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26 septiembre 2017 2 26 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El franquismo está ahí. Es real y auténtico y saca pecho. Tiene que ser considerado como ilegal y perseguido como tal

Bonifacio Sánchez (Portavoz de la ARMH)

En nuestra entrega anterior nos quedamos comentando los diversos aspectos criticados por la ONU (concretamente por su Grupo de Trabajo sobre las  Desapariciones Forzadas) a nuestro país, en lo tocante a la inacción en torno a los crímenes del franquismo. Aún nos quedaban algunos aspectos incluidos en el informe (y en nuestro artículo de referencia) por comentar, tales como por ejemplo la reforma última del Código Penal. El informe del Grupo de Trabajo de la ONU dice textualmente: "La tipificación de la desaparición forzada incluida en la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas". Por tanto, la conclusión es que no se contempla en nuestro país de forma homologable dicha situación como una casuística protegida de forma integral por la ley. El informe se refiere sobre todo a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada en la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia española para rechazar las innumerables denuncias de los particulares y familias al respecto. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936. El documento de recomendaciones que emitió el referido Grupo de Trabajo en el año 2013 tras la visita de sus miembros a España urgía a "eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crímenes, o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y celeridad" debido a la "edad avanzada de muchos de los familiares y testigos" referidos en dichas denuncias. 

 

Nuestros gobernantes, pasados algunos años desde entonces, continúan absolutamente pasivos, incluso poniendo obstáculos al avance de determinadas querellas e investigaciones. Por tanto, cuatro años después de aquél informe y de aquéllas recomendaciones, la situación es la misma, agravada aún más por el paso del tiempo. Y ante este reiterado incumplimiento, el informe más reciente del Grupo de Trabajo de la ONU da un plazo de 90 días al Estado Español para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas". Se trata, como vemos, de una situación vergonzante, pues vivimos en un país reiteradamente cuestionado en lo que se refiere a las garantías de los derechos humanos fundamentales. Hoy día, en 2017, en pleno siglo XXI, a más de 40 años de la muerte del dictador, y bajo una supuesta "democracia", las fosas de la memoria siguen existiendo. Pero ya que también hubo crímenes cometidos (en lógica defensa propia y de la República) por los republicanos, cabría preguntarse también: ¿Y qué ocurrió con los familiares de las víctimas del mal llamado "bando nacional"? Pues vamos a basarnos a continuación en este artículo de Alejandro Torrús para el medio Publico, que tomaremos como referencia. Pues lo que ocurrió básicamente es que, mientras los caídos republicanos y sus familiares siguen esperando justicia, el franquismo exhumó a sus caídos en la Guerra Civil y reparó a sus familiares incluso antes de finalizar la contienda. Incluso hoy día, nuestra asqueante sociedad tolera homenajes en recuerdo a los "caídos por España" (en su particular apropiación de la patria), mientras prohíbe actos en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Y como venimos contando, la ONU, el Consejo de Europa y el Comité contra la Tortura han exigido a España en numerosas ocasiones el fin de la impunidad de la dictadura. 

 

El doble rasero es evidente. El franquismo reparó inmediatamente a sus caídos y familiares. El dictamen contra los vencidos fue desolador. El franquismo exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a sus familiares. El dictador tuvo memoria y agradecimiento con los que le habían ayudado a alcanzar el poder. La "democracia", en cambio, tuvo que esperar 30 años para aprobar una tímida e insuficiente Ley de Memoria Histórica (2007), y 40 años después de aquélla Transición la mayor parte de los muertos (republicanos) siguen en las cunetas. En efecto, el dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedía pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos/as de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, con la Guerra finalizada, aquél decreto se extendió a las viudas, huérfanos/as y padres/madres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación". El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al Gobernador Civil de la provincia correspondiente". Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. Todas estas personas disponían incluso de un carnet que los identificaba en dicha situación, de cara a las autoridades del régimen franquista, y que les concedía ciertos privilegios. 

 

Por tanto, y como estamos viendo, la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. Pero en cambio, la otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedó ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicanas. Y en un principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini", y que, por lo tanto, "no representa al pueblo español por ser un régimen impuesto por la fuerza". Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo, y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición y la infame Ley de Amnistía de 1977, que en la práctica funcionó como una ley de punto final. Y hace una década, se promulgaba una Ley de Memoria Histórica que, entre otras tropelías, descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares, y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández. Y en esas estamos, con los muertos republicanos aún en las cunetas, y sus familiares, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Casi 115.000 desaparecidos/as continúan esparcidos en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar, procesos en los que el Estado Español ni está ni se le espera. Y más de 30.000 niños y niñas fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social, sin que se haya realizado ninguna investigación oficial (al contrario, más bien se han obstaculizado), ni aquéllos niños y niñas, hoy adultos, hayan podido recuperar su identidad, aspecto éste que ya fue tratado a fondo en entregas anteriores de esta serie. 

 

Tampoco existe ninguna investigación oficial sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados, ni sobre las empresas que los emplearon (remito también a los/as lectores/as a artículos anteriores de esta serie, donde comentamos más a fondo las terribles situaciones a las que se vieron sometidos). Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias continúan figurando como delincuentes para la justicia española, así como los que fueron "ajusticiados" por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de la represión. La lista de víctimas, pues, es casi infinita. A ellos hay que añadir el ensañamiento con las mujeres, y la discriminación social practicada contra la comunidad LGTBI de aquélla época, que fueron tratados y reprimidos como enfermos, además de las continuas vejaciones, incluso en el propio seno familiar. Pero el Estado Español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Y aún hoy, hemos de soportar vergonzosas declaraciones de algunos dirigentes de la derecha, todos ellos anidados en el Partido Popular, que aún se ven protegidos por la impunidad de esta sociedad postfranquista. Pero esta política de impunidad practicada por el Estado Español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la comunidad internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los Organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a los Gobiernos españoles una y otra vez durante estas últimas décadas. En el año 2006, con el Gobierno del PSOE del ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una Comisión de Investigación sobre los delitos del franquismo, y a presentar un informe al Consejo de Europa. También instó a las autoridades a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. Nada de eso se ha llevado a cabo. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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