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20 julio 2017 4 20 /07 /julio /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (47)

La desigualdad de las rentas y de las fortunas no es solamente un hecho económico; implica una desigualdad ante las posibilidades de supervivencia, una desigualdad ante la muerte

Ernest Mandel

Y en efecto, no se trata de una retórica vacía, sino de denunciar, como hacía Mandel en la cita de entradilla, una terrible situación asumida de forma natural, cuando es fruto de un conjunto de medidas y de decisiones políticas que favorecen a una élite privilegiada. Sólo practicando una mejor redistribución de la riqueza, simplemente a partir de una distribución más equitativa del incremento de los ingresos mundiales. La desigualdad ha crecido durante las últimas décadas (entre otros muchos motivos) porque las diferencias entre el mundo del capital y del trabajo se han agudizado, así como su contribución a la riqueza nacional, y su porcentaje de cotización para el sostenimiento de los servicios públicos. Pero vayamos a los datos que nos aporta Oxfam Intermón: una distribución más equitativa del incremento de los ingresos mundiales, supondría (tomando un ratio suave) que aproximadamente el 10% de dicho incremento fuese a parar a manos de cada uno de los deciles (una décima parte) de la población. Si los Gobiernos se hubieran preocupado al menos de garantizar esta pequeña redistribución, los datos hoy día, así como nuestra realidad social, serían otros muy distintos. Sin embargo, la realidad es que la distribución es enormemente desigual: entre 1998 y 2011, el 10% más rico de la población (esto es, el decil superior) ha acumulado el 46% del incremento total de los ingresos, mientras que el 10% más pobre (el decil inferior) sólo ha recibido el 0,6%. De hecho, el decil superior acapara más que el 80% más pobre, y más del cuádruple que el 50% más pobre. Y el desequilibrio es aún mayor al analizar los datos sobre el 1% más rico de la escala de distribución de los ingresos mundiales, que entre 1998 y 2011 recibió un porcentaje del incremento de los ingresos mundiales mayor que la mitad más pobre de la población.

 

Estos datos reflejan perfectamente y son una de las causas más determinantes de la actual situación de grave desigualdad. Está en manos de decisiones de voluntad política el poder revertir estos datos, simplemente tomando medidas que obliguen a una mejor redistribución de la riqueza. Hay que intervenir activamente, desde la política, para que los niveles de desigualdad puedan ir suavizándose, y podamos tender hacia modelos de sociedad más cohesionados. Y otro factor donde hay que incidir es en el grado de beneficio que los niveles de crecimiento del PIB provocan sobre los segmentos de población, redistribuyéndolo hacia los sectores más pobres. Hay que tener en cuenta también que, como nos movemos sobre porcentajes, el aumento (por ejemplo) de los ingresos del 10% más rico de la población equivale a una cantidad ciertamente muy superior en términos absolutos, si lo comparamos con las cantidades que suponen para los segmentos más pobres. Esto es fundamental si queremos sacar a las personas del umbral de la pobreza, que sí es un ratio (en un momento dado) absoluto, plasmado en un nivel de ingresos mensuales o anuales determinados. Incluso si los grupos extremos de población (el más rico y el más pobre) registraran el mismo incremento porcentual de sus ingresos, ello se traduciría en la práctica en que el aumento en el 10% más pobre de la población sería ridículo en comparación con el crecimiento registrado por los ingresos del 10% más rico ( y no digamos ya del 1% más rico). Por ello las políticas públicas, económicas y fiscales, han de tener en cuenta todos estos parámetros y condicionantes para poder revertir, poco a poco, no sólo la pobreza absoluta, sino los peligrosos niveles de desigualdad entre la población. La foto de la desigualdad puede ser mostrada desde múltiples puntos de vista, y por tanto, la estrategia es bien conocida por todos los foros económicos mundiales. Es sólo cuestión de voluntad política. 

 

Debemos revertir, y se puede, estas tendencias a través de políticas económicas más justas, redistributivas y de inclusión y cohesión social, que redistribuyan los beneficios económicos entre el conjunto de la ciudadanía, en lugar de reforzar la concentración del capital. Pero como las élites beneficiadas por las políticas actuales normalmente no estarán por la labor, y ya hemos estudiado el tremendo poder e influencia que poseen, esta reversión de las medidas sólo será posible con un incremento de la democracia, es decir, traspasando al pueblo la decisión sobre ciertos aspectos decisorios de nuestra economía, sobre todo en las parcelas que conciernen a la desigualdad. Es lo que llamamos Democracia Económica. Básicamente, la arquitectura de la desigualdad se despliega ante la ausencia de una democracia económica, esto es, ante la negativa de los poderes públicos de traspasar ciertos niveles de decisión y de participación de la actividad económica a las clases populares y trabajadoras. Democratizando las decisiones públicas, pero también las empresas, los centros de trabajo, los foros económicos, etc., será posible que las decisiones que se tomen no se hagan de forma interesada para cualquier colectivo o grupo social, sino que se traduzcan en mejoras para el conjunto de la ciudadanía. Naturalmente, las élites políticas y económicas que nos gobiernan no quieren ni oír hablar de democracia económica, y la tildan de estupidez, falacia o utopía que no sirve para nada. Pero nada más lejos de la realidad. La democracia económica es un aspecto vital que hay que conseguir en nuestro grado de madurez democrática, quizá el aspecto más difícil de conseguir entre todas las vertientes de la democracia, pues las élites, los más ricos y poderosos, intervendrán activamente en contra del desarrollo de esta faceta democrática. Y ello porque esta democracia económica implica un grave riesgo para la defensa y el mantenimiento de sus privilegios.

 

La democracia económica impediría ciertas situaciones como las que hemos descrito, pero también muchas otras que inciden sobre el bienestar de la clase obrera y trabajadora, y que son administradas por las élites económicas, tales como los sistemas públicos de pensiones, el incremento de los salarios, o el conjunto de las rentas básicas de inserción de que disfrutan los desempleados. El incremento de los salarios de los trabajadores y trabajadoras es hoy día un puntal fundamental. Los países que poseen un sistema basado en un Salario Mínimo Interprofesional pueden atajar un poco mejor las graves injusticias y desigualdades que se puedan producir, aunque su existencia tampoco es garantía plena de que dichas situaciones se eviten. El problema fundamental de los salarios es la progresiva pérdida de poder adquisitivo, que incide de forma directa en el crecimiento de la desigualdad. No sólo tomados en forma absoluta, sino también relativa, los salarios han dejado de dignificar a la clase trabajadora, y se han puesto como herramienta al servicio del gran capital. La precariedad laboral no sólo se permite bajo lagunas legales y economía sumergida, sino que también se insta legalmente desde los Gobiernos. Hoy día, mientras nos anuncian a bombo y platillo las cifras de "creación de empleo", nos ocultan que esos empleos que se crean son temporales, inestables e inseguros, carentes de derechos. Empleos precarios, a tiempo parcial, con bajos e indignos salarios, o con cambios constantes en las condiciones laborales, están a la orden del día. Por otra parte, el incremento de los salarios no mantiene el mismo ritmo que la productividad. La decreciente participación del trabajo en la renta refleja el hecho de que las mejoras en la productividad y el aumento de la producción no se han traducido en una mejora proporcional de los ingresos de los trabajadores. No se trata de una cuestión baladí, ya que una de sus consecuencias es la desaparición del vìnculo entre productividad y prosperidad. Es decir, hoy día no se garantiza que un empleo garantice el bienestar de la población. Por ejemplo, entre 1973 y 2014, la productividad neta en Estados Unidos creció un 72,2%, y sin embargo la retribución por hora del trabajador medio, ajustada a la inflación, sólo aumentó un 8,7%.

 

Por otra parte, los actuales empleos precarios no garantizan la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones ni del conjunto de los servicios públicos, por lo cual inciden negativamente sobre todo el Estado del Bienestar en su conjunto. Los salarios no sólo no remuneran debidamente los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras, sino que tampoco satisfacen sus necesidades ni las de sus familias. En la Unión Europea, aproximadamente el 9% de las personas que trabajan se encuentran en riesgo de pobreza, y este porcentaje se ha incrementado en la última década, creando la figura del "trabajador/a pobre". Y por su parte, la llamada "Economía Colaborativa" tampoco ha venido a resolver nada en este sentido, ya que más bien al contrario, revoluciona las relaciones empresa/trabajador pero sólo eufemísticamente, ya que en realidad contribuye a incrementar la precariedad laboral, las indignas condiciones, y la dependencia de los trabajadores sobre sus empresas. ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Básicamente, la precariedad ha de impedirse por ley, al igual que por ley (a través de las sucesivas reformas laborales) se ha permitido. Hay que practicar medidas de incremento y convergencia salariales, implantar medidas de democracia económica antes citadas, incluir topes mínimos y máximos tanto para sueldos públicos como privados, e implementar una Renta Básica Universal (de tipo incondicional, individual y universal), que garantice unos ingresos mínimos dignos, en cualquier situación, sostenida sobre los pilares de una reforma fiscal profunda, justa y progresiva. En su bloque temático correspondiente expondremos más a fondo todos estos asuntos. Pero la economía no sólo tiene que ofrecer puestos de trabajo dignos y mejor remunerados, sino que además debe crearlos y potenciarlos en mayor medida. En ese sentido, los Planes de Trabajo Garantizado también ofrecen sus particulares soluciones, recuperando al Estado como garante del derecho al trabajo, y potenciando las actividades que revierten en beneficio de la comunidad. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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