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9 agosto 2017 3 09 /08 /agosto /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (44)

Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados

Ignacio Ramonet

Los tratados de "libre comercio" también ponen en peligro la naturaleza y el resto de seres vivos (además de los humanos) que la habitan. El desprecio hacia los recursos naturales y hacia el planeta mismo es uno de los valores inspiradores del neoliberalismo, y como tal, reside subliminalmente en dichos tratados. Para ellos, la naturaleza y todo lo que la conforma (ríos, montes, bosques, lagos, especies animales, etc.) no son más que recursos puestos a la explotación por parte de estos grandes agentes económicos, y además entendidos de forma infinita, lo cual es una absoluta falacia, y pone en serio riesgo de colapso toda nuestra civilización, y al planeta mismo. Estos tratados legitiman la explotación salvaje de todos los recursos naturales, el saqueo y destrucción de la propia naturaleza como objeto de despojo, la mercantilización de personas y recursos en su endiablado ciclo de expansión del capital, y el uso y abuso de los animales únicamente en su vertiente de servidores del hombre y para el hombre. Y del mismo modo en que piensan que el trabajo no genera valor, los poderosos lobbies que negocian estos tratados consideran que su riqueza no tiene ninguna deuda con la naturaleza. Según el dogma neoliberal, sólo el capital, no así el trabajo ni la naturaleza, crea valor, riqueza y empleo. Y en ese sentido, según la filosofía de estos tratados, tanto los trabajadores como la naturaleza existen para el beneficio y expansión de las empresas, siendo herramientas a su servicio. Sólo los inversores (es decir, los grandes accionistas) y los altos directivos son creadores de valor, según la filosofía de pensamiento neoliberal, inspiradora de estos tratados. De ahí que sean los principales interesados en el diseño de las políticas económicas y sociales. 

 

Hasta ahora, mediante Organismos internacionales (FMI, BM, OCDE, OMC, etc.), apoyados bajo los postulados del Consenso de Washington y la complicidad inherente de la mayoría de los gobernantes a nivel mundial, el neoliberalismo campaba a sus anchas, pero siempre latía la amenaza de que cualquier gobierno de carácter progresista, socialista o simplemente postneoliberal, echara abajo la hegemonía del pensamiento dominante, enfrentándose al poderío de las grandes empresas transnacionales. Precisamente para impedir esta situación se conciben los tratados de libre comercio. Mediante la ratificación de los mismos se pretende instalar al nivel lo más global posible una especie de autoridad ilegítima, que establezca un nuevo tipo de orden mundial donde las decisiones de los grandes actores económicos no puedan ser cuestionadas. Y en un segundo término, se intenta utilizar esa pseudolegitimidad con la intención de eliminar lo poco que queda aún en pie del Estado Social y del Bienestar, tal como los servicios públicos, y todo lo relativo al interés general y al bien común, incrementando de esa forma los beneficios de las grandes corporaciones, e imponiendo reglas que favorezcan el monopolio de la riqueza, a la vez que se proscribe cualquier forma de propiedad colectiva, y se blinda todo este andamiaje para que no pueda ser revertido por ningún Gobierno al que se le pudiera ocurrir atender a los intereses de la ciudadanía. El TLC es entonces un peligroso disfraz que oculta una terrible realidad, la realidad de una sociedad absolutamente salvaje y desregulada, donde el imperio de las multinacionales no pueda ser cuestionado. Si comprendemos el alcance de esta ofensiva, comprenderemos también su interés en la opacidad y el secretismo de las negociaciones. 

 

En palabras de Susan George: "No es sólo su tamaño ni su enorme riqueza y sus activos lo que convierte a las transnacionales en un peligro para la democracia. También lo son su concentración y su cohesión, su cooperación y su capacidad para influir, infiltrar y en algunos casos reemplazar gobiernos. Están actuando como una genuina autoridad internacional con el fin de defender sus intereses comerciales, su poder y sus beneficios en contra del bien común. Comparten un mismo lenguaje, una ideología común e idénticas ambiciones, que nos afectan a todos. Los ciudadanos que valoran la democracia no pueden permitirse ignorar este peligro". Y ante la fuerza de estas grandes corporaciones, los Estados ya se encuentran en clara desventaja. Por ejemplo, en nuestro país, una determinada Comunidad Autónoma no puede impedir la firma de un TLC, pero dicha ratificación sí que incidirá muy directamente en la capacidad legislativa de dicha parte del Estado. Y no sólo en la capacidad legislativa de ciertos aspectos poco conocidos, sino en la toma de decisiones de claro interés general. Sin ir más lejos, el gobierno egipcio fue denunciado por la empresa Veolia por subir el salario mínimo, uno de los pocos logros de las llamadas "Primaveras Árabes" que surgieron en el año 2011. Protecciones ambientales, sanitarias, laborales, de propiedad intelectual, y muchas otras, estarán bajo la vigilancia de los lobbies empresariales, para en su caso denunciar al Estado que las haya puesto en marcha, y que bajo los criterios de tal o cual empresa, provoque pérdida de beneficios presentes o futuros. Todo un demencial sistema donde los perversos actores económicos nos gobernarán en la sombra (ya lo hacen hoy día), pero además lo harán de facto. El control será absoluto, despiadado y cruel, indecente y vergonzoso, injusto y antidemocrático. 

 

Y desde ese punto de vista, los TLC nos conducirán a una especie de "Gran Hermano" comercial y empresarial, donde los pequeños agentes económicos y las políticas públicas estarán permanentemente vigiladas, y si no satisfacen los fanáticos criterios neoliberales de las grandes corporaciones, se limitarán a denunciar dichas decisiones ante sus propios tribunales (previstos en los tratados), por lo cual cualquier iniciativa dirigida al bien común y al interés general de la ciudadanía, pero que sea entendida como peligrosa para la expansión comercial de cierta compañía, será inmediatamente impedida. Los TLC ponen claramente de manifiesto el marco totalmente asimétrico entre las transnacionales y la ciudadanía. Mientras los beneficios son para las empresas, los impactos laborales, ambientales y sociales los sufre el conjunto de la población. Y mientras las corporaciones están blindadas jurídicamente, el conjunto de la ciudadanía no tiene dónde acudir para defender sus derechos e intereses. La tendencia de los TLC es a implantar un Estado del Bienestar absolutamente residual, despótico y controlado por los grandes agentes económicos. Y no debemos olvidar que ese nuevo molde para el "derecho internacional" que están creando todos los TLC que existen en el mundo (ya se cuentan por miles) está sobre todo basado en las leyes y en la jurisprudencia de los Estados Unidos, porque ningún tratado ni acuerdo comercial firmado con este país puede contradecir lo establecido en sus leyes o en el Congreso de EE.UU., ni USA acepta ninguna decisión de organismo internacional que le contravenga. Es decir, que todos los tratados firmados con este país (lo cual se extiende a sus países adláteres, como Canadá) institucionalizan de facto la aplicación internacional y extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos. A nivel internacional, la liberalización comercial (manifestada en la OMC y los TLC) potencia esta proyección y esta concepción política a escala mundial. 

 

Para Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL, tal como expresan en este artículo para el medio La Marea, los TLC responden a un ordenamiento feudal que quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho, y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Así, los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales y de los pueblos. Todo ello en favor de los intereses del gran capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices. Está ayudando todo el entramado de instituciones supranacionales (OMC, G8, G20, las agencias de calificación de riesgos, etc.) que refuerzan los elementos jurídicos para esta nueva "lex mercatoria" (en expresión de los autores), que han ido reforzando la hegemonía y el control de estos organismos sobre la regulación de los propios Estados. Por ejemplo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o la India están más condicionadas por las directrices que marcan estas organizaciones que por las decisiones de sus propios gobiernos. Emerge de esta forma todo un Derecho Corporativo Global de enorme poder, capaz de hacer tabla rasa de las legislaciones de los Estados-nación, para imponer las decisiones de las grandes empresas. Se ignora a la sociedad civil, a sus legítimos representantes, a las mayorías sociales, a la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población, para dar absoluta prioridad a los intereses insaciables de estos grandes agentes económicos. Los TLC son mamotretos de miles de páginas dedicadas a defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales, frente a unos cuantos y ridículos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica, sus obligaciones. Esta asimetría jurídica se consolida pues como el pilar fundamental de la globalización neoliberal. En palabras de estos autores, los TLC suponen "una nueva armadura jurídica de dominación". Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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