Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En nuestra cita de entradilla, Colussi se refiere evidentemente a los espurios intereses de los grandes actores económicos que nos gobiernan en la sombra, y que están perpetuando y acrecentando los perversos niveles de desigualdad, haciendo prevalecer sus intereses sobre los de las mayorías sociales, y socavando la democracia y la soberanía e independencia de los Estados. Hemos de alterar esta peligrosa arquitectura, invirtiendo sus objetivos y dándole la vuelta para crear una nueva arquitectura social que mire hacia las personas, hacia la naturaleza, hacia los derechos humanos, hacia la satisfacción de los intereses y necesidades de la población. Estos grandes agentes económicos, las grandes empresas, que son las primeras interesadas en mantener la arquitectura de la desigualdad, airean el mantra de la "insosteniblidad" de los sistemas de protección social y de los servicios públicos, pero son eslóganes falsos que sólo esconden sus espurios intereses, además muy fácilmente desmontables. Los sistemas de protección social son absolutamente sostenibles, siempre que se cambie el foco, el prisma o el punto de mira, siempre que se antepongan los intereses de la inmensa mayoría social a los intereses de una pequeña élite poderosa. Es precisamente el poder de esa élite la que intenta convencernos constantemente de la insostenibilidad de dichos servicios. Toda sociedad justa y avanzada debe ampliar al máximo sus sistemas de protección social, pues esta es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad, y garantizar que las personas más vulnerables no quedan excluidas. 

Y dentro de las políticas adoptadas por estos sistemas de protección social, uno de los prismas fundamentales es el de género. Ya hemos expuesto en entregas anteriores de esta serie la tremenda importancia de impulsar políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y en este caso, tenemos el objetivo fundamental de impulsar la igualdad económica de las mujeres como un objetivo fundamental en la lucha contra la desigualdad. Porque tanto en países ricos como en países pobres, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, tienen una presencia mayoritaria en los empleos precarios y a tiempo parcial, y normalmente cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. La brecha salarial ha de ser atajada si de verdad queremos comprometernos por la igualdad económica. Incluso en sociedades donde se considera que, en general, se ha alcanzado un elevado nivel de igualdad de género, las mujeres deben enfrentarse a notables diferencias respecto a los hombres en términos de ingresos y capacidad de influencia. Aún son muy minoritarios los cargos públicos o privados de la alta escala desempeñados por mujeres, y la representación del género femenino en determinadas profesiones es todavía muy pequeña. Es necesaria una combinación adecuada de políticas, medidas y decisiones encaminadas a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad económica de las mujeres. No obstante, con demasiada frecuencia, los responsables políticos no tienen en cuenta el impacto que sus decisiones pueden tener sobre las mujeres. La perspectiva de género es, por tanto, una faceta importantísima dentro de los parámetros de la igualdad económica. 

De hecho, la mayoría de los enfoques políticos que se adoptan en una sociedad no tienen en cuenta dicha perspectiva, apostando claramente por el camino equivocado. Porque si no se tiene en cuenta a las mujeres, simplemente como el 50% de la población, en la elaboración de las políticas, los Gobiernos pueden reforzar involuntariamente la desigualdad de género, o bien quitar con una mano lo que están dando con la otra. Asuntos como la paridad en la representación, la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, o la brecha salarial han de ser tenidos en cuenta si queremos llevar a cabo políticas justas hacia el género femenino. Asímismo, se ha de luchar contra la invisibilización de determinadas profesiones ligadas a las mujeres. La feminización de la pobreza, las políticas de cuidados y la división sexual del trabajo son otros aspectos que hay que atajar. Teniendo en cuenta todo ello, las políticas adecuadas pueden promover la igualdad económica de las mujeres, y contribuir de esta forma a una sociedad más justa, equilibrada, igualitaria y cohesionada. De entrada, muchas de las políticas que reducen la desigualdad económica, también contribuyen enormemente a la reducción de la desigualdad de género. Ambas perspectivas, pues, se complementan entre sí. Hemos de desarrollar mucho más la cobertura y amplitud de los servicios públicos, pues entre otras muchas cosas, ellos garantizan que el Estado asuma parte de la carga del trabajo de cuidados que realizan las mujeres, ya sea la atención sanitaria o el cuidado de los niños. En este sentido, la ampliación de los servicios públicos de educación infantil, así como los centros de día o residencias para personas mayores, han de ser potenciados bajo las políticas de protección social. 

Por otra parte, las prestaciones sociales, como las ayudas o subsidios universales por hijos/as menores a cargo, también tienen un enorme impacto positivo en la igualdad de género. Las normativas sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la Seguridad Social, así como las que garantizan los períodos de vacaciones remuneradas y las bajas por enfermedad o maternidad/paternidad, contribuyen a reducir las diferencias entre hombres y mujeres. Las políticas públicas han de adoptar siempre la perspectiva de género, con miras a una sociedad igualitaria e inclusiva. Una fiscalidad progresiva también beneficia en mayor medida a las mujeres, ya que implica que la mayor carga impositiva recaiga sobre los hombres ricos, mientras que los servicios públicos financiados mediante estos impuestos benefician mayoritariamente a las mujeres más pobres. Como vemos, todos los mecanismos están estrechamente relacionados entre sí, y desviándolos en una dirección o en otra, estamos contribuyendo a la actual arquitectura de la desigualdad, o bien caminando en la dirección contraria, esto es, hacia una sociedad justa e igualitaria. Las políticas públicas no pueden entenderse, por tanto, como aisladas en sí mismas, sino como interrelacionadas entre sí para perfilar el modelo de sociedad al que pretendemos dirigirnos. Entender los distintos efectos que las políticas públicas y las decisiones de gasto e inversión públicas tienen en mujeres y hombres es fundamental para maximizar el impacto positivo que dichas políticas tienen en la reducción de la desigualdad de género, además de en la reducción de la desigualdad económica. Los Gobiernos deben llevar a cabo los oportunos análisis de impacto bajo una perspectiva de género, basándose en datos desglosados por sexo. 

La elaboración y aplicación de políticas dirigidas a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad económica de las mujeres necesita aún un cambio transformador. Todavía son múltiples los aspectos donde hay que incidir, los cuales, entendidos como un todo, necesitan un empuje decisivo. Los Gobiernos deben abordar las responsabilidades del trabajo de cuidados, que recaen principalmente sobre las mujeres, además de garantizar empleos dignos, estables y con derechos, así como igualdad salarial para todas las personas, equilibrando la desigualdad en el acceso de las mujeres a los diferentes ámbitos y facetas de la sociedad, reformando leyes injustas, anacrónicas y discriminatorias sobre la tierra y las herencias, y poniendo fin a la lacra de la violencia machista ejercida contra las mujeres en el seno del hogar. También se han de combatir el acoso y la violencia sexual en el trabajo, el llamado "techo de cristal" que impide a las mujeres acceder a puestos de elevada responsabilidad, tanto del ámbito público como del privado, y regular de forma más amplia la representación paritaria de mujeres y hombres en el mundo empresarial y de la gestión pública. Todo ello incidirá en combatir la desigualdad económica y la discriminación de la mujer con respecto al hombre, lo cual a su vez contribuirá en la reducción general de las desigualdades. No puede concebirse una política para erradicar una arquitectura de la desigualdad, si no va acompañada de un conjunto de medidas encaminadas a reducir la desigualdad de género y la desigualdad económica entre ambos sexos. Sólo una plena igualdad real entre hombres y mujeres contribuirá de hecho a modelos de sociedad más igualitarios. Continuaremos en siguientes entregas.