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10 agosto 2017 4 10 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Clay Bennett

Viñeta: Clay Bennett

Una analogía gráfica sobre la desigualdad en Estados Unidos muestra que si hiciéramos la ficción de que la estatura física de la gente fuera proporcional a sus ingresos, resulta que habría millones de personas que no se levantarían ni 10 cm. del suelo, mientras que Bill Gates mediría unos 130 Km. de alto, es decir, 13 millones de centímetros

Daniel Raventós

Desmontemos algunos mitos que las clases dominantes nos pretenden inculcar en torno a la actual crisis y a la desigualdad, y que demuestran la falacia de sus argumentos. Primer mito: sufrimos una crisis económica, y eso dispara las desigualdades. Falso. La desigualdad en España no es el resultado de la crisis económica, aunque se haya acentuado durante la misma. De hecho, la supuesta "recuperación" económica de los dos últimos años no ha servido para reducirla, aunque se haya revertido levemente. La desigualdad en nuestro país continúa aumentando como resultado de una economía que promueve una distribución injusta de las rentas, y las oportunidades que se generan. Desde ese punto de vista, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la crisis sólo ha constituido una excusa, un pretexto para ahondar en la transformación de las estructuras del Estado para desposeer a las clases populares y trabajadoras la mayor parte de los mecanismos de protección social. Segundo mito: ya hemos dejado atrás lo peor de la crisis. Falso. Al ser falso el primer mito, también lo es éste, en el sentido de que es falso que estemos viendo "la luz al final del túnel", y que se comiencen a revertir los recortes sociales y laborales que se han venido practicando. Esos recortes forman parte de una calculada estrategia neoliberal para minimizar el sector público, adelgazar el Estado, y transferir mayor cantidad de rentas, recursos y posibilidades a los más poderosos. De hecho, el aumento de las desigualdades amenaza con fracturar de manera irreversible los pilares básicos de la cohesión social. Tercer mito:de todas las crisis se sale con incrementos de la desigualdad. Falso. Eso ocurre cuando las crisis son gestionadas bajo criterios y objetivos neoliberales. 

 

Cuarto mito: cuando finalice la crisis volveremos a los niveles de renta y protección social anteriores a la misma. Falso. La crisis, como estamos comentando, no es una situación coyuntural, sino todo un estallido de los procesos de producción capitalistas, que se utilizan en detrimento de las clases trabajadoras. Por consiguiente, si no revertimos todas las políticas practicadas, no volveremos a la situación previa. No obstante, tampoco debemos tener como horizonte volver a la situación anterior a la crisis de 2007, pues lo que debemos hacer, más bien al contrario, es aprovechar también la crisis para plantear las transformaciones laborales, económicas, políticas y sociales que desmonten esta arquitectura de la desigualdad, y comiencen a trabajar por la equidad y la justicia social. Reducir la desigualdad requiere un rediseño de toda la arquitectura que estamos exponiendo, poniendo en marcha políticas distintas que consigan poner el empleo digno y las personas trabajadoras en el epicentro del dinamismo económico. Pero a su vez, todo ello debe hacerse reconvirtiendo los modelos económicos y productivos, para que atiendan tanto a la justicia social como a la justicia ambiental. El problema de la desigualdad, como efecto de la acumulación capitalista, no es solo un problema de redistribución, como venimos insistiendo, sino también de sostenibilidad. Hay que diseñar nuevos nichos de empleo que sean sostenibles, atendiendo a la rentabilidad social y a los modelos energéticos que los mantienen. Si no ponemos en el horizonte la sostenibilidad humana, social y medioambiental, de nada nos servirá el cambio de los modelos productivos, ni la propia reducción de las desigualdades. Debemos entonces caminar hacia una economía más humana, entendida ésta no sólo hacia su enfoque a las necesidades sociales, sino también hacia el respeto al mundo en que vivimos, es decir, nuestro planeta, el resto de los animales y los recursos naturales de los que nos servimos para vivir. 

 

El diseño y la arquitectura de nuestra economía, así como los principios sobre los que se toman las decisiones económicas, sus criterios y requisitos, nos han llevado a un punto extremo, insostenible e injusto. No podemos continuar por esta senda. Acabar con la pobreza y luchar contra la extrema desigualdad que padecemos requieren repensar el modelo económico desde varios puntos de vista. Necesitamos una economía alternativa que trabaje para la mayoría social, y unas políticas sociales que ayuden a todas aquéllas personas que se encuentran excluidas. Pero como decimos, esta otra economía debe responder a las necesidades tanto de las personas como del planeta, y ha de reconocer que la satisfacción de las necesidades no será alcanzable únicamente mediante las fuerzas del mercado. En este sentido, los principios neoliberales han de ser abandonados. Bajo una economía más humana, los Gobiernos deben ser los garantes de los derechos y necesidades de todos, y los responsables de velar para que los mercados trabajen para el interés general. Esto que pareciera sacado de un mítin revolucionario está reflejado en nuestra Constitución de 1978, pero es algo a lo que no se le hace el menor caso. Y curiosamente son las fuerzas políticas que más se llenan la boca con nuestra Constitución, aquéllas que la incumplen más flagrantemente. En efecto, la intervención estatal pública ya está contemplada en nuestra Carta Magna, pero la deriva neoliberal de gobiernos e instituciones provoca que esta práctica esté mal vista. Para ponerlo en práctica, se requiere de un gobierno eficaz, responsable y democrático, sensible y decente, que actúe en nombre de la mayoría social, y no a favor de los intereses de una pequeña pero poderosa élite. Una economía humana es aquélla en la que las personas son valoradas por igual, y no se las desprecia o discrimina en base a su condición o recursos (también esto está escrito en la Constitución). 

 

El gran capital, dominador bajo un contexto de economía fundamentalista de mercado, nunca permitirá estos giros hacia una economía más humana, justa y sostenible. Así que tiene que ser la iniciativa y la intervención públicas las que reorienten la economía en otro sentido. Este otro sentido tiene que reflejar salarios dignos, puestos de trabajo estables y decentes, con derechos, trabajando bajo modelos productivos justos y sostenibles, y contribuyendo a una redistribución de la riqueza generada bajo parámetros de justicia fiscal y ambiental. En esta economía para las personas, el desarrollo y el progreso (hemos debatido sobre estos conceptos ampliamente en esta breve serie de dos artículos) no se abordan exclusivamente desde la perspectiva del crecimiento económico (manifestado en el aumento del PIB), sino valorando y midiendo lo que realmente importa. El Producto Interior Bruto (PIB) es simplemente un indicador imperfecto y parcial del progreso, un baremo sesgado e interesado, y la formulación y las decisiones políticas no deberían tomarse exclusivamente (como se hace hoy día) en torno a este parámetro. Hoy día, nos machacan con el eslogan del crecimiento del PIB, para que comprobemos lo bien que va nuestra economía, mientras realmente lo que comprobamos y sentimos en nuestras propias carnes es que la desigualdad y la pobreza siguen avanzando. Por tanto, el PIB y demás indicadores económicos clásicos se deberían complementar con otros indicadores que midan mejor la calidad de vida de las personas, los niveles de justicia social y ambiental, la redistribución de la riqueza, el bienestar y las posibilidades de la gente para satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales, lejos de las necesidades impuestas por el mercado, un mercado obediente únicamente al crecimiento de los beneficios empresariales. 

 

¿Qué necesitamos básicamente? Sin entrar en detalles de otros aspectos que iremos abordando en sus bloques temáticos correspondientes (deuda pública, paraísos fiscales, hegemonía empresarial, etc.), necesitamos equiparar los ingresos (directos y diferidos) del 10% más rico y del 40% más pobre, para lo cual, a grosso modo, habría que aumentar salarios mínimos, establecer topes salariales máximos, limitar la distancia entre salarios mínimos y máximos (tanto en el ámbito público como en el privado), establecer una renta básica universal (RBU) haciendo converger todos los sistemas de prestaciones públicas con ella (incluido el sistema público de pensiones), acabar con la precariedad laboral, promover Planes de Trabajo Garantizado (sistemas de contratación pública para aquéllos sectores laborales rentables socialmente aunque no lo sean económicamente), eliminar la brecha salarial de género, erradicar la división sexual del trabajo, erradicar la feminización de la pobreza, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, sacar a flote actividades que se encuentran bajo economía sumergida, devolver a los sindicatos la capacidad de negociación colectiva, asegurar un sistema fiscal justo y progresivo (lo cual redundará en mayores ingresos para el Estado), rediseñar el modelo impositivo (entre otros, estableciendo nuevos impuestos al patrimonio y a las transacciones financieras), impedir el elevado fraude fiscal, elevar la inversión en servicios públicos y políticas sociales (educación, sanidad, pensiones, servicios sociales, dependencia, etc.), y mientras todo ello va proyectándose y entrando en vigor (son transformaciones que van más allá incluso de una legislatura), la mejor medida es castigar a las empresas que no respeten escrupulosamente estas indicaciones. Porque en efecto (y ya lo están haciendo en su ámbito los Ayuntamientos del cambio), una poderosa herramienta que posee la Administración Pública a su favor es impedir o cancelar la contratación con empresas privadas (suministradoras de servicios) que no cumplan los requisitos establecidos. Tan fácil como premiar a las empresas más sensibles socialmente, y discriminar a las más salvajes e indecentes. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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