Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En la última entrega de esta serie de artículos ya habíamos comenzado a exponer profundamente los mecanismos que intervinieron en el proceso llamado de la Transición, y por ahí continuaremos. En primer lugar, lógicamente, no hubiera existido dicho período sin un sucesor de Franco. Y ese sucesor ya estaba elegido desde mucho antes. Era el nieto de Alfonso XIII, el Borbón que había tenido que salir huyendo del país en 1931, con la proclamación de la II República. Nos apoyaremos en datos y reflexiones de Mauricio Basterra y Sergio Gálvez Biesca, que nos dejaron en este artículo para el medio Diagonal. En 1931 Alfonso XIII, como hemos dicho, abandona el país y se establece en Roma, donde el régimen de Mussolini acogió a la familia real española. Lean los lectores y lectoras entre líneas el hecho relatado en la frase anterior. Desde entonces, los monárquicos alfonsinos que se quedaron en nuestro país conspiraron contra la República desde el mismo momento en que ésta quedó proclamada. Se tiene constancia de los contratos que los integrantes de Renovación Española (partido de Calvo Sotelo, monárquico alfonsino) firmaron con el régimen fascista italiano para poder derrocar a la República mediante un Golpe de Estado. Después de la Guerra Civil, el dictador tomó los poderes absolutos, pero la idea de la cesión del poder a los Borbones seguía en el aire. En 1947 se celebró un "referéndum" donde se tenía que elegir la sucesión. El resultado (dado de antemano en un mal simulacro de pseudovotaciones, como indican los autores de referencia) sería una Monarquía. Pero de momento, y hasta la llegada de ese sucesor, España sería un Reino sin Rey. El sucesor natural hubiera tenido que ser Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, pero éste no tuvo oportunidad de hacerlo, así que todas las miradas comenzaron a dirigirse a su hijo, Juan Carlos.

El que luego sería Juan Carlos I había nacido en pleno exilio de sus padres, en 1938, en Roma. Tras la Guerra Civil, su padre, Juan de Borbón, que nunca reinó, había jugado a varias bandas, estableciendo contacto tanto con dirigentes de la dictadura como de la oposición al franquismo, previendo que la dictadura cayera después de la Segunda Guerra Mundial. No fue así, porque como sabemos, la dictadura franquista (y la de Salazar, en Portugal), fue la única que duró, después de la segunda gran guerra, durante 30 años más, una vez caídos Hitler y Mussolini. Juan de Borbón se entrevista entonces con Franco, a finales de 1948, para solicitarle que su hijo, "Juanito", se eduque en España. Fue el primer paso para su sucesión, no sólo por su cercanía con nuestro país, sino porque Franco ejerció para él como un padre político. La carrera por la sucesión, no obstante, sufrió otros movimientos y diversos intentos fallidos, tales como el intento de unir a la familia Franco con la de los Borbones (matrimonio de Carmen Martínez Bordiu con Alfonso de Borbón), las pretensiones de Juan de Borbón, del nieto del dictador (Francis Franco), o de otros integrantes de la Casa Real. Pero en dicha carrera por la sucesión fue Juan Carlos quien ganó. Una carrera donde los medios justificaron los fines en más de una ocasión, y que, según han narrado algunos autores y periodistas, conllevó el derramamiento de sangre de algún familiar cercano por acción u omisión. En 1947 se promulga la Ley de Sucesión del Estado, mediante la cual se designaría a Juan Carlos de Borbón como sucesor del dictador en 1969, dando juramento "a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino". A partir de ese momento, incluso, en los momentos en los que Franco no podía ejercer como Jefe del Estado, era Juan Carlos quien lo hacía. Y dos días después de la muerte del dictador, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, se reúnen las Cortes Generales y proclaman Rey y nuevo Jefe del Estado a Juan Carlos I, destacando éste en su discurso la figura del dictador. 

Pues bien, la primera decisión que tomó Juan Carlos I fue ratificar en su puesto a Carlos Arias Navarro. En ningún momento se planteó durante aquéllas fechas ningún atisbo de reforma política que ampliase las libertades en nuestro país. Era el proceso continuista puro, con ampliación y reforzamiento, de todos los resortes de poder del franquismo, así como sus estructuras de Estado. Sin embargo, el clima social iba siendo cada vez más insistente y poderoso en cuanto a la reclamación de un cambio político. La presión popular de una oposición antifranquista cada vez más organizada y activa en las calles hizo replantearse muchas cosas. Lo primero fue cambiar la cabeza visible del Gobierno en la figura de Adolfo Suárez, abriendo un tímido proceso aperturista, donde se legalizaron algunas asociaciones. No obstante, la oposición continuaba creciendo, las revueltas populares y manifestaciones cada vez eran más frecuentes, y había que tomar otras decisiones. Los obreros y estudiantes se manifestaban en las calles pidiendo libertad y reformas, acciones que costaron la vida a muchos de ellos. Pero no obstante, el régimen tenía que controlar que, en el fondo, no cambiara nada de lo fundamental, aunque se hicieran algunas concesiones. Se legalizaron algunos partidos políticos de la oposición de cara a la convocatoria de elecciones de 1977, las primeras tras el franquismo. Pero no todos los partidos fueron legalizados. Quedaron fuera la extrema izquierda (como el PTE, el Partido de los Trabajadores, y su Joven Guardia Roja, a la cual tuve el honor de pertenecer), así como los partidos republicanos (aquéllos que seguían teniendo conexiones con los republicanos en el exilio). Por tanto, en aquéllas primeras "elecciones libres" del 15-J de 1977, no estaban todos. El Partido Comunista (PCE) de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri "La Pasionaria", entre otros dirigentes históricos, fue legalizado, pero otros no tuvieron la oportunidad de poder presentarse a aquéllos comicios. 

Hubo también que redactar una nueva Constitución que blindase cuestiones fundamentales, como por ejemplo la propia figura del Jefe del Estado. Una Constitución redactada por unas Cortes que, en principio, no eran constituyentes. La Constitución votada en referéndum y refrendada por el Rey en diciembre de 1978 intentaba sobre el papel "modernizar" nuestro país, pero como decíamos más arriba, sin tocar los poderes fundamentales que habían estado detrás del franquismo durante cuarenta años. En este sentido, se reconocía el papel de la Iglesia Católica y su poderosa omnipresencia, el papel de gendarmes de la soberanía y unidad de la "patria común e indivisible de todos los españoles" se encargaba a las Fuerzas Armadas, se instalaba de facto un régimen económico capitalista, y aunque se reconocían muchos derechos fundamentales de forma expresa, se hacía de forma tímida y abstracta, y prácticamente ninguna norma ulterior los fue desarrollando y garantizando como derechos objetivos. Se promulgó también la famosa Ley de Amnistía de 1977, la cual hemos citado ya muchas veces, que servía como eje central para garantizar la impunidad de los verdugos o promotores de los crímenes cometidos durante el franquismo. Junto a ella, se procuró garantizar la ausencia de depuración de responsabilidades durante la dictadura. La judicatura, la policía y todos los cuerpos pertenecientes al aparato del Estado se mantuvieron durante el proceso de la Transición. De hecho, los militares, policías y funcionarios que habían hecho funcionar todos los resortes de la maquinaria represiva del franquismo permanecieron en sus puestos, e incluso muchos de ellos fueron promocionados y reconocidos públicamente, en un acto de grosera y extrema desfachatez. Pero no hay que irse a la Transición, incluso hoy día continúan recibiendo honores dirigentes franquistas de la época, como el ex Ministro Rodolfo Martín Villa. 

A pesar de presentarla como una Transición "modélica" (incluso referente para terceros países), el período entre noviembre de 1975 y octubre de 1982 (aunque algunos autores llevan estas fechas hasta 1986, con la entrada de España en la OTAN y en la CEE) fue un período sangriento, que se cobró numerosas víctimas mortales por crímenes cometidos por las Fuerzas de Seguridad y numerosos grupos paramilitares de extrema derecha. Se calcula que hubo 200 víctimas directas, a las que habría que sumar otras agresiones y amenazas de numerosos ciudadanos/as y colectivos. Son de destacar el crimen de los abogados laboralistas de Atocha, o de algunos ciudadanos anónimos o relevantes, sólo por asistir a determinadas manifestaciones. Y es que a pesar de haber muerto el dictador, el régimen le continuaba siendo fiel, y seguía reprimiendo y asesinando. Fueron dictadas sonadas penas de muerte, que provocaron la solidaridad de numerosos colectivos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Pero como decimos, el franquismo continuaba todavía muy vivo. La resistencia de muchos sectores franquistas, sobre todo de una parte del Ejército, se palpaba en el ambiente. Su expresión máxima fue el intento fallido de Golpe de Estado de febrero de 1981, abortado en el último momento, pero del cual quedan muchos interrogantes abiertos. Y a todo esto, el Rey Juan Carlos jamás se planteó, durante todo su reinado, siquiera la posibilidad de abrir un proceso contra crímenes cometidos durante el franquismo. De hecho, jamás tuvo el menor gesto hacia las víctimas del franquismo. Ha tenido que ser su hijo, el actual Rey Felipe VI, quien nombre a la dictadura como "dictadura" (lo cual es algo absolutamente escatológico), y además la califique como una "enorme tragedia", durante el discurso de celebración del 40 aniversario de aquéllas primeras elecciones de 1977. Absolutamente vergonzoso. Continuaremos en siguientes entregas.