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21 junio 2017 3 21 /06 /junio /2017 23:00
Viñeta: Josetxo Ezcurra

Viñeta: Josetxo Ezcurra

Monsanto es capaz de ignorar el daño humano y medioambiental provocado por sus productos y continuar con sus devastadoras actividades mediante una estrategia de ocultamiento sistemático: influyendo en las agencias reguladoras y los gobiernos con grupos de presión, utilizando la mentira, la calumnia y la corrupción, financiando estudios científicos falsos, presionando a los científicos independientes y manipulando a la prensa y los medios. La historia de Monsanto es un caso de libro de escuela, es la historia de la impunidad de la que se benefician las corporaciones transnacionales y sus ejecutivos, cuyas actividades contribuyen a las crisis del clima y la biosfera y amenazan la seguridad del planeta

Andre Lew (Presidente de IFOAM)

Hemos querido recuperar como cita de entradilla la opinión de Andre Lew sobre Monsanto, porque retrata perfectamente el verdadero poder y peligrosidad de las empresas transnacionales que están detrás de los Tratados de Libre Comercio de última generación. La situación es completamente real, y nos hace intuir qué ocurre cuando el poder corporativo se impone a los derechos humanos. Lo mismo podemos argumentar en torno a la necesidad de frenar el cambio climático, por lo cual ya hemos denunciado en muchas ocasiones en esta serie de artículos la tremenda contradicción presente en el apoyo a Acuerdos por el Clima (como el de París), y a la vez el apoyo a estos tratados "comerciales" de última hornada. Los acuerdos multilaterales alcanzados bajo la presión de los lobbies empresariales no son sino meros instrumentos para reforzar el poderío de estos grandes emporios empresariales, con el fin de normalizar una nueva arquitectura normativa donde se otorguen derechos a los inversionistas, en perjuicio de los derechos humanos, de la naturaleza y del resto de seres vivos que habitamos el planeta. Por ello sostenemos que van contra la propia soberanía popular de los gobiernos, Estados, naciones y países que los firman. Luis Hallazi, abogado y politólogo, investigador en derechos humanos, lo ha recogido y explicado muy bien en este artículo, que seguimos a continuación. Como ya hemos referido, sus textos se recogen en voluminosos tratados de miles de páginas, que se negocian en secreto durante varios años, y cuyas negociaciones son deliberadamente escondidas a la opinión pública. 

 

En el caso del Parlamento Europeo, ya hemos referido en entregas anteriores que los propios parlamentarios que representan supuestamente a la soberanía popular de los Estados miembro, son rigurosamente controlados en sus intentos de acceso al contenido de las negociaciones de estos tratados. ¿Qué interés existe en toda esta opacidad, rota únicamente por algunas filtraciones de medios como Wikileaks? Pues evitar la constatación de que estos tratados comerciales son en realidad instrumentos geopolíticos al servicio del gran capital, que pretenden únicamente potenciar la capacidad de expansión sin límites de los gigantes empresariales, en clara connivencia con los políticos a su servicio. Por ello, conceptos como democracia, soberanía o derechos humanos importan muy poco en su espíritu y en su redacción, pues son herramientas pensadas para abolir los mecanismos ("obstáculos al comercio" para ellos) que protegen y blindan los servicios públicos y los derechos fundamentales. Persiguen una globalización de carácter sólo económico, y en ese sentido, están intentando reformar de facto el sistema jurídico internacional para que privilegien estos tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional sobre los derechos humanos. En palabras de Luis Hallazi: "El modo de hacerlo ha sido a través de la imposición del paradigma del libre comercio, que ayudado de la instrumentalización del derecho internacional ha ido quebrando los avances en garantizar la supremacía de los derechos humanos". Y así, están intentando introducir en el imaginario colectivo un concepto más profundo y potente en torno a los principios de la "seguridad jurídica", "derecho de los inversionistas", "obstáculos al libre comercio", etc., para garantizar la aprobación de unos textos que les concedan plena hegemonía e impunidad para sus actividades por todo el mundo. 

 

Como guinda de todo este aberrante pastel, se colocan los mecanismos ISDS, que garantizan que los Estados firmantes de estos TLC renuncian a su jurisdicción nacional en los casos de controversia entre los inversores y el Estado, y ambos se someten a una corte arbitral con jueces privados, sin doble instancia, y donde muchos de los jueces son parte de las puertas giratorias. El mecanismo garantiza que únicamente sean los inversores los que puedan demandar al Estado y no viceversa, en los casos en que dichos inversores deseen interceptar la posible aprobación de nuevos marcos normativos que puedan ser contrarios a sus intereses. Y así, bajo el pretexto de que las nuevas normas o decisiones políticas pudieran contravenir los principios comerciales suscritos en los tratados, los Estados son denunciados por las multinacionales ante estas instancias judiciales creadas "ad hoc", que en su inmensa mayoría dictan sentencias contrarias a la soberanía popular, condenando a los países a pagar cifras multimillonarias para resarcir los supuestos efectos causados. Las instituciones y organismos públicos quedan de esta forma desprotegidos, anulados en su soberanía e independencia, frente a la posición de fortaleza de los inversionistas. Los tratados les otorgan a éstos derechos que los colocan en una cómoda posición en relación a los países firmantes, situación que finalmente quiebra el marco de protección de los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza. De ahí que concluyamos una vez más que estos instrumentos al servicio del gran capital socavan la democracia, y avanzan hacia una peligrosa y completa desregulación en todos los ámbitos y facetas de la organización económica, política y social. 

 

Bien, un terreno donde los TLC también se inmiscuyen es el ámbito educativo, como uno más de los servicios públicos sujetos al campo de acción de los intereses de estos grandes agentes económicos. Lo explica muy bien Agustín Moreno, gran especialista en el mundo educativo, y al que seguimos en este otro artículo para el medio Cuarto Poder: "Cada vez que las instituciones internacionales encargadas de impulsar el capitalismo global han abordado un nuevo marco de acuerdo de liberalización, intentan convertir la educación, la sanidad y otros servicios públicos fundamentales en simples servicios susceptibles de ser privatizados". El terreno educativo constituye una suculenta parte del pastel, pues según la UNESCO, la educación es un terreno fabuloso que se cifra en 2 billones de dólares al año. De ahí el interés económico que pueda suscitar en el ámbito de cobertura de los TLC, que no están dispuestos a ignorar tal volumen de "negocio", ya que en realidad, sólo es eso para ellos: otro negocio más, otro derecho humano y otro servicio público al que hay que atacar, privatizándolo, liberalizándolo y convirtiéndolo en mera mercancía. Pero como señala Moreno, esta política de privatización de lo público para convertirlo en un nicho de negocio del capital financiero es una irresponsabilidad desde el punto de vista social y del interés general de los pueblos. La educación es un servicio fundamental, un derecho constitucional y un bien público. De hecho, pocas inversiones son más rentables social y económicamente. Pero si liberalizamos el ámbito educativo, pervertiremos en su esencia la finalidad del mismo, que no es otra que formar a personas libres y críticas. Por ello, los gobiernos que se adscriben a la moda neoliberal intentan, en primer lugar, despojar a la educación de dicho carácter. 

 

Véase sin ir más lejos la LOMCE, esa polémica ley educativa que ha generado la rebelión de todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional. Una ley absolutamente caótica pensada para convertir la educación en un instrumento al servicio del capitalismo, como ya explicamos en este otro artículo de nuestro Blog. Pues bien, leyes como la LOMCE van preparando el terreno para que posteriores herramientas de ámbito globalizador como estos tratados de libre comercio, se encuentren parte del terreno abonado, y completen la terrible labor de liberalización, destruyendo absolutamente el carácter de la educación como derecho humano fundamental. Estos procesos de liberalización educativa conceden mayor peso a los centros privados y concertados (de los cuales nuestro país es campeón a nivel europeo), y tienden a la conversión de los centros educativos públicos en meros elementos residuales del sistema. Los TLC fomentarán el carácter elitista de la educación, y reforzarán las bases, valores e ideales del neoliberalismo en sus propias enseñanzas. El objetivo fundamental es formar a personas dóciles hacia el sistema, en vez de críticas con el mismo. Los TLC imbuirán la educación en los parámetros mercantilistas, tales como la selección del alumnado, la publicación de ránkings, o la paulatina eliminación de la democracia en el propio funcionamiento de los centros. La LOMCE ya prepara al sistema educativo en todos estos aspectos, reduciendo el peso de la comunidad educativa, y reforzando el papel de la Administración en la gestión de los centros educativos. Por su parte, se van perfilando unos perfiles y contenidos educativos claramente ideologizantes, fomentando la explotación, la competitividad, el valor de lo privado sobre lo público, de lo individual sobre lo colectivo, etc. Si a todo ello le unimos el mecenazgo y patrocinio de grandes agentes económicos en el mundo educativo, ya tenemos la fotografía completa. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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