y grupales. Pero desgraciadamente, durante las últimas décadas se han favorecido cada vez más las prestaciones más pequeñas, selectivas y dependientes de los recursos, es decir, menos universales. 

 

Básicamente, esto se debe a que los fundamentalistas de mercado prevén un papel progresivamente mucho más limitado de los Gobiernos, asociado a las ideas neoliberales que pretenden desmontar los sistemas de protección social, aludiendo a falaces mantras como que "nada es gratis", y que estos sistemas son insostenibles. Nada más lejos de la realidad. Hasta los sistemas más integrales y universales de protección social son absolutamente sostenibles en el tiempo, siempre que nos basemos en el resto de parámetros que definen una sociedad justa, tales como el sistema fiscal que ya hemos comentado en anteriores entregas. Esta tendencia neoliberal también encaja con la idea (que ya desarrollaremos ampliamente en su momento, cuando discutamos la Renta Básica Universal en el contexto del debate sobre el trabajo), cada vez más extendida, de que las prestaciones sociales inhiben el trabajo, y de que la prioridad debería ser que las personas se valgan por sí mismas en lugar de estar amparadas por el Estado. Se trata de una concepción de la sociedad, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, derivada del concepto ultraneoliberal de la misma, absolutamente egoísta, que niega la sociedad misma, y que propugna los valores del egoísmo, el individualismo y la competitividad como sagrados valores. Sin embargo, como estamos comentando, estos esquemas de valores sociales sólo contribuyen a disparar las desigualdades, y a fomentar sociedades injustas, desequilibradas e irracionales. Por tanto, todos los países deberían trabajar para establecer sistemas permanentes de protección social universal, ya que éstos reducen la vulnerabilidad e incrementan la capacidad de resistencia frente a crisis del sistema. Una buena forma de empezar sería garantizar la protección social de amplias categorías de población, por ejemplo proporcionar prestaciones universales a todas las madres, o a todas las personas que superen una cierta edad. Esto reduciría el debate, demostraría las bondades de estas medidas, y anularía la estigmatización que acarrea la comprobación de los recursos para identificar quién necesita más dichas prestaciones. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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