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5 octubre 2017 4 05 /10 /octubre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (58)

Primero los bancos y especuladores nos endeudaron por décadas para acceder a una vivienda. Después, cuando en 2008 su burbuja económica colapsó, provocaron desempleo masivo y degradación de las condiciones de vida. Desde entonces más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, de dudosa legalidad, han expulsado por la fuerza 200.000 hogares, sin importar la presencia de niños, mayores o dependientes. Muertos civiles, con cadena perpetua por aspirar con su trabajo a tener techo, luz y agua

Fragmento de un Comunicado de la PAH

Como ya señalábamos en nuestra última entrega, las privatizaciones son el gran cáncer que nos corroe (junto con la corrupción), pues son las responsables de que el gran trasfondo de las políticas que se ejecutan, cambien absolutamente su naturaleza, fundamentos y objetivos. En nuestro país, el Estado comenzó a desprenderse hace más de 30 años (bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González) de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Como decimos, los Gobiernos del PSOE de González iniciaron el proceso (comenzando el declive del Estado del Bienestar, que nunca estuvo plenamente desarrollado en nuestro país), que tuvo su auge con el Gobierno del PP de José María Aznar, y que ha culminado en las recientes legislaturas del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy. Empresas otrora públicas como Seat, Telefónica, Argentaria, Repsol, Gas Natural, o más recientemente AENA, fueron pasando por estadíos donde el capital controlado por el Estado era cada vez menor. En su momento, el PP acometió las privatizaciones definitivas, bajo la puerta abierta que el PSOE le había dejado. En un tiempo récord de pocos años, pusieron en manos privadas la totalidad de los sectores estratégicos de nuestra economía, haciendo depender dichos suministros, bienes o servicios públicos básicos a la ciudadanía de que ésta pudiera o no pagarlos. La mercantilización copaba cada vez un mayor número de servicios y bienes públicos, o bien suministros básicos, y los derechos humanos se iban resintiendo. En palabras de Ana Tudela, autora de la trilogía "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana": "En cuestión de meses, los representantes del sector público salieron de los Consejos de Administración de Endesa o Telefónica, las empresas que daban luz y telefonía a los ciudadanos, dejando como único objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio". 

 

Al mismo tiempo, la gran banca privada (de la que hablaremos con más calma antes de finalizar este bloque temático) fue introduciendo su poder en las grandes empresas privatizadas, hasta convertirse en un núcleo duro participando en el accionariado de todo ese entramado económico que gobernaba al país. De este modo, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en nuestro país. Por ejemplo, BBVA tomó posiciones en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. Por su parte, el Santander tejió su red de participaciones industriales centrándose en aquélla segunda mitad de los años '90 en Endesa, Vodafone, Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión, u Ono. Hoy día, una regla de oro que podemos observar en nuestra economía (no sólo a nivel nacional, sino internacional) es que detrás de cualquier gran empresa que controle un sector estratégico, está la banca. Y una vez en la órbita de la privatización, las empresas (junto con los Gobiernos y la banca) fueron colocando en sus cargos directivos a personas "de su confianza", en realidad amigos o personas de enorme afinidad ideológica, a quienes se encargaba el crecimiento de dichas empresas a costa de lo que fuere. Y así, nombres como Francisco González, Juan Villalonga, César Alierta, Alfonso Cortina, Miguel Blesa, y otros muchos, fueron puestos al frente de dichos buques insignia de nuestra economía. Al mismo tiempo que todo esto se iba desarrollando, se fue instalando en el imaginario colectivo (como otra práctica de aceptación de las reglas del capitalismo) una especie de "capitalismo popular", consistente en hacer participar al conjunto de la ciudadanía del gran capital de algunas empresas. En palabras de Ana Tudela: "Al ciudadano de a pie se le ofrecía probar las mieles del mercado comprando un puñado de acciones que le convertían en propietario de lo que un día antes le pertenecía, aunque sólo como parte de ese difuso fondo común que es la propiedad pública. Ahora podía crecer en su bolsillo".

 

De este modo, la arquitectura de la desigualdad no solamente se iba proyectando, sino que además, se iba legitimando por una gran parte de la ciudadanía. Y así, las prácticas populares de entrada en el accionariado de las empresas (aunque fuera simbólicamente) se fueron extendiendo, proliferaron los anuncios publicitarios sobre estas prácticas, y aquélla práctica se fue extendiendo como la pólvora, constituyendo el germen del estallido de muchos fraudes colectivos que aún hoy nos salpican, como los de Fórum Filatélico o Afinsa. La órbita privatizadora concede también una estela de impunidad, germen también (unido a la falta absoluta de democratización en su seno, es decir, en sus estructuras y funcionamiento) de las terribles prácticas llevadas a cabo por estas empresas, sobre todo por la banca (estafas, participaciones preferentes, planes privados de pensiones, desahucios, y un largo etcétera). Y aún se daban otros efectos perversos, como el que destaca Rafael Pampillón: "Con el capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalización futura de la empresa privatizada, puesto que sería una medida que perjudicaría a un gran número de ciudadanos". En efecto, es como si hubiésemos sembrado la semilla de la privatización en cada uno de esos pequeños accionistas, por lo cual, a partir de ese momento, se sienten parte de ese proyecto empresarial, que no les pertenece, pero que hacen igualmente suyo, como una defensa de sus propios intereses. En el fondo, estamos instalando en el imaginario colectivo la semilla de esos peligrosos valores del neoliberalismo (individualismo, egoísmo, competitividad, etc.), y denigrando la valoración de lo público. Una gran parte de la sociedad iba asumiendo los mantras neoliberales que argumentan que el Estado debe reducir su tamaño, no debe ser intevencionista ni "dirigista", etc., aunque como luego se ha demostrado con el estallido de la crisis hace una década, las empresas acuden al "Papá Estado" para que las rescate cuando lo necesitan. 

 

Hoy día los grandes sectores económicos y estratégicos del país no sólo están en manos privadas, sino que además constituyen peligrosos monopolios u oligopolios. Ello incide en que los servicios que prestan estas grandes empresas (para las cuales somos "consumidores" o "clientes") han encarecido diabólicamente sus precios, además de disminuir (con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías) la calidad de su servicio a la población. Y a nivel interno, ha servido no sólo para engordar el fenómeno de las "puertas giratorias", sino también para reducir personal de forma abrumadora (a base de gigantescos ERE que ponen de patitas en la calle a miles de empleados),  y para disparar la desigualdad social. Las proclamadas "bondades" de la privatización han resultado ser un bulo de gigantesco tamaño, que está minando las bases democráticas de nuestra sociedad. Las privatizaciones cumplen además el efecto y la consecuencia esperada que venimos denunciando desde nuestros primeros artículos de esta serie, que consiste en que estos grandes poderes económicos despliegan tanta influencia que imponen sus políticas sobre Gobiernos y representantes públicos, y hacen muy difícil ir migrando y evolucionando, por ejemplo, hacia políticas energéticas basadas en las fuentes renovables, o hacia modelos de banca pública. El poder de estas enormes corporaciones privadas y su intrincada trama de intereses se interpone con los objetivos de unos modelos de sociedad más justos y sostenibles, de ahí que se vuelva una imperiosa necesidad el tener que recortar su tremendo poderío. Pero en vez de ello, la estrategia privatizadora continúa, existiendo planes en este sentido, por ejemplo, para Renfe o Correos, que ya han recorrido cierto camino. Necesitamos, como parte de las medidas para revertir la tremenda desigualdad, devolver de nuevo al control público los bienes y servicios controlados por estas grandes empresas, para situarlas en el contexto de la justicia social, y poder eliminar gran parte de sus injustas prácticas, que condenan a la exclusión a miles de personas. 

 

Para ir demoliendo los parámetros que nos han traído a esta arquitectura social de la desigualdad, necesitamos (en este ámbito de la privatización que estamos considerando en esta entrega) que el Estado actúe para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. Necesitamos devolver a las arcas públicas (mediante procesos de desprivatización, nacionalización e incluso expropiación) la gestión y el control de sus actividades, para instaurar sistemas y procesos públicos, universales y gratuitos en relación a bienes, suministros y servicios que satisfacen derechos humanos fundamentales. Hoy día el fenómeno ha llegado a tales niveles de perversión que es absolutamente imprescindible revertir la propiedad del gran capital a manos públicas. Es necesario abordar el problema desde múltiples puntos de vista, contribuyendo también a ir reduciendo esos valores presentes en gran parte de la población, que consideran el ámbito privado como "mejor gestor" que el público, y que demonizan la iniciativa pública, el poder político en sí mismo, y que abrazan la iniciativa privada y sus perversiones como la mejor opción. Hemos de convencer demostrando que la iniciativa y el control público (comunitario, democrático) son la única solución para evitar la infinidad de problemas que nos está trayendo desde hace décadas la ola privatizadora, desmontando sus falacias e instalando una nueva cultura de lo público asentada en los valores de la cooperación, la solidaridad, el bien común y el reparto de los beneficios como nuevos valores sociales. Sólo así la arquitectura de la desigualdad podrá ser poco a poco desmontada. A partir de la próxima entrega, y como recta final de este bloque temático, consideraremos más a fondo el paradigmático caso de la banca, como perverso modelo a desmontar por sus terribles prácticas de cara a la ciudadanía. 

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Published by Rafael Silva - en Política
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