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3 agosto 2017 4 03 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Peña Morán

Viñeta: Peña Morán

El desastre ecológico, junto con las grandes desigualdades sociales, las guerras, el hambre, las enfermedades crónicas que podrían erradicarse si se distribuyeran los medicamentos ya existentes por todo el mundo, son las pruebas más palpables del fracaso de nuestra civilización

José López

Se tiene por costumbre desde las clases dominantes, cuando desean ocultar una realidad social concreta, el hecho de mentir de forma descarada y cínica. Es justo lo que ocurre en nuestro país cuando desde las más altas poltronas se nos vierte el discurso de la "recuperación económica". Simplemente, no es posible que haya recuperación si no hay redistribución de la riqueza, y de eso, sabemos que no hay. A una década del comienzo de la crisis, el día a día de cientos de miles de familias españolas transcurre en la desesperanza, lejos de la complacencia derivada de la positiva evolución de las principales magnitudes macroeconómicas. El Presidente del Gobierno tuvo incluso la desfachatez de afirmar, en su discurso de balance veraniego, que "hemos recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis". Que se lo pregunten a los millones de personas que han perdido su trabajo, que han perdido sus viviendas, que han perdido sus ingresos, que dependen (en el mejor de los casos) de sus familias, y que han perdido toda esperanza de poder llevar a cabo un proyecto de vida digno. En promedio, el conjunto de la ciudadanía española vive hoy peor que hace una década. Y nos dirán: "Es que el PIB ha crecido", "Somos la economía europea que más crece", "Se están recuperando los niveles de empleo", y mil falacias por el estilo. Pero la realidad social es muy distinta al crecimiento de dichos indicadores. Esta paradójica situación refleja cómo la evolución del PIB, principal indicador para examinar la salud económica de un país según el dogma neoliberal, nos ofrece un diagnóstico incompleto y equivocado sobre el bienestar de la población. 

 

Ello pone de manifiesto, lo hemos reseñado en otras muchas ocasiones, la necesidad de encontrar, definir y utilizar formas alternativas para medir eso que llamamos "el progreso". Porque el crecimiento económico expresado por este indicador puede provenir únicamente, como de hecho ocurre en nuestro caso, de un mayor volumen de producción y exportación de nuestras empresas, pero eso no tiene porqué verse reflejado en los niveles de vida de las clases populares y trabajadoras. Los gráficos que aparecen en los sucesivos informes de Intermón Oxfam demuestran claramente cómo los deciles inferiores de la población han perdido peso en sus niveles de renta, mientas los deciles superiores los han aumentado, lo cual indica una concentración de la riqueza en las clases más pudientes, y por tanto, una mayor desigualdad. Los datos son concluyentes: de acuerdo con la OCDE, la renta media en España cayó un 9% entre 2009 y 2014, pero la caída de la renta del 10% más pobre de la población fue de más del doble: un 21%. Somos, por tanto, un país más desigual. Insistimos en todos estos datos y explicaciones para refutar la continua complacencia de los gobernantes, desmontar su discurso y comprender mejor a qué se deben sus mentiras y sus manipulaciones. Ellos, como fieles servidores de los intereses de las clases dominantes, tienen que ofrecer datos manipulados y sesgados, y llegar a conclusiones igualmente falsas, para mantener la ilusión y el nivel de aceptación y legitimación de su Gobierno. Por ello ocultan lo que no les conviene que se sepa, manipulan la realidad, u ofrecen únicamente conclusiones desde un prisma, ignorando otros que también conforman la realidad social del país. La crisis no ha afectado a todos por igual, ni la "recuperación" está generando las mismas oportunidades para todos. 

 

Lejos de dicho panorama, las desigualdades se ahondan y retratan un país que avanza a dos velocidades, conformando una sociedad cada vez más polarizada. De un lado, el precariado, que ha de soportar unos empleos cada vez más inestables, inseguros y temporales, carentes de derechos, y que no les permiten vivir con dignidad. Ello incluye desde las profesiones fuertemente precarizadas, pasando por la feminización de la pobreza, hasta la exclusión laboral de ciertos sectores de la población, como las personas mayores de 50 años. Si a todo ello unimos el endurecimiento de las prestaciones por desempleo, y la ausencia de una renta básica de protección social, el panorama es ciertamente desolador. En el polo opuesto, se encuentran las élites sociales adineradas y poderosas, los grandes empresarios, las grandes fortunas, y los cuadros intermedios que se sitúan a su servicio. Estas personas son las que han visto cómo aumentaba su riqueza y su patrimonio, ya que la arquitectura de la desigualdad que estamos explicando durante toda esta serie de artículos les favorecía de forma indecente y descarada. Y así, la concentración de la riqueza se consolida en las capas superiores, mientras se intensifica la caída de ingresos en los niveles más bajos. Y de ahí que el crecimiento económico que tanto nos anuncian a bombo y platillo sigue beneficiando esencialmente a los que más tienen y a los que más ganan. Esta realidad pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de un tercio de la población española, y la importancia de poner en marcha mecanismos de redistribución para evitar que esta parte de la población quede fuera del sistema. De hecho, muchos segmentos de población han quedado ya absolutamente excluidos. 

 

Por su parte, la nueva figura del llamado "trabajador/a pobre" no sólo no soluciona la situación, sino que actúa como un peligroso detonante que hace estallar la cohesión social, y pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas públicos de protección social (desempleo, rentas condicionadas, pensiones, etc.). En efecto, como sabemos, las cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores/as y empresarios/as son los que mantienen los sistemas de remuneración directa (salarios) y diferida (pensiones) para la clase trabajadora, y garantizan la financiación de los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar. Pero si atacamos directamente la línea de flotación de los puestos de trabajo dignos y con derechos, y por tanto, con garantías estables de cotización, tanto en cuantía como en plazos, resulta que estaremos dinamitando todo el andamiaje de dicho Estado del Bienestar. Es la forma que tienen las clases dominantes de apoyar su indecente discurso de la "insostenibilidad" de dichos sistemas públicos, y lo hacen más y mejor precisamente aprovechando contextos y situaciones de crisis como la actual. En este sentido, las Reformas Laborales llevadas a cabo durante los últimos años inciden en agravar esta situación, pues (entre otros muchos efectos negativos) retroceden en las conquistas obreras, abaratan el despido, precarizan el trabajo, lo vuelven inestable e inseguro, fomentan la temporalidad, rebajan sueldos y salarios, conceden hegemonía al poder empresarial, disminuyen las cotizaciones sociales, y hacen estallar por los aires la garantía de sostenibilidad presente y futura de dichos sistemas. Y todo ello también forma parte de esta arquitectura de la desigualdad. No queremos insistir mucho más en la faceta laboral, pues será estudiada detenidamente en su bloque temático correspondiente. 

 

Lo que no nos cuentan nuestros gobernantes en sus discursos es que desde el inicio de la crisis, España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, concretamente 20 veces más que el promedio europeo. Desde el año 2007, el Indice de Gini aumentó en un 15,6%, muy por encima del promedio del continente (0,8%). Todo ello pone de manifiesto la incapacidad del crecimiento económico para reducir la desigualdad en nuestro país. La explicación es bien sencilla: una empresa podrá crecer y exportar todo lo que quiera, pero si antes de la crisis poseía una plantilla de 5.000 personas (pongamos por ejemplo) disfrutando de puestos de trabajo estables y con derechos, que les permitían cotizar a niveles aceptables, y poder desarrollar un proyecto de vida digno, contribuyendo tanto los empleados/as como los empleadores/as al sostenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar, y ahora (después de las "reformas estructurales para salir de la crisis", como alegan) posee únicamente 1.000 personas en plantilla, porque las otras 4.000 proceden de subcontratas concéntricas que precarizan el trabajo, impidiendo toda la situación que antes hemos comentado, ese crecimiento no es deseable. Hay que romper por consiguiente el discurso dominante, para explicar que más que crecimiento, necesitamos reparto y redistribución, pero son dos conceptos que no quieren escuchar las poderosas élites que nos gobiernan en la sombra. El crecimiento económico no es inclusivo, pero este es uno de los objetivos del neoliberalismo, que legitima de esta forma las desigualdades, y es el responsable del corpus teórico y dogmático que proyecta la arquitectura social que las propugna y las tolera. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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