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31 agosto 2017 4 31 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Cilencio

Viñeta: Cilencio

La concentración del poder es una enfermedad que solo se cura con justicia y democracia

Carolina Vásquez Araya

En la entrega anterior nos quedamos haciendo una crítica a los sistemas de medición del supuesto "progreso" de los Estados, países y naciones, en general de cualquier comunidad humana, centralizados en el famoso indicador del PIB. Ya hicimos allí un poco de historia, y destacamos los errores e imprecisiones de dicho indicador, debidos fundamentalmente a esa concepción equivocada del progreso que la filosofía neoliberal nos impone. Bien, ¿qué debemos hacer? De entrada, recomiendo a los lectores y lectoras interesadas la pequeña serie de dos artículos, publicada recientemente en nuestro Blog, y titulada "¿En qué se diferencia un proyecto progresista de un proyecto socialista?", donde debatimos ampliamente sobre los conceptos de progreso, bienestar, prosperidad, etc., y realizamos un estudio comparativo a modo de conclusión sobre los aspectos que diferencian a ambos tipos de proyectos políticos. Y ello viene a cuento de lo que hablamos sobre el PIB, porque al igual que hay que cambiar la propia filosofía, los propios valores donde se asientan los proyectos políticos, hay que cambiar igualmente sus indicadores de medición, de progreso y de bienestar. Hay que valorar y medir lo que realmente nos importa. Hay que medir el progreso real, no el crecimiento de determinados indicadores sesgados e interesados, o que simplemente nos proporcionan un enfoque distinto al que necesitamos. Centrarse en el crecimiento del PIB para medir el supuesto crecimiento económico es simplista, reduccionista, falaz e improductivo, pues no nos proporciona los resultados deseados. Por tanto, una economía más humana como la que perseguimos, al servicio del 99% de la población (en lugar de estar al servicio del 1% más rico, como ocurre actualmente) colocaría al PIB en el sitio que le corresponde, es decir, como un simple aunque imperfecto indicador económico. 

 

Pero este indicador no debería estimarse como el principal, sino que debería matizarse con otras mediciones que reflejaran mejor la calidad de vida de las personas, su bienestar, su progreso real (es decir, la mejora del conjunto de sus calidades y expectativas vitales), y las posibilidades de las personas de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Los indicadores económicos no pueden desvincularse de la garantía de los propios derechos humanos. Por tanto, hay que buscar unas mediciones y unos indicadores alternativos, que respondan a otros cálculos, y que se coloquen (desplazando al PIB) al frente de las decisiones políticas. ¿Están diseñados esos indicadores? Pues tenemos buenas referencias del Indicador de Progreso Genuino, el Indice para una Vida Mejor o el Indice de Progreso Social, elaborados por la OCDE. En su construcción, según Oxfam, el Indicador de Progreso Genuino internaliza las externalidades y toma en consideración la violencia, las emisiones de efecto invernadero, la polución y la extracción de recursos. Cuando las familias gastan dinero en filtros y agua embotellada, este gasto se considera un coste pues es una acción defensiva. Por el contrario, los humedales, los ríos y los lagos se valoran positivamente. Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen un menú de medidas relevantes y una oportunidad para alcanzar consensos mundiales para priorizar objetivos más importantes para las personas, que sean capaces de complementar los del crecimiento económico. Al empleo hemos de aplicarle los mismos razonamientos, y en vez de quedarnos únicamente en los fríos datos mensuales de una típica encuesta o estadística estatal, que nos dice únicamente los puestos de trabajo creados, sin atender a más indicadores, hemos de aplicarle una serie de informaciones que nos ofrezcan datos de estabilidad en el empleo, de garantías de continuidad, de protección social, de tipos de contratación, de satisfacción de las personas, de idoneidad sobre una carrera profesional, de nivel de ingresos, de condiciones laborales, etc. 

 

De todos modos, y sean cuáles sean los indicadores y mediciones empleadas, bajo unos parámetros para una economía más humana, la redistribución del ingreso nacional debe reemplazar a las simples medias, incluso a nivel de los hogares. La desigualdad y la reducción de la brecha entre ricos y pobres deben reflejarse en cómo medimos el progreso de nuestras sociedades. Pero también deben reflejarse la ética de los negocios y de las empresas existentes, sus niveles de inclusión para los diversos colectivos sociales, su respeto por las leyes laborales, su apuesta por la integración social, y sus objetivos de igualdad salarial y de condiciones entre hombres y mujeres. El progreso también debe medirse por el respeto que nuestros agentes sociales dedican a la naturaleza y a los animales. Bajo una economía más humana, la economía sumergida deja de tener sentido. Por ejemplo, todo el trabajo que realizan las mujeres debe ser contabilizado. Medir el trabajo de cuidados no remunerado en términos del PIB es un primer paso para lograr el cambio necesario de normas sobre lo que se valora, tendiendo a valorar el trabajo real, es decir, la totalidad del mismo, incluyendo horas dedicadas a actividades no remuneradas. Una economía dedicada a la gente, al 99% de las personas, bajo enfoques más humanos, dirigida a desmontar toda la arquitectura de la desigualdad que estamos exponiendo aquí, debería garantizar el reconocimiento, la reducción y la redistribución de las responsabilidades frente a los cuidados, desmontando la división sexual del trabajo, y apoyando a todas estas actividades mediante el desarrollo de los servicios públicos adecuados, desarrollando Planes de Trabajo Garantizado, y promoviendo la voluntad social para invertir y pagar por empleos de calidad en los servicios públicos. En ese sentido, una economía más humana debería, entre otras muchas cosas, promover escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, aumentar el catálogo sanitario cubierto por el sistema público de salud (incluyendo las enfermedades mentales o bucodentales, por ejemplo), o potenciar los sistemas públicos de defensores legales de oficio. 

 

Por su parte, los recursos naturales y su defensa de cara a la sostenibilidad medioambiental deberían ocupar un lugar relevante en los balances financieros, sirviendo de estímulo al Gobierno, al sector privado y a la sociedad civil, para innovar y colaborar a fin de reducir la cantidad de residuos, custodiar los recursos, y a la vez favorecer la innovación y la generación de puestos de trabajo decentes, éticos, estables y de calidad. Además, se reconocería el valor inherente de la naturaleza por encima de su utilidad económica, y se haría hincapié en los derechos de las generaciones futuras a disfrutar y a beneficiarse de la naturaleza. Bajo una economía más humana e igualitaria, la naturaleza, sus recursos y el resto de especies animales dejarían de ser expoliados en beneficio de las empresas, y se constituirían en propios sujetos de derecho. Una economía enfocada al 99% de la población y buscando su prosperidad e igualitarismo, debería renovar sus fuentes fósiles, limitadas, escasas, peligrosas, caras e insostenibles de energía, para reconvertirlas a las fuentes renovables, limpias y sostenibles, que contribuyen a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (reduciendo los graves efectos del cambio climático), y respetan el medio ambiente. Necesitamos por tanto un conjunto de indicadores más holísticos y definitorios del progreso que los que ahora se utilizan, centralizados en aquéllos que miden el crecimiento aislado del PIB, o el aumento del consumo de los hogares. Necesitamos indicadores de cohesión social, de armonía con la naturaleza, de consumos energéticos sostenibles, de felicidad individual y colectiva, de bienestar social comunitario, de progreso sobre los colectivos más desfavorecidos, de calidad de vida, de esperanza de vida, y de disfrute de la misma. Sólo el conjunto de todos estos indicadores nos darán una semblanza real de hasta qué punto estamos disminuyendo la desigualdad, y progresando hacia sociedades más avanzadas, justas y equitativas. 

 

Pero tampoco podemos ver únicamente los niveles absolutos de renta como la solución al problema de la desigualdad. Sólo con aumentar los salarios o recuperar el poder adquisitivo no acabaremos con el problema de los trabajadores pobres, o de la exclusión social. Hemos de incidir también en la disminución de las desigualdades. El alto nivel de renta en general de los países, no mitiga sus problemas sociales y de salud. En diversos estudios se ha demostrado que no es el nivel de renta, sino la desigualdad económica, dentro de un mismo país, lo que provoca los problemas sociales. Y ello porque como estamos viendo, el crecimiento económico y el aumento de la renta media, han dejado de contribuir al bienestar real de la población de los países ricos. Vivimos hoy día en sociedades paradigmáticas, donde a la vez que hemos conseguido llegar a altos grados de producción material, productividad, uso de nuevas tecnologías o avances médicos y científicos, sufrimos cada vez mayores fracasos en lo que se refiere a la cohesión social (unida a la integración, a la supervivencia, al estatus, a la competencia, a la ansiedad o a la pérdida de identificación), a la calidad de vida (condicionada por nuestro grado de estress y de padecimiento de otras enfermedades, como el insomnio o la depresión), y a la felicidad individual y colectiva (manifestada por el grado de insatisfacción generalizada, o el abuso de estimulantes como las drogas o el alcohol), todo lo cual es fruto del terrible aumento de las desigualdades. Los niveles de suicidios o de personas reclusas también contribuyen a ofrecernos un perfil más o menos completo del progreso de una sociedad, donde el nivel de desigualdad en todas sus vertientes se nos presenta como el auténtico corazón o motor de la misma. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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