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11 octubre 2017 3 11 /10 /octubre /2017 23:00

Vídeo: Rechazo a la OMC en Buenos Aires (Argentina)

Está claro que los actuales TLC constituyen herramientas para negar toda sociedad, instrumentos no  para crear empleo, estimular las inversiones o apoyar los servicios públicos (no digamos ya para combatir la pobreza o la desigualdad), sino para garantizar los beneficios de las grandes corporaciones. Lo hemos demostrado desde múltiples puntos de vista, incluso exponiendo la dinámica de la propia OMC, y estamos adentrándonos, en esta recta final de la serie de artículos, en la arquitectura de las posibles alternativas. Los TLC promueven sistemas de justicia privada a favor de las multinacionales, pisotean los derechos humanos, ignoran el cambio climático, se aprovechan de la naturaleza y de los animales, explotan los recursos naturales, socavan la democracia, y representan una suerte de constituciones supranacionales, por encima de los Estados. Instalan nuevas normativas que crean precedentes en el derecho internacional, sitúan el beneficio como la norma suprema, golpean en el corazón de la democracia, ignoran la voluntad de los pueblos, y diseñan execrables mecanismos para destrozar todas las bases de la convivencia en aras de la multiplicación de sus ganancias. Es la explicación para entender porqué se negocian en secreto de cara a la ciudadanía, pero con un protagonismo absoluto de los lobbies empresariales. El conjunto de la ciudadanía y sus representantes de la sociedad civil quedan completamente ignorados. Suponen un ejemplo de actuación manipuladora al margen de los mecanismos de participación democrática. Y por si todo ello fuera poco, la guinda del pastel: instalan mecanismos y cláusulas irreversibles. Como hemos afirmado en entregas anteriores, necesitamos un mandato comercial alternativo. 

 

Necesitamos un combate a los TLC desde la perspectiva anticapitalista, ya que detrás de la bandera del "libre comercio" se sitúa el programa de máximos de las clases dominantes que nos explotan y acaban con nuestros derechos humanos, y con todas las garantías hacia sistemas de igualdad, bienestar y justicia social. Las alternativas han de situarse fuera del campo neoliberal, ya que desde él existe una amplia animadversión hacia prácticamente toda normativa o toda intervención estatal, ya que son consideradas como "barreras" al libre comercio. Por eso las posibles alternativas han de situarse tomando el foco en otros valores, en otros objetivos. Y hay que tener en cuenta los objetivos geopolíticos que se encuentran detrás de los actuales TLC, que han sido comparados a una especie de "OTAN económica". Y ya sabemos quién toma el mando y las decisiones en la OTAN militar. Una alternativa seria a los TLC debe estar enfocada, pues, hacia otros objetivos geopolíticos y económicos distintos, dando preferencia a otras integraciones regionales. El control de los recursos naturales también se sitúa en el punto de mira de los TLC, y por ello están permitidas todas las actividades y prácticas extractivas extremadamente agresivas hacia el entorno natural, tales como el fracking. Las alternativas han de ser cuidadosas y respetuosas hacia el medio ambiente, por lo cual todas estas prácticas extractivas han de ser descartadas. Los TLC actuales persiguen instalar un modelo social donde todos los sectores de la vida estén regulados por la actividad privada con afán de lucro. Todo lo que se aleje o no permita tal objetivo es considerado una "barrera", una limitación, un obstáculo o un peligro para el libre comercio. Pero ya estamos viendo que en realidad son una excusa para poder implementar su salvaje modelo neoliberal. 

 

Pero a las grandes empresas transnacionales no les basta con la escandalosa y creciente desigualdad, la contaminación medioambiental, la rebaja en derechos laborales, la privatización de sectores fundamentales de los servicios públicos, el aumento de la corrupción o el deterioro evidente de la democracia. Aún no les basta. Quieren abundar en todo este aberrante camino, y han visto en los TLC las herramientas definitivas para instalar globalmente su inmenso poderío, y además certificar la imposibilidad de revertir esta terrible situación. Por ello son imperiosamente necesarias las alternativas. En este sentido, la coordinación de los diferentes pueblos del mundo, mediante los miles de colectivos del tejido social organizado, ha de ser significativa. Hay que identificar al enemigo global, que se encuentra en un orden socio-económico injusto y aberrante, que trae como consecuencia una insostenible desigualdad. Frente al fin último de los TLC que supone llegar a la absoluta desregulación (laboral, alimentaria, sanitaria, medioambiental, etc.), las alternativas han de regular y poner límites a los mercados, incidiendo en una mayor intervención pública para controlar los desmanes de estos grandes agentes económicos, y garantizar los derechos humanos, de la naturaleza y del resto de especies animales. Frente a la ubicación de los TLC actuales como estrategias de integración supranacional, gobernadas por los grandes organismos internacionales, las alternativas han de estar dirigidas a la integración de los pueblos mediante acuerdos de los propios colectivos que forman la sociedad civil (sindicatos, asociaciones de consumidores, defensores del medio ambiente, activistas, agrupaciones vecinales, asociaciones profesionales y sectoriales, etc.). Y frente a la imposición de los grandes agentes económicos, las alternativas han de estar guiadas por la práctica democrática profunda, garantizando que son los propios pueblos los que dan luz verde, después de los amplios y pertinentes debates, a la implantación de cualquier acuerdo comercial. 

 

Las alternativas a los TLC no tienen por qué implementar mecanismos proteccionistas, aunque sabemos que estarían justificados bajo ciertas circunstancias. Pero no es ese el objetivo. El objetivo, en primer lugar, como nos cuenta Santiago González Vallejo en este artículo para el medio Rebelion, es conseguir, poder alcanzar, un tratado vinculante para las multinacionales. La situación de partida es bien conocida. Estamos en un mundo globalizado (mejor diríamos bajo una desregulada globalización) donde abundan los tratados comerciales, de inversiones, bilaterales y multilaterales, que obligan a los Estados a abrir sus fronteras, a salvaguardar la competencia, a competir por la localización productiva de las empresas, etc. La competitividad desmedida nos lleva a aceptar las grandes aberraciones del capitalismo, tales como la deslocalización, las crisis económicas, la devaluación salarial, la financiarización de la economía, el enorme poderío de los grandes agentes económicos, etc. Y al mismo tiempo, también periódicamente (aunque cada vez con mayor frecuencia) conocemos que en tal o cual país ocurre un vertido contaminante, una persecución sindical, una corrupción galopante, un acoso a los activistas medioambientales (incluso llegando a asesinarlos), etc. ¿Nuestras sociedades, que se dicen "democráticas", pueden permitir todo esto? Es evidente que no. Todos esos gravísimos hechos tienen como protagonistas a las grandes empresas (algunas no tan grandes) transnacionales, porque su poder se acrecienta, y los TLC contribuyen gravemente a ello. Hemos de darnos cuenta, por tanto, que la democracia tiene que prevalecer sobre los intereses empresariales, y hemos de entender y asumir que todos los elementos de las cadenas de valor (desde la obtención de las materias primas, su elaboración, transformación, ensamblaje y montaje hasta el producto final, y su distribución y venta hasta los consumidores de un mercado final) tienen que ser reguladas para favorecer el trabajo decente, la libertad sindical, el respeto a las normas medioambientales, y el justo reparto y redistribución de la riqueza generada, para disminuir la pobreza y la desigualdad. 

 

Sin embargo, sabemos que todo ello es ignorado en el proceso comercial vigente hoy día. Existe un descuido interesado sobre cómo se obtienen los productos, qué impacto posee su masiva extracción, qué desequilibrios naturales genera, qué consecuencias desata para el medio ambiente, cómo se acuerda el precio final del producto, qué intermediarios actúan en dicha cadena, cómo se diseñan los costes de obtención del mismo, tanto directos como derivados o dependientes del contexto social (leyes laborales, protección social, respeto a los derechos de los trabajadores, nivel de formación de los mismos, protección de riesgos laborales, uso de la tecnología, etc.). Sólo tenemos un camino para revertir todo este desaguisado: conseguir un conjunto de normas respetadas por las empresas. Si se consigue la puesta en marcha y la entrada en vigor (objetivo harto complicado pues muchas empresas poseen beneficios más altos que el PIB de algunos Estados) de un tratado internacional vinculante que ligue el respeto a los derechos humanos y los intereses empresariales se habrá dado un paso de gigante. Podrá ser una semilla de esperanza para poder revertir en el futuro todas las indecentes prácticas que las grandes empresas llevan a cabo por todo el mundo. Lógicamente, deberá contar con todas las características de control, investigación y denuncia de las malas prácticas y reparación e indemnización efectivas a las posibles víctimas. Igualmente, el mecanismo que establezca que ha existido una violación de los derechos humanos tiene que poseer capacidad extraterritorial (o supranacional, si queremos) para poder juzgar esas conductas, independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos denunciados, o de donde se encuentre la sede social de la empresa en cuestión. Hasta ahora, sin embargo, todos los intentos que se han organizado a nivel oficial (en el seno de la ONU) han sido en vano, ya que poseen un carácter voluntario, no vinculante, por lo cual las empresas no están realmente obligadas (ni preocupadas) a cumplirlos. Se mueven únicamente en la órbita suave de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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